DWETENER LA REGULARIZACION MASIVA: UN OBJETIVO NACIONAL Y EUROPEO

 

Si todos los problemas fueran tan fáciles de resolver como el de la vivienda… (5 de 5) – Cinco soluciones sencillas

6. Cinco soluciones radicales a un problema grave para el futuro de España

El problema de la vivienda tiene solución. Incluso es una solución sencilla que no puede desvincularse de otros problemas que afronta en estos momentos nuestro país. El que nos haya seguido hasta aquí, habrá intuido por sí mismo, las soluciones al problema. Podemos identificar, como mínimo, cinco:

PRIMERA SOLUCIÓN: REMIGRACIÓN

Empecemos por el “factor social”. Si se construyen menos viviendas de las que implica aumentar cada año la población en 300—400.000 personas, la primera solución que cae por su propio peso es : remigración. Vienen más de los que el mercado laboral puede acoger y, para colmo, vienen sin ningún tipo de preparación. Si bien su mero peso muerto hace aumentar el PIB año tras año, igualmente, al ser completamente improductivos y, más que eso, auténticos lastres para la economía, el PIB per cápita, va disminuyendo. En bruto: sobran entre cinco y siete millones de inmigrantes. O, dicho de otra manera: además del cierre de fronteras a la inmigración ilegal (“llegas ilegalmente, te deportamos rápidamente”), se impone el retorno de inmigrantes improductivos, en paro, y cuyo balance final entre “aportaciones por trabajo” y “recepción de subsidios” sea negativo para la economía nacional. Por supuesto, remigración de delincuentes, tras cumplir pena de prisión: retirada de nacionalidad, si es que la han obtenido, y repatriación y automática tras cumplir una pena. Estas medidas contribuirían a reducir el fenómeno de la okupación, dar garantías a los propietarios para animarlos a lanzar sus viviendas al mercado de alquiler y, simplemente, aumentar la oferta de vivienda, con lo que el precio de la venta y el alquiler bajaría, especialmente en las “zonas tensionadas”. Por otra parte, si alguien se sorprende de la consigna “españoles primero”, debería tomar cursos de lógica y viajar por el mundo. Especialmente, si recordamos que nuestro país, hoy, es el producto del trabajo de las generaciones que nos precedieron: es de lógica, pero también de justicia, que alguien recién llegado, ilegalmente o nacionalizado al cabo de unos años, tenga los mismos derechos que la población cuyos padres y demás antepasados han contribuido a la construcción del país.

SEGUNDA SOLUCIÓN: REDUCCIÓN DE LOS IMPUESTOS

El Estado y sus múltiples escalones burocráticos son responsables de buena parte del aumento del precio de la vivienda. Y es el “factor económico” sobre el que se puede operar fácilmente. La reducción de la inmigración parasitaria generará un ahorro en subvenciones y subsidios que permitiría bajadas drásticas de impuestos. Obviamente, si estas medidas fueran acompañadas de otros tendentes al ahorro en el gasto público (especialmente, reducción de los escalones administrativos, en gastos inútiles y en subsidios a entidades privadas -sindicatos, partidos, ongs- que, en tanto que, privadas, deben vivir de sus cuotas o de los fondos que ellos mismos recauden), debería permitir la reducción de los impuestos que implica la vivienda y su compra, entre el 50y el 70%. Esto, por otra parte, animaría la inversión privada a retornar al sector de la construcción de vivienda pública y, como siempre que se ha hecho, dinamizaría la economía. Hoy sabemos que las políticas “socialistas” a lo Robin Hood en el mejor de los casos (robar a los ricos para dárselo a los pobres… después de apartar la parte de la banda de ladrones) siempre implican la fuga de capitales, la falta de inversión y, en definitiva, etapas de languidez económica y aumento de la deuda pública. Empobrecimiento, en una palabra.

TERCERA SOLUCIÓN: COMPROMISO DE LOS AYUNTAMIENTOS Y SIMPLIFICACIÓN DE LA ADMON.

La burocracia debe racionalizarse al máximo. Lo cual es posible con los actuales avances de la informática y de la Inteligencia Artificial. Los partidos políticos se han convertido en verdaderas agencias de colocación de sus miembros en cargos administrativos que solamente deberían ofertarse por oposición libre. Hay más funcionarios de los necesarios, más niveles de administración de los que requiere la buena gestión (en Cataluña, además de la administración del Estado, de las Diputaciones Provinciales, de la administración autonómica -que quiere reproducir como fotocopia reducida la del Estado- y la administración municipal… para colmo, existen los “consejos comarcales” a los que se han atribuido funciones de muy escasa envergadura que cualquier otro nivel administrativo habría podido asumir. No es raro que Cataluña sea el líder en el Estado de pago de impuestos y que, el objetivo del nacionalismo independentista, sobre todo, sea la “condonación de la deuda pública”). Además, la administración municipal es lenta, farragosa, cara en lo que se refiere a permisos de construcción y plazos de aprobación de obras. Así pues, por sí mismo, se impone una reducción de la burocracia y un aumento de su eficacia: lo que implica que los puestos de funcionarios no pueden ser inamovibles, que todo funcionario que se siente en un despacho público debe de haber alcanzado su puesto por oposición, que a todo funcionario público debe exigírsele el mismo horario que en cualquier otro puesto de trabajo y que, a fin de cuentas, se trata de que en este terreno se racionalice la administración: menor costa y mayor eficacia. Además, los ayuntamientos son propietarios de suelo público. La lógica implica también que, si un ayuntamiento admite empadronar cada año a 2.000 nuevos ciudadanos… deberá liberalizar suelo y facilitar la construcción, como mínimo de entre un tercio y la mitad de viviendas par albergarlos (entre 700 y 1.000 viviendas) y puede hacerlo liberalizando suelo y reduciendo impuestos municipales.

CUARTA SOLUCIÓN: INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Es preciso racionalizar los procesos constructivos al máximo, introduciendo nuevas técnicas de construcción. Los actuales son lentos, exigen mucho personal cualificado, los costes de material son imposibles de detener en tanto que dependen de múltiples factores internacionales. Pero lo que si se puede tender es a la reducción de los tiempos de construcción y estos implica tender a las construcciones modulares, a los prefabricados, a la construcción industrial. Y esto es posible, especialmente en la construcción de viviendas, en un momento en el que escasea el personal cualificado y estamos en vísperas de la revolución de la robótica que, antes o después, penetrará en el sector. Así pues, el aumento en el precio de los materiales, podría compensarse suficientemente con un aumento paralelo de la automatización y la industrialización: la construcción de módulos en talleres no particularmente grandes, fabricados en serie, que luego pueden instalarse como piezas de un “lego” gigantesco, contribuiría a racionalizar las obras, evitar que unos días no se pudiera trabajar a causa del tiempo, que se produjeran la mayor parte de accidentes laborales, o que las viviendas construidas por operarios de poca o nula experiencia y con materiales deficientes, mermaran la calidad de las viviendas.

QUINTA SOLUCIÓN: ELIMINACIÓN DE LOS “PISOS TURÍSTICOS”

Las aplicaciones que tienden al alquiler de viviendas turísticas, simplemente, deberían cerrar. Sin excepción. El sistema anterior de contratación resultaba mucho más equilibrado para evitar los procesos de gentrificación en el centro de las grandes ciudades. Por lo demás, las empresas que se dedican a ese tipo de negocio quedarían forzadas a convertirse en empresas de hostelería convencionales, lo que aumentaría los volúmenes de contratación de personal y las plazas hoteleras, sin competencia desleal. En cuanto a los particulares que desearan alquilar habitaciones, especialmente para estudiantes o trabajadores de paso, simplemente deberían de darse de alta en webs gestionadas por los ayuntamientos. Esta medida, además de contribuir al negocio hotelero y hostelero, generaría puestos de trabajo y, obligaría a particulares y a propietarios, o bien a vender sus pisos o bien a situarlos en el mercado de la vivienda convencional, lo que, unido a las medidas anteriores, contribuiría a restablecer la normalidad del sector e, incluso, a rebajar los precios de la vivienda de propiedad y de alquiler al aumentar drásticamente la oferta.

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Creemos que estas cinco medidas están al alcance de un gobierno dispuesto a solucionar los problemas generados por la vivienda. La izquierda ha planteado este objetivo tomando como señuelos de sus ataques, a elementos muy secundarios y que no dependen más que de la coyuntura (como los ataques a la banca cuyos tipos de interés no los fijan ellos, sino el Banco Central Europeo). Los propios bancos han extraído lecciones de la crisis de las subprime y no están dispuestos a dar hipotecas por el 120% como hace 20 años. Por lo demás, la situación económica del país no permitiría un segundo rescate a la banca como el que realizo Zapatero durante la crisis.

Ninguna de estas medidas es contraproducente para la economía nacional. La remigración masiva solamente generaría una bajada del PIB, pero contribuiría también a que el precio de la vivienda de propiedad y de alquiler, se abaratara. No sería preciso construir tantas viviendas, porque la población del país se habría estabilizado y, a partir de ese momento, si sería ocasión de ofrecer incentivos fiscales a las nuevas parejas que desearan tener hijos. Por otra parte, aunque disminuyera el PIB, el PIB per cápita aumentaría.

Vale la pena meditar sobre el alcance de estas cinco medidas que, indudablemente, no podrían ser implantadas aisladamente, sino como aspectos integrados dentro de un programa de recuperación identitaria y de regeneración económico-social y promovido por un verdadero gobierno de “salvación nacional”.

 

 

Si todos los problemas fueran tan fáciles de resolver como el de la vivienda… (4 de 5) – La construcción ¿buen o mal negocio?

5. La construcción: un negocio de escaso “valor añadido”

La idea según la cual los “constructores” se dedican a una actividad particularmente lucrativa y construyen el principal factor desencadenante de los ascensos en el precio de la vivienda, era cierto en el pasado… pero ya no lo es. La mala fama de los “constructores” ha sido sustituida hoy por la voracidad de las diferentes administraciones del Estado que se llevan uno de cada cuatro euros del precio de la vivienda…

Desde siempre, la construcción ha presentado niveles de productividad y valor añadido inferiores a los de otros sectores como la industria manufacturera o los servicios tecnológicos. A nivel mundial, la productividad en la construcción ha crecido apenas una cuarta parte de lo que lo ha hecho la industria manufacturera en las últimas décadas y, al menos en España, apenas se han registrado avances tecnológicos en el sector. A diferencia de las empresas dedicadas a la “obra pública”, concentradas en pocas grandes empresas con contratos desmesurados y uno de los principales factores de corrupción y cobro de comisiones ilegales, las empresas que construyen viviendas son mayoritariamente pequeñas empresas y autónomos, frecuentemente bajo la forma de “sociedades limitadas”, lo que dificulta las economías de escala y la inversión en I+D. Los beneficios netos suelen oscilar entre el 5% y el 10%. En España, por ejemplo, construir vivienda es un 12,5% menos rentable que en el resto de Europa debido a costes crecientes y carga fiscal.

La tendencia de los sectores más avanzados del sector es a la “construcción industrial”, módulos prefabricados que se arman como un “lego” en el emplazamiento de la obra. Esto, apenas se hace en España, en donde existe muy poco personal que conozca estas técnicas que están penetrando muy lentamente y de forma absolutamente minoritaria. España sigue siendo el país en donde un albañil “espabilado” decide trabajar por su cuenta en lugar de para un patrón. Incluso en estos tiempos, más que a la construcción de nuevos edificios, este albañil suele dedicarse a “reformas”.

A pesar de su escaso valor añadido y de la nula penetración de las nuevas tecnologías (salvo en el estadio del diseño), el valor indirecto del sector de la construcción es importante para la economía nacional al movilizar a la industria de materiales, servicios financieros, arquitectura e ingeniería. Globalmente, representa en estos momentos en España entre el 5,3% - 5,7% del PIB. Es también un motor fundamental de ocupación, con más de 1,4 millones de afiliados en España en 2024-2025.

Ahora bien, en el sector de la construcción estamos lejos de los salarios que cobraban peones y oficiales albañiles o yeseros a principios durante la primera década del milenio y que indujo a una parte de nuestra juventud a abandonar los estudios y dedicarse a la construcción. Aunque los salarios actuales pueden parecer mayores en cifra absoluta, no han crecido al mismo ritmo que la inflación y el coste de vida, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo. Para hacerse una idea del desastre salarial del sector, estos simples datos bastan: en 2007 un oficial de 1ª cobraba mensualmente entre 2.000 y 3.000 euros, en 2.026, apenas cobra entre 1.800 y 2.100 euros, mientras que un peón en 2007 percibía entre 1.200 y 1.500 euros y actualmente entre 1.100 y 1.300. Y esto sin contar la inflación acumulada que en España entre enero de 2007 y mayo de 2026 es de aproximadamente un 48%... En otras palabras, lo que en 2007 costaba 1.000 €, hoy requiere unos 1.480 € para mantener el mismo poder adquisitivo.

Esto explica, por sí mismo, dos fenómenos que están protagonizando el sector de la construcción en estos momentos: por una parte, los salarios no han subido lo suficiente para atraer a los jóvenes españoles, quienes prefieren otros sectores con condiciones laborales menos penosas por sueldos similares; por otra, la inmigración masiva se ha incorporado al sector de la construcción (hoy, uno de cada cuatro trabajadores es extranjero, pero, en realidad, a esto hay que sumar los extranjeros que han obtenido nacionalidad española, con lo que estamos en torno a 50% de trabajadores españoles y 50% de origen extranjero), con un fenómeno nuevo e inédito: un altísimo nivel, récor histórico, de absentismo laboral.

En efecto, el absentismo en el sector de la construcción en España alcanzó en 2025 su máximo histórico, situándose en el 6,2% de las horas pactadas. Aunque tradicionalmente ha sido el sector con menor absentismo en comparación con la industria o los servicios, la tasa ha crecido de forma alarmante, duplicándose en la última década. Lamentablemente, para los que explican que la inmigración es la solución a todos los problemas, un análisis superficial indica que el único elemento nuevo que ha aparecido en la ecuación en los últimos diez años, ha sido la incorporación masiva de inmigrantes al sector. Cada trabajador del sector perdió una media de 113 horas anuales (unas 14 jornadas completas o casi tres semanas de trabajo). Se estima que, en la práctica, por cada 16 trabajadores contratados, solo 15 están trabajando de forma efectiva. Las bajas por enfermedad común o accidente concentran el 72% del crecimiento del absentismo desde 2018. Desde hace dos décadas, es habitual que marroquíes con alguna dolencia de espalda, entren a trabajar en una empresa de construcción y al poco tiempo acudan al médico para gestionar una “incapacidad laboral” que les da derecho a percibir una pensión. Por otra parte, han aumentado las bajas “psiquiátricas” muy difíciles de determinar si son auténticas o meras excusas para realizar “chapuzas” o “ñapas” para vecinos, amigos o familiares. Si tenemos en cuenta que las cifras que hemos presentado han sido dadas por el ministerio de trabajo y que éste tiende siempre a enmascarar los datos reales (se estima que el paro real en España, por ejemplo, es casi el doble del admitido oficialmente), es posible que todas estas cifras sean mucho más dramáticas aún.

Según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), el absentismo tiene para las empresas un coste superior a los 3.500 millones de euros anuales, lo que equivale al 1,7% de las ventas totales del sector.

En 2025, el número de trabajadores extranjeros en el régimen general de la construcción se sitúa en torno a los 243.480 afiliados. Oficialmente, representan el 23,2% de todos los empleados inscritos en el sector. Los colectivos más numerosos en el sistema de Seguridad Social (incluyendo otros sectores) proceden de Marruecos, Rumanía, Colombia y Venezuela. El 88,6% de los trabajadores extranjeros en España ya cuenta con un contrato indefinido, una tasa ligeramente superior incluso a la de los trabajadores nacionales (88,4%), siempre según cifras oficiales.

En las obras del Estadio del Barcelona (verdadero “parto de los montes” que arrancó en 2023 y todavía distan mucho de haber concluido, funcionando el estadio en el momento de escribir estas líneas al 60% de su capacidad total), buena parte del impresionante retraso se ha debido a conflictos laborales y altercados violentos entre grupos nacionales de trabajadores inmigrantes: octubre de 2024, pelea multitudinaria en la que participaron entre 20 y 30 operarios de nacionalidad albanesa y rumana; el enfrentamiento incluyó el uso de palos y barras y se saldó con seis heridos leves; mayo de 2024: altercado previo fuera del recinto, en la calle Arístides Maillol, que terminó con dos heridos y cuatro detenidos; la mayoría de los involucrados en las peleas pertenecían a empresas subcontratadas externas y residían temporalmente en hoteles de Calella. El FC Barcelona ha instado a la constructora principal, la turca Limak, a extremar la seguridad y el control de estas subcontratas tras repetirse estos episodios.

El sector de la construcción será, aparentemente, uno de los más beneficiados por el proceso de regularización extraordinaria de 2026, ya que permite formalizar la situación de miles de personas que ya trabajaban de forma irregular, ayudando a cubrir las vacantes que las empresas no logran llenar con personal local… eso, al menos, es lo que dice la publicidad oficialista. Pero la realidad es muy diferente: la inmensa mayoría de los inmigrantes que han llegado a España desde principios del milenio carecían por completo de formación laboral. La han ido adquiriendo a lo largo de su estancia en España y, por lo demás, un buen albañil o un buen peón, no nacen de la concesión de los papeles de regularización, sino de su experiencia previa en el sector. De lo contrario, en una obra resulta extremadamente peligroso contratar a personal sin conocimientos expresos y prácticos en una obra. Incluso en los sectores en los que el trabajo es más simple (albañiles “en seco” o pladuristas), hace falta experiencia y “rodaje” para poder efectuar correctamente el trabajo. Además, por supuesto, de conocer bien el idioma… lo que no es el caso de la inmensa mayoría de los que se acogerán a la regularización que carecen de lo uno y de lo otro. Así pues, nos atrevemos a prever que la “regularización” masiva, lejos de resolver el problema de la construcción terminará agravándolo aún más.

Luego, está la subida en el precio de los materiales de construcción (un 5,46% en el último año). Cemento y hormigón, son los materiales que más presión mantienen debido a los costes energéticos de su fabricación. El cemento ha acumulado subidas de hasta el 45% en los últimos cinco años y se prevé un alza adicional del 2% al 5% en 2026. Muy afectados por la transición energética (demanda de cables y perfiles solares), tendrán un incremento de entre el 5% y el 8% para este año. La cerámica y los revestimientos siguen a un alza del 12% debido al encarecimiento del gas necesario para los hornos.

Es cierto que el precio de los materiales de construcción es el rubro menor en el sector de la construcción, pero estas alzas tienen su incidencia en el precio final de la vivienda. Con todo, el Estado y sus distintos y múltiples niveles administrativos, constituyen uno de los primeros factores de encarecimiento de la vivienda. Los ayuntamientos dependen mucho de la construcción para financiarse, por lo que rara vez bajan sus tasas. Por ejemplo, la mayoría de ayuntamientos aplican el impuesto máximo legal permitido (4% sobre el coste de la obra). Aunque algunos municipios bajan el tipo para incentivar reformas, la tendencia general es mantenerlo alto para compensar otros gastos. Las tasas por tramitación de licencias y ocupación de vía pública (vallas, andamios) suelen actualizarse anualmente con el IPC, lo que supone una subida constante en términos nominales.

Las 17 taifas autonómicas no suelen cobrar impuestos directos a la constructora como entidad, pero sí afectan a su negocio a través de impuestos que gravan la compra de suelo y las escrituras. Algunas comunidades ofrecen tipos reducidos para viviendas protegidas o para jóvenes, lo que ayuda a la constructora a vender, pero los tipos generales se mantienen estables o suben ligeramente para financiar servicios públicos (y/o el pago de comisiones y corruptelas generalizadas). Los cánones de saneamiento y residuos han subido en casi todas las comunidades para cumplir con las nuevas normativas medioambientales europeas sobre gestión de escombros…  

Las cotizaciones a la Seguridad Social y las aportaciones obligatorias al nuevo Plan de Pensiones del Sector de la Construcción han incrementado el coste real por trabajador para la empresa, lo que funciona como un "impuesto indirecto" a la actividad.

Para una empresa que cubra todo el ciclo (compra de suelo, gestión de la promoción y construcción propia), el beneficio neto promedio suele oscilar entre el 10% y el 15% sobre el valor total de la inversión (Ventas), aunque este margen se ha estrechado en los últimos dos años, mientras que los riesgos han ido en aumento. Ahora bien, es fundamental distinguir entre el beneficio de “construir” y el de “promover”, ya que son riesgos y rentabilidades muy distintos: la constructora tiene un margen neto muy ajustado: entre el 2% y el 5% y un riesgo alto debido a que cualquier subida inesperada en el precio de los materiales o retraso en la obra puede “comerse” todo el beneficio. Como vimos antes, con costes subiendo al 5,4%, muchas constructoras trabajan hoy al límite de la rentabilidad. Si la empresa compra el suelo y gestiona el proyecto su margen neto es mayor: entre el 12% al 18%, pero con un alto nivel de riesgo financiero y comercial si la obra no se vente o el suelo se deprecia por cualquier motivo. Al haber subido los tipos de interés también se ha elevado la “carga financiera” (pedir dinero al banco para construir sea mucho más caro que durante la década pasada). Además del salario de los trabajadores, las empresas pagan aproximadamente un 33-35% adicional sobre el salario bruto de cada albañil u oficial en concepto de Seguridad Social. Si un oficial cuesta 2.500 € al mes a la empresa, unos 800 € van directos al Estado antes de que el trabajador vea su nómina.

En cuanto a las “promotoras-constructoras”, en las que una misma empresa lo hace todo, el beneficio medio se desglosa aproximadamente en una vivienda de precio de mercado:

- Coste del Suelo: 20-25% del precio final.
- Coste de Construcción (PEM + Beneficio Industrial): 45-50%.
- Gastos (Licencias, financiación, marketing): 10-15%.
- Beneficio antes de impuestos (Margen del promotor): 10-15%.

En una promoción inmobiliaria estándar en España, la suma de todos los impuestos suele representar entre el 20% y el 25% del precio final de la vivienda. Una vez que la empresa descuenta todos sus costes (suelo, materiales, sueldos) y obtiene su beneficio neto, debe pagar una cuarta parte de sus beneficios al Estado: Si la empresa gana 100.000 € limpios, el Estado se queda con 23.000 € - 25.000 €. En las ventas de viviendas, se suma el 10% del precio de venta que paga el comprador, pero recauda el Estado. En locales o garajes independientes, sube al 21%. A lo que hay que sumar entre el 0,5% y el 1,5% (según taifa) por las escrituras de obra nueva y división horizontal. Luego está el “Impuesto de Construcción” que supone el 4% sobre el coste real de la obra (el presupuesto de ejecución material) que va directo al Ayuntamiento y las tasas municipales, licencias de obras, de primera ocupación y tasas de gestión de residuos (aproximadamente el 1-2% del coste de construcción).

Para las empresas de la construcción, el margen es, realmente, mucho más pequeño de lo que la imaginación popular deja entrever. El gran beneficiario y el gran responsable de la elevación del precio de la vivienda es el Estado y sus diferentes niveles burocrático-administrativos. Vale la pena no olvidarlo cuando se discute sobre las responsabilidades en el aumento del precio de la vivienda.

 

 

 

Si todos los problemas fueran tan fáciles de resolver como el de la vivienda… (3 de 5) – El alquiler imposible y los procesos de “gentrificación” y “turistificación”

4. La cuestión de los alquileres: la alternativa imposible.

Ahora bien, para aquellos que, por imposibilidad económica o por que su estilo de vida implica desplazamientos y cambios de ubicación, la propiedad de la vivienda no es una necesidad imperiosa, así que utilizaban su alternativa: la posibilidad del alquiler. Esta posibilidad, simplemente, ha desaparecido. Antes se alquilaba porque el precio mensual era más barato que el pago de una hipoteca. Lo hacían especialmente los jóvenes, a la espera de poder ahorrar lo suficiente para comprar una vivienda. O gentes que, por su movilidad laboral o, simplemente, como opción personal, rechazaban el ser propietarios de un piso. Pero el mercado del alquiler, simplemente es hoy prácticamente inaccesible, hasta extremos dramáticos.

A ello han contribuido distintas causas:

1) Incompetencia gubernamental: durante el franquismo eran frecuente los contratos de alquiler de por vida que heredaban hijos y nietos con aumentos de precio mínimos. Pero, durante la transición, la inflación se aproximó en algunos momentos hasta el 30%, obligando a los “Pactos de la Moncloa” para frenar su impacto, con lo cual se produjo un desfase entre los alquileres de “renta antigua” y la realidad económico-social: los beneficiarios de estos alquileres pagaban rentas ridículas y, los propietarios, buscaban “quitárselos de encima”, algo imposible a la vista de las leyes proteccionistas dictadas por el franquismo.

En 1985, con los socialistas en el poder, la Ley Boyer (Real Decreto-Ley 2/1985) marcó un cambio de paradigma en el mercado inmobiliario español al introducir la liberalización de los contratos de alquiler. Sus efectos principales devastadores. El efecto más radical fue la eliminación de la prórroga forzosa para los nuevos contratos. Antes de 1985, los inquilinos tenían derecho a prorrogar el contrato indefinidamente con los precios congelados. La Ley Boyer establecía que la duración del contrato sería pactada libremente por las partes. Se pasó de alquileres vitalicios a contratos con una fecha de finalización clara, frecuentemente de un año o menos. Y si bien es cierto que los precios, momentáneamente, se ajustaron a la realidad del mercado, con el paso del tiempo se fueron imponiendo sus secuelas más infames.

La medida, esperaba ampliar el parque de alquiler (muchos preferían tener pisos vacíos antes que arriesgarse a un inquilino de por vida), pero se generó una mayor inseguridad jurídica y financiera para los arrendatarios. Los inquilinos quedaban expuestos a subidas drásticas de precio o a la no renovación del contrato al finalizar el plazo pactado. Esto provocó una rotación constante de inquilinos, un encarecimiento progresivo del acceso a la vivienda y un deterioro de las mismas viviendas. La medida, en su conjunto, puede ser definida como “tragedia social”, no tanto por su efecto inmediato como por sus secuelas que fueron visibles a cinco años vista.

En 1994, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994, intentó equilibrar de nuevo la balanza estableciendo plazos mínimos obligatorios (entonces de 5 años) para dar estabilidad al inquilino… de ahí que la “inseguridad”, en lugar de ser de un año o menos, pasara a ser quinquenal, dándose el caso de que, en un lustro, las condiciones del mercado podían suponer (no solo para inquilinos, sino también para comercios) una variación radical en el precio, imposible de pagar, especialmente en las grandes ciudades. Esta ha sido la causa de muchos fenómenos deletéreos para la sociedad ante los que el Estado se ha visto impotente o, simplemente, ha dejado a la población al albur de las circunstancias.

Durante el sanchismo, se han ido sucediendo medidas cada vez más absurdas y contraproducentes para tratar de resolver los problemas planteados. En 2023, el gobierno aprobó la Ley de la Vivienda que debía permitir a las administraciones intervenir para controlar los precios del alquiler. Lo esencial de esta ley es la “declaración de zonas tensionadas”, esto es de áreas geográficas —barrio, municipio o distrito— donde el acceso a la vivienda está en riesgo debido a que los precios son excesivos para la población local. Para que una Comunidad Autónoma pueda declarar una zona como tal, debe cumplirse al menos uno de estos dos criterios: Que el coste medio de la hipoteca o el alquiler, sumado a los gastos y suministros básicos (agua, luz, etc.), supere el 30% de los ingresos medios de los hogares de la zona, o que el precio de compra o alquiler haya subido, en los últimos cinco años, al menos 3 puntos porcentuales por encima del IPC acumulado de esa comunidad. Una vez que una zona es declarada oficialmente tensionada (por un periodo inicial de 3 años prorrogables), se aplican el tope al alquiler para grandes tenedores (propietarios de más de 5 o 10 viviendas según la región), para los pequeños propietarios, el precio del nuevo contrato no puede superar la renta del contrato anterior (más la actualización anual correspondiente), el inquilino tiene derecho a solicitar prórrogas anuales de su contrato hasta un máximo de 3 años manteniendo las mismas condiciones, a lo que se unen incentivos fiscales (bonificaciones en el IRPF de hasta el 90% si rebajan el precio del alquiler un 5% respecto al contrato anterior).

Como todas las medidas demagógicas, anunciadas a bombo y platillo por el sanchismo, la repercusión de la Ley de la Viviendo y la declaración de “zonas tensionadas” ha sido la puntilla que ha terminado agravando aún más el problema. Cataluña ha sido la comunidad pionera en aplicar estas zonas. Los resultados tras el primer año muestran que se han perdido de cerca de 60.000 unidades de alquiler habitual en Cataluña. Muchos propietarios han retirado sus pisos del mercado, los han puesto a la venta o los han derivado al alquiler de temporada (habitaciones, meses) para evitar la regulación. El número de nuevos contratos de arrendamiento firmados ha caído a mínimos históricos.

Incluso en zonas no declaradas tensionadas, la ley ha introducido cambios que han alterado el mercado. Incluso un detalle secundario de la ley como la prohibición de cobrar los honorarios de la inmobiliaria al inquilino (ahora los paga el propietario), se ha traducido en un aumento del precio inicial de la renta para compensar el gasto... El endurecimiento de los procesos de desahucio y las prórrogas extraordinarias para personas calificadas como “vulnerables” han generado un “miedo al impago”, provocando que los propietarios exijan requisitos más estrictos (avales, nóminas muy altas). En resumen: la aplicación de esta ley ha provocado un colapso en la oferta de alquiler de larga duración, derivando el mercado hacia modalidades no reguladas.

2) Pisos turísticos y procesos de gentrificación: tras la crisis económica de 2008-2011, apareció el fenómeno de los “pisos turísticos” amparado en simples aplicaciones informáticas creadas para fomentar el turismo al margen de las cadenas hoteleras. Pronto, los propietarios de viviendas se dieron cuenta de que este modelo de negocio les reportaba más beneficios que el simple alquiler, sin riesgos de inseguridad jurídica. Incluso propietarios de pisos de varias habitaciones decidieron incorporarse alquilando temporalmente una parte de su vivienda. Es un modelo flexible de negocio que apenas comporta riesgos. Cada propietario puede aceptar o rechazar una propuesta de alquiler a la vista del historial del aspirante y, paralelamente, éste puede ver las condiciones reales y las opiniones de anteriores inquilinos. Sin embargo, pronto se percibieron los factores más indeseables de este modelo. El “legislador”, como siempre, actuó tarde, tímidamente y mal.

En lugar de regular inmediatamente los alquileres turísticos, inexplicablemente, esperó a que estos se hubieran generalizado e, incluso, cuando los “grandes tenedores” de vivienda entraron en el negocio. El resultado fue que aumentó el turismo, pero empezaron a producirse visibles cambios en las grandes ciudades: el parque de alquiler convencional se retrajo (se gana más alquilando a turistas por una semana que mediante alquileres sometidos a la Ley de Arrendamiento Urbano). Esto provocó una avalancha de “pisos turísticos” cada vez más descontrolados. Además, el hecho de que el “modelo turístico español” se base -especialmente en ciertas regiones- en “turismo de aluvión”, o turismo low cost, joven, con muy escasa educación cívica, sin excesivo respeto por los vecinos, ganas de juerga y alcohol barato (una lata estándar de cerveza barata en el Reino Unido cuesta 3,16 €, mientras que en España, por ese precio pueden comprarse 10 latas de cerveza barata en un super Dia), así como el absoluto descontrol de las policías municipales ha generado el que la vida tranquila se haya convertido en imposible en las zonas turísticas de las grandes ciudades.

Las medidas de control han llegado demasiado tarde, cuando los centros de las grandes ciudades han sido abandonados por los propietarios, comprados por los “grandes tenedores” y convertidos en “pisos turísticos”. A partir del 1 de julio de 2025 (es decir casi ¡¡20 años!! después de que aparecieran en España las apps de “alquiler turístico”), es obligatorio que todas las viviendas de este tipo (VUT) obtengan un número de registro nacional único, sin el cual Airbnb y demás no podrán anunciar pisos sin este código verificado. Ahora, para abrir una nueva VUT en un edificio, se requiere la autorización expresa de la comunidad (voto favorable de 3/5 partes de propietarios y cuotas). Además, los vecinos pueden imponer cuotas de comunidad hasta un 20% superiores para estos pisos… Tarde, muy tarde, rematadamente tarde, porque hoy, muchos edificios del centro de las grandes ciudades ya han sido comprados íntegramente por los grandes tenedores y apenas quedan vecinos habituales o no queda ni uno.

En cuanto a los ayuntamientos están aplicando la “mano dura”. Barcelona ha anunciado un plan para eliminar las licencias de los 10.000 pisos turísticos actuales para finales de 2028, convirtiéndolos de nuevo en viviendas residenciales. Pero no hay que hacerse ilusiones: el ayuntamiento no ha actuado en beneficio de la población, sino de las grandes empresas hoteleras. Lo peor no es eso, sino que Barcelona vive hoy solamente del turismo (incluso los miles de chorizos que operan en la ciudad, llegados con la inmigración, actúan preferentemente sobre el turismo). Un descenso de los pisos turísticos, implicará el que los edificios “colonizados” por alquileres turísticos serán convertidos en hoteles, con lo que no variará nada en esencial; por otra parte, el descenso temporal de plazas turísticas mermará la capacidad económica de la ciudad, con lo que el ayuntamiento, en absoluto dispuesto a rebajar el ritmo de obra pública y de burocracia, no tendrá inconveniente en aumentar multas e impuestos a residentes, para garantizar su propia estabilidad económica y la de su ayuntamiento. El propio Estado ha decidido “resolver” la cuestión de los alquileres turísticos cobran a partir de 2025, el 21% de IVA a los alquileres vacacionales que ofrezcan servicios propios de la hostelería (limpieza periódica, cambio de ropa de cama, recepción).

Si el problema de los “pisos turísticos” ha generado cambios profundos en el centro de las grandes ciudades, peor aún ha sido la llegada masiva de inmigrantes que han colonizado los barrios más baratos, de carácter popular que hasta hace un par de décadas estaban solamente habitados por trabajadores y en los que, actualmente, se dan los mayores porcentajes de inmigración masiva y descontrolada. Son también barrios dejados de la mano de Dios en los que la policía aparece poco, o no aparece y se da rienda suelta, sino a la actuación de los delincuentes, sí al menos a que vivan y realicen sus “negocios” allí.

En grandísima medida este fenómeno está vinculado a la “okupación” de viviendas favorecida, ampliada y facilitada por el gobierno sanchista. En realidad, el sanchismo ha trasladado a la sociedad civil su negligencia en todos los órdenes: habiendo renunciado a la construcción de viviendas de protección oficial solo para inmigrantes y, a la vista, de que los propietarios son muy renuentes a alquilar viviendas que, saben perfectamente que, a partir del primer mes, dejarán de cobrar la mensualidad y los inquilinos se transformarán en “inquiokupas”, alegando cualquier tipo de vulnerabilidad real o supuesta, el Estado ha transferido su obligación constitucional de asegurar el “derecho a la vivienda”, a la sociedad, permitiendo masivamente las okupaciones.

 

En la actualidad, no existe un censo oficial exacto de cuántas personas viven actualmente como "okupas" en España, ya que los datos institucionales miden denuncias (hechos conocidos) y no individuos. No obstante, las cifras más recientes a mayo de 2026 permiten realizar una estimación del fenómeno. Solo en 2025, las fuerzas de seguridad registraron 14.875 denuncias por ocupación ilegal (usurpación y allanamiento), siendo el año anterior 16.426. El descenso se debe, sobre todo, a la seguridad de que, denunciar solamente va a añadir un gasto adicional al problema y cada vez más propietarios optan por otras vías. Se estima que cerca de 23.000 viviendas en el mercado de venta en España tienen constancia de estar ocupadas ilegalmente…

Algunas plataformas de propietarios calculan que podría haber cerca de 80.000 personas habitando viviendas sin título legal en España, incluyendo tanto la "okupación" clásica como la "inquiokupación" (inquilinos que dejan de pagar). Sin embargo, otras cifras, mucho más realistas, indican que 500.000 de personas vivirían en estos momentos en situación de “okupas” en todo el territorio nacional. Cataluña se ha convertido en el paraíso mundial de la “okupación”, concentrando más del 40%. Por supuesto, tanto el gobierno, como las comunidades autónomas más afectadas (Cataluña, Madrid y Andalucía) hacen todo lo posible para evitar dar cifras absolutas y realistas sobre el fenómeno de la okupación ilegal. No se trata, por supuesto, de un olvido fortuito, sino de una negligencia deliberada para evitar que la población conozca la situación real del fenómeno y exija responsabilidades.

Los grupos considerados en “situación de vulnerabilidad económica y social” resultan prácticamente inexpulsables de sus viviendas okupadas ilegalmente. La mera declaración de “vulnerabilidad” permite solicitar la suspensión extraordinaria de un desahucio hasta el 31 de diciembre de 2026. Pero las condiciones para presentarse como “vulnerable” son tan laxas que prácticamente se extienden a toda la población que ejerce “okupación”. Basta con tener un hijo mejor de edad, algún mayor a su cargo o alegar hacer sido víctima de “violencia de género” (incluso con fallos judiciales en contra), personas en situación de dependencia o con enfermedades que incapaciten para trabajar, haber sufrido una pérdida sustancial de ingresos o vivir de pensiones no contributivas, bastan para que los Servicios Sociales emitan informes favorables a la “vulnerabilidad”.

De hecho, a partir de la “regularización masiva” de 2026, los informes sobre “vulnerabilidad”, ni siquiera son realizados por los “servicios sociales” de los ayuntamientos, sino por entidades (los sindicatos comegambas) y ONG “acreditadas” (cuyo negocio depende precisamente de la inmigración masiva). Además, por supuesto, de la Cruz roja, cuya actividad principal en España es la ayuda a la inmigración desde el minuto 1. Así pues ¿qué puede fallar?

Todos estos fenómenos, reunidos, han contribuido a desencadenar un brutal proceso de “gentrificación” en los últimos años. Se llama “gentrificación” al proceso de transformación urbana en el que la población original de un barrio deteriorado o de clase trabajadora es desplazada por otra completamente diferente. Existen gentrificaciones “positivas” (cuando el grupo social que llega es de un nivel económico y cultural superior al que resulta desplazado) y gentrificaciones “negativas” (cuando un grupo, habitualmente extranjero a nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros hábitos de vida y nuestra educación promedio, desplaza a la población que siempre ha tenido un barrio). Estos últimos procesos aumentan siempre a velocidad asindótica: los ciudadanos autóctonos, al verse literalmente rodeados por halógenos, optan por cambiar de barrio.

Estos fenómenos se dan sobre todo en las grandes ciudades (pero también pueblos de tamaño medio), siempre son espontáneos y los vecinos alegan los mismos motivos: no se reconocen en los recién llegados, aumenta la inseguridad ciudadana, las agresiones sexuales se convierten en habituales, la policía deja de garantizar la seguridad, aumenta el tráfico y el consumo de drogas, se producen frecuentes altercados entre grupos de inmigrantes, los servicios sociales se deterioran hasta extremos próximos al colapso, etc, etc, etc.

Esto en lo que se refiere a la “gentrificación negativa”, pero la “gentrificación positiva” tampoco es para echar cohetes. Tras desalojar a los vecinos habituales en estos barrios (a través de muchos procedimientos, entre los que el mobbing es uno de ellos, pero también la compra de las propiedades a precios bajos facilitados por políticas municipales deliberadas (en la Plaza Real, un conocido concejal socialista del ayuntamiento de Barcelona adquirió a bajo precio la mayor parte de los inmuebles en los años 90, literalmente abandonando a la delincuencia la plaza, con lo que los precios bajaron hasta convertirse en auténticos saldos; acto seguido, estando la mayor parte de la zona bajo su propiedad, consiguió que a escasos metros de la Plaza Real, el ayuntamiento instalara una comisaría de policía, simplemente, cruzando las Ramblas. La zona se “dignificó”, la delincuencia fue dispersada, y los pisos pudieron venderse y/o alquilarse a precios de “centro de Barcelona”).

Los negocios locales (fruterías, mercerías) desaparecen y son sustituidos por franquicias o servicios enfocados al nuevo público o al turismo. La “gentrificación” no es exactamente “turistificación”, pero se aproxima y, en la práctica, sus efectos son exactamente los mismos. El desplazamiento es causado por nuevos residentes de diferente nivel económico, mientras la turistificación sería el desplazamiento es causado por la implantación masiva de pisos turísticos. La distinción entre ambos conceptos es casi una pedantería

 

 

Si todos los problemas fueran tan fáciles de resolver como el de la vivienda… (2 de 5) – La “memoria histórica”… - ¿Por qué sube hoy el precio de la vivienda?

2. ¿Ha existido alguna vez política de la vivienda en España?
    Si, con Franco (con perdón…)

Lo cierto es que estas cifras son casi ridículas con las que ofreció el régimen franquista a la “memoria histórica”. En efecto, durante los años 60, España alcanzó un porcentaje de vivienda de protección oficial (VPO) significativamente más alto que el actual en términos de producción, aunque no como parque público de alquiler permanente. Entre 1961 y 1975, ¡el 52,48% de todas las viviendas construidas estuvieron bajo algún régimen de protección estatal! Se mostraba el cartel metálico en cada edificio, con el emblema de las cinco flechas y el yugo. En los años 60 se llegaron a construir hasta 200.000 viviendas protegidas al año y el régimen entregó más de 4 millones de viviendas con protección oficial entre 1961 y 1975.

Buena parte de esas viviendas eran de propiedad, como decía el eslogan franquista: el régimen buscaba una “sociedad de propietarios, no de propietarios”. El Estado avalaba y subvencionaba la construcción, pero el objetivo final era que el trabajador comprara la casa a precios asequibles… con la condición de que no la vendieran ni la alquilaran en los 20 o 30 años posteriores. Compárense esas cifras con las de los años 2023-2025, donde la cifra de construcción de vivienda protegida ha caído drásticamente, situándose en apenas unas 9.000 a 18.000 unidades anuales. En la actualidad apenas se construye el 10% de lo que se construía en los años 60, cuando la población del país era de apenas 30.000.000.

Lo “parajódico” es que la población que vive en España crece hoy a más velocidad que en los años 60. En 10 años, entre 1960 y 1970, la población española pasó de 30’5 a 33,9 millones, con un crecimiento constante del 1% interanual: 1960: +256.000 habitantes, 1961: +284.250 habitantes, 1962: +284.116 habitantes, 1963: +273.285 habitantes, 1964: +312.544 habitantes, 1965: +345.097 habitantes, 1966: +328.902 habitantes, 1967: +399.753 habitantes, 1968: +430.187 habitantes, 1969: +327.920 habitantes. La natalidad se mantuvo muy elevada debido a la bonanza económica de los años 60 y a las políticas de incentivos de la época. Además, descendió la mortalidad gracias a la modernización sanitaria y la mejora en la alimentación. A pesar de la fuerte emigración hacia Europa (Alemania, Suiza, Francia), el crecimiento natural (nacimientos menos defunciones) fue tan alto que compensó con creces la salida de trabajadores.

La “pequeña diferencia” es que hoy la población no crece por la demografía española sino por la política de inmigración que, básicamente, consiste en que cualquiera que quiera beneficiarse del estado del bienestar creado POR LOS ESPAÑOLES con el esfuerzo y el trabajo de las generaciones que nos precedieron, puede hacerlo sin ningún impedimento (como demuestran las regularizaciones masivas acometidas por Zapatero y Sánchez) y gozar, desde el minuto uno de su estancia ilegal, de los beneficios sociales pagados por nuestros impuestos.

3. Por qué ha ido subiendo más y más el precio de la vivienda

Parece muy claro que, cuando un gobierno permite que la población crezca a una velocidad mayor que su capacidad (o voluntad) de construir viviendas, según la ley de la oferta y la demanda, el precio de la vivienda crece: a más demanda y menos oferta, el precio se dispara (de la vivienda y de cualquier producto de mercado).

Por tanto, aquí y ahora, el precio de la vivienda crece, porque la población residente en España está creciendo a causa de la inmigración descontrolada. Desde el zapaterismo, los gobiernos socialistas son perfectamente conscientes de que solamente pueden alardear de “progreso” manejando cifras “macroeconómicas” (esto es, alejadas de la “economía real” en la que se mueve el ciudadano de a pie). Una de estas cifras es el PIB, verdadero tótem del socialismo. A más PIB, más “crecimiento económico”, nos dicen… sin embargo, la experiencia y las cifras demuestran que el crecimiento del PIB, en estos momentos, va parejo al crecimiento de la pobreza.

¿Cómo es posible? Simplemente por que la inmensa mayoría de los recién llegados, o bien trabajan en las franjas salariales más bajas y de forma esporádica, o bien, ni siquiera han venido a trabajar, sino a beneficiarse del “estado de bienestar” que, para ellos se reduce a “vivienda gratis” (okupación, inquiokupación), “telefonía gratis”, “energía gratis” (o a cargo de los ayuntamientos), “subsidios múltiples” (a más hijos, más subsidios; a más personas a su cargo, más subsidios; y, a la adquisición del título de “vulnerables” que, prácticamente, se regala aun sin solicitarlo, y que permite tratamiento preferencial en toda las ayudas sociales e impiden desokupaciones), buena parte de los transportes públicos gratuitos, “medicina gratuita”, “asistencia legal gratuita”, incluso la mayoría de delitos menores (y no tan menores) salen gratis para la nueva delincuencia, que no tiene ni vivienda fija, ni nombre fijo, ni siquiera se sabe de dónde viene, ni cuáles son sus antecedentes, ni su estado de salud físico no mental….

En otras palabras, el PIB crece, simplemente, paralelo al crecimiento de la población: que, en estos momentos, es solamente a causa de la inmigración masiva. Hoy existe inmigración por que está simplemente subvencionada, por mucho que el gobierno no haya preguntado a la población si deseaba esta fórmula o la rechazaba. El aumento del PIB se consigue inyectando subvenciones a todas las actividades que redundan en un aumento de consumo: 150 personas, por pobres que sean, consumen más que 100. La diferencia es considerada un “éxito” para el gobierno… a pesar de que, paralelamente, la pobreza vaya en aumento. Diferente sería, si en lugar del PIB, el progreso se midiera mediante el “PIB per cápita”: la totalidad del movimiento económico dividido por el total de la población… como la lógica más elemental implica. Pero la lógica no rige ni para el sanchismo, ni para la economía liberal, ni para la UE.

Así pues, esta diferencia entre crecimiento poblacional y escasa construcción de vivienda pública y privada, es la PRIMERA CAUSA del aumento del precio de la vivienda.

Se argumentará que en períodos anteriores en los que el fenómeno de la inmigración no era tan impactante y en los que se construía mucha más vivienda pública y privada, los precios se habían, igualmente, disparado. Esto es cierto solamente en un momento: durante el período en el que Aznar ocupó la presidencia del gobierno y llegó a su clímax con Zapatero hasta el “estallido de la burbuja inmobiliaria”. Pero el problema entonces era muy parecido al de ahora, pero se añadían algunos otros elementos inéditos y ausentes en la actualidad.

Durante ese período 1996-2008, el precio de la vivienda respondió a condiciones de mercado alteradas por factores financieros, demográficos y regulatorios que crearon la famosa “burbuja inmobiliaria”. La Ley del Suelo aprobada en 1998 aspiraba a bajar los precios aumentando la oferta de terreno urbanizable, sin embargo, los precios se dispararon por tres factores:

1) Aumento de la demanda de vivienda impulsada por el crédito fácil: La entrada de España en el euro y la política monetaria del Banco Central Europeo provocaron una bajada histórica de los tipos de interés. Esto, sumado a la facilidad con la que los bancos concedían hipotecas (a veces por más del 100% del valor, e, incluso hasta el 120%), disparó la demanda de compra muy por encima de las necesidades reales de vivienda.

2) La vivienda se convirtió en un activo de inversión a partir de la crisis bursátil de finales del milenio (la crisis de las “punto.com”) y los inversores vieron en el "ladrillo" un valor refugio más rentable y seguro. Esto convirtió a la vivienda en objeto especulativo con la esperanza de revender más caro en un próximo futuro, lo que alimentó una espiral de precios que la mayor oferta de suelo no pudo frenar.

3) Variación de los factores demográficos. Por primera vez, la llegada masiva de inmigrantes durante ese período (6.000.000 entre 1997 y 2008) generaron un aumento real de la demanda “natural”. A este elemento que apareció por primera vez, se añadió otro que, también había podido preverse: la generación de los 70 llegó a la edad de emancipación y necesitaba vivienda.

4) Fallos en la oferta de suelo. Los ayuntamientos mantuvieron el control sobre las recalificaciones, lo que limitaba la velocidad a la que el suelo llegaba al mercado. El suelo urbanizable no bajó de precio porque se habia convertido en un bien escaso y estratégico para los promotores, quienes acumulaban terrenos para controlar su salida al mercado.

En el fondo, el gran fracaso del modelo económico de Aznar (consistente en combinar la construcción como elemento clave del dinamismo económico, con el acceso barato al crédito, salarios bajos y una política de inmigración masiva) constituyó un autentico suicidio para la economía nacional, especialmente en un país en el que la burocracia municipal era (y sigue siendo) lenta y cara, no solo para recalificar suelos, sino también para dar permisos de construcción, y, lo que aún es peor, para poner terreno público a disposición de la construcción.

Pero si la política de Aznar constituyó “pan para hoy y hambre para mañana”, peor todavía -si cabe- lo hicieron las administraciones sucesivas que carecieron completamente de política económica, al margen de la impuesta por la UE, y que reprodujeron todos los errores que habían llevado al estallido de la burbuja inmobiliaria entre 2008 y 2011.

De hecho, si en la actualidad, el riesgo de estallido de la burbuja es menor, no se debe a las políticas del gobierno Sánchez, sino más bien a la experiencia adquirida por los bancos que niegan hipotecas a quienes tienen una sombra de duda sobre su solvencia presente y futura, y a la subida de los tipos de interés.