Si usted está interesado en conocer lo esencial de lo que ocurrió
el 23–F, le rogamos lea las páginas que siguen y piense en cada frase a partir
de ¡ya! Vale la pena advertir que lo expuesto en estas líneas era del
dominio público en los días siguientes al 23–F por mucho que hoy se haya
olvidado. Se trata de elementos presentes en la prensa de la época y que, a
fuerza ignorarlos se han ido borrando de la memoria de los españoles. Hoy, los
archivos digitales de El Pais, La Vanguardia y ABC,
dan constancia de que todos los elementos que citamos en este artículo tuvieron
existencia real. Incluso el contenido de los documentos publicados por Moncloa
(y que pueden leerse en este enlace: DOCUMENTOS
DESCLASIFICADOS), respaldan lo que decimos a continuación. Así que, la
primera pregunta a realizar, es: ¿cómo es que se han ido “olvidando” a
medida que transcurría el tiempo, siendo, en el fondo, cruciales y la
explicación más simple a lo que ocurrió en aquellas jornadas?
9.1. Documentos ¿reservados?
Los documentos desclasificados sobre el 23–F en febrero
de 2026, están compuestos por unas 153 unidades de Defensa, Interior y
Exteriores; no revelan nada nuevo, ni nada particularmente importante. Todo lo
que muestran es lo “ya visto y conocido”: la implicación de miembros del CESID
en la intentona golpista (pero no explican el por qué, ni a las órdenes de
quién), planes para un gobierno militar (pero no exponen quién los elaboró, ni
cuándo) y transcripciones de las conversaciones de Tejero desde el Congreso, de
su esposa y de García Carrés (que no aportan elementos nuevos en ningún
caso). Los papeles apuntan a la existencia de varias tramas golpistas
simultáneas y revelan manuscritos que consideraban al Rey Juan Carlos I como un
“objetivo a batir”… pero estos documentos no tienen que ver con el 23–F, sino
más bien, con la llamada “Operación Cervantes” (ver más adelante) y su
publicación sólo indica el resentimiento de los golpistas que no fueron
detenidos el 23–F hacia la figura del Rey Juan Carlos I. Tampoco el
documento titulado “Panorámica de operaciones en marcha” aporta
algo que fuera desconocido y constituye un documento suficientemente conocido
desde hace décadas y que solo expone que, además del de Tejero, había otros
intentos golpistas en preparación…
Inicialmente, para los medios de comunicación “oficiales” u
“oficiosos”, se temía que los papeles que el gobierno anunció que iba a
desclasificar, redundaran en detrimento de la monarquía, revelando una supuesta
connivencia entre el Rey emérito y los golpistas. No ha sido así: más bien
han demostrado justo de lo contrario.
Ya hemos dicho en alguna ocasión que las operaciones de los
servicios de inteligencia nunca concluyen. Porque el 23–F fue una “operación
de inteligencia”.
A lo largo de estos 45 años, especialmente en los aniversarios
“redondos” (el quinto, el décimo, el vigésimo y, ahora el vigésimo
quinto…), siempre han “aparecido” nuevos documentos filtrados a autores,
historiadores e investigadores, que han dado lugar a una literatura cada vez
más prolífica. Toda esa marejada literaria, lejos de esclarecer los
hechos, ha generado una maraña cada vez más densa de confusión para un enigma
que, en el fondo era demasiado simple: el 23–F no fue más que una “operación
de inteligencia” cuyo objetivo era “un golpe frustrado para
acabar con todos los riesgos del golpismo y asentar definitivamente la
democracia”. Solo eso y nada más que eso.
Como expondremos más adelante, se superpusieron distintas
iniciativas golpistas, pero solamente una era “transversal” y estaba
presente en todas ellas: el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID)
y más en concreto, su sección de Operaciones Especiales. El
problema es que su actuación no fue favorable al golpismo, sino que todos sus
esfuerzos consistieron en que fracasaran los distintos golpes que se estaban
preparando. Gracias a situarse en un plano más elevado al resto de
conspiraciones, se logró que “los conejos” salieran de la madriguera,
aparecieran a descubierto y fueran cazados a placer, gracias a lo cual se
estabilizó la democracia y se consolidó la monarquía constitucional…
La publicación de los “documentos reservados” ha sido otro de los
elementos de esa “operación de inteligencia” que sigue abierta desde hace 45
años. Una vez realizada, se trataba en décadas siguientes, de multiplicar
la “intoxicación informativa” y la hojarasca selvática para mantener el fin
propuesto: la defensa de la Corona y de la legalidad democrática. En el fondo,
la desclasificación de estos papeles seleccionados, ha sido el “pago” de
Sánchez a la monarquía para hacerse perdonar desplantes, ofensas, viajes y
declaraciones a las que ha obligado a Felipe VI.
9.2. ¿Una operación avalada por la Casa Real? ¿Con
la constitución ya en vigor?
El 23–F de 1981, la constitución española ya había
sido aprobada 2 años, 10 meses y 8 días antes. Era obligación de todos los
funcionarios del Estado, incluidos los militares, no solo acatarla, sino
también conocerla.
Vale la pena recordar que, como hemos dicho, lejos
de ser una constitución monárquica, el texto aprobado en referéndum, más
bien parece el de una, paradójica, “república coronada”. Las funciones del
presidente del Estado Italiano, por ejemplo, son mucho más amplias que las del
Rey constitucional. De hecho, en el actual ordenamiento constitucional,
todas las “prerrogativas” reales tienen algún tipo de limitación o resultan
francamente ambiguas. Véase el artículo 56 y 62: El Rey firma, sí o sí, las
leyes… aprobadas por las Cortes; no se prevé que puede ocurrir si no firma.
También convoca elecciones y referéndums en los términos previstos en la
Constitución y propone candidato a Presidente del Gobierno, pero, al no
depender de él la potestad de disolver las cortes por iniciativa propia, está
sometido al dictado de las urnas. El Rey, ostenta la “jefatura militar”
de las Fuerzas Armadas, título honorífico porque, en realidad, la política de
defensa la dirige el Gobierno. Y otro tanto ocurre en sus funciones como
representación internacional, cuyas pautas están dictadas por el ministerio de
exteriores. En cuanto acreditar a los embajadores españoles, estos son elegidos
por Exteriores, no quedándole al Rey otro remedio más que aceptarlos. E,
incluso en la declaración de “la guerra y hacer la paz”, se hace según dictan
las Cortes Generales. Todas las funciones Institucionales y de Justicia
dependen del gobierno de turno, incluidos el “derecho de gracia”, “expedir los
decretos”. “conferir empleos civiles y militares”, incluidos honores y
condecoraciones, ejercer indultos, etc, siempre a propuesta del ministerio
correspondiente.
En otras palabras, tenemos una monarquía huérfana
de funciones. Dicho de manera más
clara y menos retórica: Si el Rey quiere seguir siéndolo, debe de
cumplir estrictamente lo que dicta la constitución. Firmar todo lo que el
gobierno pone bajo su real nariz a sabiendas de que, en el momento, en el que
haga lo contrario, abrirá la carrera al referéndum sobre “monarquía o
república”. Su presencia es meramente protocolaria y se ha dado el caso de
ausencias del Rey Juan Carlos I cuando las leyes y los decretos eran firmados…
por un plotter.
Con todo esto queremos decir que los
militares debían conocer obligatoriamente la nueva constitución, a poco de ser
aprobada, y sabían, por tanto, que, según el marco legal, el apoyo del Rey era
totalmente irrelevante para cualquier proyecto golpista. Por tanto, la
polémica sobre el papel de Juan Carlos I el 23–F es completamente irrelevante.
Simplemente no podía ponerse del lado de los golpistas, sino hacer todo lo
que el gobierno (en aquel momento, secuestrado en el parlamento) o bien, en su
defecto, el “gobierno provisional” (Comisión Permanente de Secretarios de
Estado y Subsecretarios), reunida por Francisco Laína, entonces Director de la
Seguridad del Estado. Constitucionalmente, el Rey solamente podía decir lo
que este “gobierno provisional” le pidiera que dijera. Que fue,
efectivamente, lo que dijo.
En aquel momento el “guardián de la
monarquía” era el teniente general del Ejército de Tierra, Sabino Fernández
de Campos, jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. Conocía muy bien la
constitución y las atribuciones reales. Bastante mejor que Tejero o Milans,
que seguían considerando a Juan Carlos I como el “heredero de Franco” y, por
tanto, el que más obligación tenía de respetar su legado.
Cuando se hizo público que el sanchismo iba a
publicar “papeles reservados” sobre el 23–F, muchos observadores pensaron que
se trataba de un nuevo torpedo lanzado contra la monarquía, cuando en realidad,
era todo lo contrario, como ya hemos mencionado: una declaración de paz
con la institución, a la que Sánchez había exigido mucho en los últimos meses.
No es que Juan Carlos I hubiera actuado de mala fe hacia unos o hacia otros el
23–F: era que su opinión era completamente irrelevante desde el punto de vista
constitucional. Juan Carlos I actuó de la única manera que podía hacerlo,
tal como le indicó el “gobierno provisional” encabezado por Laína.
El resultado del 23–F fue una inmerecida
exaltación de la figura del monarca. Bruscamente, el Rey que, hasta ese momento
había sido objeto de todas las chanzas inimaginables por parte de la izquierda (“Juan
Carlos I el breve” se le solía apostrofar), se convirtió en el “impulsor
del cambio”, en el “hombre cuya serenidad desactivó el golpe”,
en el personaje que requería la situación y que había salvado a España… No
solo la democracia se asentó definitivamente, sino que la monarquía (en
realidad, una república coronada) fue aceptada por la sociedad española y se
despojó del sambenito de ser considerada como una “herencia” del franquismo.
9.3. Lo que siguió al fracaso del 23-F
Recordemos tres elementos poco recordados del 23-F:
1) Lo que se pretendía con el 23-F se consiguió
dos días después.
2) Deliberadamente no se podaron todas las ramas
golpistas del 23-F: se dejó una libre.
3) La puntilla final al golpismo fue la
candidatura de Solidaridad Española en 1979
Veamos con rapidez estos tres elementos.
Lo esencial del 23–F –y el efecto que se esperaba–
no sucedió ese día, sino dos días después con la gigantesca manifestación en la
que se vio a Fraga, Suárez, González, Carrillo, Camacho, todos juntos en unión
portando la pancarta que certificaba que el Estado había sobrevivido al
golpismo, a la crisis económica e incluso a sí mismo. ¡Por fin una manifestación que pudiera competir
con las que las que la extrema-derecha había organizado en los tres años
anteriores!
La democracia estaba definitivamente estabilizada,
quedaba sólo para certificar la “total normalidad democrática”, con un
gobierno socialista surgido de las urnas que compensaba los 40 años de ausencia
de poder y ponían, definitivamente, el contador a cero. El PSOE debió acometer
el resto de reajustes que nos homologarían junto a cualquier otro país de
Europa Occidental: reajuste económico, integración en la OTAN y luego en la
Unión Europea, etapas que el PSOE cumplió sin decepcionar expectativas
depositas en él y tragándose algún que otro sapo (especialmente en el tema
OTAN)
Los “golpistas” habían salido de sus madrigueras y
habían sido cazados. Recibirían castigos ejemplares y pasarían años de
cárcel, perderían sus carreras y serían arrojados al Tártaro por siempre jamás… Antonio Tejero pasó un total de 15
años y 9 meses en prisión por el asalto al Congreso del
23–F. Obtuvo el tercer grado en septiembre de 1993 y salió en libertad
condicional el 3 de diciembre de 1996. Fue el último de los procesados por
el 23–F en ser liberado. Antes, había pasado siete meses en prisión
anteriormente (entre 1978 y 1979) por su implicación en la Operación
Galaxia. El general Jaime Milans del Bosch pasó un total de 9
años y 127 días en prisión. Salió en libertad condicional el 1
de julio de 1990, tras haber cumplido una cuarta parte de su condena
(atendiendo a beneficios penitenciarios y su edad, ya que entonces tenía 75
años). Nunca solicitó el indulto ni se retractó de sus acciones.
Falleció en Madrid en 1997. El general Alfonso Armada pasó un
total de 7 años y 10 meses en prisión por su responsabilidad en
el golpe de Estado del 23–F. Condenado a seis años de prisión en 1982, el
Tribunal Supremo elevó su pena en casación a la máxima de 30 años de
reclusión por el delito de rebelión militar. El Gobierno de Felipe
González le concedió el indulto por razones de salud (sufría una
dolencia cardíaca) y tras haber acatado la Constitución. Salió en libertad
el 23 de diciembre de 1988 y falleció el 1 de diciembre de 2013 a los 93
años de edad. Finalmente, el coronel José Ignacio San Martín
López pasó un total de 5 años y 4 meses en prisión. Inicialmente
condenado a 10 años de reclusión por un delito de rebelión militar
que el Tribunal Supremo elevó posteriormente salió en libertad definitiva
el 27 de junio de 1986. Falleció en Madrid en junio de 2004 a los 79
años.
A partir
del 23–F ningún golpe de Estado era ya posible en España.
Yo mismo lo comprobé cuando se cumplía el primer
aniversario del 23–F. Había regresado de Iberoamérica y todavía me encontraba
en clandestinidad. Volví con la intención de comprobar si había quedado algo en
pie de aquellas tramas militares. Quedaban rescoldos y me sorprendió que
algunos militares siguieran conspirando y dispusieran de algunos menguados fondos.
En esos mismos días, los restos del Frente de la Juventud recibieron de esos
medios una cantidad que, creo recordar, ascendió a 200 o 250.000 pesetas para
que sus militantes organizaron algo de “ruido” ante el parlamento al cumplirse
el primer aniversario.
Y era raro que subsistieran tales rescoldos,
porque se trataba de oficiales que, como decíamos antes, “habían salido de la
madriguera” el 23–F (especialmente
en el Gobierno Militar de Madrid que estuvo “sublevado” durante unas horas el
23–F y a los que se menciona con nombres y apellidos en uno de los documentos
desclasificados fechado el 14 de abril de 1981). Incluso seguían
manteniendo contactos con medios “porosos” de extrema–derecha, sin medidas de
seguridad. Uno de estos oficiales, muy conocido por lo demás, con el que me
encontré entonces y que luego resultó asesinado por ETA, me propuso reunirnos
en su domicilio particular, aun sabiendo que yo seguía en busca y captura y él
debía estar, necesariamente vigilado. Al cabo de tres días volví a Iberoamérica
y fue en el siguiente viaje de regreso, en septiembre de 1982 cuando, a poco de
llegar al aeropuerto del Prat, leí en primera página del ya desaparecido Noticiero
Universal, el titular destacado: “Ante la previsible victoria
socialista, ruido de sables”…
El artículo aludía a la llamada “Operación
Cervantes”, protagonizada por los hermanos Jesús y José Enrique Crespo
Cuspinera (coronel de artillería y teniente coronel de infantería,
respectivamente), junto al coronel Luis Muñoz Gutiérrez, proyecto golpista que
debía ejecutarse el 27 de octubre de 1982, planeado para vísperas de las
elecciones generales que dieron la victoria al PSOE. En el domicilio de José Enrique Crespo
Cuspinera se halló un maletín con más de 500 folios que detallaban
minuciosamente el despliegue militar y los objetivos de la
insurrección. Los tres militares fueron detenidos el 2 de octubre de
1982, apenas tres semanas antes de las elecciones. En 1984, un
consejo de guerra los condenó a 12 años y un día de prisión por un
delito de conspiración para la rebelión. Jesús Crespo Cuspinera falleció
poco después, en marzo de 1986, mientras cumplía condena. Su hermano obtuvo
la libertad provisional en diciembre de 1986.
Según la versión oficial, la intentona golpista
fue descubierta por las frecuentes visitas que realizaba el
coronel Luis Muñoz Gutiérrez, a los condenados del 23–F, lo que, entre
otros muchos datos, informaciones y delaciones, permitió a los servicios de
inteligencia detectar la nueva trama en la que participaban estos oficiales. Me
consta que la trama era conocida desde el principio gracias a las escuchas que
instalaron los servicios de seguridad del Estado en una sastrería sita en un
pasaje del centro histórico de Madrid, propiedad de un antiguo miembro de
Fuerza Nueva. Los conspiradores habían llegado a distribuir “alcaldías” y
“gobiernos civiles” a miembros de la extrema–derecha. Hubieran podido ser
desarticulados en cualquier momento, pero el gobierno de la época,
presidido por Lepoldo Calvo Sotelo, decidió jugar una última carta para evitar
su derrota. El titular del Noticiero Universal lo
resumía a las claras y venía a decir: “si ganan los socialistas, el
ejército no se conformará y golpeará de nuevo, la Operación Cervantes es la
prueba”, con su conclusión implícita: “si queréis que la democracia
siga, debéis votar a UCD”. Para recurrir a este “relato” fue por lo que
no todas las ramas del 23–F quedaron podadas. El golpismo había dejado
de ser un peligro para la democracia y se había convertido en un peligro solo
para los propios golpistas…
Para colmo, la operación del 23–F tuvo un corolario
final: demostrar que los “golpistas” suponían una exigua minoría en la
sociedad española. Para eso era preciso “cuantificarlos”. Y para ello se
improvisó un partido político, en un momento en el que ya existía una miríada
de partidos de extrema–derecha. Recuerdo que a finales de
septiembre de 1982 me encontraba todavía en Bolivia.
En la oficina de prensa de la Presidencia del
Gobierno en La Paz, uno de los télex empezó a tabletear una noticia procedente
de España: eran las candidaturas que se presentaban a las elecciones del 28 de
octubre. Me sorprendió que la candidatura de Unión Nacional (Fuerza Nueva
+ Falange) no se volviera a presentar unida, sino que cada grupo lo hizo por su
cuenta. Además se presentaban otras candidaturas falangistas, la Falange
Española Independiente, la Falange Asturiana, la Candidatura de Unidad
Falangista, el Movimiento Católico Español, el Partido Proverista, y una
sigla nueva y desconocida: “Solidaridad Española”. Luego supe que
era la candidatura constituida en torno a Ángel López–Montero Juárez, abogado
de Tejero. Su idea era que su defendido se beneficiara de la inmunidad propia a
los diputados… Tejero accedió a encabezar la candidatura, sin calcular que,
no solo no alcanzaría los mínimos para obtener un acta de diputado, sino que,
además, dispersaría aún más el voto de extrema–derecha, como así ocurrió: no
solo fue una mala idea, sino la peor defensa posible, confirmó que las 32
candidaturas que lograron presentar, apenas obtuvieron 28.451 votos, el 0’14%. Esta
“hábil maniobra” sirvió solamente para demostrar el casi inexistente apoyo al
“golpismo”, tal como establecieron los medios de comunicación. Nada hay más
peligroso para un procesado que las ideas de su abogado defensor…
9.4. Los datos que nunca debemos perder de vista
sobre el 23-F: el contexto de la operación
A nadie se le escapa que estas notas rápidas
sobre el 23–F tienen “huecos”. No practicamos el “periodismo de
investigación”, ni estamos para filtrar datos que no hayamos conocido
directamente o a través de medios de comunicación convencionales que hayamos
podido confirmar. El patriotismo del Teniente Coronel Tejero, tan sincero como
absoluto e ingenuo, no supo ver la diferencia entre "PREPARAR" la
toma del Congreso y "REALIZAR ÉL MISMO", esa acción. Otro
tanto le ocurrió a Miláns del Bosch y a quienes dieron el paso al frente:
fueron fieles a la palabra dada. Pero, precisamente por eso fracasó el 23-F y
eso, por sí mismo, explica por qué otros altos mandos comprometidos entendieran
que lo que veían sus ojos a las 6:22 del 23-N y el "se sienten coño",
no era lo que esperaban ver.
Antes del 23–F, el Estado era una ruina que crujía
por todas partes y amenazaba hundirse: ETA(p–m) mantenía secuestrados a cuatro cónsules, la policía le había
aplicado un tratamiento excesivamente duro al etarra Arregui que pagó sus
crímenes muriendo a su vez. El ingeniero Ryan acababa de ser asesinado. por ETA
Un día sí y otro también estallaban bombas en Lemóniz y aledaños. La UCD se
empezaba desmigajar y ni siquiera había sido capaz de celebrar su congreso en
Baleares a causa de una huelga. Suárez vivía su declive y cada una de sus
componentes de su partido, se situaba en las mejores posiciones de cara a un
futuro que todos advertían que ya no tendría nada que ver con el centrismo de
estricta observancia de UCD. Las huelgas sacudían a todo el país ante la
desesperación patronal; y el Rey, al que buena parte de la sociedad seguía sin
tomarse en serio, acababa de ser abucheado en el Parlamento Vasco. Cada día
ocurría algún incidente, algún atentado mayor o menor, que apenas servía para
ocultar la catastrófica situación económica con una inflación que, como hemos
recordado, rozó el ¡30% mensual! (cuando hoy nos parece dramático el que
ascienda al 3% anual...).
Era una situación de literal desintegración del
Estado que, en cualquier momento podía quebrar, bien por una acción de
elementos radicales de extrema–izquierda, bien por una huelga general convocada
por unos sindicatos que, entonces, tenían niveles aceptables de filiación, etc.
Pero, también, el recuerdo del franquismo estaba demasiado cerca. Era
inevitable que sectores cada vez más amplios de la población comparasen la
inestabilidad que se estaba viviendo con los años de prosperidad del franquismo. Y,
empezaba a estar claro que las promesas de “libertad y democracia” empezaban a
perder su sentido… si es que implicaban, desorden, caos, muertes, inseguridad,
crisis y desintegración del Estado.
En ese contexto explosivo nació la necesidad de
impulsar una “operación de inteligencia” tendente a estabilizar de una vez por
todas, la situación. Estaba claro
que, de todos los elementos que empezaban a protestar por la situación, el
estamento militar era el más peligroso y donde el régimen nacido en la
transición, acumulaba más oposición. Además, desde hacía dos (o quizás, tres)
años, los servicios de inteligencia había ido detectando que el malestar en las
salas de banderas de los cuarteles iba in crescendo.
9.5. Los cuatro proyectos golpistas…
Ya se habían desarticulado algunos proyectos
golpistas en el embrión (el Caso Galaxia), en el curso del cual había aparecido
por primera vez la figura del Teniente–Coronel Tejero. Era un hombre
inconfundible: tricornio y bigote, constituían sus signos de identidad. Su foto
había aparecido en todos los medios. Este dato no es baladí. El golpismo en
España, tuvo, a partir de entonces una “imagen” muy concreta: estaba en ese
momento vinculado a un tricornio de charol y a unos opulentos mostachos. Ese
era Tejero: el prototipo del Guardia Civil honesto, patriota, enérgico,
identificado con los valores de la Benemérita, para el que el mundo se dividía
entre los enemigos de España (que, además, mataban a sus guardias civiles o
jaleaban a los asesinos) y los “buenos españoles”; era completamente apolítico.
Su “ideología” se reducía a dos palabras: España y Orden, presentes en el himno
de la guardia Civil. No necesitaba más. Tejero tenía muy presente el lema del
cuerpo: “El honor es mi divisa”.
La involuntaria popularidad alcanzada por el
Teniente–Coronal Tejero a causa del “Caso Galaxia”, hizo que su figura se
convirtiera en un polo de atracción para descontentos con la marcha de la
transición. Algunos militares y,
sobre todo, civiles madrileños de extrema–derecha, tal era el caso de García–Carrés. Carrés
había sido un burócrata del régimen de Franco, antiguo presidente del Sindicato
de Actividades Diversas que, durante la transición había realizado algunos
actos de homenaje a la Guardia Civil. Políticamente, representaba muy poco,
apenas nada. Estaba circuitado con otras individualidades aisladas, similares a
él. Ni pertenecía a Fuerza Nueva (el partido mayoritario de la extrema–derecha
de la época), y tampoco tenía gran ascendiente en Falange Española. Su
universo político se reducía a un sector de la Confederación de Combatientes, a
las individualidades mencionadas y al diario El Alcázar.
Pues bien, este entorno político cuyos dos
polos eran Tejero y García Carrés, junto con algunas otras individualidades
poco representativas, elaboraron un proyecto golpista que consistía en generar
un movimiento militar de tal calibre que desembocara en un “gobierno
cívico–militar” de extrema–derecha. Y, para ello, trataron de aproximarse a cualquiera del que tuvieran
noticia de que compartía posiciones “franquistas” (o, al menos, a la
interpretación que ellos daban del franquismo que, a fin de cuentas, fue, como
hemos recordado, multiforme y adaptacionista).
Esa fue la que podemos considerar como la primera
red golpista. En ella no estaban presentes ni militares de alta graduación, ni
capitanes generales, ni siquiera los jefes de los partidos políticos de
extrema–derecha, Blas Piñar por Fuerza Nueva, ni Fernández Cuesta por FE–JONS.
Se trataba de una red muy “porosa”: en su interior estaban presentes varios
confidentes del CNI y del Ministerio del Interior. Era imposible que,
especialmente, a partir de principios de 1980, esa red hubiera pasado
desapercibida para los distintos cuerpos de Seguridad del Estado: se podía
haber desarticulado como un “segundo caso Galaxia”. Sin embargo, no se hizo:
pero, es fácil suponer que se les puso en observación.
Paralelamente, existían otros sectores
golpistas: dos concretamente, que había surgido espontáneamente y sin apenas
contactos con el grupo anterior. Por un lado, el Capitán General de
la III Región Militar, Jaime Miláns del Bosch, tenía algo que Tejero, ni
nadie de su red tenían: grado y prestigio militar que se remontaba a la
defensa del Alcázar de Toledo, luego a la II Bandera de la Legión en la que
combatió con el rango de oficial hasta el fin de la contienda, más tarde la
experiencia de la División Azul en 1941, donde obtuvo la Cruz de Hierro de
Segunda Clase... agregado militar en varias embajadas en Iberoamérica hasta
1965, luego varios mandos sobre tropa, general
de brigada en 1971, jefe de la Brigada de Infantería Mecanizada n.º XI y,
en 1974, general de división y jefe de la División Acorazada Brunete hasta
1977, cuando, ascendido a teniente general, se hizo cargo de la Región Militar
de Valencia. Era uno de los militares vivos con mejor historial en
aquel momento. Se decía apolítico y no estaba muy lejos de Tejero en este
punto: patriotismo, solo patriotismo y nada más que patriotismo. Se
conocían sus opiniones políticas pro–franquistas y su disgusto por el momento
en el que estaba atravesando España. Y, como cualquier otro oficial de alto
rango, era imperativo que el CNI tejiera en torno suyo una red de informantes,
especialmente si se conocía su disconformidad con la situación política. Además,
era monárquico impenitente: el Rey encarnaba el ideal de patriotismo y
orden que constituían su propio ideario.
En este punto, es difícil establecer –y, por lo demás, no es el
núcleo de la cuestión– cómo creció la red de fieles al Teniente General Milans
del Bosch. Sea como fuere –y para eso están las actas del proceso de Campamento
incoado contra los acusados de participación en el 23–F– en torno a él se
fue formando un grupo que coincidía en dar un “golpe de timón”. Pero, no
se trataba, como la red de Tejero, de un golpe de extrema–derecha, sino de un
golpe militar–militar completamente apolítico, que disolviera a todos los
partidos, incluidos los de extrema–derecha, que restaurara el orden y
garantizara la continuidad monárquica como herencia del franquismo.
En la práctica, Milans del Bosch era el “militar de prestigio”
que Tejero echaba en falta, para llevar a cabo una acción contra el régimen
constitucional. Las diferencias fueron aparcadas (e, incluso, es probable
que ni siquiera se tuviesen en cuenta, a pesar de que Tejero consideró a Milans
–y nosotros mismos pudimos oírlo de sus propios labios cuando estaba preso en
el castillo de Figueras– como un “soldado de fortuna” (un
mercenario, si bien es cierto que tal opinión había sido formada a causa de una
información falsa, facilitada por un conocido estafador que recorría los medios
de extrema–derecha en la época y que, por cierto, aparece con nombre y apellido
en uno de los documentos desclasificados por Sánchez).
Milans había dejado muy buen recuerdo en la División Acorazada
Brunete, la unidad más efectiva del ejército español. Cuando, Milans ya había abandonado el mando de esta unidad, fue
nombrado Jefe de Estado Mayor de la unidad, el Coronal José Ignacio San
Martín, el 10 de diciembre 1979. La diferencia entre el Coronel San Martín y
el resto de responsables de las distintas redes que confluyeron el 23–F era que
él, además de ser militar, patriota y hombre de orden, sí tenía una sólida
preparación política y cultural, muy superior a la de la mayoría de oficiales
de su época. Además, había sido el organizador del Servicio Central de
Documentación (SEDEC) al servicio de Carrero Blanco. Durante los años en los
que desempeñó esta función realizó seguimientos de partidos, sindicatos,
personalidades, se entrevistó y conoció a gentes de todos los niveles de la
administración y de la oposición, y mantuvo una red de colaboradores que le
siguieron después de ser relevado del cargo, tras la muerte de Carrero. San
Martín era consciente –y así nos lo dijo en un cursillo en el que lo conocimos
en el Valle de los Caídos a finales de 1970– que el propio Carrero había
diseñado una “transición” en la que serían legalizados los partidos políticos
“hasta los socialistas”, pero no a partir de ellos (es decir, quedaban
excluidos el PCE y las ligas de extrema–izquierda). Era un hombre de
fino olfato político al que no se le escapa que una “dictadura militar” era
imposible en la España de 1980 y empezó a “moverse” con antiguos contactos
procedentes del SEDEC y sus nuevos compañeros de la Acorazada (entre los
que figuraban varios antiguos oficiales con los que había trabajado en el
SEDEC).
El proyecto del Coronel San Martín no era ninguna locura:
preveía una etapa de crecimiento orgánico y fortalecimiento de la red (que
sería conocida como “el grupo de los coroneles”), absteniéndose de
pronunciamientos golpistas, ni estridencias, sino como “corriente de opinión”
dentro de las Fuerzas Armadas, hasta que, cuando la red hubiera adquirido
solidez y densidad suficiente, sus representantes, hubieran llamado a la puerta
de la presidencia del gobierno, exigiendo una rectificación de la línea política
seguida hasta ese momento: desplazamiento de
algunos ministros de UCD por otros más partidarios de una “línea dura”, frente
a los sindicatos y a los movimiento centrífugos que estaban apareciendo por la
geografía nacional y una liquidación completa de las distintas fracciones de
ETA, a la vista de que la amnistía de 1977 solo había servido para reactivar la
banda. Todo ello con discreción, pero con energía. Lo que proponían no era
un “golpe de Estado”, sino una medida de presión: o el gobierno cedía o abría
el paso a un golpe duro.
Esta red, era de todas, la más peligrosa por un motivo: sus
miembros conocían los mecanismos de la política, sabían hasta dónde se podía
llegar y cómo hacerlo. Eran patriotas, pero
compartían el “fino olfato” de su inspirador, el Coronel San Martín. Éste era
consciente de que su red solamente estaría en condiciones de llamar a la
puerta de la Presidencia del Gobierno en un par de años y preveía que, por
entonces, la situación se habría deteriorado todavía más.
Seguramente, algunos oficiales de la División Acorazada pudieron estar
en contacto a Miláns del Bosch con San Martín y así, éste, tuvo conocimiento
del proyecto golpista que se preparaba (el golpe militar–militar, con
disolución de todos los partidos, desde Fuerza Nueva hasta la CNT) y para el
que Milans contaba, como “fuerza de choque” con la red de Tejero. San
Martín, debió pensar que aquello era una locura, pero operó como recomiendan
todos los manuales de inteligencia: se embarcó para estar al corriente del
proyecto (no hacerlo hubiera supuesto quedar al margen del mismo y, por lo
tanto, carecer de información sobre esas redes), pero sin dejar de avanzar en
la consolidación del “grupo de los coroneles”.
Pero existía todavía otro grupo militar
formado en torno al General Alfonso Armada (y vamos por el
cuarto). Siempre que salía a relucir el nombre de Armada, la primera idea
que afloraba era la de “hombre del rey”. Y, en realidad, lo era, aunque quizás
no tanto como él creía. Para Armada lo esencial era “salvar a la monarquía”
de aquel caos en el que se había convertido la transición y es posible
incluso que albergara la secreta esperanza de acabar sus días como presidente
del gobierno. A pesar de haber sido, como Milans, ex combatiente de la División
Azul, todo induce a pensar que se trató de esos militares profesionales que
fueron a combatir a Rusia, en parte para mejorar su carrera profesional, en
parte como prolongación de la Guerra Civil y en parte como expresión de sus
sentimientos anticomunistas. Las convicciones políticas de Armada
parecían reducirse a una sola, la monarquía considerada como expresión de la
gobernabilidad de un país. Por los cargos que había desempeñado y por las
amistades que solía cultivar allí donde pasaba, Armada tenía cierta relación
con el mundo de la política y, más en concreto, con “políticos”, pero no
puede decirse que tuviera una comprensión absoluta de lo que era la vida
política en un marco democrático, ni siquiera de la pasta con la que estaban
hechos los pro–hombres de los partidos políticos. A pesar de haber estado
17 años ejerciendo en Casa del Rey, cuando se convocaron las elecciones de 1977
cometió el error garrafal para un hombre de su posición de enviar cartas con el
membrete de la Casa Real pidiendo el voto para Alianza Popular.
Destituido ipso facto, terminó convocando cenas polémicas en la
capitanía general de Lérida y escalando luego a segundo jefe del Estado Mayor
del Ejército. En las semanas previas al 23–F había militares que recorrían
España y se entrevistaban con gente que por algún motivo estaban en la agenda
de Armada y les sondeaban –en algunos casos con poca sutileza– sobre cómo
reaccionarían ante un intento de salvar la monarquía y el orden constitucional…
Lo que tenía en mente Armada era un puro
desenfoque político ideado como
producto de las cenas que había convocado y de la gestión de los que sondeaban
en su nombre. Si unimos que, en 1980, todavía, cuando un militar lanzaba alguna
pregunta a un civil, suscitaba un temor reverencial o una fascinación
incondicional, todos los consultados, tras la sorpresa inicial, respondían con
palabras ambiguas y frases diplomáticas, intentando echar balones fuera
mientras consumían el último cafelito necesario tras una pesada digestión.
Manejando todos los datos así obtenidos –que ya
eran de por sí de valor limitado y extremadamente subjetivos– y combinándolo
con sus filias y sus fobias, Armada estableció su “proyecto”: frente al
golpe militar–ultra de Tejero, frente al golpe militar–militar de Milans, Armada
aportó a la “ciencia golpista” su idea de “golpe blando” que desembocaría en un
“gobierno de concentración nacional” formado por exponentes procedentes de todo
el arco político: desde AP hasta el PCE... ¿Qué mejor que un ministro del
interior pepero para afrontar la centrifugación nacional que empezaba a
adivinarse? ¿Qué mejor que un ministro de trabajo comunista para manejar a los
sindicatos? ¿Qué mejor de un socialista para afianzar la corona? Pura ciencia
ficción para los que leíamos todos los días la prensa, pero proyecto válido
para quien se tenía por “hombre del rey”.
9.5. …Y el quinto proyecto: el no golpe o el golpe
de CESID
Hasta aquí, hemos identificado cuatro proyectos golpistas
superpuestos:
1º.– El de Tejero – golpe cívico–militar que desembocase en un
gobierno militar con elementos de extrema–derecha.
2º.– El de Miláns – golpe militar–militar con un gobierno
exclusivamente militar y disolución de todos los partidos, incluidos los de
extrema–derecha.
3º.– El de San Martín – presión sobre la presidencia del gobierno
para que rectificara su política y relevara a ministros clave.
4º.– El de Armada – golpe “blando” auspiciado por el Rey con
desembocadura en un “gobierno de concentración nacional” de AP hasta el PCE.
¿Y el 5º proyecto? ¿en qué consistía? Aquí estamos en la “Zona 0” de todos los equívocos
que se han producido en las interpretaciones sobre el 23–F. Entre los detenidos
por su participación en el 23–F figuraba el Comandante Cortina, entonces
director de Operaciones Especiales del CESID, embarcado en la “especial
operación” de organizar el no–golpe, o lo que hemos definido como el “golpe
para acabar con todos los golpes”.
Cortina, a poco de salir de la Academia Militar,
se descolgó inexplicablemente, como ya hemos visto, adiestrando a un grupo de
falangistas en las técnicas de la guerrilla rural. Los alegres falangistas de
Cortina (que entonces utilizaba el alias de “Restarazu” y su
hermano el de ”Roncal”, ambos de resonancias vascas) se entrenaban
en la Casa de Campo y recibían formación sobre las distintas corrientes
tercermundistas con las que los falangistas se sentían más identificados. Nunca
sumaron más de 200 personas que utilizaban el nombre de “Fuerza Social
Revolucionaria” en sus panfletos, aunque entre ellos aludieran a “la
familia”. El grupo estaba dirigido por los dos Cortina y por un tercer
personaje, no menos misterioso, Esteban Sierra Muñiz, que vivía en Francia.
En el curso de la peripecia de este atrabiliario grupo contactó
con Julio Alvárez del Vayo, capitoste republicano en el exilio y que
aparecía como ingrediente esencial en todas las salsas antifranquistas de la
época, contra más extremistas mejor. Del Vayo –del que Azaña dijo que era un “tonto
con ideas” y en eso seguía– había ido creando grupos fantasmales: que
si Tercera República, que si el Frente Español de Liberación Nacional
(FELN)… y en eso estaba cuando Sierra Muñiz lo contactó en París (posteriormente
sería el mascarón de proa del FRAP).
Los contactos de la “Fuerza Social Revolucionaria”
con Álvarez del Vayo se produjeron en 1964. Pocas semanas después, en junio del
mismo año, la policía lograba detener a Andrés Ruiz Márquez (a) “Coronel
Montenegro”, un pobre diablo, prácticamente el único miembro del FELN en el
interior de España que había sembrado el país de pequeños artefactos
explosivos, firmados con la sigla de la organización. Cargado de
explosivos en la calle Serrano, condenado inicialmente a muerte, conmutada la
pena por prisión a perpetuidad, solo salió a la calle con la amnistía de
1977. Prácticamente ilocalizable, la única forma de detener a un solo
individuo sin contactos, era mediante la creación de un grupo favorable a la
“lucha armada”, (la Fuerza Social Revolucionaria) con la que el FELN podría
ampliar sus acciones… El “gancho” produjo su efecto sobre Álvarez del Vayo y
entrañó la “caída” del “Coronel Montenegro”. Fue una brillante operación de
inteligencia. Sin más. Pero, el hecho de que TODOS los que participaron en
ella volvieran a estar presentes el 23–F, indica que esta red se había
mantenido en pie desde 1964 hasta 1981: ¡17 años!
Dado que la "Fuerza Social
Revolucionaria" era casi una “empresa familiar” de los Cortina no era raro
que otro de sus dirigentes, Fernando Cadarso Preciado, estuviera también
emparentado con ellos…
Los testimonios de Cadarso y de Sierra Muñiz
fueron claves en la defensa del Comandante Cortina tras el 23–F. Cadarso era un amigo personal y
colaborador estrecho de Cortina. En el contexto del juicio, fue
identificado como una de las personas que mantenía contacto frecuente con el
comandante, lo que sirvió a la defensa para intentar demostrar que las
actividades de Cortina eran de carácter personal o social y no conspirativas.
Declaró que el domingo 22 de febrero (el día previo al golpe), llamó
a Cortina a su residencia en El Escorial. Según su testimonio, el objetivo de
la llamada era informarle sobre asuntos de interés o “novedades”, reforzando la
coartada de Cortina sobre su paradero y ocupaciones ese fin de semana. Aunque
era civil, fuentes periodísticas y libros de investigación (como los de Jesús
Palacios o Pilar Urbano) sugieren que Cadarso formaba parte de una red
de colaboradores no oficiales que la Agrupación Operativa de Misiones
Especiales (AOME) utilizaba para pulsar el ambiente en sectores civiles
involucionistas.
Esteban Sierra Muñiz, testificó también a
favor de Cortina en el Juicio de Campamento por los sucesos del
23–F (Causa 2/81). Durante la vista oral, declaró haber
mantenido contacto con Cortina los días previos al golpe; declaró haber llamado
al comandante la noche del 21 de febrero para concertar una cita el domingo 22,
día en el que, según algunas versiones, se habrían ultimado detalles
logísticos. Sierra Muñiz declaró que el comandante le invitó a cenar esa noche,
pero que él declinó la invitación. Trabajos periodísticos posteriores han
señalado que era “colaborador civil” del CESID. Por su parte, Fernando Cadarso
Preciado fue una figura civil clave en la defensa del comandante José
Luis Cortina durante el juicio por el golpe de Estado del 23–F. Al igual
que Esteban Sierra Muñiz, su relevancia reside en su testimonio para
reconstruir los movimientos de la jefatura de la AOME (inteligencia del CESID)
en las fechas críticas del golpe. Formaba parte de una red
de colaboradores no oficiales que la Agrupación Operativa de Misiones
Especiales (AOME) utilizaba para pulsar el ambiente en sectores civiles
involucionistas. Estas declaraciones tendían a desmentir la posibilidad
del encuentro en el que Tejero habría recibido la orden del comandante Cortina
de tomar el Congreso al día siguiente, el 23–F.
El quid de la cuestión es que Tejero declaró
que había recibido taxativamente la orden de tomar él mismo el Congreso de los
Diputados en el 1.º C del edificio situado en la calle de Biarritz,
número 2, en Madrid. Mientras que Tejero mantenía que la reunión tuvo lugar
allí, el comandante Cortina siempre lo negó, asegurando que nunca se había
visto con Tejero en ese domicilio. Esta discrepancia fue uno de los puntos
clave del juicio, ya que Cortina fue finalmente absuelto al no poderse probar
fehacientemente dicho encuentro. Dos años y medio después del 23–F, el 1 de
agosto de 1983, el piso fue escenario de un incendio provocado por los
asaltantes para ocultar el asesinato de Antonio Cortina (padre), quien se
encontraba solo en la vivienda en ese momento. A pesar de que se habló de
una “venganza” de extrema–derecha por la participación del comandante cortina
el 23–F, lo cierto es que se trató de un crimen protagonizado por
delincuentes habituales.
Los partidos de izquierda y la prensa, en las jornadas
posteriores, al 23–F aludieron constantemente a la “actitud sospechosa”
del CESID en el golpe y a que varios de sus exponentes se habían visto
implicados en la trama. Y así era, en efecto: pero no en una “trama golpista”,
sino, más bien en el “golpe para acabar con todos los golpes”.
Habitualmente, en los puestos claves de la seguridad del Estado,
los gobiernos tienden a colocar a los responsables que consideran más “seguros”
y de fidelidad demostrada. En el momento en el que se produjo el 23–F, el CESID
estaba dirigido por el coronel Narciso Carreras que ocupaba el cargo de forma accidental
desde mayo de 1980. Su gestión
finalizó el 22 de mayo de 1981, cuando el Gobierno de Leopoldo
Calvo–Sotelo nombró al entonces teniente coronel Emilio Alonso
Manglano como director titular. En otras palabras, en el momento del
golpe, el “hombre fuerte” del CESID no era el coronel Carreras, sino el
Comandante Cortina. El “informe Jáudenes”, encargado por Carreras en el mes de
marzo de 1981, estableció que ningún miembro del CESID había participado en la
trama. Y eso era, relativamente cierto: en efecto, ninguno había trabajado para
el triunfo del golpe de Estado, pero, sin embargo, si habían participado en las
distintas tramas golpistas, unos con fines de información y otros con fines de
neutralización. “El que quiere peces, necesariamente, debe mojarse”,
dice otro viejo adagio frecuentemente empleado en inteligencia.
9.6. Los dos pequeños detalles no explicados por nadie y
convertidos en hojarasca olvidable
Todo lo anterior parece bastante lógico y dista mucho de ser
inextricable. Es bastante lógico y los elementos que faltan son detalles que, a
fin de cuentas, no tienen gran importancia. La mayoría de todo lo que he
reportado se ha publicado y puede ser identificable a través de la hojarasca y
de los bosques generados por el mismo tema mediante libros con “datos
novedosos” y documentos tan desclasificados como irrelevantes. Pero existen
dos datos básicos a los que no se les suele prestar atención y que, en la
práctica, se han olvidado casi completamente, siendo fundamentales para una
comprensión integral del 23–F, su mecanismo y su elemento táctico
desencadenante.
Veamos cuáles son:
1) En octubre y noviembre de 1980, el Teniente Coronel
Antonio Tejero, compra en el rastro de Madrid unas cuantas decenas de casacas
de camuflaje procedentes de deshechos militares de saldo en el rastro
madrileño.
2) A finales de diciembre de 1980, Tejero compró seis autobuses de segunda mano,
procedentes de la empresa de transportes Larrea, con un crédito firmado
por su esposa.
Estos dos elementos certifican, muy a las claras,
que, en el diseño original del 23–F, Tejero no preparó el asalto al Congreso de
los Diputados para ser ejecutado por Guardias Civiles: a fin de cuentas, estos
ya disponían de uniformes y de autobuses propios y era absurdo gastar un dinero
pedido a crédito en medios de transporte que estaban al alcance de cualquier
jefatura de la Guardia Civil y, más aún, si, como ocurrió el 23–F, la fuerza
que entró en el parlamento procedía de la Agrupación de Tráfico de la calle
Príncipe de Vergara, en donde no faltaban ni uniformes ni autobuses propios.
Los autobuses fueron abandonados en la Academia de
Guardias Jóvenes de Valdemorillo en donde años después, el hombre de confianza
de Tejero en Cataluña y yo mismo, fuimos a buscarlos a la vista de que el
subastero Alberto Royuela los había comprado. El inefable, Mariano Sánchez
Covisa recibió de Royuela algo así como 100.000 pesetas para que los mecánicos
hicieran una puesta a punto que permitiera conducirlos por carretera hasta
Barcelona. Los autobuses, estaban, literalmente, destrozados en su interior,
habían pasado años a la intemperie y con algunas ventanas abiertas. Llevados,
finalmente a Barcelona, Royuela los almacenó en un descampado próximo al Prat
de Llobregat y, finalmente, convertidos en chatarra.
Pilar Urbano dice en su libro que “los
autobuses no se utilizaron por las prisas” y Jesús Palacios soslaya la
cuestión diciendo simplemente que “no se utilizaron”. Ambas son respuestas
insuficientes porque Pilar Urbano presente unas horas antes de la irrupción en
el Congreso, muy tranquilo jugando al ajedrez: no hubo “precipitación”.
Respuestas de circunstancias y, a todas luces, incorrectas: ¿Por qué no se
utilizaron aquellos autobuses ni aquellas casacas? Respuesta correcta: porque
Tejero, inicialmente no pretendía tomar el parlamento con fuerzas de la Guardia
Civil.
Si se acepta como buena esta respuesta, estamos
obligados a formular otras dos cuestiones. La primera y más importante es:
entonces ¿quién debía realizar la “toma del Congreso”? No vamos a abordar aquí esta cuestión (apuntemos solamente que se trataba de un "grupo civil"), pero sí a pasar a otra mucho más importante: la "arquitectura estratégica" de la "operación especial". En otras palabras ¿cuál era el diseño estratégico general de la operación? Una no puede ser respondida sin la otra.
Lo más incoherente del 23–F fue la “versión
oficial”, que, más o menos, es esta: “un grupo de guardias civiles entra en
el congreso de los diputados y secuestra la gobierno y a los parlamentarios; en
ese momento, el ejército sale a la calle para salvar al país… de una situación
que el mismo ejército ha generado” (no olvidemos que la guardia Civil
es un cuerpo militarizado). Absurdo… No hay “relato” presentable posible. Si
así hubieran ocurrido las cosas, hubiera bastado una simple llamada de algún
oficial de rango superior al teniente coronel Tejero ordenándole abandonar el
Congreso. No era necesario que los tanques salieran a la calle y, por lo demás,
una vez liberados los diputados y el gobierno, ya no hubiera existido excusa
para que los militares siguieran en el poder…
El problema de los golpistas era cómo construir un
“relato” convincente que hiciera absolutamente necesaria su salida de los
cuarteles.
Y aquí entramos en el tercer misterio no resuelto:
¿por qué, algunas capitanías generales estuvieron dispuestas para salir a la
calle el 23–F?, y ¿por qué, al final, solamente salieron los tanques en
Valencia?
Existe una respuesta excepcionalmente simple y tan
clara como el agua de un manantial de montaña: todos los militares
comprometidos con el golpe esperaban una “acción terrorista de envergadura” para
la tarde del 23–F. Los testimonios, especialmente en la Brigada Acorazada,
no dejan lugar a dudas. Y no dudamos de que, de haberse producido esa “acción
terrorista”, casi todas las capitanías generales se habrían puesto en
movimiento para alcanzar sus objetivos y tomar el control del país… Pero
¿por qué no ocurrió así? ¿Fue por cobardía por lo que capitanes generales y
mandos de tropa que se habían comprometido con la operación dieron marcha
atrás? Respuesta: porque, en lugar de aparecer en el congreso un grupo
terrorista, inicialmente no identificado, pero que podía ser del GRAPO, del
antiguo FRAP, de ETA o, incluso de extrema–derecha… ¡Apareció el
teniente coronel más conocido en toda España con su tricornio, sus mostachos,
al frente de una fuerza militar disciplinada y organizada…! Chasco,
confusión, perplejidad y decepción…
En otras palabras: el golpe de Estado
fracasó, simplemente, porque no sucedió lo que los militares comprometidos
pensaban que iba a suceder. Y entonces se produjo el esperpento: fracasado
el elemento táctico de la operación, ya no tenía sentido continuar con la
estrategia prevista de ocupación de centros de poder. El golpe no aparecía como
“presentable”, ni para la opinión pública nacional, ni para los centros de
poder internacional.
Ahora puede entenderse mejor porqué hemos
insistido, en el parágrafo anterior sobre los cuatro golpes superpuestos, en
que ni Tejero, ni Milans, conocían los mecanismos de la política; incluso, para
Armada, “la política” se reducía a una serie de cenas protocolarias con
políticos locales intimidados por la personalidad del que sabían que era
“general” y “hombre del Rey”. Para todos ellos, el golpe de Estado era
un fin en sí mismo, una operación exclusivamente “militar”, cuando, en
realidad, un golpe de Estado es una operación cívico–militar en la que el
elemento armado solamente entra en juego en el momento mismo del golpe, para,
acto seguido, desplazar todo su peso, hacia la parte “política”.
En 1981, era evidente que no existían las
condiciones necesarias para un “gobierno militar” como quería Milans y, mucho
menos, como deseaba Tejero, con un gobierno presidido por un militar con apoyo
de los grupos de extrema–derecha. Y eso era más que evidente: los
principales detractores de los golpes militares que habían tenido lugar en
Iberoamérica en aquellos años (Argentina, Chile y Bolivia) fueron los EEUUU. En
Bolivia, fui testigo directo de ello, el gobierno americano realizó un férreo
cerco económico y una campaña de desprestigio desde el primer momento en el que
se produjo el golpe del General García–Meza en julio de 1980; a lo largo de
1979 y 1980, el gobierno de Pinochet fue muy duramente atacado hasta lograr la
destitución del General Manuel Contreras, jefe de la DINA. La misma presión se
ejerció contra la dictadura militar argentina, primero con la excusa de los
“desaparecidos” y, posteriormente, se indujo al régimen militar a que ocupara las
Islas Malvinas, prometiendo el apoyo de Washington que, en la práctica,
desapareció por completo y la derrota argentina entrañaría el fin del régimen
militar.
No es cierto, por tanto, que, ni la administración
Carter, ni la administración Reagan apoyaran a los regímenes militares: en
realidad, apoyaban solamente a gobiernos que no se opusieran a las exigencias
político–económicas de Washington. Y el problema no era tanto que la élite militar iberoamericana se
hubiera formado en la Escuela de las Américas, sino que, la inmensa mayoría de
esos militares, formados en las técnicas antisubversivas, ¡eran también muy
nacionalistas! Para Washington resultaba mucho más sencillo manejar esos países
a través de gobiernos democráticos de derechas, de centro–derecha o incluso de
centro–izquierda. Personalmente, he visto como en la Bolivia de 1980–1982, los
miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, guerrilleros diez años
antes, literalmente se peleaban por asistir a las recepciones que daba la
embajada norteamericana.
* * *
Teniendo todo esto en cuenta, cabe preguntarse ¿qué
tenían en mente los cerebros más lúcidos entre los militares golpistas? Y es
aquí donde tenemos que volver, necesariamente, al “grupo de los coroneles”
dirigido por el Coronel San Martín.
Personalmente, tengo la convicción moral de que
San Martín fue el autor del plan inicial. Tenía experiencia suficiente
para ello, conocimientos e información y había impulsado “operaciones
encubiertas” y maniobras de “intoxicación informativa” durante su paso por el
SEDEC. (tras el atentado de ETA en la calle del Correo en Madrid, cuando esta
organización negó su autoría para desvincularse de una acción terrorista
ampliamente impopular –13 víctimas mortales, solo uno era policía, y más
de 70 heridos–, San Martín reaccionó filtrando un falso “diario de
Argala”, el entonces jefe de ETA que fue reproducido por el semanario El
Mundo (propiedad de Sebastián Auger); en ese falso diario se afirmaba,
que, además de ser ETA responsable del crimen, mantenía contractos con ¡el
PENS!, con ese PENS que el mismo San Martín había facilitado su creación y
cuyas revistas y panfletos se imprimían en las oficinas de Barcelona del propio
SEDEC…). Y es que, para un servicio de inteligencia, “verdad” y “moralidad”
no son palabras que deban tenerse en cuenta. (ETA, por cierto, reconoció
ser autora del crimen en 2018. Los dos etarras que colocaron los 30 kilos de
explosivos, Bernard Iturbe y María
Lourdes Galarraga, viven hoy en el Sur de Francia y nunca pasaron ni un solo
día en prisión por el crimen).
San Martín era perfectamente capaz de plantear la
operación “toma del Congreso” en términos parecidos: el “casus belli” era
la toma del congreso por un “grupo civil terrorista, fuertemente
armado”… ¡y es entonces, con este pequeño detalle, cuando la “operación”
empieza a tener sentido! “Ante la
alarma generada en la opinión pública, el ejército sale a la calle para
mantener el orden”. ¿Y luego? Luego, el ejército impone sus condiciones a
la presidencia del gobierno: cambios ministeriales, mayor control sobre el PCE,
liquidación de ETA y del GRAPO. El golpe no desemboca en un gobierno
militar–militar, ni mucho menos militar–ultra, como querían Milans y Tejero
respectivamente, sino que se reduce a una presión ejercida sobre el gobierno
por el estamento militar, tal como quería el “grupo de los coroneles”. Se
salvaban las formas ante los países extranjeros, la constitución seguía en pie
(acaso con alguna leve modificación en lo relativo a los poderes de la
monarquía), y se lograba la rectificación política, salvando la imagen
democrática…
Pero esto solamente era posible si era un
“grupo terrorista” el que entraba en el congreso; en absoluto, si el Guardia
civil más conocido de toda España, aparecía ante las pantallas de todas las
salas de banderas, capitaneando la acción. ¿Entienden por qué
Tejero había comprado autobuses y casacas militares? ¡Hasta el día antes del
golpe su misión era, preparar la toma del Congreso, no tomar el Congreso!
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