El 23–F de 1981, la constitución española ya había
sido aprobada 2 años, 10 meses y 8 días antes. Era obligación de todos los funcionarios
del Estado, incluidos los militares, no solo acatarla, sino también conocerla.
Vale la pena recordar que lejos de ser una constitución
monárquica, el texto aprobado en referéndum, más bien parece el de una,
paradójica, “república coronada”. Las funciones del presidente del Estado
Italiano, por ejemplo, son mucho más amplias que las del Rey constitucional. De
hecho, en el actual ordenamiento constitucional, todas las “prerrogativas”
reales tienen algún tipo de limitación o resultan francamente ambiguas.
Véase el artículo 56 y 62: El Rey firma, sí o sí, las leyes… aprobadas por las
Cortes; no se prevé que puede ocurrir si no firma. También convoca elecciones y
referéndums en los términos previstos en la Constitución y propone candidato a
Presidente del Gobierno, pero, al no depender de él la potestad de disolver las
cortes por iniciativa propia, está sometido al dictado de las urnas. Ostenta
la “jefatura militar” de las Fuerzas Armadas, título honorífico porque, en
realidad, la política de defensa la dirige el Gobierno. Y otro tanto ocurre
en sus funciones como representación internacional, cuyas pautas están dictadas
por el ministerio de exteriores. En cuanto acreditar a los embajadores
españoles, estos son elegidos por Exteriores, no quedándole al Rey otro remedio
más que aceptarlos. E, incluso en la declaración de “la guerra y hacer la paz”,
se hace según dictan las Cortes Generales. Todas las funciones Institucionales
y de Justicia dependen del gobierno de turno, incluidos el “derecho de gracia”,
“expedir los decretos”. “conferir empleos
civiles y militares”, incluidos honores y condecoraciones, ejercer indultos, etc,
siempre a propuesta del ministerio correspondiente.
En otras palabras, tenemos una monarquía huérfana
de funciones. Constitucionalmente, en su Artículo
56, dentro del Título II, apenas es “símbolo
de su unidad y permanencia”. El resto de funciones (las de “árbitro y moderador”
y las funciones de representación internacional”) deben ser refrendos por el Presidente
del Gobierno o los Ministros para tener validez. El premio de consolación es
que su “figura es inviolable”… mientras es Rey.
Dicho de manera más clara y menos retórica: Si
el Rey quiere seguir siendo el Rey, debe de cumplir estrictamente lo que dicta
la constitución. Firmar todo lo que el gobierno pone bajo su real nariz a sabiendas
de que, en el momento, en el que haga lo contrario, abrirá la carrera al
referéndum sobre “monarquía o república”. Su presencia es meramente
protocolaria y se ha dado el caso de ausencias del Rey Juan Carlos I cuando las
leyes y los decretos eran firmados… por un plotter.
Con todo esto queremos decir que los militares
debían conocer la nueva constitución y sabían, por tanto, que, según el marco
legal, el apoyo del Rey era totalmente irrelevante para cualquier proyecto
golpista. Por tanto, la polémica sobre el papel de Juan Carlos I el 23–F es
completamente irrelevante. Simplemente no podía ponerse del lado de los
golpistas, sino hacer todo lo que el gobierno (en aquel momento, secuestrado en
el parlamento) o bien, en su defecto, el “gobierno provisional” (Comisión Permanente de Secretarios de Estado y Subsecretarios), reunida por Francisco Laína, entonces Director
de la Seguridad del Estado. Constitucionalmente, el Rey solamente podía decir
lo que este “gobierno provisional” le pidiera que dijera.
En aquel momento el “guardián de la monarquía” teniente
general del Ejército de Tierra, Sabino Fernández de Campos, jefe de la Casa de
Su Majestad el Rey. Conocía muy bien la constitución y las atribuciones reales.
Bastante mejor que Tejero o Milans, que seguían considerando a Juan Carlos I
como el “heredero de Franco” y, por tanto, el que más obligación tenía de
respetar su legado. Además, habían olvidado que España, contrariamente a lo que
ellos pensaban era una “república coronada” sin que el monarca tuviera ningún
poder real y efectivo sobre institución alguna, incluidas las Fuerzas Armadas.
Cuando se hizo público que el sanchismo iba a
publicar “papeles reservados” sobre el 23–F, muchos observadores pensaron que
se trataba de un nuevo torpedo lanzado contra la monarquía, cuando en realidad,
era todo lo contrario, como ya hemos mencionado: una declaración de paz con
la institución, a la que Sánchez había exigido mucho en los últimos meses. No
es que Juan Carlos I hubiera actuado de mala fe hacia unos o hacia otros el 23–F:
era que su opinión era completamente irrelevante desde el punto de vista
constitucional. Juan Carlos I actuó de la única manera que podía hacerlo,
tal como le indicó el “gobierno provisional” encabezado por Laína.
El resultado del 23–F fue una inmerecida exaltación de la figura del monarca. Bruscamente, el Rey que, hasta ese momento había sido objeto de todas las chanzas inimaginables por parte de la izquierda (“Juan Carlos I el breve” se le solía apostrofar), se convirtió en el “impulsor del cambio”, en el “hombre cuya serenidad desactivó el golpe”, en el personaje que requería la situación y que había salvado a España… No solo la democracia se asentó definitivamente, sino que la monarquía (en realidad, una república coronada) fue aceptada por la sociedad española y se despojó del sambenito de ser considerada como una “herencia” del franquismo.
TRAS EL FRACASO
DEL GOLPE
Lo esencial del 23–F –y el efecto que se esperaba–
no sucedió ese día, sino dos días después con la gigantesca manifestación en la
que se vio a Fraga, Suárez, González, Carrillo, Camacho, todos juntos en unión
portando la pancarta que certificaba que el Estado había sobrevivido al
golpismo, a la crisis económica e incluso a sí mismo. ¡Por fin una manifestación que pudiera competir
con las que las que la extrema-derecha había organizado en los tres años
anteriores! La democracia estaba definitivamente estabilizada, quedaba sólo
para certificar la “normalidad” el que los socialistas llegaran al poder. Lo
hicieron poco después y a ellos les correspondió acometer el resto de reajustes
que nos homologarían junto a cualquier otro país de Europa Occidental: reajuste
económico, integración en la OTAN y luego en la Unión Europea, etapas que el
PSOE cumplió sin decepcionar expectativas depositas en él.
Los “golpistas” habían salido de sus madrigueras y
habían sido cazados. Recibirían castigos ejemplares y pasarían años de
cárcel, perderían sus carreras y serían arrojados al Tártaro por siempre
jamás… Antonio Tejero pasó un total de 15 años y 9 meses en
prisión por el asalto al Congreso del 23–F. Obtuvo el tercer grado en
septiembre de 1993 y salió en libertad condicional el 3 de diciembre de
1996. Fue el último de los procesados por el 23–F en ser liberado. Antes,
había pasado siete meses en prisión anteriormente (entre 1978 y 1979) por
su implicación en la Operación Galaxia. El general Jaime Milans
del Bosch pasó un total de 9 años y 127 días en prisión. Salió
en libertad condicional el 1 de julio de 1990, tras haber cumplido una
cuarta parte de su condena (atendiendo a beneficios penitenciarios y su edad,
ya que entonces tenía 75 años). Nunca solicitó el indulto ni se
retractó de sus acciones. Falleció en Madrid en 1997. El general Alfonso Armada pasó
un total de 7 años y 10 meses en prisión por su responsabilidad
en el golpe de Estado del 23–F. Condenado a seis años de prisión en 1982,
el Tribunal Supremo elevó su pena en casación a la máxima de 30 años de
reclusión por el delito de rebelión militar. El Gobierno de Felipe
González le concedió el indulto por razones de salud (sufría una
dolencia cardíaca) y tras haber acatado la Constitución. Salió en libertad
el 23 de diciembre de 1988 y falleció el 1 de diciembre de 2013 a los 93
años de edad. Finalmente, el coronel José Ignacio San Martín López pasó
un total de 5 años y 4 meses en prisión. Inicialmente condenado a 10
años de reclusión por un delito de rebelión militar que el Tribunal
Supremo elevó posteriormente salió en libertad definitiva el 27 de junio
de 1986. Falleció en Madrid en junio de 2004 a los 79 años.
A partir del 23–F ningún golpe de Estado era ya
posible en España. Tal era el resultado de la que hemos llamado “la quinta red”:
el CESID y su “no golpe para hacer imposible todos los golpes”.
Yo mismo lo comprobé cuando se cumplí el primer
aniversario del 23–F. Había regresado de Iberoamérica y todavía me encontraba
en clandestinidad. Había vuelto con la intención de comprobar si había quedado
algo en pie de aquellas tramas (que, por entonces, veía todavía de manera
confusa). Quedaban rescoldos, sin embargo, algunos militares seguían conspirando
y pude comprobar que disponían de algunos fondos. En esos mismos días, los
restos del Frente de la Juventud recibieron de esos medios una cantidad que, no
estoy muy seguro, de si fueron 100 o 200.000 pesetas para que sus militantes
organizaron algo de “ruido” ante el parlamento al cumplirse el primer
aniversario.
Y era raro que subsistieran tales rescoldos,
porque se trataba de oficiales que, como decíamos antes, “habían salido de la
madriguera” el 23–F (especialmente en el Gobierno Militar de Madrid que
estuvo “sublevado” durante unas horas el 23–F y a los que se menciona con
nombres y apellidos en uno de los documentos desclasificados fechado el 14 de
abril de 1981). Incluso seguían manteniendo contactos con medios “porosos”
de extrema–derecha, sin ningún tipo de medidas de seguridad. Uno de estos
oficiales, muy conocido por lo demás, con el que me encontré entonces y que
luego resultó asesinado por ETA, me propuso reunirnos en su domicilio particular,
aun sabiendo que yo seguía en busca y captura y él debía estar, necesariamente
vigilado. Al cabo de tres días volví a Iberoamérica y fue en el siguiente viaje
de regreso, en septiembre de 1983 cuando, a poco de llegar al aeropuerto del
Prat, leí en el ya desaparecido Noticiero Universal, el titular destacado:
“Ante la previsible victoria socialista, ruido de sables”…
El artículo aludía a la llamada “Operación
Cervantes”, protagonizada por los hermanos Jesús y José Enrique Crespo
Cuspinera (coronel de artillería y teniente coronel de infantería, respectivamente),
junto al coronel Luis Muñoz Gutiérrez, proyecto golpista que debía ejecutarse el
27 de octubre de 1982, planeado para vísperas de las elecciones generales que
dieron la victoria al PSOE. En el domicilio de José Enrique Crespo
Cuspinera se halló un maletín con más de 500 folios que detallaban
minuciosamente el despliegue militar y los objetivos de la insurrección. Los
tres militares fueron detenidos el 2 de octubre de 1982, apenas tres
semanas antes de las elecciones. En 1984, un consejo de guerra los
condenó a 12 años y un día de prisión por un delito de conspiración
para la rebelión. Jesús Crespo Cuspinera falleció poco después, en marzo
de 1986, mientras cumplía condena. Su hermano obtuvo la libertad
provisional en diciembre de 1986.
Según la versión oficial, la intentona golpista
fue descubierta por las frecuentes visitas que realizaba el coronel Luis Muñoz Gutiérrez, a los condenados del 23–F,
lo que, entre otros muchos datos, informaciones y delaciones, permitió a los
servicios de inteligencia detectar la nueva trama en la que participaban estos
oficiales. Me consta, por ejemplo, que la
trama era conocida desde el principio gracias a las escuchas que instalaron los
servicios de seguridad del Estado en una sastrería sita en un pasaje del centro
histórico de Madrid, propiedad de un antiguo miembro de Fuerza Nueva. Los
conspiradores habían llegado a distribuir “alcaldías” y “gobiernos civiles” a
miembros de la extrema–derecha. Hubieran podido ser desarticulados en cualquier
momento, pero el gobierno de la época, presidido por Lepoldo Calvo
Sotelo, decidió jugar una última carta para evitar su derrota. El
titular del Noticiero Universal lo resumía a las claras y venía a decir:
“si ganan los socialistas, el ejército no se conformará y golpeará de nuevo,
la Operación Cervantes es la prueba”, con su conclusión implícita: “si queréis
que la democracia siga, debéis votar a UCD”. Para recurrir a este “relato” fue
por lo que no todas las ramas del 23–F fueron podadas. El golpismo había
dejado de ser un peligro para la democracia y se había convertido en un peligro
solo para los propios golpistas…
Para colmo, la operación del 23–F tuvo un corolario final: demostrar
que los “golpistas” suponían una exigua minoría en la sociedad española. Para
eso era preciso cuantificarlos. Y para ello se improvisó un partido político,
en un momento en el que existía una miríada de partido de extrema–derecha.
Recuerdo que a finales de septiembre de 1982 me encontraba todavía en Bolivia.
En la oficina de prensa de la Presidencia del Gobierno, uno de los
télex empezó a tabletear una noticia procedente de España: eran las
candidaturas que se presentaban a las elecciones del 28 de octubre. Me
sorprendió que la candidatura de Unión Nacional (Fuerza Nueva + Falange) no se
volviera a presentar unida, sino que cada grupo lo hizo por su cuenta. Además
se presentaban otras candidaturas falangistas, la Falange Española
Independiente, la Falange Asturiana, la Candidatura de Unidad Falangista, el
Movimiento Católico Español, el Partido Proverista, y una sigla nueva y
desconocida: “Solidaridad Española”. Luego supe que era la candidatura
constituida en torno a Ángel López–Montero Juárez, abogado de Tejero. Su idea
era que su defendido se beneficiara de la inmunidad propia a los diputados… Tejero
accedió a encabezar la candidatura, sin calcular que su candidatura no solo no
alcanzaría los mínimos para obtener un acta de diputado, sino que, además,
dispersaría aún más el voto de extrema–derecha, como así ocurrió: no solo fue
una mala idea, sino la peor defensa posible, confirmó que las 32 candidaturas
que lograron presentar, apenas obtuvieron 28.451 votos, el 0’14%. Esta “hábil
maniobra” sirvió solamente para demostrar el casi inexistente apoyo al “golpismo”,
tal como establecieron los medios de comunicación.
*
* *
A nadie se le escapa que estas notas rápidas sobre el 23–F tienen “huecos”. No practicamos el “periodismo de investigación”, ni estamos para filtrar datos que no hayamos conocido directamente o a través de medios de comunicación convencionales que hayamos podido confirmar. Estas notas han sido dictadas por un doble imperativo: el aniversario del 23–F y, de manera muy preferente, recordar a la figura del Teniente Coronel Tejero cuyo patriotismo, tan sincero como absoluto e ingenuo, le colocó en un papel de protagonismo que él nunca buscó ni hubiera deseado. No supo ver la diferencia entre "PREPARAR" la toma del Congreso y "REALIZAR ÉL MISMO", esa acción. Otro tanto le ocurrió a Miláns del Bosch y a quienes dieron el paso al frente: fueron fieles a la palabra dada. Pero, precisamente por eso fracasó el 23-F y eso, por sí mismo, explica el porqué otros altos mandos comprometidos entendieran que lo que veían sus ojos a las 6:22 del 23-N y el "se sienten coño", no era lo que esperaban ver.
La vida de Tejero fue un “permanente
acto de servicio” a la idea que se hizo de España. Obviamente, se equivocó,
pero, nadie le podrá reprochar que, él y los suyos, tuvieron el valor suficiente para actuar.
Descanse en paz.
Jueves, 2 de abril de 2026 (último día de
Cuaresma)
