Ante un curso político decisivo...

Declaración política de la Junta Ejecutiva de España 2000

Ante un curso político decisivo

Por una fuerte presencia en los ayuntamientos

Por un gran partido identitario y social-patriota

¡Ahora o nunca!

A todos los militantes y simpatizantes de E2000

A todos los miembros de los movimientos identitarios y social-patriotas

A todos los españoles

Éste no va a ser un curso político como cualquier otro. Lo hemos empezado absorbidos por el “problema catalán”, olvidando que en el mes de mayo tendrán lugar elecciones municipales y autonómicas que modificarán profundamente el panorama político español. El análisis que sigue intenta responder a la pregunta de ¿ante qué escenario debe estar preparado el movimiento identitario para responder a los nuevos retos que se irán concretando a medida que avance el curso político?, y ¿qué puede hacerse ante la coyuntura que se avecina?

El mensaje que se pretendemos transmitir es este: nos encontramos ante el final de un ciclo y el principio de otro. Dependerá de que en este fin de ciclo las fuerzas identitarias y social-patriotas logren insertarse en la acción política real, para que estén en condiciones de calentar motores para el nuevo ciclo que se avecina. Y para ello hace falta:

1) entender lo que ha constituido el período democrático 1978-2014,

2) prever su evolución futura para anticiparse a los acontecimientos,

3) dotarse de una organización política a escala nacional capaz de revalidar en España los éxitos de las formaciones identitarias, social-patriotas y euroescépticas de otros países y

4) afrontar las elecciones municipales de 2015, verdadera prueba de fuego en donde se percibirán de manera fehaciente si han existido avances notables que permitan pensar en que existe un futuro para este sector político.

Primera Parte

La coyuntura en la que nos encontramos

En este curso político recién iniciado nuestro país va a afrontar tres episodios decisivos que marcarán decisivamente nuestro futuro:

1) De un lado el conflicto catalán llegará al límite de tensión y generará heridas que tardarán décadas en cicatrizar.

2) La convocatoria de elecciones municipales modificará el panorama político.

3) Se disiparán las esperanzas en una “recuperación económica”.

El resultado de todos estos procesos será el debilitamiento irreversible de las fuerzas que han contribuido a mantener el pie el régimen político nacido en 1978. Estamos en la antesala de un nuevo ciclo histórico y ante una encrucijada como no conocíamos desde 1976 cuando la muerte de Franco obligó a una modificación profunda del régimen. Hoy nos aproximamos a una mutación similar, con la diferencia de que en 1976 existían fuerzas políticas y económicas que aspiraban a una renovación desde fuera y desde dentro del antiguo régimen, mientras que en la actualidad asistimos al desplome interior del régimen constitucional.

En efecto, en 1976 el capitalismo español precisaba entrar en las Comunidades Europeas y existían fuerzas políticas democráticas con un proyecto político propio incompatible con el franquismo. Hoy, lo que existe es un capitalismo internacional globalizado que impone sus leyes en España y una clase política corrupta e ineficiente, sin alternativas de reemplazo, o con partidos emergentes de poco calado, que más bien son “opciones–refugio” para los decepcionados por los partidos del centro–derecha y del centro–izquierda, provistos de programas poco o mal definidos (UPyD, Ciudadanos), utopías (Podemos), o radicalismos secesionistas (Sortu, ERC).

La novedad es que el régimen político español amenaza con desplomarse interiormente por efecto de sus errores acumulados y sin que hayan aparecido fuerzas políticas coherentes que asuman el remplazo. De ahí la necesidad de construir una fuerza identitaria, social y patriótica con fuerza suficiente para convertirse en polo de agregación capaz de jugar un papel decisivo en la próxima fase histórica que se aproxima de manera acelerada.

I. Las causas de la crisis del sistema político español

Han pasado 38 años desde que se aprobó la constitución española. Ya desde mediados de los años 80, se percibían los problemas que entrañaba el haber cerrado en falso la transición: el “café para todos” autonómico se convirtió en una permanente fuente de conflictos, las sucesivas amnistías dadas entre el 20 de noviembre de 1975 y las elecciones de junio de 1977 demostrador al terrorismo que era posible imponer condiciones al Estado, la nueva clase política comprobó que la nueva legislación le permitía cualquier tipo de corruptelas y desde el “Caso Juan Guerra” hasta RUMASA, desde el “Caso Banca Catalana” hasta el “Caso Naseiro”, la corrupción había ido extendiéndose transversalmente por todos los partidos y, para colmo, la mala negociación de Felipe González nos integró en “Europa” en condiciones precarias que arruinaron para siempre sectores enteros de nuestra economía (minería, astilleros, altos hornos y cualquier industria pesada, ganadería) y nos comprometió con una OTAN que en esos momentos ya había demostrado ser un apéndice colonial del Pentágono americano para justificar la presencia de los “marines” de los Estados Unidos en Europa, incluso cando la Guerra Fría ya había terminado.

El nuevo régimen estuvo desde el principio apoyado en un conglomerado económico y mediático que garantizaba su estabilidad. Pronto, el nuevo régimen entendió que era preciso que el sistema educativo se modificara para amputar a las nuevas generaciones cualquier tipo de capacidad crítica. La aplicación de “nuevas teorías educativas”, en el espacio de pocos años, transformó las escuelas en meros almacenes de alumnos, sin más ambición docente, ni más posibilidad que la de situarnos a la cola de Europa en esta materia. La llegada de un aluvión de alumnos procedentes de la inmigración, a partir de 1997, agravó todavía más la crisis.

Los años del felipismo no fueron sólo los de la “gran decepción” y el “desencanto”, sino también los de transformación profunda de la sociedad española: el asociacionismo se redujo a la mínima expresión generando la desaparición de la operatividad de la “sociedad civil”, la natalidad cayó en picado, los sectores estratégicos de la industria empezaron a privatizarse o, simplemente, fueron liquidados en el proceso conocido como “reconversión industrial”, los ingresos de las familias y su capacidad adquisitiva empezaron a reducirse mientras las clases medias veían como aumentaba la presión fiscal sobre ellas y sobre las rentas procedentes del trabajo. Pronto, el felipismo pasó de la “pana” al “beautiful people” y en consecuencia, fue progresivamente mejorando el tratamiento fiscal de las rentas procedentes del capital. La crisis económica que siguió a los “eventos del 92” (Olimpiadas de Barcelona, Expo–Sevilla, Quinto Centenario) generaron una larga etapa de decadencia del felipismo que finalmente llevó a Aznar al poder.

El modelo económico creado por Aznar era un intento de responder al papel periférico que Felipe González había aceptado al suscribir el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea. Para Aznar, si no teníamos protagonismo en industria pesada, ni en nuevas tecnologías, ni en sectores de alto valor añadido, deberíamos obtenerlo mediante un desarrollo hipertrófico del turismo y de la construcción. Para ello era necesario reducir salarios: y se hizo abriendo las puertas a la inmigración (cuando las tasas de paro se situaban en torno al 8–10%). Para no generar protestas sociales insoportables, Aznar compró al peso a los sindicatos mediante un insensato régimen de subsidios, pero hizo algo peor, pactó con la banca nacional y extranjera la apertura del crédito–fácil. Estos elementos (inmigración, salarios bajos, crédito fácil) llevaron directamente a un modelo basado en el sector inmobiliario y en la hostería y turismo… sectores todos ellos de escasísimo valor añadido, sometidos, además, a ciclos (construcción) y modas (turismo).

En 2007 era evidente que el endeudamiento de las familias había hecho imposible que afrontaran sus pagos a medio plazo. Mientras, Aznar alardeaba del superávit del Estado y del crecimiento del PIB (que en buena medida se debía a la inyección de una media anual de 600.000 consumidores adultos en forma de inmigrantes que llegaron entre 1996 y 2008, que por su mera presencia ya generaban más consumo), en EEUU se gestaba la crisis de las subprime que unos meses después repercutió en una España ya gobernada (gracias a las bombas del 11–M) por Rodríguez Zapatero. Éste, en su primera legislatura ni siquiera se preocupó por modificar el modelo económico aznariano, antes bien insistió en él, acompañándolo por medidas de “ingeniería social” cuya inspiración había extraído de los boletines de la UNESCO: matrimonio gay, adopciones por parte de parejas gays, facilidad para el divorcio, aborto libre (medidas que contribuyeron a aumentar la disolución de la familia tradicional), aumentó los flujos migratorios y estimuló el “efecto llamada” (convirtiendo a la inmigración en una bolsa subsidiada), apeló a la sociedad “multicultural y multiétnica”, a la tontorrona “Alianza de Civilizaciones”, al “mestizaje”, a la “discriminación positiva” y a lo “políticamente correcto”, sin olvidar el impulso dado a la negociación con ETA y al proceso soberanista catalán… sin darse cuenta de lo esencial: que la economía se precipitaba hasta el abismo.

En 2008, justo después de cerrarse las urnas que abrieron el paso a la segunda legislatura de Zapatero, éste reconoció la existencia de la crisis… y adoptó en pocos meses medidas que volatilizaron el superávit en la nada mediante planes absurdos (Plan E, Plan E2010, ayudas a la banca, plan VIVE, etc.). La crisis inmobiliaria se transformó en la etapa siguiente en crisis de deuda pública. Hoy, nuestro país debe más de un billón de euros, deuda cuyos intereses se comen buena parte de la capacidad fiscal del país, ya en el límite.

Cuando Rajoy ascendió al poder –no tanto por méritos propios, como por la incapacidad manifiesta del zapaterismo– el país se encontraba absolutamente paralizado: con una deuda que ascendía al billón de Euros, con el bono español a un peldaño del “bono basura”, con el sector de la construcción desintegrado y el turismo a la baja a raíz de la crisis económica mundial, la prima de riesgo superó los 500 puntos, mientras el número de parados se situó en los 6.000.000, la inmigración se transformaba en un lastre insostenible (8.000.000 de inmigrantes a partir de 1996 y en la actualidad con 2.500.00 de “nacionalizados españoles”), y el consumo interior cayendo en picado.

Las protestas que se habían producido hasta ese momento eran anecdóticas: las “huelgas generales” convocadas por los sindicatos para justificar su papel como “agentes sociales” tenían un seguimiento cada vez menor y se producían ante la indiferencia creciente de la sociedad, las protestas de los “indignados”, después de despertar entusiasmo se convirtieron en campamentos de freakysmo y de las peores derivaciones de la extrema–izquierda. La prensa, cada vez más dependiente de las subvenciones estatales, mostraba una sorprendente unanimidad y una tibieza fronteriza con la complicidad. El régimen, en ese momento, parecía inamovible. Después del PSOE vendría de nuevo el PP… tal era la “alternancia” instaurada en España desde 1979: un partido llegaba al poder no por propios méritos, sino por los fracasos y las decepciones generadas por el anterior gobierno.

Pero la persistencia de la crisis económica, ha terminado transformando la crisis social en crisis política. Esta crisis política se evidencia en factores múltiples: la abdicación del rey y la “entronización” de Felipe VI, la crisis soberanista catalana, el hundimiento de las expectativas electorales de los partidos tradicionales (la “banda de los cuatro”), la omnipresencia de la corrupción como factor común, trasversal a todos ellos, y elemento más característico de toda la clase política, el desprestigio de todas las instituciones, el descrédito de los portavoces del régimen, la incapacidad para establecer una política exterior propia, los altos niveles de abstención, votos nulos y votos en blanco que aparecen en los procesos electorales, los frustrados intentos de reforma de la ley electoral, etc. 

 

En 2014 las cosas habían ido ya demasiado lejos y durante demasiado tiempo como para que los españoles no reaccionaran ante la crisis: la clase política estaba completamente desprestigiada, tanto la del poder, como la de la oposición, la estatal tanto como la autonómica. Ninguna estructura del poder (ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial) se salvaban de las críticas y del desprecio que les profesaba la población… pero ningún partido lograba ya atraer el descontento latente en la sociedad española. Hasta que llegaron unas elecciones de poco interés, las europeas de 2014, en las que votó apenas el 50% del electorado y que demostraron que la “banda de los cuatro” (PP, PSOE, CiU y PNV) habían iniciado un ciclo descendente…

Las encuestas y los sondeos de opinión realizados con posterioridad dejan presagiar un cambio rotundo en el panorama político español que se dará en los próximos dos años, incluso en los próximos meses.

La imposible recuperación económica

Nos cabe el habernos anticipado desde 2009 a lo que venía. La desintegración de los distintos partidos políticos que han protagonizado el ciclo 1978–2014 no se debe ni a sus altísimos niveles de corrupción, ni a la absoluta ineficacia que han demostrado a lo largo de los años, ni siquiera a sus constantes decisiones erróneas: se debe solamente a la crisis económica. De no haber repercutido la crisis de 2007 en España, particularmente vulnerable por su estructura económica basada en el monocultivo del sector inmobiliario y turístico, PP y PSOE se hubieran seguido turnando décadas y décadas en el poder. Pero la crisis económica, al persistir, se transformó en crisis social y en un país de 6.000.000 de parados, 8.000.000 de empleos con salarios de mileuristas o inferiores, con un 85% de las pensiones situadas por debajo de los 1.000 euros, y un 25% de españoles situados en torno al umbral de la pobreza, era evidente que, antes o después, esas masas exigirían medidas eficientes… y al ver progresivamente más ennegrecidas sus perspectivas, la crisis social terminaría transformándose en crisis política.

Cabría pensar que una recuperación económica lograría salvar a los actuales partidos mayoritarios de su inevitable declive. No es así.

En primer lugar porque esta no es una crisis económica “española”, sino la primera y gran crisis de la globalización, una crisis que repercute en España a causa de los errores económicos acumulados por gobiernos anteriores y por la particular estructura económica de nuestro país. En tanto que la globalización es un modelo económico mundial inviable (siempre la producción industrial se irá allí a donde resulta más barata y siempre el capital migrará eternamente en busca de mayores beneficios, con lo que la inestabilidad económica y la precariedad acompañarán siempre a la globalización: una mayoría social resultará “damnificada”, inevitablemente, con este proceso globalizador) y en tanto que las economías nacionales están interconectadas, cualquier pequeña crisis en algún lugar del mundo repercutirá negativamente en el conjunto.

Así, por ejemplo, cuando los efectos de las hipotecas subprime y la crisis bancaría de 2007–2009 ya han pasado (entre otras cosas gracias al dinero procedente del narcotráfico que fue inyectado en las instituciones bancarias, especialmente norteamericanas) y cuando la prima de riesgo en países como España ha alcanzado niveles relativamente aceptables, la crisis se está reproduciendo en Argentina (ya en suspensión de pagos) y en Brasil (al borde del inicio de un proceso similar al español), unido a una ralentización de la economía de la Zona Euro… todo lo cual, inevitablemente, ha descompuesto las perspectivas de “brillante crecimiento económico” con las que el gobierno Rajoy nos ha estado bombardeando desde principios de 2013: “este año, nuestra política económica no mostrará todavía sus frutos, pero en 2014 despegaremos…” fue la frase recurrente de los Rajoy, De Guindos, Rajoy, Cospedal, Sáez de Santamaría, cada vez repetida con menos convicción ante la evidencia de un panorama internacional que se iba ensombreciendo.

La falta de perspectivas es tal que, cuando la crisis en Iberoamérica es todavía incipiente y dista mucho de haber llegado a su cénit, ya se habla a la futura crisis inmobiliaria china, que terminaría por demostrar a las claras la inviabilidad del sistema mundial globalizado.

La fase final del régimen constitucional de 1978 ha comenzado

Vale la pena interrogarse sobre cómo va a ser esta fase final de este ciclo histórico. Lo primero que parece evidente es que las cuatro fuerzas políticas que han constituido el entramado del régimen entre 1978 y 2014 están en descomposición.

- El PSOE perdió el norte desde las elecciones de 2000 cuando Joaquín Almunia fue derrotado con un programa que predicaba la “unidad de la izquierda”, siendo sustituido por Zapatero provisto de un programa que ya no tenía nada de socialdemócrata, ni de socialista, sino que simplemente era un providencialismo iluminado, un buenismo humanista–universalista, después del cual ya no habría posibilidad de hacer creíble que una alternativa pudiera surgir de ese “centro–izquierda”. Tras el interregno de Rubalcaba, la imagen de Pedro Sánchez como cabeza visible del PSOE confirma la sensación de pérdida de rumbo. Sin olvidar que el PSC en Cataluña está en situación de liquidación a causa de su ambigüedad ante el soberanismo y que el PSOE–A es ante toda la opinión pública el banderín de enganche de los corruptos de todos los pelajes. En estas condiciones el PSOE jamás volverá a disfrutar de una mayoría absoluta y su aproximación al poder solamente se podría dar en el seno de una coalición de izquierdas (junto a Podemos e IU). 

- CiU se encuentra en una situación en la que su futuro no puede ser más negro: rebasada electoralmente por ERC, vinculada a interminables casos de corrupción en su cúpula, afrontando una degradación de las condiciones de vida en Cataluña sin que parezca interesarle nada más que la enloquecida aventura soberanista, el nacionalismo ha llegado a aquel punto en el que o se transforma en independentismo (conclusión lógica de todo nacionalismo) o simplemente desaparece. El hecho de que en el interior mismo de la coalición, sus dos componentes parezcan cada vez más distanciadas, es para CiU un problema menor. Sus mimbres no soportarán el desprestigio, el bochorno y el oprobio del Caso Pujol y de los episodios que seguirán.

- El PNV ha conseguido mantenerse al margen de los casos de corrupción, pero, como cualquier otro partido nacionalista, su posición es insostenible a largo plazo: o desemboca en un proceso soberanista similar al catalán (y ya intentado por otras vías por Ibarreche) o bien da paso a otros que sí están dispuestos a circular por esa vía. Si el PNV parece haber sufrido menos que los otros miembros de la “banda de los cuatro” se debe en primer lugar a las particulares circunstancias de la sociedad vasca y al clientelismo del PNV; pero también aquí, las previsiones electorales le son negativas: la izquierda radical abertzale puede aventajar al nacionalismo tradicional y el PNV no es un partido que pueda sobrevivir en la oposición, especialmente junto a otro partido nacionalista mucho más radical.

- El PP se hubiera visto libre de esa sensación de hundimiento del resto de partidos clásicos, de no ser por el sarpullido que supuso el nacimiento de Vox, pero sobre todo por tener las riendas del poder y deber afrontar una recuperación imposible desde la perspectiva neoliberal en la que se mueve. Sin embargo, a pesar de haberse conjurado la amenaza relativa que supuso Vox, el PP será en los próximos años víctimas de la propia “doctrina Fraga” (el “sin enemigos a mi derecha”) que ha hecho imposible la existencia de partidos a la derecha del PP. Ahora, el PP se encuentra con que no tiene interlocutor, ni aliado posible, cuando pierda la mayoría absoluta en algunas comunidades autónomas (Valencia, por ejemplo, ¿Madrid?). Cuando un partido afronta una situación de crisis, su futuro depende de que sepa resolverla. El PSOE se hundió precisamente por demostrar incapacidad ante la crisis. No parece que vaya a ser otro el destino del PP. Los éxitos económicos no llegarán antes de que se convoquen elecciones municipales. Después, con su dotación de concejales mermada, habiendo perdido comunidades autónomas de primer orden, sin interlocutores posibles, ni política de alianzas viable, entrará fase descendente, incluso aunque Rajoy lograra mantenerse otra legislatura en la Moncloa.

La “banda de los cuatro” parece haber llegado al final de su trayectoria, o al menos a la antesala del final. Otras fuerzas políticas sustituirán a las que se desploman. En Cataluña y Euzkadi parece claro que ERC y la izquierda abertzale tomarán el relevo, lo que implica una radicalización de las posiciones y la eternización de los conflictos autonómicos. El futuro de Podemos depende de que se sacuda su asamblearismo y adopte una estructura política más “leninista” o de lo contrario se verá repleta de manipuladores, provocadores, infiltrados o simplemente demagogos enloquecidos. De momento, parece claro que atraerá a una sector del electorado hasta ahora vinculado al PSOE, detendrá en seco las posibilidades de crecimiento de IU y será un elemento central en el proceso de recomposición de la izquierda. De todas formas, a Podemos le espera todavía un largo proceso de recomposiciones internas, reorganizaciones y, sobre todo, le falta la prueba del 9: ver lo que hacen y dicen sus cargos electos. La existencia de Podemos ha cortado en seco las perspectivas de que UPyD o Ciudadanos, el partido de Alberto Rivera, se convirtieran en receptáculos del “voto de protesta”. La mala gestión interna de Rosa Díez ha terminado por apuntillar a esta opción que, a partir de ahora, está obligada a cooperar con Rivera, pero sin que eso amplíe extraordinariamente sus posibilidades electorales. En cuanto a Vox, las fugas que ha sufrido y su programa que no deja de ser un eco de la vieja derecha, poco apto para atraer votos de protesta, le dan un recorrido bastante corto como para que pueda pensarse que tiene futuro.

Es evidente que en los próximos meses, especialmente después de las elecciones municipales, todo esto irá adoptando su configuración definitiva. Estamos en un momento en el que el desmoronamiento de las fuerzas políticas tradicionales puede constatarse con claridad, pero dista mucho de estar claro qué fuerzas les sustituirán.

Todo induce a pensar que en el futuro, tanto el parlamento nacional, como los parlamentos autonómicos, como los ayuntamientos, estarán compuestos por cada vez más fuerzas políticas y más heterogéneas: se tiende a la fragmentación y atomización del panorama político en un proceso similar al que se produjo en Italia después de la Operación Manos Limpias y del hundimiento de la DC y sus socios de centro y de izquierda. Es fácil, pues, prever que lo que tenemos ante la vista a corto plazo es un proceso de inestabilidad creciente, agravado por la arquitectura constitucional: en efecto, un sistema ideado para el bipartidismo imperfecto, difícilmente puede digerir una situación de multipartidismo.

Ni siquiera hay descartar que en los próximos meses, antes de que se convoquen las elecciones municipales, PP y PSOE lleguen a acuerdos parciales sobre la reforma de la constitución y de la legislación electoral: hasta ese momento todavía pueden disponer de mayoría en el parlamento para plantear tales reformas, después de las elecciones municipales y autonómicas se comprobará claramente su debilidad y tras las próximas elecciones generales, los votos conjuntos de la “banda de los cuatro” ya no bastarán para modificar la constitución en beneficio propio…

Segunda Parte

Dos objetivo para el curso político 2014-2015

En el mes de mayo se votará la renovación de los gobiernos municipales. Va a ser la primera ocasión en la que los españoles tengamos al alcance de la mano en 36 años la posibilidad de renovar el país y evidenciar que la constitución de 1978 está muerta y enterrada. En ese momento, los españoles tendremos la ocasión de reiterar el voto a los partidos que integran la “banda de los cuatro” o bien a de apoyar a opciones nuevas. Y de eso dependerá también en gran medida el resultado de las próximas elecciones generales de 2016. Así pues, estamos ante un momento decisivo y ante una convocatoria que tiene una envergadura mucho mayor que unas simples elecciones municipales.

Por eso España 2000 os dice:

Necesitamos afrontar las próximas elecciones municipales con las ideas claras. Un ciclo termina y otro está a punto de iniciarse. La velocidad de sustitución de un régimen crepuscular por otro que está por nacer dependerá de los resultados de esas elecciones.

Por eso España 2000 convoca a todos los patriotas:

1) A reflexionar sobre la necesidad de establecer un programa política que nos sitúe en condiciones de penetrar profundamente en los ayuntamientos.

2) A reflexionar sobre la necesidad de construir un gran partido nacional, social e identitario que esté presente en el nuevo ciclo histórico que se avecina.

Y es por todo ello por lo que la Junta Ejecutiva de España 2000 PROPONE:

I

Por un programa electoral ante las elecciones municipales

Dentro de ocho meses se votará para renovar los ayuntamientos y parte de las Comunidades Autónomas. Es preciso movilizar a todos los patriotas para conseguir avanzar un poco más y lograr que nuestros concejales estén presentes en cada vez más ayuntamientos. La experiencia demuestra que en aquello ayuntamientos en donde están presentes concejales identitarios y social-patriotas, allí se consigue detener la marejada inmigracionista, parar la construcción de mezquitas, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de origen español y denunciar on más vigor a los corruptos. Vale la pena, pues, insistir en esa vía y lanzar un programa de acción municipal basado en los siguientes puntos:

1) LA DESCENTRALIZACIÓN AUTONÓMICA HA FRACASADO, ES PRECISO AFRONTAR LA MARCHA HACIA UNA “SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN”, LA DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL, AL TIEMPO QUE SE INICIA LA LIQUIDACIÓN DEL “ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS”.

Si el Estado de las Autonomías ha servido para algo ha sido solamente para generar unas clases políticas regionales que se han ido enriqueciendo de manera parasitaria apelando a reales o inventados rasgos diferenciales. A estas alturas, el deshilachamiento del Estado surgido de la Constitución de 1978 hace necesario reconocer el fracaso del modelo autonómico y buscar conjugar la lealtad de las partes (municipios) con el todo (el Estado), la existencia de un poder central (el Estado) con la necesaria autonomía de las partes (los municipios), dentro de un contexto de eficacia, honestidad y austeridad en la gestión.

A este proceso le llamamos “segunda descentralización” y se basa en romper el poder autonómico, devolviendo algunas competencias al Estado (especialmente en sanidad, educación y parte de la fiscalidad) y entregando otras a los Municipios (bienestar social, parte de la fiscalidad, políticas de empleo) que podrán asociarse para alcanzar determinados objetivos (mancomunidades de municipios), realización de obras públicas e infraestructuras que excedan el nivel municipal y negociar tales proyectos con el Estado.

Es preciso tener el valor de reconocer que el Estado de las Autonomías, sus 17 parlamentos autonómicos, sus 17 gobiernos, sus 17 estructuras burocrático–administrativas, sus 17 políticas propias, todas ellas centrífugas y todas ellas destinadas a alimentar a grupos clientelares y a intereses partidocráticos regionales, ha fracasado sin apelación posible. Es preciso reconocer que el Estado de las Autonomías se ha convertido en centrifugador de recursos, mal administrador, ha alcanzado dimensiones faraónicas,  ha quedado enfangados en corruptelas y ha entrañado el hundimiento de cajas de ahorro y sepultado miles de millones, para mayor gloria de las cleptocracias regionales; este engendro debe, de una vez por todas, desaparecer en beneficio de una descentralización “de proximidad” en la que los entes surgidos sean más ágiles, ahorren los problemas generados por los nacionalismos y sean integrados directamente y sin intermediarios en los máximos órganos representativos de la Nación

2) LA “SEGUNDA DECENTRALIZACIÓN” DEBE CONSEGUIR QUE LOS AYUNTAMIENTOS PUEDAN Y DEBAN APLICAR LA “PREFERENCIA NACIONAL”: PRIORIDAD EN LAS AYUDAS SOCIALES Y EN LA OBTENCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA ESPAÑOLES.

Los ayuntamientos no tienen capacidad para corregir los flujos migratorios, capacidad que corresponde al Estado, pero sí tienen capacidad para elegir qué tipo de ciudadanos quieren que los integren: o inmigrantes o autóctonos. Y, por tanto, corresponde a los ayuntamientos dar el visto o bueno o, en su caso, cerrar, los padrones municipales, a aquellos inmigrantes que sean innecesarios y cuya presencia pueda alterar tanto el mercado laboral del municipio, como la composición cultural del mismo. Este objetivo puede alcanzarse mediante la entrega a los ayuntamientos algunos instrumentos, empezando por la capacidad para negarse a empadronar inmigrantes que no justifican suficientemente sus medios de vida o que pueden saturar aún más el mercado laboral con el consiguiente menoscabo para los autóctonos. 

Pero, sobre todo, los ayuntamientos deben asumir como principio rector para la entrega de ayudas sociales y de puestos de trabajo públicos, la “preferencia nacional”, es decir, el derecho de los autóctonos a optar de manera prioritaria y preferente a estos beneficios sociales. No hacerlo, supone una discriminación negativa para nuestra población, intolerable y que está fuera de la lógica más elemental. Nuestra gente, los nacidos en España e hijos de españoles, son los últimos vástagos de generaciones que nos han precedido y que han contribuido a levantar esta tierra. Es fundamentalmente injusto que aquel que posee otra patria, otro gobierno, una tierra, el recién llegado, reciba un trato igual (e incluso preferencial) para obtener ayudas públicas y puestos de trabajo. No solo es injusto y resulta incluso ofensivo e indigno para las generaciones que nos han precedido.

La inmigración ha impuesto por la vía de hecho su presencia en España. Ha beneficiado a las patronales de hostelería, construcción y agricultura, admitiendo y regularizando a 8.000.000 de inmigrantes en estos últimos 18 años. El resultado ha sido un estancamiento salarial, un paro que afecta al 25–35% de la población laboral según las comunidades y, mientras las patronales citadas se han beneficiado de la presencia de inmigrantes, la factura final que supone la inmigración la está pagando toda la sociedad española, siendo un lastre insoportable para nuestra economía y para nuestro presupuesto, especialmente en materias de asistencia social, sanidad y educación, pero también en prisiones, seguridad y justicia.

Una de las formas de revertir el fenómeno es, simplemente, aplicar la “preferencia nacional” y resolviendo que la única ayuda que reciba la inmigración procedente de los ayuntamientos sea para el retorno a sus países de origen. 

3) LA “SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN” NO OLVIDA NI LAS CORRUPTELAS, NI A LOS CORRUPTOS: EL PRECISO REALIZAR AUDITORÍAS EN TODOS LOS AYUNTAMIENTOS Y ESTABLECER CUÁL HA SIDO EL DESTINO DEL DINERO PÚBLICO QUE HAN GESTIONADO, HASTA EL ÚLTIMO EURO Y EXIGIR RESPONSABILIDADES PENALES A LOS MALVERSADORES.

La corrupción en todos los niveles de la administración ha ido demasiado lejos como para admitir que la proximidad de un nuevo ciclo histórico, suponga una tabla rasa, más allá de la cual se olvidarán las responsabilidades contraídas por quienes han gobernado en los distintos escalones de la administración. Pasar por alto, archivar, olvidar, perdonar, hacer la vista gorda, mirar para otro sitio, indultar o simplemente ignorar cualquier caso de corrupción, implica estimular la impunidad de los corruptos.

Hacer “tabla rasa” implica limpiar el país de arriba abajo. Los propios ayuntamientos deben crear Comisiones de Depuración de Responsabilidades y encargar auditorias sobre la situación real de sus arcas y el destino del último euro que ha pasado por los ayuntamientos en los últimos 36 años.

El “nuevo curso” de los Ayuntamientos y la “Segunda Descentralización” implican una ruptura con el pasado y con la clase política responsable de la gestión municipal, pero no un perdón ni un olvido a tus trapacerías. Hasta el último concejal en el último municipio del país debe de responder sobre el origen de su patrimonio y sobre el destino de los fondos municipales que han administrado. Las jugosas injustificadas e injustificables ayudas concedidas por los ayuntamientos a las más variadas ONGs y asociaciones nacionales y extranjeras, deben ser auditadas y hasta el último euro justificado. Las recalificaciones del pasado en beneficio de tales o cuales promotores inmobiliarios a cambio de sobornos, debe ser objeto de una nueva “memoria histórica”, sin olvido, ni perdón.

Esto y la aprobación de nuevas leyes que faciliten la investigación y aceleren los procesos por corrupción y malversación de fondos públicos, que aumenten las penas y faciliten las confiscaciones de bienes a los entornos familiares y a los testaferros de los corruptos y los beneficios penales dependan única y exclusivamente de la devolución de lo sustraído con los intereses, las multas y las costas correspondientes, serán los primeros pasos para una cruzada nacional contra la corrupción que debe realizarse sin perdón y de manera ejemplificadora para extirpar de raíz toda tentación de que los nuevos gestores municipales puedan caer en las mismas prácticas.

4) EN LA “SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN”, LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ASUMIR POLÍTICAS SOCIALES QUE MANTENGAN VIVO EL ESTADO DEL BIENESTAR Y ALEJEN EL FANTASMA DE LA POBREZA, LA PRECARIEDAD Y LA PAUPERIZACION DE LAS CLASES MÁS MODESTAS.

La necesaria desaparición de las comunidades autónoma y de su insoportable estructura burocrático–administrativa no puede permanecer de espaldas al gran problema que tiene en estos momentos la sociedad española: el aumento de la pobreza, del paro y de la precariedad. Hasta hace poco, la única función de los ayuntamientos era la ordenación urbana, el mantenimiento de algunos servicios públicos y todo lo relativo a la habitabilidad de las ciudades: a partir de ahora se trata de que asuman un papel preferencial en la lucha contra la pobreza y la precariedad. Y lo pueden hacer porque la administración municipal es la administración de proximidad, la que está más cerca del ciudadano y la que debe responder antes a las necesidades de la población. Hoy, más que nunca, es necesaria una redistribución de la riqueza que palíe, en la medida de lo posible, los problemas de la precariedad y de la pobreza.

Los ayuntamientos son los más capacitados para actuar contra la pobreza. Son también los más adecuados para percibir los niveles de pobreza. Y también es la administración más cercana como para que cualquier corruptela en la materia salte inmediatamente a ojos de la población. De ahí la necesidad de que sustituyan al Estado en esta materia: la ayuda social. El Estado debe proveer de fondos a los ayuntamientos para que realicen este fin, en lugar de dilapidarlos en ONGs que ya han demostrado que su prioridad es… ayudar a los que las administran, o de entregarlas a las Comunidades Autónomas para reforzar el patrimonio de las clases políticas regionales.

Mientras persistan las actuales circunstancias económicas (globalización, situación de España como país periférico, bajos salarios, imposible recuperación), la “Segunda Descentralización” debe de hacer de los Ayuntamientos, los organismos más directamente implicados en la ayuda social.

5) LA “SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN” ES INSEPARABLE DE LA RECONSTRUCCIÓN DE UN PODER JUDICIAL FUERTE, AUTÓNOMO, INMEDIATO Y EFICIENTE CAPAZ DE HACER VALER EL IMPERIO DE LA LEY EN TODOS LOS RINCONES DEL PAÍS.

Lo que estamos proponiendo es:

– Reforzar el aparato del Estado de un lado (porque solamente en Estado dispone de un arsenal legislativo, institucional y coercitivo suficiente como para afrontar la globalización),

– Reconocer de una vez por todas el fracaso del Estado de las Autonomías (esas piezas intermedias que tienden a reproducir a escala reducida los rasgos del Estado, estando su eficacia a medida de sus dimensiones y generando procesos centrífugos inevitables que tienden al debilitamiento de los Estados y por tanto a debilitarlos ante las ofensivas globalizadoras).

– Aumentar el papel de los ayuntamientos en tanto que administraciones de proximidad más cercanas al ciudadano y en mejores condiciones para acometer la tarea paliativa de la pobreza y la precariedad.

En síntesis: reforzar el aparato del Estado y su administración de proximidad, liquidando la administración parasitaria intermedia, reorientando los recursos que hasta ahora se han dilapidado ahí en la dimensión social.

Es evidente el riesgo que todo esto entraña: el que se reproduzcan o persistan a nivel municipal las redes de corrupción y las prácticas viciadas. Y en este terreno hay que ser claros: ese riesgo, existe y la única forma de conjurarlo es mediante la creación de Comisiones de Defensa Cívica constituidas en los municipios a través de las asociaciones de vecinos y demás grupos asociativos, con capacidad para denunciar e investigar casos de corrupción municipal, con voz pero sin voto en los consistorios. Esto en lo que se refiere al control e investigación de la corrupción en los lugares en los que se podría generar.

Pero hace falta, además, una legislación realista de nuevo cuño. Esta legislación debe de partir del hecho objetivo de que la corrupción ha sido la característica más acusada del régimen político español nacido en 1978 y que esa lacra solamente puede extirparse mediante una legislación particularmente dura basada en que el corrupto atenta contra toda una comunidad e incluso contra el Estado, encarnación jurídica de la comunidad y, por tanto, merece penas ejemplarizantes y medidas particularmente duras, mucho más que el criminal que atenta contra ciudadanos individuales.

La corrupción ha impregnado hasta tal punto a la clase política y a las instituciones que solamente medidas de excepción pueden atajarla. Tribunales y legislación de excepción, juicios rápidos, incautaciones de los bienes adquiridos ilegalmente, castigo particular para testaferros y colaboradores necesarios, prisiones especiales para corruptos que agraven la dureza del castigo, régimen especial para los “arrepentidos” y abolición de cualquier tipo de prescripción, son algunos de los rasgos que debe tener la nueva legislación anticorrupción. Cualquier signo de tibieza ante la corrupción supone un estímulo para que se mantenga en futuros ciclos históricos.

6) EN LA “SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN” LOS AYUNTAMIENTOS DEBEN ESTAR REPRESENTADOS COMO TALES EN LAS PRINCIPALES INSTANCIAS DEMOCRÁTICAS DEL PAÍS: PARLAMENTO Y SENADO, CON VOZ PROPIA, NO REPRESENTANDO LOS INTERESES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SINO DE LA COMUNIDAD POPULAR.

Los ayuntamientos deben transformarse en organismos representativos de la ciudadanía presentes en las más altas instancias del país. La voz de los municipios debe escucharse directamente en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Sabemos que, después de las autonomías, el segundo gran fracaso del régimen nacido en 1978, han sido los partidos políticos. Nunca, entidades que suscitaron tantas esperanzas en los últimos años del franquismo, decepcionaron tanto a la ciudadanía. El régimen que los grandes partidos, la “banda de los cuatro”, construyeron a partir de la Constitución de 1978, les garantizaba una omnipresencia en la sociedad… al margen de que, pronto, a partir de 1983, el “desencanto” generó una desconfianza creciente hacia ellos. Presentes en las cajas de ahorro, presentes en los medios de comunicación oficiales, inviables por sus propios medios fueron subsidiados y amamantados por el Estado y por la Banca. Todo esto debe concluir.

El régimen nacido en 1978 nunca fue una democracia digna de tal nombre: le corresponde mucho más el calificativo de “partidocracia” (poder omnívoro de los partidos políticos). Ahora es preciso, desandar lo andado y evitar que los partidos que sustituyan a la “banda de los cuatro” tengan las mismas prerrogativas y prebendas. Hay, digámoslo ya, que desarmar a los partidos políticos y evitar por todos los medios que se arroguen una representatividad que ya no les corresponde: habituados a decepcionar a sus electores, a traicionar sistemáticamente a sus programas políticos, a incumplir sus promesas, a hacer y deshacer a su antojo, no representando ya a opciones ideológicas sino a grupos de intereses, a menudo comiendo de la mano de los “señores del dinero” e incapaces de actuar contra ellos, los partidos han sido una de las vergüenzas de la “democracia” española, verdaderas irrisiones, bandas de pobres espabilados y de oportunistas sin escrúpulos, coaligados para saquear el erario público y taparse mutuamente sus corruptelas. En lugar de militantes han tenido “listillos” que aspiraban solamente a hacer grandes negocios a la sombra del poder.

Es preciso vaciar los sillones del parlamento y del senado de estos representantes parasitarios y habitualmente mudos y sentar en ellos a representantes de la sociedad real en función, no de su militancia política, sino del papel que juegan en la sociedad: colegios profesionales, mundo asociativo, mundo del trabajo, gremios, universidades, empresa, investigadores, jóvenes, jubilados, fuerzas armadas, etc. La sociedad real está formada por líderes de opinión de todos estos sectores, que conocen perfectamente sus problemas, saben quién es quién y pueden elegir democráticamente a sus representantes para un parlamento que sea el retrato más real de la sociedad. Los partidos solamente han conseguido representar a caricaturas de la sociedad. Es preciso sentar a representantes de los municipios en el Parlamento de la nación. Bastaría con que los alcaldes de cada provincia eligieran entre ellos a quienes deben representar a los vecinos en el parlamento de la nación y en el senado y que estuvieran en estas instituciones, no como representantes de tal o cual partido, sino de los intereses municipales.

Si alguien nos dijera que esto supone introducir una forma de “corporativismo” en las máximas instituciones representativas, le diremos que sí, que lo es, y añadiremos que es la actitud razonable de quien constata que la partidocracia ha generado corrupción y que, si democracia es un régimen de pesos y contrapesos, los partidos políticos deben tener contrapesos a las tendencias que históricamente les han acompañado siempre en España y que conducen directamente a la “partidocracia”, una de las degeneraciones del sistema democrático. 

La “segunda descentralización” debe situar a los Ayuntamientos por encima de los partidos políticos, como representantes de la “democracia de proximidad”.

*     *     *

Esto es lo que entendemos por “segunda descentralización” y esto es lo que proponemos a la sociedad española y a todos los patriotas en estos momentos en los que el régimen constitucional de 1978 se está deshilachando y es preciso empezar a diseñar otro. Este diseño debe tener como objetivo simultáneo, reforzar la “cúspide” (el Estado) y descentralizar en la “base” (el “poder de proximidad”, en los Municipios).

Esta “segunda descentralización” debe tender a regenerar al Estado y a la Sociedad: al Estado porque está en condiciones de afrontar los riesgos (al disponer de aparato legislativo, fuerzas de seguridad, instituciones representativas, Poder –o al menos una sombra de poder- en definitiva) que acompañan a la globalización, y a la Sociedad porque en su mayoría está formada por “damnificados” de la globalización.

Estos damnificados de la globalización deben encontrar en el patriotismo (el vínculo que une a los ciudadanos a su tierra, les da conciencia de comunidad y les impulsa a la realización de su destino histórico) el elemento común que dé fuerza y vigor a su actitud de resistencia ante el rodillo globalizador, no sólo por ellos, sino por su herencia, por el legado que aspiren a dejar a sus hijos y por fidelidad a una historia, a una tradición, a una tierra y a la una cultura, esto es, a una identidad.

Porque, frente a la uniformización globalizadora hecha en beneficio de una pequeña élite económico–especulativa, el patriotismo social y la identidad es lo que debe dar un denominador común y una conciencia comunitario a los damnificados de la globalización que deben entender que su futuro depende precisamente de su capacidad para preservar su Identidad y sus raíces.

Nunca como hoy patriotismo y políticas sociales tienen necesidad de estar tan hermanadas y de caminar al mismo paso.

Por eso España 2000 os dice:

¡NO HAY MÁS PATRIOTISMO QUE EL PATRIOTISMO SOCIAL!

¡NO HAY POLÍTICAS SOCIALES EFECTIVAS SI NO SE OPONEN A LA GLOBALIZACIÓN!

¡NO HAY MÁS CAMINO QUE UNA SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN:
REFORZAR LA CÚSPIDE DEL ESTADO Y AUMENTAR EL PODER MUNICIPAL!

¡NO HAY MÁS REGENERACIÓN QUE LA QUE SE ALZA SOBRE LA EXIGENCIA DE QUE LA “BANDA DE LOS CUATRO” PAGUE SUS CORRUPTELAS!

II
Por la constitución de un fuerte partido identitario, patriótico y social

Con menos de un centenar de concejales, el movimiento identitario ha estado casi completamente ausente del ciclo histórico que ahora está a punto de cerrarse. Es preciso que esta situación de marginalidad termine de una vez y para siempre. Es preciso que el movimiento identitario se sitúe en la recta de salida junto a otros movimientos políticos de cara a ser uno de los actores esenciales en los escenarios futuros. Es preciso que una dinámica de captación de amplias masas populares, sustituya a los tanteos realizados hasta ahora, a las “pruebas”, a los ensayos y estemos en condiciones de abordar una tarea a nivel nacional que deje atrás confusionismos de otros tiempos, las limitaciones, y las desviaciones impuestas por los que creían que modelos de otros tiempos podían actualizarse.

La historia avanza vertiginosamente y los planteamientos que funcionaron en otras épocas de nuestra historia, por brillantes que fueran, ya no tienen cabida en una situación nacional e internacional, económica y social, completamente diferente. Es preciso abandonar maximalismos y “revolucionaristas” inviables: la inmensa mayoría de nuestro pueblo ni está para situaciones revolucionarias, ni siquiera aceptará por mucho tiempo, la inestabilidad que tenemos ante la vista y que, inevitablemente, se prolongará en los próximos años, especialmente a partir de 2016. Es preciso abandonar las posiciones “románticas e ingenuas” y darse un baño de realismo extremo: fenómenos como la globalización, el Acuerdo General de Aranceles o la Unión Europea, hacen que los márgenes de maniobra de un Estado como el español, periférico en el contexto mundial y europeo, estén muy disminuidos. Sin embargo, todavía pueden obtenerse resultados a condición de ser conscientes de que la acción de un partido patriótico y social en España no puede desvincularse de la de otros partidos similares en Europa que están acariciando las esferas del poder.

En este sentido, cabe decir que es preciso que en España aparezcan fuerzas de resistencia similares a las que han surgido en casi toda Europa y que el futuro del continente depende en gran medida de la acción rectificadora que estos partidos puedan ejercer en las instancias europeas. Así pues, España 2000 se reconoce en los partidos identitarios, patrióticos y sociales, euroescépticos, que en el último decenio han irrumpido por Europa y que, a pesar de sus diferencias, responden a intereses idénticos y a las mismas aspiraciones: reformulación de la UE, revisión del papel del Euro, de la defensa europea, de las políticas de inmigración, de las políticas sociales, defensa de las clases autóctonas más desfavorecida etc.

Auguramos la creación de un gran partido que convierta en acción política las energías del movimiento identitario y del patriotismo social, del que España 2000 será una parte imprescindible.

Consideramos que ya hoy es preciso sentar las bases de ese gran partido, la otra gran tarea en que debería asumir el movimiento identitario y social-patriota tras las elecciones municipales, en el año 2015.

Hacemos, pues, un llamamiento a los distintos sectores que deben de participar en la construcción de esta futura formación:

1) El gran partido identitario y social–patriota solamente sólo puede surgir de la fusión de organizaciones políticas ya existentes, abandonadas las esperanzas de que ninguna de ellas vaya o pueda imponerse sobre las demás; nos referimos a organizaciones que hayan dado muestras de solvencia política, claridad programática, tácticas correctas y que dispongan de una mínima implantación que demuestre que posee arraigo en algunas zonas del país. Ese arraigo, a partir de las elecciones municipales, se podrá comprobar por las zonas en donde se hayan sido elegidos concejales identitarios y social–patriotas.

2) El gran partido identitario y social–patriota deberá realizar un llamamiento a grupos estudiantiles, juveniles y asociaciones culturales, para que aporten su dinamismo, sus cuadros y sus ideas al proyecto común, un proyecto que sin querer rivalizar con ellos en los terrenos juvenil, estudiantil y cultural, debe ofrecer un espacio de actuación política a todos estos sectores cuya contribución es imprescindible para ampliar el proyecto, transmitirlo y traducirlo a los distintos sectores de la sociedad.

3) El gran partido identitario y social–patriota deberá integrar a las Organizaciones de Apoyo a la Población Española y hacer de la ayuda social un eje central de su actividad por todo el tiempo que dure el avance de la pobreza y de la precariedad y las políticas gubernamentales y de las ONGs subvencionadas sigan con su “discriminación positiva” y su apoyo a la inmigración. La “acción social” no puede ser una forma de “filantropía” más propia de sociedades anglosajonas, sino un frente de contacto entre el partido identitario y social–patriota y la población pauperizada, no puede ser un recurso de propaganda sino una ayuda real a las familias necesitadas y abandonadas por una administración pública indigna y miserable que sitúa a los españoles en el mismo nivel que a cualquier recién llegado en busca de sopa boba.

4) El gran partido identitario y social–patriota deberá integrar a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, de las fuerzas armadas, asociaciones de exmilitares y de veteranos, trabajadores de seguridad privada, funcionarios de prisiones y juristas, es decir, a los grupos profesionales que conocen más de cerca la dimensión real del problema generado por el descontrol y el desinterés de los últimos gobiernos por el orden público, la defensa nacional y la seguridad ciudadana y que exigen una acción contundente. Esto solamente será posible si el partido identitario y social–patriota tiene suficiente masa crítica como para convertirse en un polo de atracción y un refugio de las decepciones que estos sectores han sufrido en los últimos veinte años. Una formación de este tipo no debe tener miedo a proclamar que en tiempos de crisis los valores militares son los únicos que puede asumir la sociedad para superar la situación: orden, autoridad, jerarquía, austeridad, capacidad de sacrificio…

5) El gran partido identitario y social–patriota debe de integrar a cyberactivistas, a medios de comunicación digitales, a blogueros, programadores identificados con el patriotismo social, que contribuyan a dar una masiva presencia a nuestras propuestas y objetivos a través de las nuevas tecnologías de la información. La acción que hoy decenas y decenas de personas alarmadas por la deriva que está tomando la política española y que coinciden en la necesidad de renovar el régimen y en la percepción de los problemas y de sus soluciones, están realizando en el ciberespacio debe de coordinarse y traducirse en fuerza política.

Estamos llamando en definitiva a construir una esperanza de futuro y un partido de protesta que agrupe a quienes no se han sentido representados en el ciclo histórico que está concluyendo y quieren que su opinión, sus propuestas, sus necesidades y sus exigencias sean tenidas en cuenta en el ciclo que empieza a despuntar en el horizonte.

Sobre el proceso de construcción de esta opción política hoy solamente es posible apuntar algunas líneas. No podemos definir unilateralmente el proceso, sino que debemos lanzar sugerencias mientras dura el período de preparación de las elecciones municipales, para preparar la negociación cuando esté claro con que sectores políticos y sociales puede contarse de manera efectiva y sea posible cuantificar su importancia y aportaciones.

Por tanto es preciso:

1) presentar el mayor número de candidaturas posibles en las elecciones municipales por parte de todas las organizaciones identitarias, con un programa en común basado en la idea de la “segunda descentralización”.

2) redoblar sus esfuerzos para asumir, interpretar y aportar soluciones a los graves problemas de nuestros ayuntamientos y de buena parte de la población. Después de mayo, y a la vista de los resultados obtenidos por las formaciones identitarias y social–patriotas, habrá que transformar estos avances en columna vertebral del futuro movimiento político.

3) Este gran partido identitario y social–patriota debe estar en condiciones de presentarse a las elecciones generales de 2016 con garantías de obtener resultados apreciables en algunas provincias. Esto se logrará solamente si en las elecciones de mayo se obtiene un crecimiento real en el número de concejalías obtenidas. Esto indicará que, efectivamente, se ha logrado interpretar las necesidades de las clases trabajadores y de los sectores más modestos del país. El número de cargos electos indicará la importancia de la conexión entre las distintas formaciones identitarias y social–patriotas y la población. Sin esta conexión, esto es, sin cargos electos, es imposible pensar en ir mucho más allá, ni juntos, ni separados.

Por todo ello, España 2000 os dice:

1) Nuestro partido se ha presentado durante todos estos años como “casa común” de todos los patriotas. Nuestros locales han estado abiertos a otros grupos, personas y asociaciones, hemos intentado generar dinámicas unitarias allí donde hemos podido y combatido y denunciado el fraccionalismo, la atomización y la dispersión de esfuerzos.

2) Hemos renunciado a presentarnos a elecciones en las que era claro que no íbamos a obtener resultados positivos (en las elecciones europeas) y nuestra presencia solamente habría contribuido a aumentar la confusión y la sopa de siglas y celebramos que otras fuerzas políticas y sociales hayan coincidido con nosotros en esa actitud. Los resultados que otras fuerzas patrióticas obtuvieron entonces, confirma lo justo de nuestro razonamiento.

3) Esta actitud abierta y receptiva de la que han hecho gala los militantes y dirigentes de España 2000 ha generado una red de contactos personales y de redes de colaboración, inorgánicas e informales pero que han ido transmitiendo la sensación de que todos pertenecemos a un mismo “movimiento”, a un movimiento de carácter identitario y social–patriota, aun cuando no estemos orgánicamente dentro de la misma formación.

4) España 2000 se considera, pues, parte de un movimiento más amplio, mucho más amplio. Siempre hemos distinguido entre “partido” y “movimiento”. La novedad es que ahora, las necesidades impuestas por el nuevo marco histórico que se avecina obligan a empezar a pensar en transformar el “movimiento” en alternativa política por encima de sus siglas y de sus fracciones actuales y trate de integrar a los más amplios sectores de la población en vistas –no nos cansaremos de decirlo– a las mutaciones políticas que se aproximan y que se abrirán en los próximos años cuando se consume el hundimiento de la “banda de los cuatro” y el proceso de inestabilidad que seguirá y que debería tener como conclusión la creación de un nuevo marco institucional en el cual debe estar presente el gran partido identitario y social–patriota.

5) Este proceso es viable en la medida en que las distintas formaciones identitarias no superponen sus áreas de influencia y cada una de ellas tiene “enclaves” en los que es hegemónica, facilitando la ausencia de suspicacias. Atrás han quedado los tiempos en los que podían aparecer rivalidades “territoriales” y ahora, después de las elecciones municipales, solamente queda establecer cómo será el proceso de convergencia, un proceso que apremia, porque de no concretarse, el movimiento identitario y social–patriota corre el riesgo de no poder insertarse en el nuevo esquema político que se avecina. Ante esta situación, ya no basta con tener a unas decenas de concejales por toda España, sino que es necesaria la irrupción de un fuerte movimiento político capaz de responder, tanto a situaciones de inestabilidad que indudablemente seguirán, como a las convocatorias electorales que vendrán.

6) Ante las elecciones municipales, España 2000 anima a sus militantes a presentar el mayor número de candidaturas posible, a redoblar sus esfuerzos para asumir, interpretar y aportar soluciones a los graves problemas de nuestros ayuntamientos y de buena parte de la población. Después de mayo, y a la vista de los resultados obtenidos por las formaciones identitarias y social–patriotas, hay que transformar estos avances en columna vertebral del futuro movimiento político.

7) Este gran partido identitario y social–patriota debe estar en condiciones de presentarse a las elecciones generales de 2016 con garantías de obtener resultados apreciables en algunas provincias. Esto se logrará solamente si en las elecciones de mayo se obtiene un crecimiento real en el número de concejalías obtenidas. Esto indicará que, efectivamente, se ha logrado interpretar las necesidades de las clases trabajadores y de los sectores más modestos del país. El número de cargos electos indicará la importancia de la conexión entre las distintas formaciones identitarias y social–patriotas y la población. Sin esta conexión, esto es, sin cargos electos, es imposible pensar en ir mucho más allá, ni juntos, ni separados. De ahí que España 2000 concentre todos sus esfuerzos de aquí a mayo en la consecución de este objetivo y anime  otras formaciones similares a hacer otro tanto.

¡ESPAÑA 2000 AL ASALTO DE LAS CONCEJALÍAS!

¡MOVILIZACIÓN GENERAL MILITANTE ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES!

!POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN GRAN PARTIDO IDENTITARIO Y SOCIAL–PATRIOTA¡

*     *     *

Tales son, en resumen, las orientaciones para el presente curso político:

1) Afrontar las elecciones municipales hasta mayo: unir la vanguardia identitaria y social–patriota a la población damnificada por la crisis económica, la corrupción, la globalización, la inmigración masiva, alarmada por la centrifugación del Estado, la ausencia de autoridad y lo que puede venir después del hundimiento de la “banda de los cuatro”.

2) Abordar una dinámica unitaria junto a otras fuerzas políticas después de mayo: dinámica que lleve a la construcción de un gran partido identitario y social–patriota en condiciones de asumir la protesta nacional que ha estado ausente en el régimen nacido en 1978 y que debe estar presente, como lo está en toda Europa, en la nueva situación política que se avecina.

Nuestros cuadros, militantes y simpatizantes, deben concentrarse en la realización de estos dos objetivos y abandonar cualquier otra actividad que pueda desviar de estas metas.

La Junta Ejecutiva de España 2000 pide tanto a sus militantes como al resto de organizaciones susceptibles de contribuir a la formación de un gran partido identitario y social–patriota que redoblen sus esfuerzos y estén a la altura del momento histórico que se avecina: ¡AHORA O NUNCA!

La Junta Ejecutiva de España 2000

1 de octubre de 2014