Info|Krisis.- La pasividad de Rajoy ante el referéndum soberanista catalán, hace que
lo fíe todo en el recurso ante el Tribunal Constitucional. No hay más
iniciativas, ni plan C (el A era desarmar la ofensiva nacionalista ofreciendo
al big boss Pujol como carnaza ante la opinión pública y el B el citado recurso
a presentar). Más allá de eso, todo será improvisación y negociación. Pero el
problema no terminará ni con la sentencia al recurso ni con una negociación que
generará malestar y crispación en las dos partes. Y es que la Cataluña
autonómica no tiene solución… como tampoco la tiene, por otras razones,
Andalucía. Posiblemente, la solución a ambos problemas consista en situarlos en
el mismo plano y resolverlos, como habría que haberlos resuelto desde hace
años, cuando se tuvo la conciencia clara de que en ambos casos, la corrupción
se había hecho el elemento más característico de ambas autonomías.
Cataluña – Andalucía, amigos para siempre en la corrupción
En Cataluña, la madre de todas
las corrupciones fue Banca Catalana. A partir del momento en el que Pujol
entendió que podía utilizar el sentimentalismo y la emotividad en su defensa y
suscitar manifestaciones populares de amplio seguimiento al grito de “No me atacan a mí, atacan a Cataluña”,
adquirió la conciencia plena de ser el big
boss de la política catalana al que le todo le sería permitido. Unido al
hecho de que las simetrías electorales creadas por la Constitución hacían de
los votos “catalanes” algo imprescindible cuando un partido estatalista quería
gobernar sin mayoría absoluta.
En Andalucía las cosas ocurrieron
de una manera similar a poco de subir Felipe González al poder. Al cabo de 100
días de estrenar poltrona en la Moncloa, González entendió que podía hacer y
deshacer a su antojo. Supo que podía confiscar grupos empresariales y
repartirlos entre los amigos, supo que si los hermanos de Alfonso Guerra habían
salido indemnes de sus trapacerías, aquello mismo podía seguir haciéndose a
gran escala. Y, sobre todo, desde antes de la llegada al poder, la Fundación
Ebert, dependiente de la socialdemocracia alemana, la que inventó y financió al
PSOE a partir del congreso de Sûresnes, le enseñó a González que, en democracia,
todo son cálculos electoralistas, fácilmente previsibles.
Se trata, simplemente, de crear
“clientelas electorales” que supongan verdaderas bolsas de “votos cautivos” en
poder de una sigla. Pase lo que pase, esa bolsa electoral siempre estará
agradecida a quien le ha arrojado alguna migaja (en este caso el PER) y le
deberá, a cambio, fidelidad electoral pase lo que pase. Eso ha sido lo que le
ha permitido al socialismo andaluz mantenerse en el poder desde los orígenes
mismos de la Junta de Andalucía y, por mal que lo hayan hecho, por escándalos
que se hayan acumulado, nunca jamás, el PP, ni partido alguno, ha podido
constituir una alternativa real de sustitución.
En Cataluña las cosas se han
hecho siguiendo una técnica más depurada. Desde que Pujol asumió la presidencia
de la Generalitat se ha tratado de “catalanizar el país” partiendo de la base
de que así se lograría que el electorado votaría solamente a opciones
nacionalistas. La catalanización, seamos claros, ha hecho que en una comunidad
en la que existían dos identidades (la que se expresaba en catalán y la que se
expresaba en español), una de ellas haya impedido a la otra mostrar su
personalidad. O dicho de otra manera: ha sido asfixiada.
La política es así: unos buscan
clientelas electorales pervirtiendo el concepto de democracia electoral y de
mayoría, y otros lo buscan adulterando y retorciendo los signos de identidad de
una comunidad.
Parece que nada de esto es ilegal,
amoral o inmoral sí, ilegal no. Sin embargo, lo que une en santa hermandad a
Cataluña y Andalucía no es esto, sino el que en ambas comunidades se alcanzó
las más altas cotas de corrupción que se hayan visto en gobierno alguno
civilizado. Sí, porque Cataluña y Andalucía están hermanadas, no solamente en
que sus “regímenes” inamovibles se prolongan durante más de treinta años, sino
porque sus clases políticas regionales están compuestas por verdaderos
cleptomaniacos.
Seamos claros: desde el punto de
vista electoral, ya se ha demostrado que es inviable desplazar tanto a la
cleptocracia andaluza como a la cleptocracia nacionalista catalana. La adulteración de la historia, junto al
clientelismo andaluz y al culturalismo de guante blanco catalán, han eternizado
en el poder autonómico a unos partidos cuyo balance final es ampliamente
negativo: tasas de paro y de paro juvenil más altas de toda España, tasas de
inmigración, especialmente islamista, por encima de la media, fracaso escolar,
desindustrialización, sectores cada vez más amplios de la población próximos al
umbral de la pobreza o debajo del mismo, desaparición acelerada de la clase
media y decisiones caciquiles de sus gobiernos autonómicos (que no por aparecer
en toda la España de las autonomías son menos evidentes en estas dos
comunidades).
La suspensión temporal de los Estatutos de Andalucía y Cataluña, única
solución
Esa imposibilidad fáctica de que
tales gobiernos sean desalojados mediante el recurso electoral (cuando en 2003
los socialistas vencieron en Cataluña, formaron un tripartido que intentó –y
consiguió- desbordar al nacionalismo de CiU mediante la impulsión de un
nacionalismo aún más ciego y fanatizado), hizo que en ambas comunidades
arraigaran niveles de corrupción intolerables que, para colmo, estaban
amparados por la sensación de impunidad que les daba el saberse inamovibles.
Y lo que es peor: en situaciones
así, resulta imposible atajar esa corrupción porque es amparada, protegida y
estimulada desde el poder autonómico. Así, por ejemplo, en Cataluña se llegó a
crear una “Oficina Antifraude” para evitar que cualquier fraude procedente del
nacionalismo fuera perseguido. Mientras, en Andalucía, el régimen de
aforamientos impedía que las investigaciones policiales pudieran avanzar con
soltura.
Así pues, lo que tenemos en
Cataluña y en Andalucía son dos regímenes autonómicos, encarrilados por el vial
de la corrupción y a los que resulta imposible detener por vías judiciales
“normales”. Pero hay, por supuesto, vías de excepción.
Corresponde a los juristas
constitucionalistas explicar en base a qué artículos de la constitución, un
régimen autonómico que no alcanza a realizar sus fines puede ser suspendido
temporalmente para facilitar una auditoría y una investigación en profundidad
sobre su gestión. Incluso los grandes establecimientos comerciales cierran una
vez al año “por inventario”, pues bien, más que inventario es de balance de lo
que hay que hablar y, sobre todo, establecer en base al derecho, si ha existido
una gestión responsable o fraudulenta de los recursos en manos de estas
autonomías.
A fin de cuentas, democracia no
es votar, sino instalar a gobiernos eficientes, honestos y responsables en el
poder. Y los gobiernos autonómicos catalán y andaluz han sido cualquier cosa
menos eficientes, honestos y responsables.
Una investigación en profundidad
no puede ser realizada mientras estos mismos gobiernos sigan teniendo en sus
manos los recursos del poder, pudiendo cerrar y obstruir las investigaciones,
coaccionar o sobornar a testigos, destruir pruebas, mentir en los medios.
Cataluña y Andalucía lo demuestran tan a las claras que no parece necesario
insistir sobre ese punto. Si se quiere “limpiar” las corruptelas, hay que
desarmar a los corruptos. Y en la medida en que los corruptos utilizan los
estatutos de autonomía como trinchera y
excusa para justificar sus exacciones, existe una incompatibilidad entre la
buena marcha de una investigación sobre los regímenes autonómicos y el
ejercicio de los mismos. Una suspensión temporal sería lo único que rompería
esta dinámica infernal. No hay otra.
La ausencia de Poder y Autoridad en la España de 2014
¿Quién pone el cascabel al gato?
En España hay “gobierno”, lo que no hay es “poder”. Se ha llegado a esto
gracias a los excesos identitarios traídos por las autonomías que han
debilitado al Estado hasta dejarlo exangüe y sin funciones. A lo que se ha
unido que la clase política (de derechas y de izquierdas) carece ya de “estadistas”
dignos de tal nombre y en el mejor de los casos estamos ante gestores
temporales de la cosa pública a los que ni siquiera se les exige eficiencia, ni
capacitación.
Así pues no somos muy optimistas
respecto a que ni PP ni PSOE pacten una mayoría para aprobar la suspensión de
tales autonomías. En el caso del PSOE, porque en Cataluña fue algo y todavía no
se ha dado cuenta de que hoy ya es un grupúsculo sin futuro, y en Andalucía
porque el “régimen” está en sus manos y no están dispuestos a renunciar a la
tarta.
En cuanto al PP, tampoco tiene
mucho interés en llegar al fondo de la cuestión y resolver el problema de una
vez por todas: después de Cataluña y Andalucía, sería lógico que en Galicia o
en Castilla-León se produjeran suspensiones de este tipo para poner las cosas
en orden (que distan mucho de estarlo). Y otro tanto ocurriría con el resto de
autonomías. Sin olvidar que tanto el Estado como los Ayuntamientos se producen
procesos similares. No olvidemos, y es importante, que el régimen nacido en
1978 pasará a la Historia con mayúscula, como caracterizado especialmente por
la corrupción (como el caciquismo caracterizó a la Restauración…).
No podemos, pues, por menos que
ser pesimistas. Resumimos:
1) La solución al problema
soberanista no es el recurso de inconstitucionalidad.
2) El actual proceso soberanista
se cerrará en falso, ocasionando malestar por ambas partes.
3) Ese malestar será permanente y
volverá a reproducirse cuando cambie el gobierno de la nación.
4) La única solución al problema
es hermanar Cataluña con Andalucía, suspendiendo ambos estatutos de Autonomía y
realizando una depuración de responsabilidades penales por la gestión de los
gobiernos autonómicos.
5) Esta suspensión haría que se resetearan las situaciones políticas en
ambas comunidades generándose nuevos equilibrios de fuerzas y generando un
marco adecuado para modificaciones de los regímenes autonómicos que evitaran
situaciones similares en el futuro.
6) Si no se opera tal suspensión,
los procesos centrífugos en Cataluña y la corrupción inamovible en Andalucía
persistirán por tiempo indefinido, sumiendo a todo el país en una situación
insostenible e inviable para el Estado y para la Sociedad.
7) Todo induce a pensar que la
suspensión temporal de los Estatutos de Autonomía es una solución lógica… pero
inaplicable. Con lo que quedaría sólo esperar que aparecieran nuevas fuerzas
políticas que modifiquen profundamente el panorama político español.
8) Pero en el panorama político
español no aparece ninguna fuerza política interesada en asumir la idea de
Estado, reivindicar la soberanía, la fuerza y el poder del Estado contra la
centrifugación y la corrupción.
De todo lo cual se deduce que… no
hay salida. Así que se trata sólo de ser realistas reconocer y asumir que la
situación actual tiene mala salida y que en el momento actual, cualquier salida
que pueda aplicar el PP, es una salida en falso y el prolongar la larga agonía
de los problemas.
© Ernesto Milà
