Declaración política de
la Junta Ejecutiva de España 2000
Ante un curso político
decisivo
Por una
fuerte presencia en los ayuntamientos
Por un gran
partido identitario y social-patriota
¡Ahora o
nunca!
A todos los militantes y simpatizantes de E2000
A todos los miembros de los movimientos identitarios y social-patriotas
A todos los españoles
Éste no va a ser un curso
político como cualquier otro. Lo hemos empezado absorbidos por el “problema
catalán”, olvidando que en el mes de mayo tendrán lugar elecciones municipales
y autonómicas que modificarán profundamente el panorama político español. El
análisis que sigue intenta responder a la pregunta de ¿ante qué escenario debe
estar preparado el movimiento identitario para responder a los nuevos retos que
se irán concretando a medida que avance el curso político?, y ¿qué puede
hacerse ante la coyuntura que se avecina?
El mensaje que se pretendemos
transmitir es este: nos encontramos ante el final de un ciclo y el principio de
otro. Dependerá de que en este fin de ciclo las fuerzas identitarias y
social-patriotas logren insertarse en la acción política real, para que estén
en condiciones de calentar motores para el nuevo ciclo que se avecina. Y para
ello hace falta:
1) entender lo que ha constituido
el período democrático 1978-2014,
2) prever su evolución futura
para anticiparse a los acontecimientos,
3) dotarse de una organización
política a escala nacional capaz de revalidar en España los éxitos de las
formaciones identitarias, social-patriotas y euroescépticas de otros países y
4) afrontar las elecciones
municipales de 2015, verdadera prueba de fuego en donde se percibirán de manera
fehaciente si han existido avances notables que permitan pensar en que existe
un futuro para este sector político.
Primera Parte
La coyuntura en la que nos encontramos
En este curso político recién
iniciado nuestro país va a afrontar tres episodios decisivos que marcarán
decisivamente nuestro futuro:
1) De un lado el conflicto
catalán llegará al límite de tensión y generará heridas que tardarán décadas en
cicatrizar.
2) La convocatoria de elecciones
municipales modificará el panorama político.
3) Se disiparán las esperanzas en
una “recuperación económica”.
El resultado de todos estos procesos será el debilitamiento
irreversible de las fuerzas que han contribuido a mantener el pie el régimen
político nacido en 1978. Estamos en la antesala de un nuevo ciclo histórico y
ante una encrucijada como no conocíamos desde 1976 cuando la muerte de Franco
obligó a una modificación profunda del régimen. Hoy nos aproximamos a una
mutación similar, con la diferencia de que en 1976 existían fuerzas políticas y
económicas que aspiraban a una renovación desde fuera y desde dentro del
antiguo régimen, mientras que en la actualidad asistimos al desplome interior
del régimen constitucional.
En efecto, en 1976 el capitalismo
español precisaba entrar en las Comunidades Europeas y existían fuerzas
políticas democráticas con un proyecto político propio incompatible con el
franquismo. Hoy, lo que existe es un capitalismo internacional globalizado que
impone sus leyes en España y una clase política corrupta e ineficiente, sin
alternativas de reemplazo, o con partidos emergentes de poco calado, que más
bien son “opciones–refugio” para los decepcionados por los partidos del centro–derecha
y del centro–izquierda, provistos de programas poco o mal definidos (UPyD,
Ciudadanos), utopías (Podemos), o radicalismos
secesionistas (Sortu, ERC).
La novedad es que el régimen político español amenaza con desplomarse
interiormente por efecto de sus errores acumulados y sin que hayan aparecido
fuerzas políticas coherentes que asuman el remplazo. De ahí la necesidad de
construir una fuerza identitaria, social y patriótica con fuerza suficiente
para convertirse en polo de agregación capaz de jugar un papel decisivo en la
próxima fase histórica que se aproxima de manera acelerada.
I. Las causas de la crisis del sistema político español
Han pasado 38 años desde que se
aprobó la constitución española. Ya desde mediados de los años 80, se percibían
los problemas que entrañaba el haber cerrado en falso la transición: el “café para todos” autonómico se
convirtió en una permanente fuente de conflictos, las sucesivas amnistías dadas
entre el 20 de noviembre de 1975 y las elecciones de junio de 1977 demostrador
al terrorismo que era posible imponer condiciones al Estado, la nueva clase
política comprobó que la nueva legislación le permitía cualquier tipo de
corruptelas y desde el “Caso Juan Guerra” hasta RUMASA, desde el “Caso Banca
Catalana” hasta el “Caso Naseiro”, la corrupción había ido extendiéndose
transversalmente por todos los partidos y, para colmo, la mala negociación de
Felipe González nos integró en “Europa” en condiciones precarias que arruinaron
para siempre sectores enteros de nuestra economía (minería, astilleros, altos
hornos y cualquier industria pesada, ganadería) y nos comprometió con una OTAN
que en esos momentos ya había demostrado ser un apéndice colonial del Pentágono
americano para justificar la presencia de los “marines” de los Estados Unidos
en Europa, incluso cando la Guerra Fría ya había terminado.
El nuevo régimen estuvo desde el
principio apoyado en un conglomerado económico y mediático que garantizaba su
estabilidad. Pronto, el nuevo régimen entendió que era preciso que el sistema
educativo se modificara para amputar a las nuevas generaciones cualquier tipo
de capacidad crítica. La aplicación de “nuevas teorías educativas”, en el
espacio de pocos años, transformó las escuelas en meros almacenes de alumnos,
sin más ambición docente, ni más posibilidad que la de situarnos a la cola de
Europa en esta materia. La llegada de un aluvión de alumnos procedentes de la
inmigración, a partir de 1997, agravó todavía más la crisis.
Los años del felipismo no fueron
sólo los de la “gran decepción” y el “desencanto”, sino también los de
transformación profunda de la sociedad española: el asociacionismo se redujo a
la mínima expresión generando la desaparición de la operatividad de la
“sociedad civil”, la natalidad cayó en picado, los sectores estratégicos de la
industria empezaron a privatizarse o, simplemente, fueron liquidados en el proceso
conocido como “reconversión industrial”, los ingresos de las familias y su
capacidad adquisitiva empezaron a reducirse mientras las clases medias veían
como aumentaba la presión fiscal sobre ellas y sobre las rentas procedentes del
trabajo. Pronto, el felipismo pasó de la “pana” al “beautiful people” y en
consecuencia, fue progresivamente mejorando el tratamiento fiscal de las rentas
procedentes del capital. La crisis económica que siguió a los “eventos del 92”
(Olimpiadas de Barcelona, Expo–Sevilla, Quinto Centenario) generaron una larga
etapa de decadencia del felipismo que finalmente llevó a Aznar al poder.
El modelo económico creado por
Aznar era un intento de responder al papel periférico que Felipe González había
aceptado al suscribir el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea. Para
Aznar, si no teníamos protagonismo en industria pesada, ni en nuevas
tecnologías, ni en sectores de alto valor añadido, deberíamos obtenerlo
mediante un desarrollo hipertrófico del turismo y de la construcción. Para ello
era necesario reducir salarios: y se hizo abriendo las puertas a la inmigración
(cuando las tasas de paro se situaban en torno al 8–10%). Para no generar
protestas sociales insoportables, Aznar compró al peso a los sindicatos
mediante un insensato régimen de subsidios, pero hizo algo peor, pactó con la
banca nacional y extranjera la apertura del crédito–fácil. Estos elementos
(inmigración, salarios bajos, crédito fácil) llevaron directamente a un modelo
basado en el sector inmobiliario y en la hostería y turismo… sectores todos
ellos de escasísimo valor añadido, sometidos, además, a ciclos (construcción) y
modas (turismo).
En 2007 era evidente que el
endeudamiento de las familias había hecho imposible que afrontaran sus pagos a
medio plazo. Mientras, Aznar alardeaba del superávit del Estado y del
crecimiento del PIB (que en buena medida se debía a la inyección de una media
anual de 600.000 consumidores adultos en forma de inmigrantes que llegaron
entre 1996 y 2008, que por su mera presencia ya generaban más consumo), en EEUU
se gestaba la crisis de las subprime
que unos meses después repercutió en una España ya gobernada (gracias a las
bombas del 11–M) por Rodríguez Zapatero. Éste, en su primera legislatura ni
siquiera se preocupó por modificar el modelo económico aznariano, antes bien
insistió en él, acompañándolo por medidas de “ingeniería social” cuya
inspiración había extraído de los boletines de la UNESCO: matrimonio gay,
adopciones por parte de parejas gays, facilidad para el divorcio, aborto libre
(medidas que contribuyeron a aumentar la disolución de la familia tradicional),
aumentó los flujos migratorios y estimuló el “efecto llamada” (convirtiendo a
la inmigración en una bolsa subsidiada), apeló a la sociedad “multicultural y
multiétnica”, a la tontorrona “Alianza de Civilizaciones”, al “mestizaje”, a la
“discriminación positiva” y a lo “políticamente correcto”, sin olvidar el
impulso dado a la negociación con ETA y al proceso soberanista catalán… sin
darse cuenta de lo esencial: que la economía se precipitaba hasta el abismo.
En 2008, justo después de
cerrarse las urnas que abrieron el paso a la segunda legislatura de Zapatero,
éste reconoció la existencia de la crisis… y adoptó en pocos meses medidas que
volatilizaron el superávit en la nada mediante planes absurdos (Plan E, Plan
E2010, ayudas a la banca, plan VIVE, etc.). La crisis inmobiliaria se
transformó en la etapa siguiente en crisis de deuda pública. Hoy, nuestro país
debe más de un billón de euros, deuda cuyos intereses se comen buena parte de
la capacidad fiscal del país, ya en el límite.
Cuando Rajoy ascendió al poder
–no tanto por méritos propios, como por la incapacidad manifiesta del
zapaterismo– el país se encontraba absolutamente paralizado: con una deuda que
ascendía al billón de Euros, con el bono español a un peldaño del “bono
basura”, con el sector de la construcción desintegrado y el turismo a la baja a
raíz de la crisis económica mundial, la prima de riesgo superó los 500 puntos,
mientras el número de parados se situó en los 6.000.000, la inmigración se
transformaba en un lastre insostenible (8.000.000 de inmigrantes a partir de
1996 y en la actualidad con 2.500.00 de “nacionalizados españoles”), y el
consumo interior cayendo en picado.
Las protestas que se habían
producido hasta ese momento eran anecdóticas: las “huelgas generales”
convocadas por los sindicatos para justificar su papel como “agentes sociales”
tenían un seguimiento cada vez menor y se producían ante la indiferencia
creciente de la sociedad, las protestas de los “indignados”, después de
despertar entusiasmo se convirtieron en campamentos de freakysmo y de las peores derivaciones de la extrema–izquierda. La
prensa, cada vez más dependiente de las subvenciones estatales, mostraba una
sorprendente unanimidad y una tibieza fronteriza con la complicidad. El
régimen, en ese momento, parecía inamovible. Después del PSOE vendría de nuevo
el PP… tal era la “alternancia” instaurada en España desde 1979: un partido
llegaba al poder no por propios méritos, sino por los fracasos y las
decepciones generadas por el anterior gobierno.
Pero la persistencia de la crisis
económica, ha terminado transformando la crisis social en crisis política. Esta
crisis política se evidencia en factores múltiples: la abdicación del rey y la
“entronización” de Felipe VI, la crisis soberanista catalana, el hundimiento de
las expectativas electorales de los partidos tradicionales (la “banda de los
cuatro”), la omnipresencia de la corrupción como factor común, trasversal a
todos ellos, y elemento más característico de toda la clase política, el
desprestigio de todas las instituciones, el descrédito de los portavoces del
régimen, la incapacidad para establecer una política exterior propia, los altos
niveles de abstención, votos nulos y votos en blanco que aparecen en los
procesos electorales, los frustrados intentos de reforma de la ley electoral,
etc.
En 2014 las cosas habían ido ya
demasiado lejos y durante demasiado tiempo como para que los españoles no
reaccionaran ante la crisis: la clase política estaba completamente
desprestigiada, tanto la del poder, como la de la oposición, la estatal tanto
como la autonómica. Ninguna estructura del poder (ni el legislativo, ni el
ejecutivo, ni el judicial) se salvaban de las críticas y del desprecio que les profesaba
la población… pero ningún partido lograba ya atraer el descontento latente en
la sociedad española. Hasta que llegaron unas elecciones de poco interés, las
europeas de 2014, en las que votó apenas el 50% del electorado y que
demostraron que la “banda de los cuatro” (PP, PSOE, CiU y PNV) habían iniciado
un ciclo descendente…
Las encuestas y los sondeos de
opinión realizados con posterioridad dejan presagiar un cambio rotundo en el
panorama político español que se dará en los próximos dos años, incluso en los
próximos meses.
La imposible recuperación económica
Nos cabe el habernos anticipado
desde 2009 a lo que venía. La desintegración de los distintos partidos
políticos que han protagonizado el ciclo 1978–2014 no se debe ni a sus
altísimos niveles de corrupción, ni a la absoluta ineficacia que han demostrado
a lo largo de los años, ni siquiera a sus constantes decisiones erróneas: se
debe solamente a la crisis económica. De no haber repercutido la crisis de 2007
en España, particularmente vulnerable por su estructura económica basada en el
monocultivo del sector inmobiliario y turístico, PP y PSOE se hubieran seguido
turnando décadas y décadas en el poder. Pero la crisis económica, al persistir,
se transformó en crisis social y en un país de 6.000.000 de parados, 8.000.000
de empleos con salarios de mileuristas o inferiores, con un 85% de las
pensiones situadas por debajo de los 1.000 euros, y un 25% de españoles
situados en torno al umbral de la pobreza, era evidente que, antes o después,
esas masas exigirían medidas eficientes… y al ver progresivamente más
ennegrecidas sus perspectivas, la crisis social terminaría transformándose en
crisis política.
Cabría pensar que una
recuperación económica lograría salvar a los actuales partidos mayoritarios de
su inevitable declive. No es así.
En primer lugar porque esta no es una crisis económica “española”, sino
la primera y gran crisis de la globalización, una crisis que repercute en
España a causa de los errores económicos acumulados por gobiernos anteriores y
por la particular estructura económica de nuestro país. En tanto que la
globalización es un modelo económico mundial inviable (siempre la producción
industrial se irá allí a donde resulta más barata y siempre el capital migrará
eternamente en busca de mayores beneficios, con lo que la inestabilidad
económica y la precariedad acompañarán siempre a la globalización: una mayoría
social resultará “damnificada”, inevitablemente, con este proceso globalizador)
y en tanto que las economías nacionales están interconectadas, cualquier
pequeña crisis en algún lugar del mundo repercutirá negativamente en el
conjunto.
Así, por ejemplo, cuando los
efectos de las hipotecas subprime y
la crisis bancaría de 2007–2009 ya han pasado (entre otras cosas gracias al
dinero procedente del narcotráfico que fue inyectado en las instituciones
bancarias, especialmente norteamericanas) y cuando la prima de riesgo en países
como España ha alcanzado niveles relativamente aceptables, la crisis se está
reproduciendo en Argentina (ya en suspensión de pagos) y en Brasil (al borde
del inicio de un proceso similar al español), unido a una ralentización de la
economía de la Zona Euro… todo lo cual, inevitablemente, ha descompuesto las
perspectivas de “brillante crecimiento económico” con las que el gobierno Rajoy
nos ha estado bombardeando desde principios de 2013: “este año, nuestra política económica no mostrará todavía sus frutos,
pero en 2014 despegaremos…” fue la frase recurrente de los Rajoy, De
Guindos, Rajoy, Cospedal, Sáez de Santamaría, cada vez repetida con menos
convicción ante la evidencia de un panorama internacional que se iba
ensombreciendo.
La falta de perspectivas es tal
que, cuando la crisis en Iberoamérica es todavía incipiente y dista mucho de
haber llegado a su cénit, ya se habla a la futura crisis inmobiliaria china,
que terminaría por demostrar a las claras la inviabilidad del sistema mundial
globalizado.
La fase final del régimen constitucional de 1978 ha comenzado
Vale la pena interrogarse sobre
cómo va a ser esta fase final de este ciclo histórico. Lo primero que parece
evidente es que las cuatro fuerzas políticas que han constituido el entramado
del régimen entre 1978 y 2014 están en descomposición.
- El PSOE
perdió el norte desde las elecciones de 2000 cuando Joaquín Almunia fue
derrotado con un programa que predicaba la “unidad de la izquierda”, siendo
sustituido por Zapatero provisto de un programa que ya no tenía nada de
socialdemócrata, ni de socialista, sino que simplemente era un providencialismo
iluminado, un buenismo humanista–universalista, después del cual ya no habría
posibilidad de hacer creíble que una alternativa pudiera surgir de ese
“centro–izquierda”. Tras el interregno de Rubalcaba, la imagen de Pedro Sánchez
como cabeza visible del PSOE confirma la sensación de pérdida de rumbo. Sin
olvidar que el PSC en Cataluña está en situación de liquidación a causa de su
ambigüedad ante el soberanismo y que el PSOE–A es ante toda la opinión pública
el banderín de enganche de los corruptos de todos los pelajes. En estas
condiciones el PSOE jamás volverá a disfrutar de una mayoría absoluta y su
aproximación al poder solamente se podría dar en el seno de una coalición de
izquierdas (junto a Podemos e IU).
- CiU
se encuentra en una situación en la que su futuro no puede ser más negro:
rebasada electoralmente por ERC, vinculada a interminables casos de corrupción
en su cúpula, afrontando una degradación de las condiciones de vida en Cataluña
sin que parezca interesarle nada más que la enloquecida aventura soberanista, el
nacionalismo ha llegado a aquel punto en el que o se transforma en
independentismo (conclusión lógica de todo nacionalismo) o simplemente
desaparece. El hecho de que en el interior mismo de la coalición, sus dos
componentes parezcan cada vez más distanciadas, es para CiU un problema menor.
Sus mimbres no soportarán el desprestigio, el bochorno y el oprobio del Caso
Pujol y de los episodios que seguirán.
- El PNV
ha conseguido mantenerse al margen de los casos de corrupción, pero, como
cualquier otro partido nacionalista, su posición es insostenible a largo plazo:
o desemboca en un proceso soberanista similar al catalán (y ya intentado por
otras vías por Ibarreche) o bien da paso a otros que sí están dispuestos a
circular por esa vía. Si el PNV parece haber sufrido menos que los otros
miembros de la “banda de los cuatro” se debe en primer lugar a las particulares
circunstancias de la sociedad vasca y al clientelismo del PNV; pero también
aquí, las previsiones electorales le son negativas: la izquierda radical
abertzale puede aventajar al nacionalismo tradicional y el PNV no es un partido
que pueda sobrevivir en la oposición, especialmente junto a otro partido
nacionalista mucho más radical.
- El PP
se hubiera visto libre de esa sensación de hundimiento del resto de partidos
clásicos, de no ser por el sarpullido que supuso el nacimiento de Vox, pero sobre todo por tener las
riendas del poder y deber afrontar una recuperación imposible desde la
perspectiva neoliberal en la que se mueve. Sin embargo, a pesar de haberse
conjurado la amenaza relativa que supuso Vox,
el PP será en los próximos años víctimas de la propia “doctrina Fraga” (el “sin
enemigos a mi derecha”) que ha hecho imposible la existencia de partidos a la
derecha del PP. Ahora, el PP se encuentra con que no tiene interlocutor, ni
aliado posible, cuando pierda la mayoría absoluta en algunas comunidades
autónomas (Valencia, por ejemplo, ¿Madrid?). Cuando un partido afronta una
situación de crisis, su futuro depende de que sepa resolverla. El PSOE se
hundió precisamente por demostrar incapacidad ante la crisis. No parece que
vaya a ser otro el destino del PP. Los éxitos económicos no llegarán antes de
que se convoquen elecciones municipales. Después, con su dotación de concejales
mermada, habiendo perdido comunidades autónomas de primer orden, sin
interlocutores posibles, ni política de alianzas viable, entrará fase
descendente, incluso aunque Rajoy lograra mantenerse otra legislatura en la
Moncloa.
La “banda de los cuatro” parece haber llegado al final de su
trayectoria, o al menos a la antesala del final. Otras fuerzas políticas
sustituirán a las que se desploman. En Cataluña y Euzkadi parece claro que ERC
y la izquierda abertzale tomarán el relevo, lo que implica una radicalización
de las posiciones y la eternización de los conflictos autonómicos. El futuro de
Podemos depende de que se sacuda su
asamblearismo y adopte una estructura política más “leninista” o de lo
contrario se verá repleta de manipuladores, provocadores, infiltrados o
simplemente demagogos enloquecidos. De momento, parece claro que atraerá a una
sector del electorado hasta ahora vinculado al PSOE, detendrá en seco las
posibilidades de crecimiento de IU y será un elemento central en el proceso de
recomposición de la izquierda. De todas formas, a Podemos le espera todavía un largo proceso de recomposiciones
internas, reorganizaciones y, sobre todo, le falta la prueba del 9: ver lo que
hacen y dicen sus cargos electos. La existencia de Podemos ha cortado en seco las perspectivas de que UPyD o
Ciudadanos, el partido de Alberto Rivera, se convirtieran en receptáculos del
“voto de protesta”. La mala gestión interna de Rosa Díez ha terminado por apuntillar
a esta opción que, a partir de ahora, está obligada a cooperar con Rivera, pero
sin que eso amplíe extraordinariamente sus posibilidades electorales. En cuanto
a Vox, las fugas que ha sufrido y su
programa que no deja de ser un eco de la vieja derecha, poco apto para atraer
votos de protesta, le dan un recorrido bastante corto como para que pueda
pensarse que tiene futuro.
Es evidente que en los próximos
meses, especialmente después de las elecciones municipales, todo esto irá
adoptando su configuración definitiva. Estamos en un momento en el que el
desmoronamiento de las fuerzas políticas tradicionales puede constatarse con
claridad, pero dista mucho de estar claro qué fuerzas les sustituirán.
Todo induce a pensar que en el
futuro, tanto el parlamento nacional, como los parlamentos autonómicos, como
los ayuntamientos, estarán compuestos por cada vez más fuerzas políticas y más
heterogéneas: se tiende a la fragmentación y atomización del panorama político
en un proceso similar al que se produjo en Italia después de la Operación Manos
Limpias y del hundimiento de la DC y sus socios de centro y de izquierda. Es
fácil, pues, prever que lo que tenemos ante la vista a corto plazo es un
proceso de inestabilidad creciente, agravado por la arquitectura
constitucional: en efecto, un sistema
ideado para el bipartidismo imperfecto, difícilmente puede digerir una
situación de multipartidismo.
Ni siquiera hay descartar que en
los próximos meses, antes de que se convoquen las elecciones municipales, PP y
PSOE lleguen a acuerdos parciales sobre la reforma de la constitución y de la
legislación electoral: hasta ese momento todavía pueden disponer de mayoría en
el parlamento para plantear tales reformas, después de las elecciones
municipales y autonómicas se comprobará claramente su debilidad y tras las
próximas elecciones generales, los votos conjuntos de la “banda de los cuatro”
ya no bastarán para modificar la constitución en beneficio propio…
Segunda Parte
Dos objetivo para el curso político 2014-2015
En el mes de mayo se votará la
renovación de los gobiernos municipales. Va a ser la primera ocasión en la que
los españoles tengamos al alcance de la mano en 36 años la posibilidad de
renovar el país y evidenciar que la constitución de 1978 está muerta y
enterrada. En ese momento, los españoles tendremos la ocasión de reiterar el
voto a los partidos que integran la “banda de los cuatro” o bien a de apoyar a
opciones nuevas. Y de eso dependerá también en gran medida el resultado de las
próximas elecciones generales de 2016. Así pues, estamos ante un momento
decisivo y ante una convocatoria que tiene una envergadura mucho mayor que unas
simples elecciones municipales.
Por eso España 2000 os dice:
Necesitamos afrontar las próximas elecciones municipales con las ideas
claras. Un ciclo termina y otro está a punto de iniciarse. La velocidad de
sustitución de un régimen crepuscular por otro que está por nacer dependerá de
los resultados de esas elecciones.
Por eso España 2000 convoca a
todos los patriotas:
1) A reflexionar sobre la necesidad de establecer un programa política
que nos sitúe en condiciones de penetrar profundamente en los ayuntamientos.
2) A reflexionar sobre la necesidad de construir un gran partido
nacional, social e identitario que esté presente en el nuevo ciclo histórico
que se avecina.
Y es por todo ello por lo que la Junta Ejecutiva de España 2000
PROPONE:
I
Por un programa electoral ante las elecciones municipales
Dentro de ocho meses se votará
para renovar los ayuntamientos y parte de las Comunidades Autónomas. Es preciso
movilizar a todos los patriotas para conseguir avanzar un poco más y lograr que
nuestros concejales estén presentes en cada vez más ayuntamientos. La
experiencia demuestra que en aquello ayuntamientos en donde están presentes
concejales identitarios y social-patriotas, allí se consigue detener la
marejada inmigracionista, parar la construcción de mezquitas, mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos de origen español y denunciar on más
vigor a los corruptos. Vale la pena, pues, insistir en esa vía y lanzar un
programa de acción municipal basado en los siguientes puntos:
1) LA DESCENTRALIZACIÓN AUTONÓMICA HA FRACASADO, ES PRECISO AFRONTAR LA
MARCHA HACIA UNA “SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN”, LA DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL,
AL TIEMPO QUE SE INICIA LA LIQUIDACIÓN DEL “ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS”.
Si el Estado de las Autonomías ha
servido para algo ha sido solamente para generar unas clases políticas
regionales que se han ido enriqueciendo de manera parasitaria apelando a reales
o inventados rasgos diferenciales. A estas alturas, el deshilachamiento del
Estado surgido de la Constitución de 1978 hace necesario reconocer el fracaso
del modelo autonómico y buscar conjugar la lealtad de las partes (municipios)
con el todo (el Estado), la existencia de un poder central (el Estado) con la
necesaria autonomía de las partes (los municipios), dentro de un contexto de
eficacia, honestidad y austeridad en la gestión.
A este proceso le llamamos “segunda descentralización” y se basa en
romper el poder autonómico, devolviendo algunas competencias al Estado
(especialmente en sanidad, educación y parte de la fiscalidad) y entregando
otras a los Municipios (bienestar social, parte de la fiscalidad, políticas de empleo)
que podrán asociarse para alcanzar determinados objetivos (mancomunidades de
municipios), realización de obras públicas e infraestructuras que excedan el
nivel municipal y negociar tales proyectos con el Estado.
Es preciso tener el valor de
reconocer que el Estado de las Autonomías, sus 17 parlamentos autonómicos, sus
17 gobiernos, sus 17 estructuras burocrático–administrativas, sus 17 políticas
propias, todas ellas centrífugas y todas ellas destinadas a alimentar a grupos
clientelares y a intereses partidocráticos regionales, ha fracasado sin
apelación posible. Es preciso reconocer que el Estado de las Autonomías se ha
convertido en centrifugador de recursos, mal administrador, ha alcanzado
dimensiones faraónicas, ha quedado
enfangados en corruptelas y ha entrañado el hundimiento de cajas de ahorro y
sepultado miles de millones, para mayor gloria de las cleptocracias regionales;
este engendro debe, de una vez por todas, desaparecer en beneficio de una
descentralización “de proximidad” en la que los entes surgidos sean más ágiles,
ahorren los problemas generados por los nacionalismos y sean integrados
directamente y sin intermediarios en los máximos órganos representativos de la
Nación
2) LA “SEGUNDA DECENTRALIZACIÓN” DEBE CONSEGUIR QUE LOS AYUNTAMIENTOS
PUEDAN Y DEBAN APLICAR LA “PREFERENCIA NACIONAL”: PRIORIDAD EN LAS AYUDAS
SOCIALES Y EN LA OBTENCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA ESPAÑOLES.
Los ayuntamientos no tienen
capacidad para corregir los flujos migratorios, capacidad que corresponde al
Estado, pero sí tienen capacidad para elegir qué tipo de ciudadanos quieren que
los integren: o inmigrantes o autóctonos. Y, por tanto, corresponde a los
ayuntamientos dar el visto o bueno o, en su caso, cerrar, los padrones
municipales, a aquellos inmigrantes que sean innecesarios y cuya presencia
pueda alterar tanto el mercado laboral del municipio, como la composición
cultural del mismo. Este objetivo puede alcanzarse mediante la entrega a los
ayuntamientos algunos instrumentos, empezando por la capacidad para negarse a
empadronar inmigrantes que no justifican suficientemente sus medios de vida o
que pueden saturar aún más el mercado laboral con el consiguiente menoscabo
para los autóctonos.
Pero, sobre todo, los
ayuntamientos deben asumir como principio rector para la entrega de ayudas
sociales y de puestos de trabajo públicos, la “preferencia nacional”, es decir,
el derecho de los autóctonos a optar de manera prioritaria y preferente a estos
beneficios sociales. No hacerlo, supone una discriminación negativa para
nuestra población, intolerable y que está fuera de la lógica más elemental.
Nuestra gente, los nacidos en España e hijos de españoles, son los últimos
vástagos de generaciones que nos han precedido y que han contribuido a levantar
esta tierra. Es fundamentalmente injusto que aquel que posee otra patria, otro
gobierno, una tierra, el recién llegado, reciba un trato igual (e incluso
preferencial) para obtener ayudas públicas y puestos de trabajo. No solo es
injusto y resulta incluso ofensivo e indigno para las generaciones que nos han
precedido.
La inmigración ha impuesto por la
vía de hecho su presencia en España. Ha beneficiado a las patronales de
hostelería, construcción y agricultura, admitiendo y regularizando a 8.000.000
de inmigrantes en estos últimos 18 años. El resultado ha sido un estancamiento
salarial, un paro que afecta al 25–35% de la población laboral según las
comunidades y, mientras las patronales citadas se han beneficiado de la
presencia de inmigrantes, la factura final que supone la inmigración la está
pagando toda la sociedad española, siendo un lastre insoportable para nuestra
economía y para nuestro presupuesto, especialmente en materias de asistencia
social, sanidad y educación, pero también en prisiones, seguridad y justicia.
Una de las formas de revertir el
fenómeno es, simplemente, aplicar la “preferencia nacional” y resolviendo que
la única ayuda que reciba la inmigración procedente de los ayuntamientos sea
para el retorno a sus países de origen.
3) LA “SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN” NO OLVIDA NI LAS CORRUPTELAS, NI A
LOS CORRUPTOS: EL PRECISO REALIZAR AUDITORÍAS EN TODOS LOS AYUNTAMIENTOS Y
ESTABLECER CUÁL HA SIDO EL DESTINO DEL DINERO PÚBLICO QUE HAN GESTIONADO, HASTA
EL ÚLTIMO EURO Y EXIGIR RESPONSABILIDADES PENALES A LOS MALVERSADORES.
La corrupción en todos los
niveles de la administración ha ido demasiado lejos como para admitir que la
proximidad de un nuevo ciclo histórico, suponga una tabla rasa, más allá de la
cual se olvidarán las responsabilidades contraídas por quienes han gobernado en
los distintos escalones de la administración. Pasar por alto, archivar,
olvidar, perdonar, hacer la vista gorda, mirar para otro sitio, indultar o
simplemente ignorar cualquier caso de corrupción, implica estimular la
impunidad de los corruptos.
Hacer “tabla rasa” implica
limpiar el país de arriba abajo. Los propios ayuntamientos deben crear Comisiones
de Depuración de Responsabilidades y encargar auditorias sobre la
situación real de sus arcas y el destino del último euro que ha pasado por los
ayuntamientos en los últimos 36 años.
El “nuevo curso” de los
Ayuntamientos y la “Segunda Descentralización” implican una ruptura con el
pasado y con la clase política responsable de la gestión municipal, pero no un
perdón ni un olvido a tus trapacerías. Hasta el último concejal en el último
municipio del país debe de responder sobre el origen de su patrimonio y sobre el
destino de los fondos municipales que han administrado. Las jugosas
injustificadas e injustificables ayudas concedidas por los ayuntamientos a las
más variadas ONGs y asociaciones nacionales y extranjeras, deben ser auditadas
y hasta el último euro justificado. Las recalificaciones del pasado en
beneficio de tales o cuales promotores inmobiliarios a cambio de sobornos, debe
ser objeto de una nueva “memoria histórica”, sin olvido, ni perdón.
Esto y la aprobación de nuevas
leyes que faciliten la investigación y aceleren los procesos por corrupción y
malversación de fondos públicos, que aumenten las penas y faciliten las
confiscaciones de bienes a los entornos familiares y a los testaferros de los
corruptos y los beneficios penales dependan única y exclusivamente de la
devolución de lo sustraído con los intereses, las multas y las costas
correspondientes, serán los primeros pasos para una cruzada nacional contra la corrupción que debe realizarse sin
perdón y de manera ejemplificadora para extirpar de raíz toda tentación de que
los nuevos gestores municipales puedan caer en las mismas prácticas.
4) EN LA “SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN”, LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN LA
OBLIGACIÓN DE ASUMIR POLÍTICAS SOCIALES QUE MANTENGAN VIVO EL ESTADO DEL
BIENESTAR Y ALEJEN EL FANTASMA DE LA POBREZA, LA PRECARIEDAD Y LA PAUPERIZACION
DE LAS CLASES MÁS MODESTAS.
La necesaria desaparición de las
comunidades autónoma y de su insoportable estructura burocrático–administrativa
no puede permanecer de espaldas al gran problema que tiene en estos momentos la
sociedad española: el aumento de la pobreza, del paro y de la precariedad.
Hasta hace poco, la única función de los ayuntamientos era la ordenación
urbana, el mantenimiento de algunos servicios públicos y todo lo relativo a la
habitabilidad de las ciudades: a partir de ahora se trata de que asuman un papel
preferencial en la lucha contra la pobreza y la precariedad. Y lo pueden
hacer porque la administración municipal es la administración de proximidad, la
que está más cerca del ciudadano y la que debe responder antes a las
necesidades de la población. Hoy, más que nunca, es necesaria una
redistribución de la riqueza que palíe, en la medida de lo posible, los
problemas de la precariedad y de la pobreza.
Los ayuntamientos son los más
capacitados para actuar contra la pobreza. Son también los más adecuados para
percibir los niveles de pobreza. Y también es la administración más cercana
como para que cualquier corruptela en la materia salte inmediatamente a ojos de
la población. De ahí la necesidad de que sustituyan al Estado en esta materia:
la ayuda social. El Estado debe proveer de fondos a los ayuntamientos para que
realicen este fin, en lugar de dilapidarlos en ONGs que ya han demostrado que
su prioridad es… ayudar a los que las administran, o de entregarlas a las
Comunidades Autónomas para reforzar el patrimonio de las clases políticas
regionales.
Mientras persistan las actuales
circunstancias económicas (globalización, situación de España como país
periférico, bajos salarios, imposible recuperación), la “Segunda
Descentralización” debe de hacer de los Ayuntamientos, los organismos más
directamente implicados en la ayuda social.
5) LA “SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN” ES INSEPARABLE DE LA RECONSTRUCCIÓN
DE UN PODER JUDICIAL FUERTE, AUTÓNOMO, INMEDIATO Y EFICIENTE CAPAZ DE HACER
VALER EL IMPERIO DE LA LEY EN TODOS LOS RINCONES DEL PAÍS.
Lo que estamos proponiendo es:
– Reforzar el aparato del Estado de un lado (porque solamente en
Estado dispone de un arsenal legislativo, institucional y coercitivo suficiente
como para afrontar la globalización),
– Reconocer de una vez por todas el fracaso del Estado de las Autonomías
(esas piezas intermedias que tienden a reproducir a escala reducida los rasgos
del Estado, estando su eficacia a medida de sus dimensiones y generando
procesos centrífugos inevitables que tienden al debilitamiento de los Estados y
por tanto a debilitarlos ante las ofensivas globalizadoras).
– Aumentar el papel de los ayuntamientos en tanto que administraciones de
proximidad más cercanas al ciudadano y en mejores condiciones para acometer
la tarea paliativa de la pobreza y la precariedad.
En síntesis: reforzar el aparato
del Estado y su administración de proximidad, liquidando la administración
parasitaria intermedia, reorientando los recursos que hasta ahora se han
dilapidado ahí en la dimensión social.
Es evidente el riesgo que todo
esto entraña: el que se reproduzcan o persistan a nivel municipal las redes de
corrupción y las prácticas viciadas. Y en este terreno hay que ser claros: ese
riesgo, existe y la única forma de conjurarlo es mediante la creación de
Comisiones de Defensa Cívica constituidas en los municipios a través de las
asociaciones de vecinos y demás grupos asociativos, con capacidad para
denunciar e investigar casos de corrupción municipal, con voz pero sin voto en
los consistorios. Esto en lo que se refiere al control e investigación de la
corrupción en los lugares en los que se podría generar.
Pero hace falta, además, una
legislación realista de nuevo cuño. Esta legislación debe de partir del hecho
objetivo de que la corrupción ha sido la característica más acusada del régimen
político español nacido en 1978 y que esa lacra solamente puede extirparse
mediante una legislación particularmente dura basada en que el corrupto atenta
contra toda una comunidad e incluso contra el Estado, encarnación jurídica de
la comunidad y, por tanto, merece penas ejemplarizantes y medidas
particularmente duras, mucho más que el criminal que atenta contra ciudadanos
individuales.
La corrupción ha impregnado hasta
tal punto a la clase política y a las instituciones que solamente medidas de
excepción pueden atajarla. Tribunales y legislación de excepción, juicios
rápidos, incautaciones de los bienes adquiridos ilegalmente, castigo particular
para testaferros y colaboradores necesarios, prisiones especiales para
corruptos que agraven la dureza del castigo, régimen especial para los
“arrepentidos” y abolición de cualquier tipo de prescripción, son algunos de
los rasgos que debe tener la nueva legislación anticorrupción. Cualquier signo
de tibieza ante la corrupción supone un estímulo para que se mantenga en
futuros ciclos históricos.
6) EN LA “SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN” LOS AYUNTAMIENTOS DEBEN ESTAR
REPRESENTADOS COMO TALES EN LAS PRINCIPALES INSTANCIAS DEMOCRÁTICAS DEL PAÍS:
PARLAMENTO Y SENADO, CON VOZ PROPIA, NO REPRESENTANDO LOS INTERESES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS, SINO DE LA COMUNIDAD POPULAR.
Los ayuntamientos deben
transformarse en organismos representativos de la ciudadanía presentes en las
más altas instancias del país. La voz de los municipios debe escucharse
directamente en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Sabemos que,
después de las autonomías, el segundo gran fracaso del régimen nacido en 1978,
han sido los partidos políticos. Nunca, entidades que suscitaron tantas
esperanzas en los últimos años del franquismo, decepcionaron tanto a la
ciudadanía. El régimen que los grandes partidos, la “banda de los cuatro”,
construyeron a partir de la Constitución de 1978, les garantizaba una
omnipresencia en la sociedad… al margen de que, pronto, a partir de 1983, el
“desencanto” generó una desconfianza creciente hacia ellos. Presentes en las
cajas de ahorro, presentes en los medios de comunicación oficiales, inviables
por sus propios medios fueron subsidiados y amamantados por el Estado y por la
Banca. Todo esto debe concluir.
El régimen nacido en 1978 nunca fue una democracia digna de tal nombre:
le corresponde mucho más el calificativo de “partidocracia” (poder omnívoro de
los partidos políticos). Ahora es preciso, desandar lo andado y evitar que
los partidos que sustituyan a la “banda de los cuatro” tengan las mismas prerrogativas
y prebendas. Hay, digámoslo ya, que desarmar a los partidos políticos y evitar
por todos los medios que se arroguen una representatividad que ya no les
corresponde: habituados a decepcionar a sus electores, a traicionar
sistemáticamente a sus programas políticos, a incumplir sus promesas, a hacer y
deshacer a su antojo, no representando ya a opciones ideológicas sino a grupos
de intereses, a menudo comiendo de la mano de los “señores del dinero” e
incapaces de actuar contra ellos, los partidos han sido una de las vergüenzas
de la “democracia” española, verdaderas irrisiones, bandas de pobres
espabilados y de oportunistas sin escrúpulos, coaligados para saquear el erario
público y taparse mutuamente sus corruptelas. En lugar de militantes han tenido
“listillos” que aspiraban solamente a hacer grandes negocios a la sombra del
poder.
Es preciso vaciar los sillones
del parlamento y del senado de estos representantes parasitarios y
habitualmente mudos y sentar en ellos a representantes de la sociedad real en
función, no de su militancia política, sino del papel que juegan en la
sociedad: colegios profesionales, mundo asociativo, mundo del trabajo, gremios,
universidades, empresa, investigadores, jóvenes, jubilados, fuerzas armadas,
etc. La sociedad real está
formada por líderes de opinión de todos estos sectores, que conocen
perfectamente sus problemas, saben quién es quién y pueden elegir
democráticamente a sus representantes para un parlamento que sea el retrato más
real de la sociedad. Los partidos solamente han conseguido representar a
caricaturas de la sociedad. Es preciso sentar a representantes de los
municipios en el Parlamento de la nación. Bastaría con que los alcaldes de cada
provincia eligieran entre ellos a quienes deben representar a los vecinos en el
parlamento de la nación y en el senado y que estuvieran en estas instituciones,
no como representantes de tal o cual partido, sino de los intereses
municipales.
Si alguien nos dijera que esto
supone introducir una forma de “corporativismo” en las máximas instituciones
representativas, le diremos que sí, que lo es, y añadiremos que es la actitud
razonable de quien constata que la partidocracia ha generado corrupción y que,
si democracia es un régimen de pesos y contrapesos, los partidos políticos deben
tener contrapesos a las tendencias que históricamente les han acompañado
siempre en España y que conducen directamente a la “partidocracia”, una de las
degeneraciones del sistema democrático.
La “segunda descentralización”
debe situar a los Ayuntamientos por encima de los partidos políticos, como
representantes de la “democracia de proximidad”.
* * *
Esto
es lo que entendemos por “segunda descentralización” y esto es lo que
proponemos a la sociedad española y a todos los patriotas en estos momentos en
los que el régimen constitucional de 1978 se está deshilachando y es preciso
empezar a diseñar otro. Este diseño debe tener como objetivo simultáneo,
reforzar la “cúspide” (el Estado) y descentralizar en la “base” (el “poder de
proximidad”, en los Municipios).
Esta
“segunda descentralización” debe tender a regenerar al Estado y a la Sociedad: al
Estado porque está en condiciones de afrontar los riesgos (al disponer de
aparato legislativo, fuerzas de seguridad, instituciones representativas, Poder
–o al menos una sombra de poder- en definitiva) que acompañan a la
globalización, y a la Sociedad porque en su mayoría está formada por
“damnificados” de la globalización.
Estos
damnificados de la globalización deben encontrar en el patriotismo (el vínculo
que une a los ciudadanos a su tierra, les da conciencia de comunidad y les
impulsa a la realización de su destino histórico) el elemento común que dé
fuerza y vigor a su actitud de resistencia ante el rodillo globalizador, no
sólo por ellos, sino por su herencia, por el legado que aspiren a dejar a sus
hijos y por fidelidad a una historia, a una tradición, a una tierra y a la una
cultura, esto es, a una identidad.
Porque,
frente a la uniformización globalizadora hecha en beneficio de una pequeña élite
económico–especulativa, el patriotismo social y la identidad es lo que debe dar
un denominador común y una conciencia comunitario a los damnificados de la
globalización que deben entender que su futuro depende precisamente de su
capacidad para preservar su Identidad y sus raíces.
Nunca
como hoy patriotismo y políticas sociales tienen necesidad de estar tan
hermanadas y de caminar al mismo paso.
Por eso España 2000 os dice:
¡NO HAY MÁS PATRIOTISMO QUE EL PATRIOTISMO
SOCIAL!
¡NO HAY POLÍTICAS SOCIALES EFECTIVAS SI NO
SE OPONEN A LA GLOBALIZACIÓN!
¡NO HAY MÁS CAMINO QUE UNA SEGUNDA
DESCENTRALIZACIÓN:
REFORZAR LA CÚSPIDE DEL ESTADO Y AUMENTAR EL PODER MUNICIPAL!
REFORZAR LA CÚSPIDE DEL ESTADO Y AUMENTAR EL PODER MUNICIPAL!
¡NO HAY MÁS REGENERACIÓN QUE LA QUE SE ALZA
SOBRE LA EXIGENCIA DE QUE LA “BANDA DE LOS CUATRO” PAGUE SUS CORRUPTELAS!
II
Por la constitución de un fuerte partido identitario, patriótico y social
Por la constitución de un fuerte partido identitario, patriótico y social
Con menos de un centenar de
concejales, el movimiento identitario ha estado casi completamente ausente del
ciclo histórico que ahora está a punto de cerrarse. Es preciso que esta
situación de marginalidad termine de una vez y para siempre. Es preciso que el
movimiento identitario se sitúe en la recta de salida junto a otros movimientos
políticos de cara a ser uno de los actores esenciales en los escenarios futuros.
Es preciso que una dinámica de captación de amplias masas populares, sustituya
a los tanteos realizados hasta ahora, a las “pruebas”, a los ensayos y estemos
en condiciones de abordar una tarea a nivel nacional que deje atrás
confusionismos de otros tiempos, las limitaciones, y las desviaciones impuestas
por los que creían que modelos de otros tiempos podían actualizarse.
La historia avanza
vertiginosamente y los planteamientos que funcionaron en otras épocas de
nuestra historia, por brillantes que fueran, ya no tienen cabida en una
situación nacional e internacional, económica y social, completamente
diferente. Es preciso abandonar maximalismos y “revolucionaristas” inviables: la
inmensa mayoría de nuestro pueblo ni está para situaciones revolucionarias, ni
siquiera aceptará por mucho tiempo, la inestabilidad que tenemos ante la vista
y que, inevitablemente, se prolongará en los próximos años, especialmente a
partir de 2016. Es preciso abandonar las posiciones “románticas e
ingenuas” y darse un baño de realismo extremo: fenómenos como la globalización,
el Acuerdo General de Aranceles o la Unión Europea, hacen que los márgenes de
maniobra de un Estado como el español, periférico en el contexto mundial y
europeo, estén muy disminuidos. Sin embargo, todavía pueden obtenerse
resultados a condición de ser conscientes de que la acción de un partido
patriótico y social en España no puede desvincularse de la de otros partidos
similares en Europa que están acariciando las esferas del poder.
En este sentido, cabe decir que es
preciso que en España aparezcan fuerzas de resistencia similares a las que han
surgido en casi toda Europa y que el futuro del continente depende en gran
medida de la acción rectificadora que estos partidos puedan ejercer en las
instancias europeas. Así pues, España 2000 se reconoce en los partidos
identitarios, patrióticos y sociales, euroescépticos, que en el último decenio
han irrumpido por Europa y que, a pesar de sus diferencias, responden a
intereses idénticos y a las mismas aspiraciones: reformulación de la UE,
revisión del papel del Euro, de la defensa europea, de las políticas de
inmigración, de las políticas sociales, defensa de las clases autóctonas más
desfavorecida etc.
Auguramos la creación de un gran
partido que convierta en acción política las energías del movimiento
identitario y del patriotismo social, del que España 2000 será una parte
imprescindible.
Consideramos que ya hoy es
preciso sentar las bases de ese gran partido, la otra gran tarea en que debería
asumir el movimiento identitario y social-patriota tras las elecciones
municipales, en el año 2015.
Hacemos, pues, un llamamiento a los distintos sectores que deben de
participar en la construcción de esta futura formación:
1) El gran partido identitario y
social–patriota solamente sólo puede surgir de la fusión de organizaciones
políticas ya existentes, abandonadas las esperanzas de que ninguna de
ellas vaya o pueda imponerse sobre las demás; nos referimos a organizaciones
que hayan dado muestras de solvencia política, claridad programática, tácticas
correctas y que dispongan de una mínima implantación que demuestre que posee
arraigo en algunas zonas del país. Ese arraigo, a partir de las elecciones
municipales, se podrá comprobar por las zonas en donde se hayan sido elegidos
concejales identitarios y social–patriotas.
2) El gran partido identitario y
social–patriota deberá realizar un llamamiento a grupos estudiantiles,
juveniles y asociaciones culturales, para que aporten su dinamismo, sus
cuadros y sus ideas al proyecto común, un proyecto que sin querer rivalizar con
ellos en los terrenos juvenil, estudiantil y cultural, debe ofrecer un espacio
de actuación política a todos estos sectores cuya contribución es
imprescindible para ampliar el proyecto, transmitirlo y traducirlo a los
distintos sectores de la sociedad.
3) El gran partido identitario y
social–patriota deberá integrar a las Organizaciones de Apoyo a la Población
Española y hacer de la ayuda social un eje central de su actividad por
todo el tiempo que dure el avance de la pobreza y de la precariedad y las
políticas gubernamentales y de las ONGs subvencionadas sigan con su
“discriminación positiva” y su apoyo a la inmigración. La “acción social” no
puede ser una forma de “filantropía” más propia de sociedades anglosajonas,
sino un frente de contacto entre el partido identitario y social–patriota y la
población pauperizada, no puede ser un recurso de propaganda sino una ayuda
real a las familias necesitadas y abandonadas por una administración pública
indigna y miserable que sitúa a los españoles en el mismo nivel que a cualquier
recién llegado en busca de sopa boba.
4) El gran partido identitario y
social–patriota deberá integrar a miembros de las fuerzas de seguridad del
Estado, de las fuerzas armadas, asociaciones de exmilitares y de veteranos,
trabajadores de seguridad privada, funcionarios de prisiones y juristas,
es decir, a los grupos profesionales que conocen más de cerca la dimensión real
del problema generado por el descontrol y el desinterés de los últimos gobiernos
por el orden público, la defensa nacional y la seguridad ciudadana y que exigen
una acción contundente. Esto solamente será posible si el partido identitario y
social–patriota tiene suficiente masa crítica como para convertirse en un polo
de atracción y un refugio de las decepciones que estos sectores han sufrido en
los últimos veinte años. Una formación de este tipo no debe tener miedo a
proclamar que en tiempos de crisis los valores militares son los únicos que
puede asumir la sociedad para superar la situación: orden, autoridad,
jerarquía, austeridad, capacidad de sacrificio…
5) El gran partido identitario y
social–patriota debe de integrar a cyberactivistas, a medios de comunicación
digitales, a blogueros, programadores identificados con el patriotismo
social, que contribuyan a dar una masiva presencia a nuestras propuestas y
objetivos a través de las nuevas tecnologías de la información. La acción que
hoy decenas y decenas de personas alarmadas por la deriva que está tomando la
política española y que coinciden en la necesidad de renovar el régimen y en la
percepción de los problemas y de sus soluciones, están realizando en el
ciberespacio debe de coordinarse y traducirse en fuerza política.
Estamos llamando en definitiva a construir una esperanza de futuro y un
partido de protesta que agrupe a quienes no se han sentido representados en el
ciclo histórico que está concluyendo y quieren que su opinión, sus propuestas,
sus necesidades y sus exigencias sean tenidas en cuenta en el ciclo que empieza
a despuntar en el horizonte.
Sobre el proceso de construcción
de esta opción política hoy solamente es posible apuntar algunas líneas. No
podemos definir unilateralmente el proceso, sino que debemos lanzar sugerencias
mientras dura el período de preparación de las elecciones municipales, para
preparar la negociación cuando esté claro con que sectores políticos y sociales
puede contarse de manera efectiva y sea posible cuantificar su importancia y
aportaciones.
Por tanto es preciso:
1) presentar el mayor número de candidaturas posibles en las elecciones
municipales por parte de todas las organizaciones identitarias, con un programa
en común basado en la idea de la “segunda descentralización”.
2) redoblar sus esfuerzos para asumir, interpretar y aportar soluciones
a los graves problemas de nuestros ayuntamientos y de buena parte de la
población. Después de mayo, y a la vista de los resultados obtenidos por las
formaciones identitarias y social–patriotas, habrá que transformar estos
avances en columna vertebral del futuro movimiento político.
3) Este gran partido
identitario y social–patriota debe estar en condiciones de presentarse a las
elecciones generales de 2016 con garantías de obtener resultados apreciables en
algunas provincias. Esto se logrará solamente si en las elecciones de mayo
se obtiene un crecimiento real en el número de concejalías obtenidas. Esto
indicará que, efectivamente, se ha logrado interpretar las necesidades de las
clases trabajadores y de los sectores más modestos del país. El número de
cargos electos indicará la importancia de la conexión entre las distintas
formaciones identitarias y social–patriotas y la población. Sin esta conexión,
esto es, sin cargos electos, es imposible pensar en ir mucho más allá, ni
juntos, ni separados.
Por todo ello, España 2000 os dice:
1) Nuestro partido se ha
presentado durante todos estos años como “casa
común” de todos los patriotas. Nuestros locales han estado abiertos a otros
grupos, personas y asociaciones, hemos intentado generar dinámicas unitarias
allí donde hemos podido y combatido y denunciado el fraccionalismo, la
atomización y la dispersión de esfuerzos.
2) Hemos renunciado a presentarnos a elecciones en las que era claro que
no íbamos a obtener resultados positivos (en las elecciones europeas) y
nuestra presencia solamente habría contribuido a aumentar la confusión y la
sopa de siglas y celebramos que otras fuerzas políticas y sociales hayan
coincidido con nosotros en esa actitud. Los resultados que otras fuerzas
patrióticas obtuvieron entonces, confirma lo justo de nuestro razonamiento.
3) Esta actitud abierta y
receptiva de la que han hecho gala los militantes y dirigentes de España 2000
ha generado una red de contactos personales
y de redes de colaboración, inorgánicas e informales pero que han ido
transmitiendo la sensación de que todos
pertenecemos a un mismo “movimiento”, a un movimiento de carácter
identitario y social–patriota, aun cuando no estemos orgánicamente dentro de la
misma formación.
4) España 2000 se considera,
pues, parte de un movimiento más amplio, mucho más amplio. Siempre hemos distinguido entre “partido” y
“movimiento”. La novedad es que ahora, las necesidades impuestas por el nuevo
marco histórico que se avecina obligan a empezar a pensar en transformar el
“movimiento” en alternativa política por encima de sus siglas y de sus
fracciones actuales y trate de integrar a los más amplios sectores de la
población en vistas –no nos cansaremos de decirlo– a las mutaciones políticas
que se aproximan y que se abrirán en los próximos años cuando se consume el
hundimiento de la “banda de los cuatro” y el proceso de inestabilidad que
seguirá y que debería tener como conclusión la creación de un nuevo marco
institucional en el cual debe estar presente el gran partido identitario y
social–patriota.
5) Este proceso es viable en la
medida en que las distintas formaciones identitarias no superponen sus áreas de
influencia y cada una de ellas tiene “enclaves” en los que es hegemónica,
facilitando la ausencia de suspicacias. Atrás han quedado los tiempos en los
que podían aparecer rivalidades “territoriales” y ahora, después de las
elecciones municipales, solamente queda establecer cómo será el proceso de
convergencia, un proceso que apremia, porque de no concretarse, el movimiento
identitario y social–patriota corre el riesgo de no poder insertarse en el
nuevo esquema político que se avecina. Ante esta situación, ya no basta con tener a unas decenas de concejales por toda España,
sino que es necesaria la irrupción de un fuerte movimiento político capaz de
responder, tanto a situaciones de inestabilidad que indudablemente seguirán,
como a las convocatorias electorales que vendrán.
6) Ante las elecciones
municipales, España 2000 anima a sus
militantes a presentar el mayor número de candidaturas posible, a redoblar sus
esfuerzos para asumir, interpretar y aportar soluciones a los graves problemas
de nuestros ayuntamientos y de buena parte de la población. Después de mayo, y
a la vista de los resultados obtenidos por las formaciones identitarias y
social–patriotas, hay que transformar estos avances en columna vertebral del
futuro movimiento político.
7) Este gran partido identitario y social–patriota debe estar en
condiciones de presentarse a las elecciones generales de 2016 con garantías de
obtener resultados apreciables en algunas provincias. Esto se logrará
solamente si en las elecciones de mayo se obtiene un crecimiento real en el
número de concejalías obtenidas. Esto indicará que, efectivamente, se ha
logrado interpretar las necesidades de las clases trabajadores y de los
sectores más modestos del país. El número de cargos electos indicará la
importancia de la conexión entre las distintas formaciones identitarias y
social–patriotas y la población. Sin esta conexión, esto es, sin cargos
electos, es imposible pensar en ir mucho más allá, ni juntos, ni separados. De
ahí que España 2000 concentre todos sus esfuerzos de aquí a mayo en la
consecución de este objetivo y anime
otras formaciones similares a hacer otro tanto.
¡ESPAÑA 2000 AL ASALTO DE LAS CONCEJALÍAS!
¡MOVILIZACIÓN GENERAL MILITANTE ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
MUNICIPALES!
!POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN GRAN PARTIDO IDENTITARIO Y SOCIAL–PATRIOTA¡
* *
*
Tales son, en resumen, las
orientaciones para el presente curso político:
1) Afrontar las elecciones municipales hasta mayo: unir la vanguardia
identitaria y social–patriota a la población damnificada por la crisis
económica, la corrupción, la globalización, la inmigración masiva, alarmada por
la centrifugación del Estado, la ausencia de autoridad y lo que puede venir
después del hundimiento de la “banda de los cuatro”.
2) Abordar una dinámica unitaria junto a otras fuerzas políticas
después de mayo: dinámica que lleve a la construcción de un gran partido
identitario y social–patriota en condiciones de asumir la protesta nacional que
ha estado ausente en el régimen nacido en 1978 y que debe estar presente, como
lo está en toda Europa, en la nueva situación política que se avecina.
Nuestros cuadros, militantes y simpatizantes, deben concentrarse en la
realización de estos dos objetivos y abandonar cualquier otra actividad que
pueda desviar de estas metas.
La Junta Ejecutiva de España 2000 pide tanto a sus militantes como al
resto de organizaciones susceptibles de contribuir a la formación de un gran
partido identitario y social–patriota que redoblen sus esfuerzos y estén a la
altura del momento histórico que se avecina: ¡AHORA O NUNCA!
La Junta Ejecutiva de España 2000
1 de octubre de 2014
