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sábado, 4 de abril de 2026

45º Aniversario del 23–F, fallecimiento del Tte.Cnel. Tejero y desclasificación de documentos (1ª parte) - EL PAPEL DEL REY

El 23–F de 1981, la constitución española ya había sido aprobada 2 años, 10 meses y 8 días antes. Era obligación de todos los funcionarios del Estado, incluidos los militares, no solo acatarla, sino también conocerla.

Vale la pena recordar que lejos de ser una constitución monárquica, el texto aprobado en referéndum, más bien parece el de una, paradójica, “república coronada”. Las funciones del presidente del Estado Italiano, por ejemplo, son mucho más amplias que las del Rey constitucional. De hecho, en el actual ordenamiento constitucional, todas las “prerrogativas” reales tienen algún tipo de limitación o resultan francamente ambiguas. Véase el artículo 56 y 62: El Rey firma, sí o sí, las leyes… aprobadas por las Cortes; no se prevé que puede ocurrir si no firma. También convoca elecciones y referéndums en los términos previstos en la Constitución y propone candidato a Presidente del Gobierno, pero, al no depender de él la potestad de disolver las cortes por iniciativa propia, está sometido al dictado de las urnas. Ostenta la “jefatura militar” de las Fuerzas Armadas, título honorífico porque, en realidad, la política de defensa la dirige el Gobierno. Y otro tanto ocurre en sus funciones como representación internacional, cuyas pautas están dictadas por el ministerio de exteriores. En cuanto acreditar a los embajadores españoles, estos son elegidos por Exteriores, no quedándole al Rey otro remedio más que aceptarlos. E, incluso en la declaración de “la guerra y hacer la paz”, se hace según dictan las Cortes Generales. Todas las funciones Institucionales y de Justicia dependen del gobierno de turno, incluidos el “derecho de gracia”, “expedir los decretos”. “conferir empleos civiles y militares”, incluidos honores y condecoraciones, ejercer indultos, etc, siempre a propuesta del ministerio correspondiente.

En otras palabras, tenemos una monarquía huérfana de funciones. Constitucionalmente, en su Artículo 56, dentro del Título II, apenas es “símbolo de su unidad y permanencia”. El resto de funciones (las de “árbitro y moderador” y las funciones de representación internacional”) deben ser refrendos por el Presidente del Gobierno o los Ministros para tener validez. El premio de consolación es que su “figura es inviolable”… mientras es Rey.

Dicho de manera más clara y menos retórica: Si el Rey quiere seguir siendo el Rey, debe de cumplir estrictamente lo que dicta la constitución. Firmar todo lo que el gobierno pone bajo su real nariz a sabiendas de que, en el momento, en el que haga lo contrario, abrirá la carrera al referéndum sobre “monarquía o república”. Su presencia es meramente protocolaria y se ha dado el caso de ausencias del Rey Juan Carlos I cuando las leyes y los decretos eran firmados… por un plotter.

Con todo esto queremos decir que los militares debían conocer la nueva constitución y sabían, por tanto, que, según el marco legal, el apoyo del Rey era totalmente irrelevante para cualquier proyecto golpista. Por tanto, la polémica sobre el papel de Juan Carlos I el 23–F es completamente irrelevante. Simplemente no podía ponerse del lado de los golpistas, sino hacer todo lo que el gobierno (en aquel momento, secuestrado en el parlamento) o bien, en su defecto, el “gobierno provisional” (Comisión Permanente de Secretarios de Estado y Subsecretarios), reunida por Francisco Laína, entonces Director de la Seguridad del Estado. Constitucionalmente, el Rey solamente podía decir lo que este “gobierno provisional” le pidiera que dijera.

En aquel momento el “guardián de la monarquía” teniente general del Ejército de Tierra, Sabino Fernández de Campos, jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. Conocía muy bien la constitución y las atribuciones reales. Bastante mejor que Tejero o Milans, que seguían considerando a Juan Carlos I como el “heredero de Franco” y, por tanto, el que más obligación tenía de respetar su legado. Además, habían olvidado que España, contrariamente a lo que ellos pensaban era una “república coronada” sin que el monarca tuviera ningún poder real y efectivo sobre institución alguna, incluidas las Fuerzas Armadas.

Cuando se hizo público que el sanchismo iba a publicar “papeles reservados” sobre el 23–F, muchos observadores pensaron que se trataba de un nuevo torpedo lanzado contra la monarquía, cuando en realidad, era todo lo contrario, como ya hemos mencionado: una declaración de paz con la institución, a la que Sánchez había exigido mucho en los últimos meses. No es que Juan Carlos I hubiera actuado de mala fe hacia unos o hacia otros el 23–F: era que su opinión era completamente irrelevante desde el punto de vista constitucional. Juan Carlos I actuó de la única manera que podía hacerlo, tal como le indicó el “gobierno provisional” encabezado por Laína.

El resultado del 23–F fue una inmerecida exaltación de la figura del monarca. Bruscamente, el Rey que, hasta ese momento había sido objeto de todas las chanzas inimaginables por parte de la izquierda (“Juan Carlos I el breve” se le solía apostrofar), se convirtió en el “impulsor del cambio”, en el “hombre cuya serenidad desactivó el golpe”, en el personaje que requería la situación y que había salvado a España… No solo la democracia se asentó definitivamente, sino que la monarquía (en realidad, una república coronada) fue aceptada por la sociedad española y se despojó del sambenito de ser considerada como una “herencia” del franquismo.

TRAS EL FRACASO DEL GOLPE

Lo esencial del 23–F –y el efecto que se esperaba– no sucedió ese día, sino dos días después con la gigantesca manifestación en la que se vio a Fraga, Suárez, González, Carrillo, Camacho, todos juntos en unión portando la pancarta que certificaba que el Estado había sobrevivido al golpismo, a la crisis económica e incluso a sí mismo. ¡Por fin una manifestación que pudiera competir con las que las que la extrema-derecha había organizado en los tres años anteriores! La democracia estaba definitivamente estabilizada, quedaba sólo para certificar la “normalidad” el que los socialistas llegaran al poder. Lo hicieron poco después y a ellos les correspondió acometer el resto de reajustes que nos homologarían junto a cualquier otro país de Europa Occidental: reajuste económico, integración en la OTAN y luego en la Unión Europea, etapas que el PSOE cumplió sin decepcionar expectativas depositas en él.

Los “golpistas” habían salido de sus madrigueras y habían sido cazados. Recibirían castigos ejemplares y pasarían años de cárcel, perderían sus carreras y serían arrojados al Tártaro por siempre jamás… Antonio Tejero pasó un total de 15 años y 9 meses en prisión por el asalto al Congreso del 23–F. Obtuvo el tercer grado en septiembre de 1993 y salió en libertad condicional el 3 de diciembre de 1996. Fue el último de los procesados por el 23–F en ser liberado. Antes, había pasado siete meses en prisión anteriormente (entre 1978 y 1979) por su implicación en la Operación Galaxia. El general Jaime Milans del Bosch pasó un total de 9 años y 127 días en prisión. Salió en libertad condicional el 1 de julio de 1990, tras haber cumplido una cuarta parte de su condena (atendiendo a beneficios penitenciarios y su edad, ya que entonces tenía 75 años). Nunca solicitó el indulto ni se retractó de sus acciones. Falleció en Madrid en 1997. El general Alfonso Armada pasó un total de 7 años y 10 meses en prisión por su responsabilidad en el golpe de Estado del 23–F. Condenado a seis años de prisión en 1982, el Tribunal Supremo elevó su pena en casación a la máxima de 30 años de reclusión por el delito de rebelión militar. El Gobierno de Felipe González le concedió el indulto por razones de salud (sufría una dolencia cardíaca) y tras haber acatado la Constitución. Salió en libertad el 23 de diciembre de 1988 y falleció el 1 de diciembre de 2013 a los 93 años de edad. Finalmente, el coronel José Ignacio San Martín López pasó un total de 5 años y 4 meses en prisión. Inicialmente condenado a 10 años de reclusión por un delito de rebelión militar que el Tribunal Supremo elevó posteriormente salió en libertad definitiva el 27 de junio de 1986. Falleció en Madrid en junio de 2004 a los 79 años.

A partir del 23–F ningún golpe de Estado era ya posible en España. Tal era el resultado de la que hemos llamado “la quinta red”: el CESID y su “no golpe para hacer imposible todos los golpes”.

Yo mismo lo comprobé cuando se cumplí el primer aniversario del 23–F. Había regresado de Iberoamérica y todavía me encontraba en clandestinidad. Había vuelto con la intención de comprobar si había quedado algo en pie de aquellas tramas (que, por entonces, veía todavía de manera confusa). Quedaban rescoldos, sin embargo, algunos militares seguían conspirando y pude comprobar que disponían de algunos fondos. En esos mismos días, los restos del Frente de la Juventud recibieron de esos medios una cantidad que, no estoy muy seguro, de si fueron 100 o 200.000 pesetas para que sus militantes organizaron algo de “ruido” ante el parlamento al cumplirse el primer aniversario.

Y era raro que subsistieran tales rescoldos, porque se trataba de oficiales que, como decíamos antes, “habían salido de la madriguera” el 23–F (especialmente en el Gobierno Militar de Madrid que estuvo “sublevado” durante unas horas el 23–F y a los que se menciona con nombres y apellidos en uno de los documentos desclasificados fechado el 14 de abril de 1981). Incluso seguían manteniendo contactos con medios “porosos” de extrema–derecha, sin ningún tipo de medidas de seguridad. Uno de estos oficiales, muy conocido por lo demás, con el que me encontré entonces y que luego resultó asesinado por ETA, me propuso reunirnos en su domicilio particular, aun sabiendo que yo seguía en busca y captura y él debía estar, necesariamente vigilado. Al cabo de tres días volví a Iberoamérica y fue en el siguiente viaje de regreso, en septiembre de 1983 cuando, a poco de llegar al aeropuerto del Prat, leí en el ya desaparecido Noticiero Universal, el titular destacado: “Ante la previsible victoria socialista, ruido de sables”…

El artículo aludía a la llamada “Operación Cervantes”, protagonizada por los hermanos Jesús y José Enrique Crespo Cuspinera (coronel de artillería y teniente coronel de infantería, respectivamente), junto al coronel Luis Muñoz Gutiérrez, proyecto golpista que debía ejecutarse el 27 de octubre de 1982, planeado para vísperas de las elecciones generales que dieron la victoria al PSOE. En el domicilio de José Enrique Crespo Cuspinera se halló un maletín con más de 500 folios que detallaban minuciosamente el despliegue militar y los objetivos de la insurrección. Los tres militares fueron detenidos el 2 de octubre de 1982, apenas tres semanas antes de las elecciones. En 1984, un consejo de guerra los condenó a 12 años y un día de prisión por un delito de conspiración para la rebelión. Jesús Crespo Cuspinera falleció poco después, en marzo de 1986, mientras cumplía condena. Su hermano obtuvo la libertad provisional en diciembre de 1986.

Según la versión oficial, la intentona golpista fue descubierta por las frecuentes visitas que realizaba el coronel Luis Muñoz Gutiérrez, a los condenados del 23–F, lo que, entre otros muchos datos, informaciones y delaciones, permitió a los servicios de inteligencia detectar la nueva trama en la que participaban estos oficiales. Me consta, por ejemplo, que la trama era conocida desde el principio gracias a las escuchas que instalaron los servicios de seguridad del Estado en una sastrería sita en un pasaje del centro histórico de Madrid, propiedad de un antiguo miembro de Fuerza Nueva. Los conspiradores habían llegado a distribuir “alcaldías” y “gobiernos civiles” a miembros de la extrema–derecha. Hubieran podido ser desarticulados en cualquier momento, pero el gobierno de la época, presidido por Lepoldo Calvo Sotelo, decidió jugar una última carta para evitar su derrota. El titular del Noticiero Universal lo resumía a las claras y venía a decir: “si ganan los socialistas, el ejército no se conformará y golpeará de nuevo, la Operación Cervantes es la prueba”, con su conclusión implícita: “si queréis que la democracia siga, debéis votar a UCD”. Para recurrir a este “relato” fue por lo que no todas las ramas del 23–F fueron podadas. El golpismo había dejado de ser un peligro para la democracia y se había convertido en un peligro solo para los propios golpistas…

Para colmo, la operación del 23–F tuvo un corolario final: demostrar que los “golpistas” suponían una exigua minoría en la sociedad española. Para eso era preciso cuantificarlos. Y para ello se improvisó un partido político, en un momento en el que existía una miríada de partido de extrema–derecha. Recuerdo que a finales de septiembre de 1982 me encontraba todavía en Bolivia.

En la oficina de prensa de la Presidencia del Gobierno, uno de los télex empezó a tabletear una noticia procedente de España: eran las candidaturas que se presentaban a las elecciones del 28 de octubre. Me sorprendió que la candidatura de Unión Nacional (Fuerza Nueva + Falange) no se volviera a presentar unida, sino que cada grupo lo hizo por su cuenta. Además se presentaban otras candidaturas falangistas, la Falange Española Independiente, la Falange Asturiana, la Candidatura de Unidad Falangista, el Movimiento Católico Español, el Partido Proverista, y una sigla nueva y desconocida: “Solidaridad Española”. Luego supe que era la candidatura constituida en torno a Ángel López–Montero Juárez, abogado de Tejero. Su idea era que su defendido se beneficiara de la inmunidad propia a los diputados… Tejero accedió a encabezar la candidatura, sin calcular que su candidatura no solo no alcanzaría los mínimos para obtener un acta de diputado, sino que, además, dispersaría aún más el voto de extrema–derecha, como así ocurrió: no solo fue una mala idea, sino la peor defensa posible, confirmó que las 32 candidaturas que lograron presentar, apenas obtuvieron 28.451 votos, el 0’14%. Esta “hábil maniobra” sirvió solamente para demostrar el casi inexistente apoyo al “golpismo”, tal como establecieron los medios de comunicación.

*      *      *

A nadie se le escapa que estas notas rápidas sobre el 23–F tienen “huecos”. No practicamos el “periodismo de investigación”, ni estamos para filtrar datos que no hayamos conocido directamente o a través de medios de comunicación convencionales que hayamos podido confirmar. Estas notas han sido dictadas por un doble imperativo: el aniversario del 23–F y, de manera muy preferente, recordar a la figura del Teniente Coronel Tejero cuyo patriotismo, tan sincero como absoluto e ingenuo, le colocó en un papel de protagonismo que él nunca buscó ni hubiera deseado. No supo ver la diferencia entre "PREPARAR" la toma del Congreso y "REALIZAR ÉL MISMO", esa acción. Otro tanto le ocurrió a Miláns del Bosch y a quienes dieron el paso al frente: fueron fieles a la palabra dada. Pero, precisamente por eso fracasó el 23-F y eso, por sí mismo, explica el porqué otros altos mandos comprometidos entendieran que lo que veían sus ojos a las 6:22 del 23-N y el "se sienten coño", no era lo que esperaban ver. 

La vida de Tejero fue un “permanente acto de servicio” a la idea que se hizo de España. Obviamente, se equivocó, pero, nadie le podrá reprochar que, él y los suyos, tuvieron el valor suficiente para actuar. Descanse en paz.

Jueves, 2 de abril de 2026 (último día de Cuaresma)

 

  









45º Aniversario del 23–F, fallecimiento del Tte.Cnel. Tejero y desclasificación de documentos (2ª parte) LAS CUATRO REDES GOLPISTAS. CUATRO GOLPES DENTRO DEL GOLPE

Antes del 23–F, el Estado era una entelequia que crujía por todas partes y amenazaba hundirse: ETA(p–m) mantenía secuestrados a cuatro cónsules, la policía le había aplicado un tratamiento excesivamente duro al etarra Arregui que pagó sus crímenes muriendo a su vez. El ingeniero Ryan acababa de ser asesinado. por ETA Un día sí y otro también estallaban bombas en Lemóniz y aledaños. La UCD se empezaba desmigajar y ni siquiera había sido capaz de celebrar su congreso en Baleares a causa de una huelga. Suárez vivía su declive y cada una de sus componentes de su partido, se situaba en las mejores posiciones de cara a un futuro que todos advertían que ya no tendría nada que ver con el centrismo de estricta observancia de UCD. Las huelgas sacudían a todo el país ante la desesperación patronal; y el Rey, al que buena parte de la sociedad seguía sin tomarse en serio, acababa de ser abucheado en el Parlamento Vasco. Cada día ocurría algún incidente, algún atentado mayor o menor, que apenas servía para ocultar la catastrófica situación económica con una inflación que llegó al ¡30% mensual! (cuando hoy nos parece dramático el que ascienda al 3% anual...). 

Era una situación de literal desintegración del Estado que, en cualquier momento podía quebrar, bien por una acción de elementos radicales de extrema–izquierda, bien por una huelga general convocada por unos sindicatos que, entonces, tenían niveles aceptables de filiación, etc. Y el recuerdo del franquismo estaba demasiado cerca. Era inevitable que sectores cada vez más amplios de la población comparasen la inestabilidad que se estaba viviendo con los años de prosperidad del franquismo. Y, empezaba a estar claro que las promesas de “libertad y democracia” empezaban a perder su sentido… si es que implicaban, desorden, caos, muertes, inseguridad, crisis y desintegración del Estado.

En ese contexto explosivo nació la necesidad de impulsar una “operación de inteligencia” tendente a estabilizar de una vez por todas, la situación. Estaba claro que, de todos los elementos que empezaban a protestar por la situación, el estamento militar era el más peligroso y donde el régimen nacido en la transición, acumulaba más oposición. Además, desde hacía dos (o quizás, tres) años, los servicios de inteligencia había ido detectando que el malestar en las salas de banderas de los cuarteles iba in crescendo. Ya se habían desarticulado algunos proyectos golpistas en el embrión (el Caso Galaxia), en el curso del cual había aparecido por primera vez la figura del Teniente–Coronel Tejero. Era un hombre inconfundible: tricornio y bigote, constituían sus signos de identidad. Su foto había aparecido en todos los medios. Este dato no es baladí. El golpismo en España, tuvo, a partir de entonces una “imagen” muy concreta: estaba en ese momento vinculado a un tricornio de charol y a unos opulentos mostachos. Ese era Tejero: el prototipo del Guardia Civil honesto, patriota, enérgico, identificado con los valores de la Benemérita, para el que el mundo se dividía entre los enemigos de España (que, además, mataban a sus guardias civiles) y los “buenos españoles”; apolítico. Su “ideología” se reducía a dos palabras: España y Orden, presentes en el himno de la guardia Civil. No necesitaba más.

La involuntaria popularidad alcanzada por el Teniente–Coronal Tejero a causa del “Caso Galaxia”, hizo que su figura se convirtiera en un polo de atracción para descontentos con la marcha de la transición. Algunos militares y, sobre todo civiles madrileños de extrema–derecha, tal era el caso de García–Carrés. Carrés había sido un burócrata del régimen de Franco, antiguo presidente del Sindicato de Actividades Diversas que, durante la transición había realizado algunos actos de homenaje a la Guardia Civil. Políticamente, representaba muy poco, apenas nada. Estaba circuitado con otras individualidades aisladas, similares a él. Ni pertenecía a Fuerza Nueva (el partido mayoritario de la extrema–derecha de la época), y tampoco tenía gran ascendiente en Falange Española. Su universo político se reducía a un sector de la Confederación de Combatientes, a las individualidades mencionadas y al diario El Alcázar.

Pues bien, este entorno político cuyos dos polos eran Tejero y García Carrés, junto con algunas otras individualidades poco representativas, elaboraron un proyecto golpista que consistía en generar un movimiento militar de tal calibre que desembocara en un “gobierno cívico–militar” de extrema–derecha. Y, para ello, trataron de aproximarse a cualquiera del que tuvieran noticia de que compartía posiciones “franquistas” (o, al menos, a la interpretación que ellos daban del franquismo que, a fin de cuentas, fue multiforme y adaptacionista).

Esa fue la que podemos considerar como la primera red golpista. En ella no estaban presentes ni militares de alta graduación, ni capitanes generales, ni siquiera los jefes de los partidos políticos de extrema–derecha, Blas Piñar por Fuerza Nueva, ni Fernández Cuesta por FE–JONS. Se trataba de una red muy “porosa”: en su interior estaban presentes varios confidentes del CNI y del Ministerio del Interior. Era imposible que, especialmente, a partir de principios de 1980, esa red hubiera pasado desapercibida para los distintos cuerpos de Seguridad del Estado: se podía haber desarticulado como un “segundo caso Galaxia”. Sin embargo, no se hizo: pero, es fácil suponer que se les puso en observación.

Paralelamente, existían otros sectores golpistas: dos concretamente, que había surgido espontáneamente y sin apenas contactos con el grupo anterior. Por un lado, el Capitán General de la III Región Militar, Jaime Miláns del Bosch, tenía algo que Tejero, ni nadie de su red tenían: grado y prestigio militar que se remontaba a la defensa del Alcázar de Toledo, luego a la II Bandera de la Legión en la que combatió con el rango de oficial hasta el fin de la contienda, más tarde la experiencia de la División Azul en 1941, donde obtuvo la Cruz de Hierro de Segunda Clase... agregado militar en varias embajadas en Iberoamérica hasta 1965, luego varios mandos sobre tropa, general de brigada en 1971, jefe de la Brigada de Infantería Mecanizada n.º XI y, en 1974, general de división y jefe de la División Acorazada Brunete hasta 1977, cuando, ascendido a teniente general, se hizo cargo de la Región Militar de Valencia. Era uno de los militares vivos con mejor historial en aquel momento. Se decía apolítico y no estaba muy lejos de Tejero en este punto: patriotismo, solo patriotismo y nada más que patriotismo. Se conocían sus opiniones políticas pro–franquistas y su disgusto por el momento en el que estaba atravesando España. Y, como cualquier otro oficial de alto rango, era imperativo que el CNI tejiera en torno suyo una red de informantes, especialmente si se conocía su disconformidad con la situación política. Además, era monárquico impenitente: el Rey encarnaba el ideal de patriotismo y orden que constituían su propio ideario.

En este punto, es difícil establecer –y, por lo demás, no es el núcleo de la cuestión– cómo creció la red de fieles al Teniente General Milans del Bosch. Sea como fuere –y para eso están las actas del proceso de Campamento incoado contra los acusados de participación en el 23–F– en torno a él se fue formando un grupo que coincidía en dar un “golpe de timón”. Pero, no se trataba, como la red de Tejero, de un golpe de extrema–derecha, sino de un golpe militar–militar completamente apolítico, que disolviera a todos los partidos, incluidos los de extrema–derecha, que restaurara el orden y garantizara la continuidad monárquica como herencia del franquismo. En la práctica, Milans del Bosch era el “militar de prestigio” que Tejero echaba en falta, para llevar a cabo una acción contra el régimen constitucional. Las diferencias fueron aparcadas (e, incluso, es probable que ni siquiera se tuviesen en cuenta, a pesar de que Tejero consideró a Milans –y nosotros mismos pudimos oírlo de sus propios labios cuando estaba prisionero en el castillo de Figueras– como un “soldado de fortuna” (un mercenario, si bien es cierto que tal opinión había sido formada a causa de una información falsa, facilitada por un conocido estafador que recorría los medios de extrema–derecha y que, por cierto aparece con nombre y apellido en uno de los documentos desclasificados por Sánchez).

Milans había dejado muy buen recuerdo en la División Acorazada Brunete, la unidad más efectiva del ejército español. Cuando, Milans ya había abandonado el mando de esta unidad, fue nombrado Jefe de Estado Mayor de la unidad, el Coronal José Ignacio San Martín, el 10 de diciembre 1979. La diferencia entre El Coronel San Martín y el resto de responsables de las distintas redes que confluyeron el 23–F era que él, además de ser militar, patriota y hombre de orden, sí tenía una sólida preparación política y cultural, muy superior a la de la mayoría de oficiales de su época. Además, había sido el organizador del Servicio Central de Documentación (SEDEC) al servicio de Carrero Blanco. Durante los años en los que desempeñó esta función realizó seguimientos de partidos, sindicatos, personalidades, se entrevistó y conoció a gentes de todos los niveles de la administración y de la oposición, y mantuvo una red de colaboradores que le siguieron después de ser relevado del cargo, tras la muerte de Carrero. San Martín era consciente –y así nos lo dijo en un cursillo en el que lo conocimos en el Valle de los Caídos a finales de 1970– que el propio Carrero blanco había diseñado una “transición” en la que serían legalizados los partidos políticos “hasta los socialistas”, pero no a partir de ellos (es decir, quedaban excluidos el PCE y las ligas de extrema–izquierda). Era un hombre de fino olfato política al que no se le escapa que una “dictadura militar” era imposible en la España de 1980 y empezó a “moverse” con antiguos contactos procedentes del SEDEC y sus nuevos compañeros de la Acorazada (entre los que figuraban varios antiguos oficiales con los que había trabajado en el SEDEC).

El proyecto del Coronel San Martín no era ninguna locura: preveía una etapa de crecimiento orgánico y fortalecimiento de la red (que sería conocida como “el grupo de los coroneles”), absteniéndose de pronunciamientos golpistas, ni estridencias, sino como “corriente de opinión” dentro de las Fuerzas Armadas, hasta que, cuando la red hubiera adquirido solidez y densidad suficiente, sus representantes, hubieran llamado a la puerta de la presidencia del gobierno, exigiendo una rectificación de la línea política seguida hasta ese momento: desplazamiento de algunos ministros de UCD por otros más partidarios de una “línea dura”, frente a los sindicatos y a los movimiento centrífugos que estaban apareciendo por la geografía nacional y una liquidación completa de las distintas fracciones de ETA, a la vista de que la amnistía de 1977 solo había servido para reactivar la banda. Todo ello con discreción, pero con energía. Lo que proponían no era un “golpe de Estado”, sino una medida de presión: o el gobierno cedía o abría el paso a un golpe duro.

Esta red, era de todas, la más peligrosa por un motivo: sus miembros conocían los mecanismos de la política, sabían hasta dónde se podía llegar y cómo hacerlo. Eran patriotas, pero compartían el “fino olfato” de su inspirador, el Coronel San Martín. Éste era consciente de que su red solamente estaría en condiciones de llamar a la puerta de la Presidencia del Gobierno en un par de años y preveía que, por entonces, la situación se habría deteriorado todavía más.

Seguramente, algunos oficiales de la División Acorazada pudieron en contacto a Miláns del Bosch con San Martín y así, éste, tuvo conocimiento del proyecto golpista que se preparaba (el golpe militar–militar, con disolución de todos los partidos, desde Fuerza Nueva hasta la CNT) y para el que Milans contaba, como “fuerza de choque” con la red de Tejero. San Martín, debió pensar que aquello era una locura, pero operó como recomiendan todos los manuales de inteligencia: se embarcó para estar al corriente del proyecto (no hacerlo hubiera supuesto quedar al margen del mismo y, por lo tanto, carecer de información sobre esas redes), pero sin dejar de avanzar en la consolidación del “grupo de los coroneles”.

Pero existía todavía otro grupo militar formado en torno al General Alfonso Armada (y vamos por el cuarto). Siempre que salía a relucir el nombre de Armada, la primera idea que afloraba era la de “hombre del rey”. Y, en realidad, lo era, aunque quizás no tanto como él creía. Para Armada lo esencial era “salvar a la monarquía” de aquel caos en el que se había convertido la transición (mitología piadosa sobre su carácter modélico aparte) y es posible incluso que albergara la secreta esperanza de acabar sus días como presidente del gobierno. A pesar de haber sido, como Milans, ex combatiente de la División Azul, todo induce a pensar que se trató de esos militares profesionales que fueron a combatir a Rusia, en parte para mejorar su carrera profesional, en parte como prolongación de la Guerra Civil y en parte como expresión de sus sentimientos anticomunistas. Las convicciones políticas de Armada parecían reducirse a una sola, la monarquía considerada como expresión de la gobernabilidad de un país. Su patriotismo, a fin de cuentas, era monárquico. Y de ahí no salía. Por los cargos que había desempeñado y por las amistades que solía cultivar allí donde pasaba, Armada tenía cierta relación con el mundo de la política y, más en concreto, con “políticos”, pero no puede decirse que tuviera una comprensión absoluta de lo que era la vida política en un marco democrático, ni siquiera de la pasta con la que estaban hechos los pro–hombres de los partidos políticos. A pesar de haber estado durante 17 años ejerciendo en Casa del Rey, cuando se convocaron las elecciones de 1977 cometió el error garrafal para un hombre de su posición de enviar cartas con el membrete de la Casa Real pidiendo el voto para Alianza Popular. Destituido ipso facto, terminó como gobernador convocando cenas polémicas en la capitanía general de Lérida y escalando luego a segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. En las semanas previas al 23–F había militares que recorrían España y se entrevistaban con gente que por algún motivo estaban en la agenda de Armada y les sondeaban –en algunos casos con poca sutileza– sobre cómo reaccionarían ante un intento de salvar la monarquía y el orden constitucional…

Lo que tenía en mente Armada era un puro desenfoque político que había salido como producto de las cenas que había convocado y de la gestión de los que sondeaban en su nombre. Si unimos que, en 1980, todavía, cuando un militar lanzaba alguna pregunta a un civil, suscitaba un temor reverencial o una fascinación incondicional, todos los consultados, tras la sorpresa inicial, respondían con palabras ambiguas y frases diplomáticas, intentando echar balones fuera mientras consumían el último cafelito necesario tras una pesada digestión.

Manejando todos los datos así obtenidos –que ya eran de por sí de valor limitado y extremadamente subjetivos– y combinándolo con sus filias y sus fobias, Armada estableció su “proyecto”: frente al golpe militar–ultra de Tejero, frente al golpe militar–militar de Milans, Armada aportó a la “ciencia golpista” su idea de “golpe blando” que desembocaría en un “gobierno de concentración nacional” formado por exponentes procedentes de todo el arco político: desde AP hasta el PCE. ¿Qué mejor que un ministro del interior pepero para afrontar la centrifugación nacional que empezaba a adivinarse? ¿Qué mejor que un ministro de trabajo comunista para manejar a los sindicatos? ¿Qué mejor de un socialista para afianzar la corona? Pura ciencia ficción para los que leíamos todos los días la prensa, pero proyecto válido para quien se tenía por “hombre del rey”.

Armada, pasó de la secretaría del monarca pasó a ser profesor principal de la Escuela Superior del Ejército y, desde el 12 de febrero de 1981, asumió el cargo de segundo jefe del Estado Mayor del Ejército.

Hasta aquí, hemos identificado cuatro proyectos golpistas superpuestos:

1º.– El de Tejero – golpe cívico–militar que desembocase en un gobierno militar con elementos de extrema–derecha.

2º.– El de Miláns – golpe militar–militar con un gobierno exclusivamente militar y disolución de todos los partidos, incluidos los de extrema–derecha.

3º.– El de San Martín – presión sobre la presidencia del gobierno para que rectificara su política y relevara a ministros clave.

4º.– El de Armada – golpe “blando” auspiciado por el Rey con desembocadura en un “gobierno de concentración nacional” de AP hasta el PCE.

 

  









45º Aniversario del 23–F, fallecimiento del Tte.Cnel. Tejero y desclasificación de documentos (1ª parte)

Vaya por delante, nuestro más sincero y sentido pésame a la familia del Teniente–Coronel D. Antonio Tejero Molina. Tras esta frase, tan sentida como obligada y que merece cualquier persona que haya hecho de su vida un acto de servicio, debemos reconocer que, desde antes del pasado 23 de febrero, teníamos pensado este artículo. Ha pasado casi medio siglo desde el 23–F y es bueno que las nuevas –y no tan nuevas– generaciones, conozcan cómo ha sido la historia reciente de nuestro país, con sus claroscuros y sus misterios –como éste del 23–F– mal explicados e, incluso, irresolubles. Lo que nos ha retrasado la publicación de estas líneas, ha sido, en primer lugar, la publicación de algunos documentos, tan reservados como intrascendentes, por parte del gobierno sanchista en su afán de distraer la atención de sus reiterados fracasos electorales y de la desastrosa situación en la que se encuentra el país que oscila entre dos ejes: corrupción generalizada de las administraciones públicas y nueva regularización masiva. Para colmo, el inesperado fallecimiento del Teniente Coronel cuyo nombre ha quedado indisolublemente unido al 23–F, nos ha obligado a respetar el dolor de su familia. Y, por lo demás, también es cierto que no teníamos muchas ganas de recordar todos aquellos sucesos de hace casi medio siglo.

Si usted está interesado en conocer lo esencial de lo que ocurrió el 23–F, le rogamos lea las páginas que siguen y piense en cada frase a partir de ¡ya! Vale la pena advertir que lo expuesto en estas líneas era del dominio público en los días siguientes al 23–F por mucho que hoy se haya olvidado. Se trata de elementos presentes en la prensa de la época y que, a fuerza ignorarlos se han ido borrando de la memoria de los españoles. Hoy, los archivos digitales de El Pais, La Vanguardia y ABC, dan constancia de que todos los elementos que citamos en este artículo tuvieron existencia real. Incluso el contenido de los documentos publicados por Moncloa (y que pueden leerse en este enlace: DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS), respaldan lo que decimos a continuación. Así que, la primera pregunta a realizar, es: ¿cómo es que se han ido “olvidando” a medida que transcurría el tiempo, siendo, en el fondo, cruciales y la explicación más simple a lo que ocurrió en aquellas jornadas?

Documentos ¿reservados?

Los documentos desclasificados sobre el 23–F (febrero 2026), compuestos por unas 153 unidades de Defensa, Interior y Exteriores, no revelan nada nuevo, ni nada particularmente importante. Todo lo que muestran es lo “ya visto y conocido”: la implicación de miembros del CESID en la intentona golpista (pero no explican el por qué, ni a las órdenes de quién), planes para un gobierno militar (pero no exponen quién los elaboró, ni cuándo) y transcripciones de las conversaciones de Tejero desde el Congreso, de su esposa y de García Carrés (que no aportan elementos nuevos en ningún caso). Los papeles apuntan a la existencia de varias tramas golpistas simultáneas y revelan manuscritos que consideraban al Rey Juan Carlos I como un “objetivo a batir”… pero estos documentos no tienen que ver con el 23–F, sino más bien, con la llamada “Operación Cervantes” (ver más adelante) y su publicación sólo indica el resentimiento de los golpistas que no fueron detenidos el 23–F hacia la figura del Rey Juan Carlos I. Tampoco el documento titulado “Panorámica de operaciones en marcha” aporta algo que fuera desconocido y solo expone que, además del de Tejero, había otros intentos golpistas en preparación…

Inicialmente, para los medios de comunicación “oficiales” u “oficiosos”, se temía que los papeles que el gobierno anunció que iba a desclasificar, redundaran en detrimento de la monarquía, revelando la connivencia entre el Rey emérito y los golpistas. No ha sido así: más bien se trataba justo de lo contrario.

Ya hemos dicho en alguna ocasión que las operaciones de los servicios de inteligencia nunca concluyen. Porque el 23–F fue una “operación de inteligencia”.

A lo largo de estos 45 años, especialmente en los aniversarios “redondos” (el quinto, el décimo, el vigésimo y, ahora el vigésimo quinto…), siempre han “aparecido” nuevos documentos filtrados a autores, historiadores e investigadores, que han dado lugar a una literatura cada vez más prolífica. Toda esa marejada literaria, lejos de esclarecer los hechos, ha generado una maraña cada vez más densa de confusión para un enigma que, en el fondo era demasiado simple: el 23–F no fue más que una “operación de inteligencia” cuyo objetivo era “un golpe frustrado para acabar con todos los riesgos del golpismo y asentar definitivamente la democracia”. Solo eso y nada más que eso.

Como expondremos más adelante, se superpusieron distintas iniciativas golpistas, pero solamente una era “transversal” y estaba presente en todas ellas: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). ¡Claro está que el CNI estuvo presente el 23–F! El problema es que su actuación no fue favorable al golpismo, sino que todos sus esfuerzos consistieron en que fracasaran los distintos golpes que se estaban preparando. Un viejo adagio de la inteligencia dice que “para cazar conejos, hay que hacerlos salir de la madriguera”. Y eso fue, precisamente, lo que realizaron determinados agentes del CNI. Fue, digámoslo desde ahora, una “brillante operación”, gracias a la cual se estabilizó la democracia y se consolidó la monarquía constitucional… y hemos llegado hasta nuestros días con un sistema político dirigido por una banda de corruptos, puteros y vividores. Lo que en 1981 no se intuía, lo conocemos hoy cuando el sistema político español, nacido de la transición y estabilizado gracias al 23–F, ha ido degenerando hasta convertirse en lo que es hoy. ¡Ha vencido la libertad!... gracias a la cual, debemos casi dos billones de euros, hemos ido perdiendo puestos e influencia incluso dentro de la UE, asfixia del campo, desindustrialización, presión fiscal intolerable, cifras récord de paro encubierto y subempleo, además de, entre un 20 y un 25% de población identificada con otras culturas, otras religiones y otras razas, delincuencia y delitos sexuales in crescendo, una nueva regularización masiva y, finalmente, un divorcio entre la “España real” y la “España oficial”, esto es, la España constitucional de 1978.

La publicación de los “documentos reservados” ha sido otro de los elementos de esa “operación de inteligencia” que todavía sigue abierta. Una vez realizada, se trataba en décadas siguientes de multiplicar la “intoxicación informativa” y la hojarasca selvática para mantener el fin propuesto: la defensa de la Corona y la legalidad democrática. En el fondo, la desclasificación de estos papeles seleccionados, ha sido el “pago” de Sánchez a la monarquía para hacerse perdonar desplantes, ofensas, viajes y declaraciones a las que ha obligado a Felipe VI.