La presencia de un diputado de la
CUP en los incidentes que se han producido a lo largo de toda la semana en
torno al “banco expropiado” de Gracia, ha podido dar la sensación de que este
grupo “controlaba” a los okupas responsables de los incidentes. En realidad, no
es así: los tres grupúsculos que han actuado en Barcelona –el independentista
revolucionario (IR) y los anarquistas (Negres
Tempestes y Áurea Negra) son
completamente incontrolables. Harina de otro costal es que la CUP –y más en
concreto, alguno de sus diputados, Jodi Garganté, en concreto- hayan querido
dar la sensación de que tienen algún ascendiente sobre este movimiento.
De hecho, de lo que está quejando el ayuntamiento de
Barcelon es de que, en la actualidad, no tiene interlocutor válido. Estos
grupos, simplemente, se niegan a negociar: en realidad, se niegan a cualquier
cosa que no sea el que les dejen hacer lo que les dé la gana, sin ningún tipo
de limitación. Con tal de que el ayuntamiento, claro está, les pague la luz, el
recibo del agua y del gas, el alquiler, el IBI, la antena de televisión, la
tasa de basura, los gastos de comunidad y las reparaciones (incluso los atascos
en los fregaderos), algo de lo que tendrá que responder el anterior alcalde de
Barcelona, Xavier Trías, que compró la “paz social” costeando 65.000 euros a
los okupas del “banco expropiado” para que solamente molestaran a los vecinos,
pero no para que una desocupación que hubiera podido tener los mismos efectos
que la de Can Víes hace dos años, hubiera sacado a flote ante toda la opinión
pública la existencia del problema. Trías, en efecto, puede ser procesado por “malversación
de caudales públicos”.
Los incidentes de Can Víes sacaron a la superficie algo que
ya existía, como mínimo, desde finales de los años 90: la existencia en
Barcelona de un fuerte y agresivo movimiento okupa que había ido consolidándose
a medida que, tanto en Cataluña como en Barcelona, se evidenciaba la debilidad
de los poderes públicos. Tanto el GRAPO como ETA, en los últimos años de
existencia, habían hecho del movimiento okupa barcelonés un campo preferencial
de captación. Pero, al mismo tiempo, pronto se evidenció que el mundo okupa era
muy permeable a las infiltraciones policiales. El GRAPO, prácticamente, resultó
desarticulado completamente por depender en su última etapa de estos círculos.
Otro tanto le ocurrió a ETA que, a partir de 1998 evitó completamente captar en
esos medios.
En cuanto al independentismo catalán, siempre ha permanecido
al margen y de espaldas a estos colectivos. Básicamente, los pequeños grupos
okupas barceloneses están compuestos por anarquistas, buena parte de los cuales
proceden de Italia y de Chile. En lo que se refiere a la CUP, siempre ha
intentado “abrirse a movimientos sociales”, de ahí que haya hecho causa común
con los okupas barceloneses… pero eso no implica ni que los “controle”, ni
mucho menos que los dirija, ni siquiera que tenga la más mínima influencia
sobre ellos.
Los incidentes de Can Víes, hace dos años, demostraron la
excepcional violencia que estos grupúsculos desempeñan. Ante ellos, tienen a
unos Mossos d’Esquadra con órdenes expresas de evitar solamente destrozos en el
mobiliario urbano, pero sin realizar detenciones (una detención excita en la noche
siguiente la violencia de estos grupos para pedir la libertad del detenido). En
Can Víes se llegó a la absurda situación de que, una vez realizado en desalojo,
se procedió a la demolición del inmueble, pero la violencia de los incidentes
hizo que los trabajos se interrumpieran y el inmueble, medio demolido, se entregara
de nuevo a los okupas.
La debilidad congénita de las autoridades catalanas procede
del tiempo en que Joan Saura, dirigente de Iniciativa per Catalunya-Verds,
estuvo al frente de la Consellería de Interior. Durante ese tiempo, puso especial
énfasis en que los Mossos d’Esquadra respetaran los “derechos humanos”. Durante
el mandato de Saura en interior (2006-2010), la situación se “pudrió” en
Barcelona y el movimiento okupa, reforzado especialmente por activistas
italianos, se convirtió en “intocable”. Las cosas no variaron con la presencia
de su sucesor Felip Puig (CiU), en el cargo.
En este momento, con el proceso soberanista empantanado, con
el apoyo de las CUP al gobierno Puigdemont en el aire, parece difícil que el
gobierno de la generalitat y el ayuntamiento de Barcelona opten por una solución
de fuerza, o simplemente que piensen exclusivamente en el bienestar de los
vecinos (antes de que los incidentes violentos hayan alterado su vida, años de
fiestas, broncas, ruidos, les han causado molestias constantes). De momento la
alcaldesa de Barcelona ha transferido la responsabilidad de la crisis y su
solución… a los “vecinos”.
Las fotos y los vídeos de los incidentes muestran una
brutalidad que solamente tuvo precedentes en Barcelona hace dos años en los
incidentes de Can Víes. Nos destrozos y una violencia de la que solamente son
responsables los que han permitido la degradación de la vida ciudadana en Barcelona
con su falta de autoridad. Cuando se paga para comprar la “paz social”, el
precio, siempre, resulta demasiado alto.
