Concluida la Guerra Civil se inicia el “régimen
de Franco”. Dicho período comprendido entre 1939 y finales de 1975, es el
central en la Historia de España del siglo XX. Es habitual definirlo como una “dictadura”,
si bien hay que presentar matices (que, en parte, ya vimos en la primera parte
de este estudio). El primero de todos ellos es que no se trató de un período
homogéneo, sino cambiante (que ya definimos como una forma de “adaptacionismo
político”).
Las tres etapas del régimen están perfectamente
marcadas: una primera, entre 1939 y 1942, con un marcado carácter “fascistizante” y la hegemonía de Serrano Suñer, próximo,
en política internacional, a los países del Eje, en el que el régimen se adapta
a una forma particular de “fascismo” (que hemos llamado “tercer fascismo” y al
que hemos consagrado varios estudios en esta publicación) de moda en Europa en
ese momento y ante la posibilidad de que los países del Eje resulten vencedores
en la Segunda Guerra Mundial. Cuando estos deseos se vieron decepcionados (tras
El Alamein, Stalingrado y la entrada de los EEUU en la guerra), se inició la
segunda etapa que se prolongará entre 1943 y 1957, es la etapa “nacional–católica,
en que se produce un segundo vuelco adaptacionista.
El cambio se decanta hacia lo más parecido al “catolicismo
social” que habían promovido los vencedores en los países vencidos (tanto en
Alemania como en Italia, las “democracias cristianas” fueron la opción con la
que sustituyeron a los fascismos). Se desmantelaron los símbolos fascistas más
evidentes y se potenció el papel de la Iglesia Católica a la que se entregaba
la legitimidad moral del régimen y el control sobre la educación y sobre la
vida pública.
El período nacional–católico fue el de mayor
asfixia económica, hasta que, en la última etapa, la presión internacional fue
cediendo y España se convirtió en un prometedor lugar de inversión y un aliado
seguro de los EEUU en la lucha por la hegemonía mundial durante la Guerra Fría.
Y esto llevó a la tercera adaptación del régimen:
tras la firma de los acuerdos con los EEUU de defensa mutua y cooperación, el
régimen pudo entrar en los organismos mundiales de crédito creados en la
postguerra mundial y, por otra parte, entró capital en España suficiente como
para desarrollar la economía y convertir el país en la séptima potencial
industrial de ese período. Y, entonces, lo que hizo falta fue: por un lado,
terminar de institucionalizar el régimen, rebajar la tensión político–religiosa
y colocar cuadros técnicos preparados para esta etapa “desarrollista”. Este
último período, fue el “tecnocrático” que se prolongaría prácticamente hasta el
final del régimen en 1975.
En general, los historiadores –salvo una minoría
excesivamente ideologizada– coinciden que en el franquismo fue un régimen
autoritario y no totalitario, ya que permitió cierto pluralismo limitado
dentro de las élites (monárquicos, católicos, militares), no existió una
componente única que fuera hegemónica a lo largo de las casi cuatro décadas en
las que se prolongó y no buscó la movilización permanente de las masas, a
diferencia del nazismo o el fascismo italiano.
El elemento determinante de este período fue el
objetivo propuesto por Franco en 1936: llevar a España a niveles de desarrollo
equiparables con el resto de países de Europa Occidental. Cuando concluyó el
régimen con la muerte de Franco, puede decirse que este objetivo se había
alcanzado en grandísima medida. Contrariamente a las visiones “ideológicas”,
por nuestra parte, sostenemos que el régimen de Franco tuvo un objetivo a largo
plazo, exclusivamente económico, de manera preferente y que iba parejo al intento
de “reconstrucción nacional” que pretendía el viejo regeneracionismo español al
cual, el régimen franquista, se adscribió objetivamente.
Y aquí es donde se inicia una polémica histórica,
aún no resuelta, cuya cuestión fundamental es si el régimen fue “regeneracionista”
o, simplemente, “autocrático”. Para nosotros está muy claro que Franco se apropió
de muchos de la mayor parte del ideario “regeneracionista” para legitimarse,
presentándose como la culminación de la “cura” que España
necesitaba. Joaquín Costa, el principal intelectual regeneracionista, proponía
al “Cirujano de Hierro”, como una figura autoritaria temporal que
extirpara los males de la política (oligarquía y caciquismo). Era evidente que Franco
asumió ese rol (y las circunstancias sugieren que se trató de un papel que no
buscó deliberadamente, pero al que le determinó su historial previo a la Guerra
Civil, su “baraka”, y demás azares de su biografía. Todo induce a pensar
que Franco nunca fue ni quiso ser un “político”. Su historial de ascensos
confirma a las claras que solamente aspiraba a ser un militar, el mejor de su
promoción y a ocupar los más altos cargos… en las fuerzas armadas. Nada más.
Pero, además, el leitmotiv del franquismo fue el
mismo que el eslogan propuesto por Costa: “Escuela y Despensa”: priorizar
la educación y el bienestar material sobre la política parlamentaria, para
justificar la despolitización de la sociedad y centrar el discurso en el
desarrollo económico y el orden social. Y en ese punto, cabría decir que el
ideal franquista y el del resto de componentes que participaron en la “coalición”
que dio lugar el “18 de julio”, coincidían colocando como denominador común de
todo el ciclo, la voluntad de “Regeneración Nacional”, buscando romper
con la decadencia del sistema liberal anterior: un objetivo que compartían
desde 1898 las mentes más lúcidas del país. Cada componente tenía matices
propios, connaturales a cada una de las ideologías y tendencias de las que
procedían: pero el denominador común era siempre el mismo, llevar a la práctica
el regeneracionismo.
Quienes opinan en contra de que el régimen
franquista fuera “regeneracionista”, argumentan que fue “antidemocrático”.
Sostienen que el regeneracionismo buscaba reformar el sistema, pero que el
franquismo eliminó la posibilidad de elecciones libres y fue particularmente
represivo y basado en la violencia política y en un aparato represivo.
Sostienen que no “modernizó” España, sino que restauró valores tradicionales,
con fuerte peso de la Iglesia católica.
Y, finalmente, que la modernización limitada y tardía: el desarrollo
económico serio llega décadas después, y no implicó apertura política.
A la vista de todo esto, cabe preguntarse si,
cuando Costa sostenía la necesidad de un “cirujano de hierro” creía que éste
saldría de unas elecciones libres y que, con mandato de cuatro años, en medio
de luchas partidarias, bastaría para “regenerar” España. Por otra parte, al
hablar de “regeneracionismo” existen algunas confusiones: “regenerar” no era
segar a la “España tradicional”, sino implementar el desarrollo económico y
educativo de España. Existe una deliberada malinterpretación del
regeneracionismo que consiste en que su propuesta solamente podía ejecutarse
tirando por la borda todo lo que había sido España hasta ese momento. Y España,
no lo olvidemos, era católica a lo largo de toda su historia desde la “conversión
de Recaredo”. Su atraso secular no era un producto de ese catolicismo sino de
circunstancias históricas muy concretas. Una de ellas, desangrarse durante los
siglos XVI y XVIII en defensa de la catolicidad, no a causa de la catolicidad,
sino en lucha contra otros países. Nadie, ni el propio Costa creía en que fuera
posible una “regeneración” de guante blanco: en su propia idea de un “cirujano
de hierro”, veía un “momento” traumático en la aplicación de los principios que
proponía y que, él mismo, reconocía que no serían compartidos por la totalidad
de la población.
Así pues, dejemos claro, desde el principio, que
en el franquismo existió esa deliberada voluntad regeneracionista. Y que si el
desarrollo económico se limitó a un período “tardío” (finales de los años 50)
se debió, sobre todo a circunstancias internacionales. En efecto, en los años
40 se ha critica que el régimen fuera “autárquico”: en realidad no tenía otra
salida y, la realidad de los hechos, impulsó un modelo de autosuficiencia. No
es que, el desarrollismo de los años 60 hubiera supuesto el “despertar” del
régimen, sino que solamente fue posible en ese momento gracias a cuatro
elementos:
1º. La firma de los acuerdos con los EEUU.
2º. El fin del cerco internacional.
3º. La culminación de la reconstrucción de Europa
Occidental tras la guerra mundial,
4º. La Ley de Inversiones Extranjeras de 1959
que, junto con el Plan de Estabilización, España abrió su economía a excedentes
de capital y a inversionistas en busca de nuevos destinos particularmente
rentables.
El “aislamiento internacional” fue el castigo que
sufrió el régimen de Franco por haber apoyado al Eje en el primer momento de la
Segunda Guerra Mundial. La “teoría de las dos guerras”, a la que ya hemos
aludido en la primera parte de este estudio, chocó con la creación de las
Naciones Unidas y del Nuevo Orden Internacional: en efecto, el régimen se
había declarado “neutral” ante el conflicto entre el eje y los aliados
occidentales, pero seguía considerando a la URSS como responsable de la Guerra
Civil y cuando estalló el conflicto germano–soviético, Franco apoyó al Eje
enviando la División Azul de voluntarios a Rusia: no fue, por tanto, neutral.
Pero, el Nuevo Orden Mundial cristalizado con la
instauración de las Naciones Unidas (remedo relativamente mejorado de la
Sociedad de Naciones), hizo de las cuatro potencias vencedoras, los garantes de
la nueva situación y, una de ellas, la URSS, apoyada por una Francia que debía
mucho a los exiliados republicanos españoles que habían participado en la
última fase de la “resistencia” anti-alemana y donde la izquierda alcanzó un
peso decisivo tras la guerra, impulsaron el “cerco internacional”. En el Reino
Unido, el Partido Laborista (que durante la Guerra Civil había apoyado el envío
de las Brigadas Internacionales, una de cuyas compañías llevaba su nombre),
encabezado por Clement Atlee se prolongó desde su contundente victoria electoral en julio de 1945 hasta
octubre de 1951 e hizo todo lo posible para mantener un “cinturón
sanitario” en torno al franquismo. Bajo el liderazgo de su secretario de
Exteriores, Ernest Bevin, el Reino Unido apoyó la exclusión de España de
la ONU en 1945 y participó en la retirada de embajadores de Madrid en 1946 como
señal de desaprobación. A medida que la Guerra Fría iba concretando sus
frentes, el Reino Unido y el propio Atlee rebajaron esta hostilidad, hasta que,
finalmente el regreso de los conservadores implicó una modificación de estas
políticas.
En la medida en que el acta de constitución de la
ONU establecía que cinco naciones tendrían derecho de veto (Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética,
Francia y la República de China (en ese periodo representada por el
gobierno nacionalista, que posteriormente se trasladó a Taiwán), bastaba con
que una lo pusiera sobre la mesa para impedir el acceso a la nueva entidad
internacional de una u otra nación. Durante estos primeros años, la Unión
Soviética fue el país que más utilizó el veto. El primer veto de la
historia lo emitió la URSS el 16 de febrero de 1946 respecto a la
situación en Líbano y Siria. Países como Estados Unidos no ejercieron este derecho
por primera vez hasta mucho después (en 1970) y en cuanto a Francia y el
Reino Unido utilizaron sus primeros vetos para bloquear resoluciones
relacionadas con la invasión de la zona del Canal de Suez. La URSS usaba el
veto con frecuencia para bloquear la admisión de nuevos estados, entre ellos
España. Y México, ya durante la Conferencia de San Francisco, había lanzado una
propuesta especialmente dirigida contra España.
Todo esto generó que, entre 1945 y 1950, España
fuera excluida de la ONU y de los planes de reconstrucción europea (Plan
Marshall). Pero el estallido de la Guerra Fría en 1948–49, modificó esta
situación. El anticomunismo de Franco le valió la alianza con Estados Unidos.
En 1953 se firmaron los Pactos de Madrid, que establecieron bases militares
estadounidenses en suelo español, y en 1955 España ingresó en la ONU.
En los años 60, puede decirse que ya habían
quedado atrás las lacras y los lastres de la Guerra Civil. Alguien ha dicho que
fueron “años tranquilos”, en realidad, el elemento dominante fue la euforia
económica, los “planes de desarrollo”. Fue la época de “los tecnócratas”
procedentes de una fuerza que no había participado en la coalición del 18 de
julio, el Opus Dei, prácticamente irrelevante en 1936.
Aquí vale la pena realizar un distingo que no
suelen hacer algunos historiadores: es necesario distinguir entre los “nacional–católicos”
y el Opus Dei; no solamente no eran lo mismo, sino que, muy a menudo, sus
posiciones eran contradictorias. Mientras que los primeros tendían a una visión
tradicionalista de la Iglesia y se mostraban interesados por la pureza católica
de las costumbres, los miembros del Opus Dei, salidos de centros universitarios
que impartían formación técnica y, especialmente, presentes en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y en la Universidad de Navarra,
apostaban por el desarrollismo y las soluciones técnicas a los problemas.
En otras circunstancias, es posible que esta
minoría opusdeísta no hubiera jugado nunca un papel determinante en el
desarrollismo (si las otras componentes, los falangistas, los carlistas, los
monárquicos, hubiera dispuesto de cuadros técnicos suficientes como para
garantizar el curso del desarrollo económico: pero no los tenían) y Franco, con
su irreprimible pragmatismo, optó por ellos a la hora de constituir los
gobiernos de los años 60.
Pero, en 1967 era evidente que el tiempo pasaba,
Franco, poco a poco, iba envejeciendo y empezaba a plantearse lo que ocurriría
después. Así que el régimen optó por completar su cuadro legislativo (las Leyes
Fundamentales) con la Ley Orgánica del Estado. Aprobada ésta, en 1969, Franco
nombró como su sucesor al príncipe Juan Carlos de Borbón, a título de Rey. Era
el intento de perpetuar el régimen (un “franquismo sin Franco”) tras su muerte.
