6. Cinco soluciones radicales a un problema grave para el futuro
de España
El problema de la vivienda tiene solución. Incluso es una solución
sencilla que no puede desvincularse de otros problemas que afronta en estos
momentos nuestro país. El que nos haya seguido hasta aquí, habrá intuido por sí
mismo, las soluciones al problema. Podemos identificar, como mínimo, cinco:
PRIMERA SOLUCIÓN: REMIGRACIÓN
Empecemos por el “factor social”. Si se construyen menos viviendas
de las que implica aumentar cada año la población en 300—400.000 personas, la primera
solución que cae por su propio peso es : remigración. Vienen más de los que
el mercado laboral puede acoger y, para colmo, vienen sin ningún tipo de preparación.
Si bien su mero peso muerto hace aumentar el PIB año tras año, igualmente, al ser
completamente improductivos y, más que eso, auténticos lastres para la
economía, el PIB per cápita, va disminuyendo. En bruto: sobran entre cinco y
siete millones de inmigrantes. O, dicho de otra manera: además del cierre de
fronteras a la inmigración ilegal (“llegas ilegalmente, te deportamos
rápidamente”), se impone el retorno de inmigrantes improductivos, en paro, y
cuyo balance final entre “aportaciones por trabajo” y “recepción de subsidios”
sea negativo para la economía nacional. Por supuesto, remigración de delincuentes,
tras cumplir pena de prisión: retirada de nacionalidad, si es que la han
obtenido, y repatriación y automática tras cumplir una pena. Estas medidas
contribuirían a reducir el fenómeno de la okupación, dar garantías a los
propietarios para animarlos a lanzar sus viviendas al mercado de alquiler y,
simplemente, aumentar la oferta de vivienda, con lo que el precio de la venta y
el alquiler bajaría, especialmente en las “zonas tensionadas”. Por otra
parte, si alguien se sorprende de la consigna “españoles primero”, debería
tomar cursos de lógica y viajar por el mundo. Especialmente, si recordamos que
nuestro país, hoy, es el producto del trabajo de las generaciones que nos
precedieron: es de lógica, pero también de justicia, que alguien recién
llegado, ilegalmente o nacionalizado al cabo de unos años, tenga los mismos
derechos que la población cuyos padres y demás antepasados han contribuido a la
construcción del país.
SEGUNDA SOLUCIÓN: REDUCCIÓN DE LOS IMPUESTOS
El Estado y sus múltiples escalones burocráticos son responsables
de buena parte del aumento del precio de la vivienda. Y es el “factor económico” sobre el que se puede operar
fácilmente. La reducción de la inmigración parasitaria generará un ahorro en
subvenciones y subsidios que permitiría bajadas drásticas de impuestos.
Obviamente, si estas medidas fueran acompañadas de otros tendentes al ahorro en
el gasto público (especialmente, reducción de los escalones administrativos, en
gastos inútiles y en subsidios a entidades privadas -sindicatos, partidos,
ongs- que, en tanto que, privadas, deben vivir de sus cuotas o de los fondos
que ellos mismos recauden), debería permitir la reducción de los impuestos
que implica la vivienda y su compra, entre el 50y el 70%. Esto, por otra
parte, animaría la inversión privada a retornar al sector de la construcción de
vivienda pública y, como siempre que se ha hecho, dinamizaría la economía. Hoy
sabemos que las políticas “socialistas” a lo Robin Hood en el mejor de los
casos (robar a los ricos para dárselo a los pobres… después de apartar la parte
de la banda de ladrones) siempre implican la fuga de capitales, la falta de inversión
y, en definitiva, etapas de languidez económica y aumento de la deuda pública.
Empobrecimiento, en una palabra.
TERCERA SOLUCIÓN: COMPROMISO DE LOS AYUNTAMIENTOS Y SIMPLIFICACIÓN
DE LA ADMON.
La burocracia debe racionalizarse al máximo. Lo cual es posible
con los actuales avances de la informática y de la Inteligencia Artificial. Los
partidos políticos se han convertido en verdaderas agencias de colocación de
sus miembros en cargos administrativos que solamente deberían ofertarse por
oposición libre. Hay más funcionarios de los
necesarios, más niveles de administración de los que requiere la buena gestión
(en Cataluña, además de la administración del Estado, de las Diputaciones
Provinciales, de la administración autonómica -que quiere reproducir como
fotocopia reducida la del Estado- y la administración municipal… para colmo,
existen los “consejos comarcales” a los que se han atribuido funciones de muy
escasa envergadura que cualquier otro nivel administrativo habría podido asumir.
No es raro que Cataluña sea el líder en el Estado de pago de impuestos y que,
el objetivo del nacionalismo independentista, sobre todo, sea la “condonación
de la deuda pública”). Además, la administración municipal es lenta,
farragosa, cara en lo que se refiere a permisos de construcción y plazos de
aprobación de obras. Así pues, por sí mismo, se impone una reducción de la
burocracia y un aumento de su eficacia: lo que implica que los puestos
de funcionarios no pueden ser inamovibles, que todo funcionario que se
siente en un despacho público debe de haber alcanzado su puesto por
oposición, que a todo funcionario público debe exigírsele el mismo
horario que en cualquier otro puesto de trabajo y que, a fin de cuentas, se
trata de que en este terreno se racionalice la administración: menor costa y
mayor eficacia. Además, los ayuntamientos son propietarios de suelo
público. La lógica implica también que, si un ayuntamiento admite
empadronar cada año a 2.000 nuevos ciudadanos… deberá liberalizar suelo y
facilitar la construcción, como mínimo de entre un tercio y la mitad de
viviendas par albergarlos (entre 700 y 1.000 viviendas) y puede hacerlo liberalizando
suelo y reduciendo impuestos municipales.
CUARTA SOLUCIÓN: INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
Es preciso racionalizar los procesos constructivos al máximo,
introduciendo nuevas técnicas de construcción.
Los actuales son lentos, exigen mucho personal cualificado, los costes de
material son imposibles de detener en tanto que dependen de múltiples factores
internacionales. Pero lo que si se puede tender es a la reducción de los
tiempos de construcción y estos implica tender a las construcciones modulares,
a los prefabricados, a la construcción industrial. Y esto es posible,
especialmente en la construcción de viviendas, en un momento en el que escasea
el personal cualificado y estamos en vísperas de la revolución de la robótica
que, antes o después, penetrará en el sector. Así pues, el aumento en el
precio de los materiales, podría compensarse suficientemente con un aumento
paralelo de la automatización y la industrialización: la construcción de módulos
en talleres no particularmente grandes, fabricados en serie, que luego pueden
instalarse como piezas de un “lego” gigantesco, contribuiría a racionalizar las
obras, evitar que unos días no se pudiera trabajar a causa del tiempo, que se
produjeran la mayor parte de accidentes laborales, o que las viviendas construidas
por operarios de poca o nula experiencia y con materiales deficientes, mermaran
la calidad de las viviendas.
QUINTA SOLUCIÓN: ELIMINACIÓN DE LOS “PISOS TURÍSTICOS”
Las aplicaciones que tienden al alquiler de viviendas turísticas,
simplemente, deberían cerrar. Sin excepción. El
sistema anterior de contratación resultaba mucho más equilibrado para evitar
los procesos de gentrificación en el centro de las grandes ciudades. Por lo
demás, las empresas que se dedican a ese tipo de negocio quedarían forzadas
a convertirse en empresas de hostelería convencionales, lo que aumentaría los
volúmenes de contratación de personal y las plazas hoteleras, sin competencia
desleal. En cuanto a los particulares que desearan alquilar habitaciones,
especialmente para estudiantes o trabajadores de paso, simplemente deberían de
darse de alta en webs gestionadas por los ayuntamientos. Esta medida, además
de contribuir al negocio hotelero y hostelero, generaría puestos de trabajo y, obligaría
a particulares y a propietarios, o bien a vender sus pisos o bien a situarlos
en el mercado de la vivienda convencional, lo que, unido a las medidas
anteriores, contribuiría a restablecer la normalidad del sector e, incluso, a
rebajar los precios de la vivienda de propiedad y de alquiler al aumentar
drásticamente la oferta.
* * *
Creemos que estas cinco medidas están al alcance de un gobierno
dispuesto a solucionar los problemas generados por la vivienda. La izquierda ha
planteado este objetivo tomando como señuelos de sus ataques, a elementos muy
secundarios y que no dependen más que de la coyuntura (como los ataques a la
banca cuyos tipos de interés no los fijan ellos, sino el Banco Central
Europeo). Los propios bancos han extraído lecciones de la crisis de las
subprime y no están dispuestos a dar hipotecas por el 120% como hace 20 años.
Por lo demás, la situación económica del país no permitiría un segundo rescate
a la banca como el que realizo Zapatero durante la crisis.
Ninguna de estas medidas es contraproducente para la economía
nacional. La remigración masiva solamente generaría una bajada del PIB, pero
contribuiría también a que el precio de la vivienda de propiedad y de alquiler,
se abaratara. No sería preciso construir tantas viviendas, porque la población
del país se habría estabilizado y, a partir de ese momento, si sería ocasión de
ofrecer incentivos fiscales a las nuevas parejas que desearan tener hijos. Por
otra parte, aunque disminuyera el PIB, el PIB per cápita aumentaría.
Vale la pena meditar sobre el alcance de estas cinco medidas que,
indudablemente, no podrían ser implantadas aisladamente, sino como aspectos
integrados dentro de un programa de recuperación identitaria y de regeneración económico-social
y promovido por un verdadero gobierno de “salvación nacional”.
