Si esta es la situación en la que se encuentra España, es preciso
asumir que la situación actual puede prolongarse durante un corto período de
tiempo, más allá del cual, ya no hay posibilidades de rectificación. En este
momento -y, como hemos visto- a tenor del volumen de la deuda, de la
envergadura del gasto público y de la estructura económica de España, de las
simetrías y asimetrías políticas del país y de la deriva que está tomando la
política española desde el resultado de las elecciones generales de 2023, ya hoy
resulta muy difícil “normalizar” la situación del país y “rectificar” las
dinámicas negativas heredadas de las últimas décadas. Pero es que, dentro de
los próximos cuatro años, todo esto va a estallar porque, como hemos dicho
antes, estamos ante una “tormenta perfecta” en el que se van a acumular crisis
nacionales e internacionales de todo tipo, agravadas en España por los errores
acumulados en cinco décadas, a lo que se une la debilidad y la
impreparación de nuestra clase política que solamente saber adoptar posturas
que le conduzcan a aumentar, como sea, su cuota electoral y apenas aspira a
otra cosa que estar presente en los resortes económicos del poder, pero no
gobernar una Nación.
Ahora ya no se trata de una alternancia izquierda – derecha, en la
que la izquierda ponga en marcha programas sociales de subsidios y
subvenciones, aumenten hasta la indecible el gasto público y creen situaciones
insostenibles, como ya ha ocurrido con el último gobierno de Felipe González,
el período zapateriano o la lamentable experiencia pedrosanchista, para que
luego, venga una disciplina económica impuesta por la derecha que reordene el
caos generado, mediante una mayor disciplina presupuestaria. Este esquema que
se ha ido reproduciendo en las últimas décadas, ya ha llegado a su fin, porque nunca
como ahora, la diferencia entre ingresos del Estado por un lado y gastos y
deudas por otro, ha sido tan absolutamente desproporcionado, ni nunca como
ahora, los cambios en el mercado laboral que se están produciendo generados por
la robótica, la Inteligencia Artificial y demás efectos de la Cuarta Revolución
Industrial, van a dejar en la cuneta irremediablemente a tantos trabajadores.
La oscilación entre “izquierdas derrochadoras” y “derechas disciplinadas
económicamente”, ya no se va a volver a repetir.
Lo que tenemos ante la vista puede ser definido por cinco riesgos:
1º) Crisis de la deuda impagable y que ascenderá a dos billones en apenas dos o, como máximo, tres años. Impagable y que seguirá subiendo para poder cumplir los pactos de legislatura suscritos por Sánchez con sus nuevos socios.
2º) Crisis del empleo a causa de los cambios impuestos por aplicación de las nuevas tecnologías y que obligarán a la implantación de un “salario social” insostenible a la vista del actual ritmo de gasto del Estado.
2º) Fractura insalvable del país en dos bloques: el bloque progresista (izquierda + no Estado, esto es, independentistas) y bloque conservador (derecha), sin puentes intermedios, ni consensos posibles.
3º) Fractura social entre la “España que paga impuestos” (especialmente pequeña y mediana empresa, clases medias dependientes de una nómina) y la “España subvencionada” (chiringuitos ONGs, jóvenes sin formación suficiente, grueso de la inmigración llegada en las últimas décadas.
4º) Fractura nacional generada por la debilidad del Estado ante los independentismos catalán y vasco de los que depende la izquierda para afirmar su mayoría, a causa de la mutación del “nacionalismo regional” en “independentismo”, no previsto en la constitución del 78.
5º) Fractura étnica entre autóctonas de origen europeo, que comparten la cultura y la identidad europea y grupos étnicos llegados masiva y desordenadamente en las tres últimas décadas, imposibles de integrar, con todo el gasto público que ello supone y que ahora ya tienen la “masa crítica” para generar distorsiones notables en la vida públIca.
Todos estos elementos, están ahí, son fácilmente comprobables por
cualquier observador mínimamente imparcial y objetivo. Pero la clase política,
tanto de derechas como de izquierdas, tienden a pasarla por alto, resaltando
sus peleas de verdulería y sus trifulcas de bajo nivel por la disputa de los
ministerios y las llaves de la caja. Y otro tanto ocurre con los medios de
comunicación, los tertulianos y las empresas periodísticas que, todas, sin
excepción, reciben fondos públicos para poder seguir existiendo. Muchos de
estos medios tienen, hoy, menos audiencia, que canales de youTube o que “influencers”.
Tanto los medios de comunicación como las clases políticas de los
partidos, tienden a dar versiones concomitantes sobre la realidad del país,
presentando estadísticas trucadas, haciendo gala de un “optimismo” desmesurado
y fuera de lugar. Pero, el ciudadano de a pie en sus barrios, el ciudadano que
mira su nómina y percibe que el Estado se queda con la parte del león de su
propio trabajo personal a cambio de no darle ninguna satisfacción y asistiendo
a una degradación creciente de servicios públicos, de la seguridad, de su
capacidad adquisitiva, el hombre de la calle, en definitiva, todos nosotros que
no somos “clase política” o “privilegiados”, sabemos perfectamente que la
situación actual no puede prolongarse y que es cuestión de pocos años que
cristalice una situación de crisis del Estado, hundimiento social y convulsión
económica grave: la “tormenta perfecta” de la que
venimos hablando.
El cambio -un cambio drástico, radical (en el sentido de que se
remita a las raíces del problema y que no busque, como frecuentemente hace la
derecha, apenas un maquillaje cosmético), profundo y renovador- es necesario y, cada día que pasa es un día en el que nos aproximamos al
abismo y un día perdido en la tarea de reconstrucción que precisa nuestra
Nación y nuestra Sociedad.
La hemos visto que ese cambio, difícilmente podría darse mediante
una “reforma constitucional” admitida en la propia carta constitucional. Y
hemos explicado el porqué: a causa de la prisa del “bloque de izquierdas” por
aplicar su programa de “ingeniería social”, el “bloque de las derechas” ha
reaccionado anclándose en su conservadurismo. Los puentes han saltado
(posiblemente, la última posibilidad de establecer un puente fue tras las
elecciones de 2019, cuando todavía los partidos disputaban el “espacio de
centro” y la unión de votos del PP y del PSOE, cuyos diputados sumados (93 y
120, respectivamente) suponían un 60% de la cámara, lejos aún de las
posibilidades de reforma constitucional (hubieran hecho falta 54 diputados más;
Vox obtuvo en aquella ocasión 52 actas de diputado), pero suficientes como para
avalar con una amplia mayoría reformas legislativas parciales. El problema
era que cada partido tenía mucho parasitismo que alimentar, muchos aspirantes a
vivir del erario público y mucha perspectiva de negocios a la sombra del poder,
para pactar: no había suficiente botín para todos.
Eso llevó a los cuatro años de “ingeniería social” de izquierdas,
permitiendo al “bloque conservador” identificar riesgos y pasar a una actitud
resuelta de oposición unos meses después de la sustitución de Casado por Feijóo
al frente del PP. Hay que recordar que en las primeras semanas de gestión de Feijóo,
incluso tardíamente, antes de las elecciones de 2023, el dirigente “popular”
seguía considerando que la “primera opción” de pacto para su partido era… el
PSOE, demostrando que ni siquiera había entendido el rasgo característico del
nuevo período en el que han entrado los países desarrollados (Francia, EEUU,
Brasil, Italia, etc.): la “política de bloques”, sin espacios de centra que
compartir.
En el momento de escribir estas líneas la gran contradicción
que atraviesa nuestro país, repetimos, es la necesidad urgente de un cambio de
rumbo y la imposibilidad de que, con las actuales simetrías políticas y el
actual ordenamiento constitucional, este cambio sea posible.
Esta contradicción, imposible de superar, en un escenario realista
debería contemplar solamente dos opciones:
- O nos resignamos a seguir así hasta el desguace final de la Nación y hasta la crisis terminal a la que nos abocamos.
- O bien reaccionamos con audacia e imaginación, lo que implica, necesariamente, una ruptura con la legalidad vigente y la formación de una “nueva legalidad” más acorde con nuestra realidad en 2023.
No vamos a ser nosotros los que recomendemos esta segunda opción,
por obvias razones: en tanto que “ilegal”, no puede ser defendida sin exponerse
a una sanción llegada de la legalidad vigente. Pero, mientras los debates de
ideas y de perspectivas de futuro no estén prohibidos, ni censurados, lo menos
que podemos hacer, ya que hemos llegado hasta aquí, es valorar lo que supondría
la idea de “romper con la legalidad vigente” y si ello es posible o se trata de
una idea a descartar. Quede claro, desde el principio de este debate, que no
aspiramos a fomentar ni alimentar un movimiento subversivo, sino solamente a
abrir un debate sobre el que el régimen huye y evita, pero al que,
inevitablemente, es una de las posibilidades a las que estamos abocados.
Y, quede claro, igualmente, desde el principio que la “legalidad
vigente”, en cuanto tal, nos interesa poco: el hecho de que hace décadas, exactamente
hace 45 años, se votara una constitución prácticamente irreformable no implica
que esa norma no tenga una fecha de caducidad. Hemos visto lo que puede
ocurrir en países como EEUU con una constitución esclerotizada y un sistema de
elección de cargos públicos que se remite a finales del XVIII imposible de
adaptar a la realidad del siglo XXI.
Hay que recordar que la España que voto el 6 de diciembre de 1978
al texto constitucional aún vigente, era muy diferente a la actual. De hecho,
la realidad de las cifras -que generalmente- se olvida o se prefiere eludir, es
que España, en aquel momento, tenía una población de 36,5 millones, frente a
los 47,5 actuales, y que, en aquel momento, el censo electoral era de apenas 18
millones, frente a los 37,5 actuales. Se olvida también que, a fin de cuentas,
la constitución se aprobó, sí, por una amplia mayoría (el 91,81% de votantes,
casi “a la albanesa”) pero con una asistencia a las urnas del 67,11%, lo que
hace, a fin de cuentas, que el resultado real de los apoyos a la constitución
fuera bastante más limitado: el 58,97% del total de la población de aquel
momento. Y, entre los que se tomaron la molestia de acudir a las urnas, es
cierto que los “noes” se quedaron en el 8,19%, pero si sumamos los votos en
blanco (632.902) y los votos nulos (133.786), esta cifra se eleva hasta el 10%.
Y eso en una España completamente diferente a la actual.
Sacralizar aquellos resultados, que ya en su momento, solamente
expresaban de manera muy relativa el “sentir de la nación”, es suicida. Si hoy se sigue realizando esta práctica es porque, de
aquella constitución surgió una clase política parasitaria y depredadora que,
obviamente, defiende sus intereses y porque el marco mediático ha cambiado
tanto que, sin el régimen de subsidios y subvenciones, la mayoría -sino todos-
de los medios ya habrían desaparecido. La “prensa libre” no pasa de ser,
hoy más que nunca, la voz de su amo. Por tanto, este debate y cualquier otro
que se abra sobre las posibilidades de una “reforma” y/o de una “superación de
la constitución”, son hoy más necesarios que nunca, aunque sea al margen de la
constitución y cuestionando su validez actual
LINKS DE LA SERIE
¿CUÁNDO UN GOLPE DE ESTADO ES LA “SOLUCIÓN FINAL”? (1) – Sobre las dictaduras de nuestro tiempo y España
¿CUÁNDO UN GOLPE DE ESTADO ES LA “SOLUCIÓN FINAL”? (2) – Cuando un golpe de Estado puede ser la solución a recurrir
¿CUÁNDO UN GOLPE DE ESTADO ES LA “SOLUCIÓN FINAL”? (3) - ¿Hay solución dentro de la constitución?
¿CUÁNDO UN GOLPE DE ESTADO ES LA “SOLUCIÓN FINAL”? (4) – Condiciones necesarias para un golpe de Estado
¿CUÁNDO UN GOLPE DE ESTADO ES LA “SOLUCIÓN FINAL”? (5) – La técnica golpista: justificaciones
¿CUÁNDO UN GOLPE DE ESTADO ES LA “SOLUCIÓN FINAL”? (6) – La técnica golpista: la práctica (A)
¿CUÁNDO UN GOLPE DE ESTADO ES LA “SOLUCIÓN FINAL”? (7) – La técnica golpista: la práctica (B)
