La CUP ha presentado la “primera
ley penal republicana”. Vale la pena saber lo que propone y cuál es la prioridad.
Se trata de una propuesta de “ley integral contra todas la formas de odio y
discriminación”. La CUP se jacta de que es la “primera ley republicana que
invade competencias del Estado”. La excusa es “tolerancia cero con la extrema–derecha”.
Persigue los delitos de racismo y odio. Así pues, para la CUP, el principal
problema que afronta Cataluña en este momento es la existencia de una “extrema–derecha”
que difunde “odio y discriminación”. Incluso, el proyecto de la CUP prevé un
nuevo delito: el “feminicidio”.
A la CUP no le interesa que estos
tipos delictivos ya estén presentes en la legislación española. Lo que,
verdaderamente le interesa, es encontrar una excusa para enfrentar al gobierno
catalán con el gobierno español. De aprobarse esta legislación, por ejemplo, el
49,7% del electorado austríaco hubiera carecido de derecho a la libertad de
expresión o el 30% del electorado francés habría visto fuera de la ley al
partido que votaron. Con una extrema–derecha, inexistente en Cataluña, lo menos
que puede decirse de la CUP es que son “previsores”.
El encargado de presentar esta
ley ante los medios de comunicación ha sido Benet Salellas que esta semana se
ha mostrado muy activo en relación a los okupas del barrio de Gracia. Salellas
se ha mostrado partidario de que “los movimientos sociales recuperen el Banc
Expropiat”. Y tiene gracia que sea Salellas un “chico bien”, quien proponga la expropiación
de inmuebles para los okupas, especialmente mientras no sean los suyos. Porque
Salellas tiene, como mínimo, dos viviendas, tres locales comerciales y seis fincas
rústicas propiedades inmobiliarias a su
nombre. A diferencia de Ada Colau que ha propuesto emplear fondos públicos para
comprar el Banc Expropiat y entregarlo a los okupas (propuesta de legalidad
cuestionable y que es solamente un ir más allá de la actitud adoptada por el
anterior alcalde de Barcelona que, simplemente, pagaba el alquiler, los recibos
de IBI, agua, luz y gas, así como las reparaciones y la antena de TV a los
okupas), Salellas lo que propone es expropiar a los propietarios del local de
Gracia (que no es, por cierto, un banco).
Todo esto llega cuando el futuro
del gobierno Puigdemont pende de un hilo: su futuro está ligado a la aprobación
de los presupuestos de la Generalitat presentados por Oriol Junqueras, para lo
cual le faltan los votos de la CUP que, inicialmente anunció que votarían en
contra. LA CUP exige, en este terreno, la superación de los límites del déficit
impuestos por el ministerio de economía y hacienda. La CUP sabe que, en su
triste debilidad, Puigdemont accederá a cualquier exigencia que le presenten. Y
éste, mansamente, para hacerse acreedor del favor acaba de presentar la primera
ley de “desconexión” que afecta a la futura ley de Seguridad Social catalana. ¿Recuerdan
que, en la práctica, el “procés soberanista” está finiquitado, muerto por falta
de apoyos electorales, por rechazo de las instituciones europeas y por
desconfianza del mundo de la economía y los negocios?
Cualquier cosa, con tal de ganar
tiempo y ver si tras el 26–J se sienta en Madrid un gobierno de izquierdas receptivo
a los planteamientos soberanistas de la Generalitat.
