Info|krisis.- En la última semana, la prohibición para repartir alimentos “sólo para
españoles” en la localidad valenciana de Xirivella (reparto que, finalmente, se realizó y en el que se beneficiaron cien familias españolas) y el acoso al que se ha
visto sometido el Hogar Social Patriota Ramiro Ledesma en Madrid, indican la
intolerancia del Partido Popular por un lado y de la extrema-izquierda por otro
y su decidida intención de hostigar todo aquello que pueda suponer concienciar
a la población de uno de los grandes problemas del momento: la extensión de la
pobreza en nuestro país y la necesidad de iniciativas para defender a la
población de origen español, abandonada por la “discriminación positiva” del PP
y por la “xenofilia” de la extrema-izquierda.
¿Hasta qué punto un Ayuntamiento
puede impedir una distribución de alimentos gratuitos? Es simple: basta con que
el alcalde sea del PP para que se sienta obligado a emular a Manuel Fraga Iribarne
cuando dijo aquello de “la calle es mía”
(y no tolero que nadie me haga competencia en el dominio de la calle) y aquello
otro de “sin enemigos a mi derecha”
(es decir, que todo lo que aparece “a la derecha del PP” no debe tener el
derecho de expresarse, ni de figurar políticamente). Esto es lo que ha hecho el
alcalde del PP, como antes lo hizo en la capital valenciana la propia Rita
Barberá y como suelen hacer otros alcaldes peperos en la Comunidad Valenciana.
Mientras el alcalde sea el “dueño
de la calle” y sólo aplique este sentido de propiedad a asfixiar a los que
realizan tareas humanitarias que no implican ninguna carga para el
Ayuntamiento, y mientras no se dedique con todas sus energías a utilizar sus
recursos para combatir a una delincuencia atraída por el “efecto llamada para
delincuentes” que se ha dado en nuestro país (y en todos los municipios) desde
tiempos de Aznar, ni la sociedad irá bien, ni la vida ciudadana restablecerá su
normalidad. Porque lo que están haciendo los grupos que reparten “alimentos para españoles”, no es
solamente realizar una necesaria tarea humanitaria que nadie está realizando,
sino porque están contribuyendo a denunciar una situación de la que la clase
política –“la casta”- es culpable.
Es significativa la complicidad
del resto de fuerzas políticas en la prohibición para repartir alimentos
gratuitos para españoles en la Comunidad Valenciana. Ni el Partido Socialista
“Obrero”, ni la “izquierda plural”, ni “Compromís”, ni UPyD, ni fuerza política
alguna, levantaron su voz para recordar que hay un 25% de los ciudadanos
nacidos en España que están próximos al umbral de la pobreza. Y si callan es
porque todos ellos son responsables de lo que está ocurriendo y tienen
conciencia de que si esta verdad se conoce en la calle, en poco tiempo pueden
perder buena parte de su intención de voto, lo único que, a fin de cuentas, les
interesa.
Ahora bien, en Madrid ha ocurrido
otro episodio igualmente significativo. No era la primera vez que en España, en
la estela de la Casa Pound italiana, se ha ocupado un edificio por jóvenes
vinculados a grupos patrióticos, la novedad estriba en que no se ha tratado de
una ocupación efímera, rápidamente resuelta por la policía, sino que los
ocupantes lo han hecho con voluntad de permanencia. La reacción ha
correspondido esta vez, no al ayuntamiento, ni al gobierno autonómico, sino a
la extrema-izquierda que, rabiosa, se ha lanzado contra el “racismo en el
barrio” (como si aludir a “españoles” en lugar de a “multiculturalidad” fuera
una expresión de “racismo y xenofobia”). También aquí el PP ha puesto su
granito de arena en forma de absentismo policial. Una vez convocada la
manifestación de la extrema-izquierda contra el Hogar Social Patriota Ramiro
Ledesma, la policía –bajo control político del PP, no se olvide nunca- se ha
inhibido, dejando las manos libres para la agresividad de la extrema-izquierda.
No es la primera vez que esto
ocurre. Ya en Barcelona en 2003 se percibió que la policía autonómica hacía
oídos sordos a la denuncia de un partido de carácter patriótico que había
abierto una sede en el barrio de Pueblo Seco (que entonces empezaba a tener una
abrumadora presencia de inmigrantes) ante la proximidad de una manifestación
izquierdista. Cuando se produjeron los reiterados intentos de asalto en el mes
de julio de 2003, los “mozos de escuadra” se limitaron a filmar los incidentes
desde la esquina. Poco después, frente al restaurante La Font del Bosc, en el curso de una cena organizada por este mismo
partido, quien esto escribe localizó un vehículo en el interior del cual un
individuo estaba filmando a los que entraban. Al día siguiente, pude enterarme
de que la matrícula correspondía a un vehículo propiedad de una compañía que
habitualmente los alquilaba a los Mossos
d’Esquadra… Entonces también gobernaba el PP en el Estado y también
gobernaba CiU en Cataluña.
Y es que la derecha, la derecha
españolista o la derecha catalana, se toma a la policía como una especie de
instrumento propio al servicio de sus intereses políticos y que puede ser
apuntada a voluntad contra sectores disidentes. Este absentismo policial
formaba entonces y sigue formando ahora, una pinza con la extrema-izquierda,
mano de obra barata para bloquear el ascenso de grupos patrióticos,
alternativos y disidentes. Así que no estamos ante un fenómeno nuevo, sino ante
algo que se ha producido antes y que seguramente veremos reproducirse con
frecuencia a partir de ahora.
Una vista del reparto de alimentos para Españoles en Xirivella
La diferencia estriba en que
antes el sistema gozaba de buena salud. Hoy, en cambio, es un montón de ruinas
decrépitas que puede derrumbarse ante cualquier pequeño impulso. Por tanto, es
previsible que este tipo de presión aumente en los años venideros. Lo que
obliga, necesariamente, a tomar medidas y a actuar según el “principio de
precaución” por parte de los patriotas decididos a emprender el camino de la
“ayuda social patriota” o de constituir “organizaciones de apoyo a la población
española”.
En primer lugar, es preciso
organizar la autodefensa ante la agresividad de la extrema-izquierda, de las
bandas latinas y de las bandas llegadas con el “efecto llamada para
delincuentes”. La idea de “defensas cívicas” debe completar a la de
“organizaciones de apoyo a la población española”.
Ahora bien, “la basura la retiran
los basureros”, lo que traducido quiere decir que cualquier situación de
alteración del orden público tiene que ser resuelta por los organismos
constituidos por la sociedad para ello. Dicho de otra manera: a la
extrema-izquierda agresiva e intolerante, en tanto que vulnera la ley y se
convierte en un obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión, debe
combatirla la policía y si la policía no lo hace –y es previsible que no lo
haga en las actuales circunstancias- ¡hay
que obligarle a ello! Se trata pues
de filmar los incidentes que se produzcan, evidenciando el absentismo policial
y presentar denuncias ante el Juzgado de Guardia contra los mandos policiales
que ordenan no intervenir ante este tipo de incidentes, contra el delegado del
gobierno y contra el Ministerio del Interior. Antes o después se producirá
alguna sentencia favorable que establecerá responsabilidades.
Lo importante es tener clara una
cosa: la extrema-izquierda no es el “enemigo principal” de los hogares
social-patriotas, ni se pueda caer en una especie de guerra de bandas que absorba
todos los esfuerzos y haga imposible cualquier otra actividad que no sea la de
responder a sus provocaciones y el estar en guardia ante su agresividad
compulsiva y propia de psiquiatras. La
tarea de los hogares social-patriotas y para lo que han sido creados, es la
ayuda social a la población de origen español. Las calles las limpian los
basureros. No es nuestra tarea. Lo que se trata es de obligar a la policía a
que haga su trabajo.
La actitud de los alcaldes del PP
es más inteligente porque implica menos desgaste en el orden público. Entre las
atribuciones del alcalde, efectivamente, está el prohibir los actos que puedan
generar desórdenes públicos o vulnerar la ley. Así pues, siempre que se les
notifique que se va a producir uno de estos repartos, se producirá la
prohibición automática. Ahora bien, esta actitud también tiene un alto coste
político para quien la protagoniza: porque si se difunde entre la población que
el ayuntamiento está PROHIBIENDO el que se repartan alimentos gratuitos entre
ciudadanos solamente porque están destinados a NACIDOS EN ESPAÑA, la reacción
puede ser de incomprensión primero, hostilidad después y desprecio finalmente.
Sobre todo cuando los ayuntamientos gastan cantidades desproporcionadas de
dinero en las más atrabiliarias subvenciones a los más increíbles proyectos que
no tienen nada que ver con el bienestar al ciudadano, mientras presionan
mediante multas y aumentos en los impuestos municipales a la población.
Recordarlo: el actual sistema de
partidos español pende de un hilo, se están produciendo corrimientos de fuerzas
y cualquier pequeña campaña puede generar el que un partido hasta ese momento
mayoritario en un municipio, quede en las siguientes elecciones convertido en
partido marginal.
Así pues, cuando un ayuntamiento
prohíbe la distribución gratuita de alimentos, hay que responderle de dos
maneras:
1) manteniendo el reparto de
alimentos pero dentro de las sedes de las “organizaciones de apoyo a la población
española” (OAPEs) y
2) denunciando mediante panfletos,
carteles, charlas y notas a los medios, la actitud irracional de los
ayuntamientos y su odio instintivo hacia quieres solamente proponen distribuir
ayuda humanitaria entre españoles.
A la vista de que los repartos de
alimentos tendrán lugar dentro de los locales, no hay excusa jurídica
suficiente para prohibirlos. Como cualquier local, el derecho de admisión está
garantizado.
¡Hay que conseguir que cualquier prohibición de este tipo se convierta
en un descrédito para quien la dicta! ¡Cada prohibición debe convertirse en un
arma arrojadiza contra quienes la provocan! Y esto solamente se puede conseguir
difundiendo masivamente, por todos los medios a nuestro alcance, el hecho entre
la población.
Los ayuntamientos peperos se
tienen que habituar a ver que hay
organizaciones patrióticas que hacen en la calle lo que ellos no están
dispuestos a hacer desde sus poltronas. El caso de los ayuntamientos de
Valencia, Xirivella u Onda, de Silla o de Alcalá en los que hemos podido
asistir a prohibiciones de este tipo contra iniciativas de las OAPEs vinculadas
a España 2000 demuestra que la población ya no acepta fácilmente estas
cacicadas municipales realizadas con la excusa de “xenofobia y racismo” y que
ayuntamientos gobernados despóticamente que dilapidan mensualmente miles y
miles de euros carecen de DERECHO MORAL para realizar este tipo de actuaciones.
Se trata de intercambiar
experiencias entre OAPEs, extraer de ellas lecciones para afinar estrategias y
tácticas, pero sobre todo es preciso entender algo que nuestros adversarios
peperos o izquierdistas nos han recordado: que, a fin de cuentas, la ayuda social no es más que una parte
de la lucha política y que para que la ayuda social termine generando frutos,
es preciso que exista un fuerte movimiento político identitario, presente en
las instituciones. Se quiera o no se quiera, la “acción social” de las
OAPEs no puede ser a la larga más que una parte de una lucha mucho más amplio
de respuesta política contra la corrupción y contra la crisis, contra la casta
y contra la inmigración masiva, contra las instituciones degeneradas y
burocratizadas y contra la falta de perspectivas y de futuro para nuestro
pueblo y especialmente para nuestra juventud.
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