El gobierno de izquierdas tiene que
demostrar que “hace” algo. Pero, cualquier cosa que hace no va en dirección a la
sociedad, sino a los grupos sociales que la izquierda considera que son sus
caladeros de votos. Y estos son significativos: ultraprogres, feminitudas, okupas,
ni-nis e inmigrantes nacionalizados. Nada más: vanamente buscaríamos medidas que beneficiaran a los
trabajadores (que hace décadas dejaron de constituir el soporte electoral de la
izquierda), ni, por supuesto, a las clases medias (las únicas que pagan
impuestos y que con su esfuerzo se puede pagar la ingeniería social de la
izquierda. Las dos normas aprobadas esta semana son significativas: la que
podemos llamar “ley muerte” sobre la eutanasia y el decreto que prohíbe los desahucios.
La ley de eutanasia es hija de la
hipocresía y del doble lenguaje: la eutanasia se está practicando en España
desde hace lustros y diariamente en todos los hospitales. No solamente se deja
morir a pacientes enfermos de cáncer, sino que se acelera su muerte
inyectándoles morfina durante no más de diez días, hasta que un aumento final
de la dosis les genera la muerte. ¿Era necesaria una ley para regular esto y
para abrir aumentar el número de aplicaciones de la eutanasia? Es más que
cuestionable, especialmente, porque, es muy probable que algunos de los
supuestos de enfermedades irreversibles que contempla la ley, dentro de menos
de cinco años puedan aplicarse tratamientos. Ya vimos lo que ocurrió con el SIDA: en los 80 era
mortal, hoy es una enfermedad crónica.
Lo más sorprendente de esta ley
es que se especifica que la ley se aplicará con solo llevar un año de
empadronamiento, lo que, traducido quiere decir, que se realiza un “efecto
llamada” para inmigrantes que quieran suicidio asistido.
Lo segundo que llama la atención
es que, entre los supuestos para justificar la ejecución asistida, figuran “enfermedades
mentales”, discapacidad y enfermedad psiquiátrica… En otras palabras: se opta
por ignorar que, cualquiera que sufre una depresión aguda, tiene deseos
suicidas, que esta legislación le permite realizar, sin pensar en que esos
deseos desaparecen cuando se alivia la enfermedad.
Pero, la eutanasia es una vieja
reivindicación de la izquierda que se ha adoptado en el peor momento y que
responde a la misma lógica que el decreto anti desahucios. En efecto, no son la
prueba de “liberalidad” y “progresismo” de la izquierda, sino el reconocimiento
de que los programas de izquierda han fracasado:
- La sanidad pública se ha ido erosionando
más y más (yo mismo, este año, he tenido que esperar siete meses para una
operación urgente, y una simple consulta en el CAP local podré realizarla ¡tres
semanas después de haberla solicitado!) y la privatización de la sanidad va
avanzando, tanto cuando gobierna la derecha, como cuando lo hace la izquierda. La
revolución clínica que tendrá lugar en los próximos 10 años hará que los
tratamientos dados por la seguridad social se hayan quedado, en todos los
terrenos, anticuados… así pues, es mejor convertir a la seguridad social en un
paredón de ejecución, antes que incorporar nuevos y caros tratamientos para
sanar algunas enfermedades o prevenir otras.
- La “ocupación” no es un síntoma
de “libertad”, sino la constatación del fracaso del gobierno del Estado, de los
gobiernos autonómicos y de los gobiernos locales, que no han abordado programas
de viviendas económicas y han hecho caer a espaldas de propietarios privados estas
carencias. El teorema es el siguiente: toda vivienda que no es construida
por el Estado y que es necesaria, es sustraída a propietarios privados para
satisfacer el derecho constitucional a la vivienda. Pero la izquierda, en su
increíble tendencia al engaño, pretende congraciarse con inmigrantes, ni-nis y
delincuentes (que también los hay) permitiéndoles ocupar lo que deseen: todo
antes que afrontar el problema de fondo, el encarecimiento de la vivienda. El
decreto anti-desokupa, prácticamente permite que cualquiera que desee vivir sin
pagar puede hacerlo instalando a alguien “vulnerable”… un toxicómano, por ejemplo,
una embarazada, un menor, es decir cualquier excusa es buena para seguir como okupa
y no exigir viviendas públicas.
Ambas leyes son un brindis al sol.
La eutanasia es mucho más sencilla que enfrentarse a la privatización de la
sanidad, añadir tratamientos de vanguardia a la seguridad social, o implementar
sistemáticamente la prevención de enfermedades mediante la educación y la
información conveniente. En cuanto al decreto “anti-desokupa” es el grito de
agonía de Podemos para seguir disponiendo de una bolsa de votos.
Si a esto añadimos la puerta abierta a la inmigración masiva,
la concesión continua de nacionalidad española a recién llegados, incluso a
algunos que jamás han cotizado a la seguridad social o que han cometido delitos
continuados en nuestro país, veremos en qué consiste la “ingeniería social” de
la izquierda: cambiar el sustrato de la sociedad española, generando bolsas de
votos cautivos en número suficiente para que le permitan gobernar eternamente.
Perdido el caladero de votos de
la tercera edad, perdido el de las clases trabajadoras, siendo residual el
apoyo de las clases medias al PSOE, lo único que les queda es apenas a ni-nis (mediante
el salario mínimo de inserción social que garantiza el poder consumir pizza,
porros e internernet mientras se vive en casa de los padres o en casas okupadas),
nacionalizar y subvencionar a “nuevos españoles” que estarán eternamente
agradecidos al partido que les ha resuelto la vida, procurar que ingresen
cuantos más inmigrantes mejor, lo que, además, garantiza que la sociedad
quedará convertida en un tablero, sin grupos sociales uniformes con entidad
suficiente para oponerse a los designios del gobierno o articular protestas (no
hay “inmigrantes nacionalizados” o “nuevos españoles”: lo que hay son “magrebíes
nacionalizados”, “subsaharianos nacionalizados”, “chinos nacionalizados”, “pakistaníes
nacionalizados”, “andinos nacionalizados”, etc, cada uno de los cuales
constituye un mundo cerrado en sí mismo y sin contacto con el resto de grupos
sociales.).
Los votos que pueden faltar para
tener mayoría parlamentaria, se sacan de lo que dramáticamente podríamos llamar
“anti-España” y, de manera mucho más realista, “podemos periféricos”: es
decir, todas aquellas fuerzas que en Cataluña y en el País Vasco se han situado
siempre en la órbita de la izquierda más progresista y han considerado que matar,
engañar y saquear en nombre del nacionalismo es un “derecho político” de las “nacionalidades
oprimidas”. Todo esto resulta mucho más ridículo en la medida en que ni
Otegui, ni Rufián son, precisamente Castelar y sus programas no son más que el
de Podemos + independentismo.
Estos decretos y leyes, vienen a
continuación de la reforma
Celáa de la enseñanza: la que podemos llamar “ley de aprobado general y de ruina educativa total”,
que no merece más comentarios salvo el de que, seis de las ocho reformas
educativas que se han realizado en la España desde la transición hasta ahora,
han sido protagonizadas por la izquierda a la que hay que reconocer que la
gran responsable (al menos en una proporción de seis octavos, lo que no es
poco) de la ruina educativa de este país y de que estemos a la cola de la cola
del final de la clasificación de excelencia educativa del programa PISA en la
Unión Europea.
En esta magna tarea de “ingeniería social” también hay
que incluir la decisión de liquidar el castellano como lengua vehicular del
Estado (cuando es ya una lingua franca para 600 millones de
personas). En Cataluña, por ejemplo, una de las concesiones del binomio
Sánchez-moños al independentismo, ha sido el entregarle más de la mitad de
la programación de TV2 y unas cuentas horas de TVE1 para la emisión de
programas en catalán que, en buena medida, reproducen las mismas tesis
nacionalistas de TV3. De esto se ha hablado muy poco a la vista del escaso
crédito que despierta la televisión oficialista dirigida por la abuela Rosa
María Mateo. Pero es así, y los que esperábamos un documental sobre animales
en la TV2, ahora debemos contentarnos con una entrevista a cualquier conseller
desconocido del gobierno de la gencat. Y, sin embargo, TV3 no responde con
la misma moneda: el 100% de la media docena de canales promovidos por la gencat
no contiene ni una sola hora de programación en castellano. Ni siquiera en
valenciano o con el acento de los dialectos baleares. No es extraño que TV3
alardee de seguir siendo “cadena hegemónica en Cataluña”… pero siempre con una
disminución de espectadores constante desde hace cinco años. Y, por cierto, los
streammings a los que se fuga la audiencia son en castellano.
TV3 está fracasando como ha
fracasado el doblaje de películas en castellano o las editoriales de libros en
catalán que hubieran desaparecido sin excepción de no ser subvencionadas (de
hecho, la gencat no subvenciona a las “editoriales en catalán”, sino a las “editoriales
de los amigos que publican en catalán”, precisión necesaria para entender la “política
lingüística” de la gencat).
Ahora podemos entender mejor la
pugna por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hoy precisamente,
una sentencia del Supremo ordena a la gencat que el 25% de las clases que se
imparten en Cataluña, sean dadas en castellano. Algunos se lo tomarán esto como
un triunfo, pero no hay que echar las campanas al vuelo: sentencias como estas ha
habido legión… ninguna ha sido acatada y ningún gobierno del Estado
-empezando por los del PP- ha hecho nada para que se hicieran efectivas. No
creemos que la cosa cambie en los próximos años.
Ahora bien, enfrentarse al
castellano es una política suicida e, incluso para la gencat, tratar de
erradicarlo de la sociedad catalana es hacerse -ya que estamos en ello- la eutanasia:
el catalán solamente es hablado regularmente por un 30-35% de la población residente
en Cataluña y está en franca disminución. Tocó techo en los 90.
Soy, más bien, de la opinión de que
el Estado debe tener una red de escuelas propias en Cataluña que impartan
enseñanza en castellano: y de dejar elegir a los padres en qué lengua quieren
que sus hijos se eduquen… La libertad de enseñanza y la libertad lingüística es algo que siempre
ha estremecido a la gencat. ¿Quieren derecho a decidir? Vamos a ver cuantos
padres deciden que sus hijos estudien en catalán e ignoren completamente el
castellano… ¿Apostamos quién pierde?
De lo que no puede dudarse en sobre
quién va a perder con el decreto antidesokupa, la reforma Celáa o la ley
matarife: la sociedad española. Y, vale la pena, que recordemos esto: cuanto
más profundo sea el hoyo en el que estos irresponsables nos hundan, más va a
costar salir a flote.
