Infokrisis.- Cuando ya nadie tenía fe en la capacidad del Tribunal Constitucional para ponerse de acuerdo en una sentencia sobre el Estatut de Catalunya recurrido por el Partido Popular desde hace más de cuatro años, su presidenta logró aprobar por 6 votos contra 4 su propuesta de sentencia. Hoy ya tenemos sentencia que no es ni la que el tripartito que gobierna en Barcelona hubiera deseado, ni tiene la contundencia que el PP habría necesitado para demostrar que el Constitucional le daba solamente la respuesta, ni refuerza al zapaterismo (que dijo aquella inenarrable frase de que “aprobaría todo lo que saliera del Parlament de Cataluña”, etc. La sentencia es de aquellas que permiten, como en las noches electorales, demostrar que cada partido ha ganado. ¿Ha ganado alguien realmente? La sentencia ha intentado contentar a todos sin que nadie haya
1. Sobre la sentencia en sí
La vicepresidenta del gobierno, a poco de conocerse la emisión de la sentencia, salió triunfante ante las cámaras explicando que el recurso del PP había sido derrotado y que solamente un artículo había sido declarado inconstitucional. Ha sido la única voz que fuera en esa dirección. En realidad 14 artículos han sido declarados inconstitucionales y 24 deberán ser remodelados… Si tenemos en cuenta que todos los artículos no tienen el mismo interés y que para los nacionalistas precisamente los artículos recurridos son los que más valor tienen (declarar inconstitucional la declaración de la lengua catalana como “preferente”, liquidar el sueño de un “poder judicial catalán” e incluso que la sentencia ha avalado en varios momentos la “indisoluble unidad del Estado”, tumbar lo relativo a las competencias en materia de Cajas de Ahorro y Tributos locales y la figura del defensor del pueblo catalán) a la hora de evaluar el preámbulo y el término “nación”, entenderemos el enfado de ERC ante la sentencia.
La negativa a entrar en el fondo de la cuestión sobre el término “nación” incluido en el preámbulo del Estatuto se justifica, por ejemplo, afirmando que se encuentra en el preámbulo y carece de valor normativo, para acto seguido, aludir en varias ocasiones a la “indisoluble unidad de España”.
En materia lingüística la sentencia es suficientemente ambigua para que todas las partes vean lesionados sus intereses: mientras se niega explícitamente la legalidad de la política oficial de la Generalitat que define el “uso preferente del catalán”, la sentencia establece el “uso normal del catalán”, lo que obliga a la Generalitat a modificar varias leyes promulgadas en los últimos tres años, sin que existan garantías de que tal modificación se realizará.
Las leyes catalanas son declaradas explícitamente de rango inferior a las del Estado y, por tanto, esto tiene que ser considerado como un fracaso para las aspiraciones nacionalistas que pretendían situar la Generalitat y el Estado Español al mismo nivel. Sin embargo, también aquí se elude explicitar qué leyes y qué reglamentos aprobados desde hace cuatro años deben ser modificados, lo que prolongará la situación de ambigüedad interpretativa por parte de la Generalitat.
Figuras como “el defensor del pueblo catalán”, la creación de un “poder judicial catalán”, determinadas medidas en materia de fiscalidad local y de gestión de las Cajas de Ahorros, han sido igualmente declarados anticonstitucionales, sin embargo, en lo que se refiere a la administración en los diferentes departamentos no se modifica la pretensión de la Generalitat de asumir “competencias exclusivas” en materia ejecutiva lo que implica en gran medida la desaparición del aparato del Estado en España.
La sentencia, al haberse retrasado cuatro años y al desaparecer la figura del recurso previo de inconstitucionalidad llega en un momento en el que la Generalitat ya ha desarrollado muchos de los artículos recurridos. La confusión, el caos y las interpretaciones unilaterales que se van a generar durarán por espacio de años a causa del retraso y de la ambigüedad de la sentencia.
2. Lo que se pretendía con el Estatut
El nuevo estatuto nace de la colusión de una serie de circunstancias subjetivas (megalomanía de Maragall e intento de pasar a la historia de Cataluña forzando un “federalismo asimétrico” por vía estatutaria, intento de Carod-Rovira de avanzar un paso más hacia la independencia, necesidad de CiU de no perder protagonismo y de evitar la erosión de su voto por parte de ERC) eludiendo circunstancias objetivas (ausencia de demanda social de la población catalana, clamor inexistente por una reforma estatutaria). De ahí que este Estatuto no haya recibido el refrendo de más de un 30% de electores cuando se le sometió a consulta.
Carod Rovira aspiraba, por una parte, a incorporar al PSC al nacionalismo (y por eso Carod y Maragall firmaron el Pacto del Tinell) y por otra a avanzar algo más hacia el independentismo. Desde su óptima, el Estatuto no tenía otra justificación más que la creación de un marco jurídico nuevo que posibilitara en una década más acceder a la independencia. De ahí que más que un “estatuto”, el texto tuviera la fisonomía de una “constitución” con reconocimiento de derechos cívicos y del establecimiento de tres poderes clásicos (ejecutivo, legislativo y judicial), tendiera a la desaparición de la estructura del Estado en Cataluña y eliminara la influencia de la lengua castellana.
Sin embargo, todo ha ido al revés: la población catalana tiene la sensación de que estos últimos siete años se han perdido en el debate estatutario y que su situación no ha mejorado, sino todo lo contrario. El tripartito es hoy un estado mayor de desahuciados políticos. La clase política catalana ha alcanzado niveles inéditos de desprestigio y la brecha con la población es insalvable después de las últimas oleadas de corrupción. La reacción de la clase política catalana a la sentencia será cargar las tintas, intentar movilizar a la población apelando a la vena emotiva y sentimental del catalanismo (veremos si en varano, si con el mundial de fútbol en ciernes y sin que el tema genere excesivo entusiasmo en la población, la movilización alcanzará un nivel de masas).
3. De quién es hijo el Estatut
El Estatut es hijo del consenso parlamentario del 3%, pacto tácito entre los partidos parlamentarios catalanes en 2004 para evitar la creación de una comisión parlamentaria que investigara las comisiones del 3% cobradas por CiU en la concesión de oba pública. Esa práctica se había generalizado durante el pujolismo y siguió manteniéndose. De ahí salió la “omertá” de los partidos catalanes y el intento de ir un poco más lejos para la mayoría: ese nuevo techo autonómico para la mayoría tenía como objetivo que la Generalitat pudiera disponer de más fondos… ¿para? Para que las comisiones del 3% fueran sobre un monto mayor.
A lo largo de 20 años de pujolismo Cataluña se convirtió en uno de los posos de mayor corrupción de todo el Estado. Estos casos estallaron tanto bajo el pujolismo como bajo los dos tripartitos y siempre, absolutamente siempre, tocaron a los altos cargos del gobierno de Pujol: desde consellers de UDC hasta los propios brazo derecho (Maciá Alavedra) y brazo izquierdo (Lluis Prenafeta) pasando por notables e históricos del nacionalismo (Millet) y alcaldes del PSC inmersos en recalificaciones salvajes y desaprensivas.
El “nuevo Estatut” es hijo de todo esto: fue redactado por una clase política degenerada y miserable que había aprendido a utilizar sistemáticamente el nombre de “Catalunya” para avalar sus rapacidades y justificar sus desmanes. Desde que Jordi Pujol a principios de los años 80 movilizó a la ciudadanía catalana en su defensa para evitar el procesamiento en el caso Banca Catalana, teniendo el cinismo de afirmar que se intentaba llevar al banquillo “a Catalunya”, siempre el nacionalismo catalán ha jugado con la emotividad y el sentimentalismo catalán para tapar sus vergüenzas.
Estos son los que han hecho el Estatut. Como si un atracador diseñara el sistema de seguridad de una institución bancaria. El Estatut será “legal”, pero sus impulsores no son “legítimos”: pertenecen a esa clase política de la que Catalunya debe liberarse si quiere dejar atrás los bloqueos y los ensimismamientos nacionalistas.
4. Siete años en la vida de Cataluña
Estos últimos siete años de vida catalana han visto sucederse en el poder a dos tripartitos ineficaces y autistas: mientras la situación se iba deteriorando cada día más en las calles y en los barrios, las autoridades catalanas multiplicaban sus declaraciones nacionalistas y pugnaban por presentarse a cual más nacionalista… mientras que en la calle iban llegando oleadas de inmigrantes, se iba procediendo a la creación de guetos étnicos un poco por todas partes, se establecía 1.250.000 extranjeros en territorio catalán superando el 22% de inmigración real, estallaban casos de corrupción a cual más espectacular, las fábricas se iban deslocalizando y Catalunya adquiría niveles de paro y especialmente de paro juvenil similares a Andalucía. Eso ha sido todo.
A lo largo de estos últimos siete años el seny catalán se ha dilapidado. Todos los objetivos del tripartito se han visto defraudados, incluso los que ha perseguido con más interés. En materia lingüística, incluso, en estos años se ha producido un fenómeno paradójico: la lengua catalana cada vez se “conoce” más (por las normas de inmersión lingüística), pero cada vez se “habla” menos, descendiendo incluso su utilización en la universidad. Esto no ha sido óbice para que se generalizara la odiosa “delación lingüística” estimulada desde la Generalitat y especialmente por ERC.
Pero lo peor ha sido la falta absoluta de “centros de imputación”: hemos asistido continuamente en Catalunya a un permanente enfrentamiento entre ayuntamientos, Generalitat y Estado, acusándose cada uno de las carencias y los problemas gravísimos que ha atravesado la sociedad catalana en este malhadado ciclo. Las muestras de ineficacia por parte de algunas consellerías (interior, por ejemplo, con Joan Saura al frente) han sido constantes: incendios forestales descontrolados, nevadas que paralizaban comarcas enteras y las mantenían sin energía eléctrica durante quince días, desautorización de los Mossos d’Esquadra, etc.
Donde más dramática ha sido la situación, desde luego, ha sido en materia económica. Ninguno de los instrumentos de planificación económica y creación de un nuevo modelo económico al alcance de la Generalitat habilitados por el Estatuto ha funcionado. Nadie ha sido capaz de sacar a Catalunya de la crisis económica que ha alcanzado en esa autonomía unos niveles de paro real por encima del 20%.
5. Problemas reales y problemas virtuales
En Catalunya casi nadie esperaba la sentencia del tribunal constitucional. Interesan más otros problemas: ¿Cómo llegar a fin de mes? ¿Cómo evitar que el propio barrio sea objeto de un proceso de limpieza étnica? ¿Cuál será el próximo alto cargo procesado o el apellido famoso que acabará en la cárcel por corrupción? ¿Cómo evitar el paro? ¿Cómo superar la sensación de inseguridad que se ha apoderado de la sociedad catalana?
Ante todos estos problemas, la Generalitat no tiene soluciones, alternativas ni respuestas a los problemas reales experimentados por la población. Pero, eso sí, su reacción, ante los problemas virtuales –como la sentencia del Estatut- es inmediata.
Una sociedad en la que la inmigración ha pasado de 2% en 1996 al 23% en apenas 14 años, en donde la natalidad está completamente hundida y excluido el aumento demográfico aportado por los inmigrantes, dispone de la tasa de natalidad más baja de todo el mundo, es una sociedad inviable. Una sociedad en la que en algunas zonas la inmigración es superior al 50% (Salt, el Rabal y la Ribera de Barcelona, etc) donde ya son varias decenas de colegios públicos los que tienen entre el 90 y el 100% de alumnado inmigrantes, es una sociedad inviable.
Cuando la Generalitat permanece indiferente a las estrecheces de la mayor parte de catalanes y prosigue con un gasto faraónico en todas las consellerías, lo que está haciendo es justificando la “desafección” que la sociedad catalana prodiga a su clase política.
Si hay una palabra que define a la Catalunya de mediados de 2010 esta es “inseguridad”. No existen garantías de que en los próximos meses no se producirán nuevos casos de corrupción, no hay nada que indique que el paro ha tocado suelo, ni nada absolutamente que permita suponer que la Generalitat o el Estado van a disminuir la presión fiscal.
Para colmo, las cárceles catalanas tienen el mayor porcentaje de presos extranjeros y experimentan el mayor crecimiento en número de “residentes” que en cualquier otra parte del Estado. Amparados en las diferentes estadísticas entre la policía nacional, la guardia civil y la policía autonómica, ninguna administración ofrece datos fidedignos sobre el aumento de la delincuencia, pero a faltad e datos, la población tiene la percepción de que cada día aumentan los delitos y los hurtos especialmente en zonas de inmigración masiva.
Ante todo esto, el tripartito ha permanecido paralizado, incapaz de reaccionar y sin más proyectos que aquellos que podían rendir buenas comisiones y aumentar el faraonismo de la Generalitat. Hoy es difícil encontrar en Catalunya alguna calle en la que no se encuentre domiciliada alguna oficina administrativa de la Generalitat. Contrariamente a la percepción que se tenía al principio de la transición, el Estado de las autonomías, lejos de disminuir el volumen y la densidad de la administración, lo ha multiplicado por cuatro.
En estas condiciones, gobierne el tripartito o gobierne CiU, la desembocadura final es la misma: una administración autonómica insostenible dentro de un Estado de las Autonomías absolutamente insoportable desde el punto de vista económico.
6. De cara a las elecciones
Todo lo que los partidos digan o hagan en los próximos días va a estar dictado por la proximidad de las elecciones: el PPC intentará demostrar que la sentencia del Estatut les ha dado la razón e incluso es posible que logren recuperar algunos votos a pesar de que nunca como hoy este partido ha estado tan mal dirigido; el PSC procurará detener la caída en picado de su intención de voto cometiendo el error que sin duda ha contribuido hasta ahora a limitar su techo electoral en las elecciones autonómicas: presentarse como más nacionalista que los nacionalistas y olvidando que su caladero de votos está en el cinturón industrial de Barcelona mayoritariamente castellanoparlante. CiU ejercerá el radicalismo nacionalista en su intento de recuperar votos que hace siete años se fueron hacia ERC. Este partido, por su parte, intentará captar el voto juvenil y el del independentismo que ha ido mermando hacia el Reagrument y hacia las CUPs. Y en cuanto a ICV, bastante tendrá con sobrevivir a Joan Saura…
Vendrá el verano y se acabarán las movilizaciones. Vendrá septiembre y la proximidad de campaña electoral excitará los ánimos de nuevo. Es difícil pensar que en Catalunya ocurrirá una especie de revuelta cívica. Más parece que la sentencia del Estatut producirá una primera oleada de excesos verbales y de movilizaciones más o menos problemáticas que se irán agotando con el paso de las semanas.
En noviembre, tanto PSC como CiU insistirán en que todos los ciudadanos acudan a votar. Su fantasma más indeseable es que los niveles de abstención se aproximen al 50%... lo que facilitaría el que nuevas opciones políticas –Plataforma per Catalunya entre otras- lograran entrar en el Parlament. ¿Y luego? CiU no va a traicionarse a sí misma: seguirá haciendo lo que ha hecho hasta ahora: negociar con quien gobierne en La Moncloa las mejores condiciones ¿para Catalunya? ¡No! ¡Para CiU! Lo que es muy diferente…
En cuanto al Estatut asistiremos en los próximos años a historias interminables de leyes y reglamentos establecidos para desarrollarlo y que serán recurridos nuevamente ante el constitucional… que mostrará la misma diligencia en elaborar sentencias que ha evidenciado en esta espera angustiosa de cuatro años.
En realidad, no es el Estatuto el que hay que reformar ahora, sino toda la estructura autonómica del Estado que todo el mundo conviene en aceptar que es demasiado costosa y absolutamente inviable. Es el Estado de las Autonomías el que ha fracasado y ya va siendo hora de reconocerlo.
© Ernest Milà – infoKrisis – infoKrisis@yahoo.es – http://infokrisis.blogia.com – Prohibida la reproducción de este texto sin indicar origen
1. Sobre la sentencia en sí
La vicepresidenta del gobierno, a poco de conocerse la emisión de la sentencia, salió triunfante ante las cámaras explicando que el recurso del PP había sido derrotado y que solamente un artículo había sido declarado inconstitucional. Ha sido la única voz que fuera en esa dirección. En realidad 14 artículos han sido declarados inconstitucionales y 24 deberán ser remodelados… Si tenemos en cuenta que todos los artículos no tienen el mismo interés y que para los nacionalistas precisamente los artículos recurridos son los que más valor tienen (declarar inconstitucional la declaración de la lengua catalana como “preferente”, liquidar el sueño de un “poder judicial catalán” e incluso que la sentencia ha avalado en varios momentos la “indisoluble unidad del Estado”, tumbar lo relativo a las competencias en materia de Cajas de Ahorro y Tributos locales y la figura del defensor del pueblo catalán) a la hora de evaluar el preámbulo y el término “nación”, entenderemos el enfado de ERC ante la sentencia.
La negativa a entrar en el fondo de la cuestión sobre el término “nación” incluido en el preámbulo del Estatuto se justifica, por ejemplo, afirmando que se encuentra en el preámbulo y carece de valor normativo, para acto seguido, aludir en varias ocasiones a la “indisoluble unidad de España”.
En materia lingüística la sentencia es suficientemente ambigua para que todas las partes vean lesionados sus intereses: mientras se niega explícitamente la legalidad de la política oficial de la Generalitat que define el “uso preferente del catalán”, la sentencia establece el “uso normal del catalán”, lo que obliga a la Generalitat a modificar varias leyes promulgadas en los últimos tres años, sin que existan garantías de que tal modificación se realizará.
Las leyes catalanas son declaradas explícitamente de rango inferior a las del Estado y, por tanto, esto tiene que ser considerado como un fracaso para las aspiraciones nacionalistas que pretendían situar la Generalitat y el Estado Español al mismo nivel. Sin embargo, también aquí se elude explicitar qué leyes y qué reglamentos aprobados desde hace cuatro años deben ser modificados, lo que prolongará la situación de ambigüedad interpretativa por parte de la Generalitat.
Figuras como “el defensor del pueblo catalán”, la creación de un “poder judicial catalán”, determinadas medidas en materia de fiscalidad local y de gestión de las Cajas de Ahorros, han sido igualmente declarados anticonstitucionales, sin embargo, en lo que se refiere a la administración en los diferentes departamentos no se modifica la pretensión de la Generalitat de asumir “competencias exclusivas” en materia ejecutiva lo que implica en gran medida la desaparición del aparato del Estado en España.
La sentencia, al haberse retrasado cuatro años y al desaparecer la figura del recurso previo de inconstitucionalidad llega en un momento en el que la Generalitat ya ha desarrollado muchos de los artículos recurridos. La confusión, el caos y las interpretaciones unilaterales que se van a generar durarán por espacio de años a causa del retraso y de la ambigüedad de la sentencia.
2. Lo que se pretendía con el Estatut
El nuevo estatuto nace de la colusión de una serie de circunstancias subjetivas (megalomanía de Maragall e intento de pasar a la historia de Cataluña forzando un “federalismo asimétrico” por vía estatutaria, intento de Carod-Rovira de avanzar un paso más hacia la independencia, necesidad de CiU de no perder protagonismo y de evitar la erosión de su voto por parte de ERC) eludiendo circunstancias objetivas (ausencia de demanda social de la población catalana, clamor inexistente por una reforma estatutaria). De ahí que este Estatuto no haya recibido el refrendo de más de un 30% de electores cuando se le sometió a consulta.
Carod Rovira aspiraba, por una parte, a incorporar al PSC al nacionalismo (y por eso Carod y Maragall firmaron el Pacto del Tinell) y por otra a avanzar algo más hacia el independentismo. Desde su óptima, el Estatuto no tenía otra justificación más que la creación de un marco jurídico nuevo que posibilitara en una década más acceder a la independencia. De ahí que más que un “estatuto”, el texto tuviera la fisonomía de una “constitución” con reconocimiento de derechos cívicos y del establecimiento de tres poderes clásicos (ejecutivo, legislativo y judicial), tendiera a la desaparición de la estructura del Estado en Cataluña y eliminara la influencia de la lengua castellana.
Sin embargo, todo ha ido al revés: la población catalana tiene la sensación de que estos últimos siete años se han perdido en el debate estatutario y que su situación no ha mejorado, sino todo lo contrario. El tripartito es hoy un estado mayor de desahuciados políticos. La clase política catalana ha alcanzado niveles inéditos de desprestigio y la brecha con la población es insalvable después de las últimas oleadas de corrupción. La reacción de la clase política catalana a la sentencia será cargar las tintas, intentar movilizar a la población apelando a la vena emotiva y sentimental del catalanismo (veremos si en varano, si con el mundial de fútbol en ciernes y sin que el tema genere excesivo entusiasmo en la población, la movilización alcanzará un nivel de masas).
3. De quién es hijo el Estatut
El Estatut es hijo del consenso parlamentario del 3%, pacto tácito entre los partidos parlamentarios catalanes en 2004 para evitar la creación de una comisión parlamentaria que investigara las comisiones del 3% cobradas por CiU en la concesión de oba pública. Esa práctica se había generalizado durante el pujolismo y siguió manteniéndose. De ahí salió la “omertá” de los partidos catalanes y el intento de ir un poco más lejos para la mayoría: ese nuevo techo autonómico para la mayoría tenía como objetivo que la Generalitat pudiera disponer de más fondos… ¿para? Para que las comisiones del 3% fueran sobre un monto mayor.
A lo largo de 20 años de pujolismo Cataluña se convirtió en uno de los posos de mayor corrupción de todo el Estado. Estos casos estallaron tanto bajo el pujolismo como bajo los dos tripartitos y siempre, absolutamente siempre, tocaron a los altos cargos del gobierno de Pujol: desde consellers de UDC hasta los propios brazo derecho (Maciá Alavedra) y brazo izquierdo (Lluis Prenafeta) pasando por notables e históricos del nacionalismo (Millet) y alcaldes del PSC inmersos en recalificaciones salvajes y desaprensivas.
El “nuevo Estatut” es hijo de todo esto: fue redactado por una clase política degenerada y miserable que había aprendido a utilizar sistemáticamente el nombre de “Catalunya” para avalar sus rapacidades y justificar sus desmanes. Desde que Jordi Pujol a principios de los años 80 movilizó a la ciudadanía catalana en su defensa para evitar el procesamiento en el caso Banca Catalana, teniendo el cinismo de afirmar que se intentaba llevar al banquillo “a Catalunya”, siempre el nacionalismo catalán ha jugado con la emotividad y el sentimentalismo catalán para tapar sus vergüenzas.
Estos son los que han hecho el Estatut. Como si un atracador diseñara el sistema de seguridad de una institución bancaria. El Estatut será “legal”, pero sus impulsores no son “legítimos”: pertenecen a esa clase política de la que Catalunya debe liberarse si quiere dejar atrás los bloqueos y los ensimismamientos nacionalistas.
4. Siete años en la vida de Cataluña
Estos últimos siete años de vida catalana han visto sucederse en el poder a dos tripartitos ineficaces y autistas: mientras la situación se iba deteriorando cada día más en las calles y en los barrios, las autoridades catalanas multiplicaban sus declaraciones nacionalistas y pugnaban por presentarse a cual más nacionalista… mientras que en la calle iban llegando oleadas de inmigrantes, se iba procediendo a la creación de guetos étnicos un poco por todas partes, se establecía 1.250.000 extranjeros en territorio catalán superando el 22% de inmigración real, estallaban casos de corrupción a cual más espectacular, las fábricas se iban deslocalizando y Catalunya adquiría niveles de paro y especialmente de paro juvenil similares a Andalucía. Eso ha sido todo.
A lo largo de estos últimos siete años el seny catalán se ha dilapidado. Todos los objetivos del tripartito se han visto defraudados, incluso los que ha perseguido con más interés. En materia lingüística, incluso, en estos años se ha producido un fenómeno paradójico: la lengua catalana cada vez se “conoce” más (por las normas de inmersión lingüística), pero cada vez se “habla” menos, descendiendo incluso su utilización en la universidad. Esto no ha sido óbice para que se generalizara la odiosa “delación lingüística” estimulada desde la Generalitat y especialmente por ERC.
Pero lo peor ha sido la falta absoluta de “centros de imputación”: hemos asistido continuamente en Catalunya a un permanente enfrentamiento entre ayuntamientos, Generalitat y Estado, acusándose cada uno de las carencias y los problemas gravísimos que ha atravesado la sociedad catalana en este malhadado ciclo. Las muestras de ineficacia por parte de algunas consellerías (interior, por ejemplo, con Joan Saura al frente) han sido constantes: incendios forestales descontrolados, nevadas que paralizaban comarcas enteras y las mantenían sin energía eléctrica durante quince días, desautorización de los Mossos d’Esquadra, etc.
Donde más dramática ha sido la situación, desde luego, ha sido en materia económica. Ninguno de los instrumentos de planificación económica y creación de un nuevo modelo económico al alcance de la Generalitat habilitados por el Estatuto ha funcionado. Nadie ha sido capaz de sacar a Catalunya de la crisis económica que ha alcanzado en esa autonomía unos niveles de paro real por encima del 20%.
5. Problemas reales y problemas virtuales
En Catalunya casi nadie esperaba la sentencia del tribunal constitucional. Interesan más otros problemas: ¿Cómo llegar a fin de mes? ¿Cómo evitar que el propio barrio sea objeto de un proceso de limpieza étnica? ¿Cuál será el próximo alto cargo procesado o el apellido famoso que acabará en la cárcel por corrupción? ¿Cómo evitar el paro? ¿Cómo superar la sensación de inseguridad que se ha apoderado de la sociedad catalana?
Ante todos estos problemas, la Generalitat no tiene soluciones, alternativas ni respuestas a los problemas reales experimentados por la población. Pero, eso sí, su reacción, ante los problemas virtuales –como la sentencia del Estatut- es inmediata.
Una sociedad en la que la inmigración ha pasado de 2% en 1996 al 23% en apenas 14 años, en donde la natalidad está completamente hundida y excluido el aumento demográfico aportado por los inmigrantes, dispone de la tasa de natalidad más baja de todo el mundo, es una sociedad inviable. Una sociedad en la que en algunas zonas la inmigración es superior al 50% (Salt, el Rabal y la Ribera de Barcelona, etc) donde ya son varias decenas de colegios públicos los que tienen entre el 90 y el 100% de alumnado inmigrantes, es una sociedad inviable.
Cuando la Generalitat permanece indiferente a las estrecheces de la mayor parte de catalanes y prosigue con un gasto faraónico en todas las consellerías, lo que está haciendo es justificando la “desafección” que la sociedad catalana prodiga a su clase política.
Si hay una palabra que define a la Catalunya de mediados de 2010 esta es “inseguridad”. No existen garantías de que en los próximos meses no se producirán nuevos casos de corrupción, no hay nada que indique que el paro ha tocado suelo, ni nada absolutamente que permita suponer que la Generalitat o el Estado van a disminuir la presión fiscal.
Para colmo, las cárceles catalanas tienen el mayor porcentaje de presos extranjeros y experimentan el mayor crecimiento en número de “residentes” que en cualquier otra parte del Estado. Amparados en las diferentes estadísticas entre la policía nacional, la guardia civil y la policía autonómica, ninguna administración ofrece datos fidedignos sobre el aumento de la delincuencia, pero a faltad e datos, la población tiene la percepción de que cada día aumentan los delitos y los hurtos especialmente en zonas de inmigración masiva.
Ante todo esto, el tripartito ha permanecido paralizado, incapaz de reaccionar y sin más proyectos que aquellos que podían rendir buenas comisiones y aumentar el faraonismo de la Generalitat. Hoy es difícil encontrar en Catalunya alguna calle en la que no se encuentre domiciliada alguna oficina administrativa de la Generalitat. Contrariamente a la percepción que se tenía al principio de la transición, el Estado de las autonomías, lejos de disminuir el volumen y la densidad de la administración, lo ha multiplicado por cuatro.
En estas condiciones, gobierne el tripartito o gobierne CiU, la desembocadura final es la misma: una administración autonómica insostenible dentro de un Estado de las Autonomías absolutamente insoportable desde el punto de vista económico.
6. De cara a las elecciones
Todo lo que los partidos digan o hagan en los próximos días va a estar dictado por la proximidad de las elecciones: el PPC intentará demostrar que la sentencia del Estatut les ha dado la razón e incluso es posible que logren recuperar algunos votos a pesar de que nunca como hoy este partido ha estado tan mal dirigido; el PSC procurará detener la caída en picado de su intención de voto cometiendo el error que sin duda ha contribuido hasta ahora a limitar su techo electoral en las elecciones autonómicas: presentarse como más nacionalista que los nacionalistas y olvidando que su caladero de votos está en el cinturón industrial de Barcelona mayoritariamente castellanoparlante. CiU ejercerá el radicalismo nacionalista en su intento de recuperar votos que hace siete años se fueron hacia ERC. Este partido, por su parte, intentará captar el voto juvenil y el del independentismo que ha ido mermando hacia el Reagrument y hacia las CUPs. Y en cuanto a ICV, bastante tendrá con sobrevivir a Joan Saura…
Vendrá el verano y se acabarán las movilizaciones. Vendrá septiembre y la proximidad de campaña electoral excitará los ánimos de nuevo. Es difícil pensar que en Catalunya ocurrirá una especie de revuelta cívica. Más parece que la sentencia del Estatut producirá una primera oleada de excesos verbales y de movilizaciones más o menos problemáticas que se irán agotando con el paso de las semanas.
En noviembre, tanto PSC como CiU insistirán en que todos los ciudadanos acudan a votar. Su fantasma más indeseable es que los niveles de abstención se aproximen al 50%... lo que facilitaría el que nuevas opciones políticas –Plataforma per Catalunya entre otras- lograran entrar en el Parlament. ¿Y luego? CiU no va a traicionarse a sí misma: seguirá haciendo lo que ha hecho hasta ahora: negociar con quien gobierne en La Moncloa las mejores condiciones ¿para Catalunya? ¡No! ¡Para CiU! Lo que es muy diferente…
En cuanto al Estatut asistiremos en los próximos años a historias interminables de leyes y reglamentos establecidos para desarrollarlo y que serán recurridos nuevamente ante el constitucional… que mostrará la misma diligencia en elaborar sentencias que ha evidenciado en esta espera angustiosa de cuatro años.
En realidad, no es el Estatuto el que hay que reformar ahora, sino toda la estructura autonómica del Estado que todo el mundo conviene en aceptar que es demasiado costosa y absolutamente inviable. Es el Estado de las Autonomías el que ha fracasado y ya va siendo hora de reconocerlo.
© Ernest Milà – infoKrisis – infoKrisis@yahoo.es – http://infokrisis.blogia.com – Prohibida la reproducción de este texto sin indicar origen
