No importa lo que digan las estadísticas: con demasiada
frecuencia, cuando las estadísticas muestran una realidad poco halagüeña, se
adulteran los parámetros para que las mediciones den resultados menos
alarmantes. Si, desde hace 40 años, los sucesivos ministros del interior van
proclamando que “la delincuencia baja” o que los “presos disminuyen”, tratando
de tranquilizar a la población, lo que cuenta es la percepción directa que el
ciudadano tiene de la realidad. Y esta dice que, en las dos últimas décadas, la
delincuencia se ha disparado.
La seguridad en España empieza a ser un recuerdo de otros tiempos.
Nos están acostumbrando a vivir en plena inseguridad, como si esta fuera el
estado “normal” y nada pudiera hacerse para remediarlo, salvo no hablar mucho
del tema. Y es importante no olvidar que la seguridad es el primer derecho
humano (aunque no figure en ningún lugar en la Declaración Universal de
Derechos Humanos elaborada por la ONU..). Sin “seguridad” no puede ejercerse
ningún otro derecho: si tengo una alta posibilidad de ser atracado o robado
cuando recorro algunas calles céntricas de una gran ciudad ¿dónde queda el
derecho a la libertad de movimientos? Si no tengo la seguridad de que puedo
escribir y decir lo que pienso ¿en dónde queda la “libertad de expresión”?
Cuando no se me reconoce el derecho a la legítima defensa de defender a los
míos, a mi patrimonio y a mí mismo ¿cómo puede ejercerse el “derecho a la
propiedad”? Y así sucesivamente.
Y la inseguridad está creciendo. España no es el único país en
Europa occidental y en la Europa del norte en donde este fenómeno se haya
disparado: hay “bandas étnicas” desde Cádiz hasta Malmö. Hay zonas de la Europa
democrática en donde el Estado ha dejado de existir y solamente rigen las leyes
impuestas por las bandas étnicas y los grupos mafiosos. Estas bandas, cada día
que pasa, son más numerosas, están mejor armadas y, ante ellas, la policía no
puede actuar porque los guardianes de los “derechos humanos” podrían acusarles
de “xenofobia y racismo”, de la misma forma que los tribunales, a pesar de ser
detenidos in fraganti, no pueden juzgarlos y enviarlos a prisión y
expulsarlos del país, por los principios “garantistas” de nuestra legislación.
Estas “bandas étnicas” no son el producto de la pobreza: en
realidad, la delincuencia, a pesar de la inseguridad laboral de quienes la
practican, garantiza un elevado tren de vida. La prueba es que cada vez atraen
a más jóvenes de los suburbios, cada vez están más y mejor armados, y cada vez
tienden a enfrentarse más violentamente contra otras bandas rivales, más que
contra las policías. España haría bien en fijarse en lo que está pasando en
estos momentos en Francia, Bélgica, Holanda, en partes de Alemania o en Suecia,
incluso en exigir datos objetivos y no “cocinados” sobre la delincuencia, para
saber lo que nos espera a la vuelta de un lustro.
Parece claro que, con la legislación actual, con los medios
policiales, con el tributo a la “corrección política” que deben tertulianos y
comunicadores, con la legislación y la normativa europea o con las imposiciones
del “wokismo” y de la “cultura de la disculpa”, combatir la delincuencia va a
resultar cada vez más imposible y, consiguientemente, ésta va a generar más y
más inseguridad e imposibilidad para ejercer plenamente los derechos básicos.
Estamos, pues, ante una pescadilla que se muerde la cola: la imposibilidad para
establecer diagnósticos objetivos sobre el origen de la violencia, genera
ineficacia absoluta para conjurarla. Y esto no parece que vaya a cambiar, ni
con un gobierno del bloque de las derechas, ni con un gobierno del bloque de
izquierdas. Hace veinte años, quizás: ahora, ya resulta imposible combatir la
delincuencia por procedimientos convencionales que han ido fracasando, no solo
en España, sino en todos los países de su entorno.
Por increíble que pueda parecer, esta situación de “no retorno” no
ha alertado a los distintos gobiernos de nuestro país que siguen empeñados en
practicar las mismas políticas que han fracasado en toda Europa: seguir
abriendo las puertas a la inmigración (solamente el año pasado se naturalizaron
360.000 inmigrantes, mientras que llegaron entre 30.000 y 60.000 irregulares,
inexpulsables y subvencionables), no modificando y radicalizando las medidas de
control de fronteras y haciendo efectivas las medidas de expansión,
subvencionando a la inmigración y estimulando el “efecto llamada”, manteniendo
chiringuitos pro-inmigracionistas, y todo ello, a pesar de que, nadie duda que,
en los próximos años, el mercado de trabajo se va a contraer
extraordinariamente (y no por crisis económica aguda, sino por las condiciones
de la Cuarta Revolución Industrial) y estos millones de recién llegados, nunca,
absolutamente nunca, podrán acomodarse en el mercado laboral) e imponiendo
silencio sobre la situación del orden público en los medios de comunicación.
Europa es testimonio del gran fracaso de estas políticas: resulta criminal y
suicidad que en España se siga por este camino ya trillado que conduce a una
sola parte: caos social, losa económica sobre los que tenemos que pagar
impuestos e inseguridad, mucho más incomprensible en un país que vive del
turismo…
Prueba de esta actitud suicida de los gobiernos españoles es que,
cada uno, ha presentado estadísticas que confirmaban que la situación de la
seguridad ciudadana ha ido “mejorando” desde 2003. En efecto, a partir de esa
fecha, era incuestionable que el fenómeno del aumento brusco de la delincuencia
que se produjo a partir de 1997 estaba vinculado al único fenómeno nuevo que se
había producido en esos años en la sociedad española (la llegada masiva de
inmigración). Cabe añadir que a pesar de que la mayoría de inmigrantes de
aquellos años, venían para trabajar, la mayoría de delincuentes que operaban en
España procedían de la inmigración y hoy las cosas no han cambiado, si bien es
cierto que hoy resulta difícil pensar que un inmigrante se haga ilusiones sobre
las condiciones de trabajo en España y sobre la existencia misma de ese
trabajo; más bien cabe pensar que el ascenso de inmigración africana se debe,
sobre todo, a las perspectivas de obtener ayudas sociales. En realidad, lo que
han aprendido los gobiernos españoles a partir de Zapatero es a maquillar
estadísticas: con restar de las estadísticas de delincuencia hurtos y delitos
que no se denuncian, la estadística queda modificada a la baja. Al dejar de considerar
la “ocupación” como un delito, desaparecen miles y miles de las estadísticas.
Dejando a un lado los delitos cometidos por “menas” se evita que se disparen.
De la manipulación de estadísticas saben mucho en las cocinas del CIS. De ahí
que, como hemos dicho al principio, el ciudadano debe de apelar a su instinto
más que a las cifras. Su instinto y lo que oye en la calle le ayudarán a
entender lo que las estadísticas ocultan.
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