Ya he contado más de una vez que el “pare Valls”, el único padre
escolapio al que llegué a apreciar, nos contaba cuando éramos párvulos, la
diferencia entre “pecado venial” y “pecado mortal”. Y ponía como ejemplo la
bata que llevábamos: cuando esa bata se manchaba por aquí o por allí, se lavaba
y quedaba renovada, pero si, por el contrario, la bata estaba desgarrada, con
costurones y remiendos por todas partes, desgastada por el uso, con manchas que
se iban acumulando, no había remedio posible. Se tiraba y se compraba otra
nueva. Aquel ejemplo se me quedó en la cabeza. Yo tenía entonces cinco años.
Era 1957 y fue una de las primeras lecciones que recibí en el colegio de los
Escolapios de la calle Balmes. Es hora de aplicar el mismo ejemplo a nuestro
tiempo.
Hay situaciones “normales” que exigen abordarlas de manera “normal”.
Por ejemplo, cuando alguien es detenido por un hurto. En una situación “normal”,
cuando se da ese pequeño delito -pero muy molesto para la víctima- es razonable
que el detenido disponga de una defensa jurídica eficiente, que reciba un trato
esmerado en su detención y un juicio justo. Pero hay dos situaciones en las
que esta política de “paños calientes” deja de ser efectiva: en primer lugar,
cuando ese mismo delincuente ha sido detenido más de 100 veces y todavía está
esperando que le llegue la citación para el primer juicio. En segundo lugar,
cuando no es un delincuente, sino miles y miles de delincuentes los que operan
cada día en toda nuestra geografía nacional.
Otro ejemplo: parece razonable que un inmigrante que entra
ilegalmente en España pueda explicar los motivos que le han traído por aquí,
incluso que un juez estime que son razonables, después de oír la situación que
se vive en su país y que logre demostrar que es un perseguido político o un refugiado.
Y parece razonable que ese inmigrante disponga de asistencia jurídica, servicio
de traductores jurados y de un espacio para vivir mientras se decide sobre su
situación. Y eso vale cuando el número de inmigrantes ilegales es limitado,
pero, desde luego, no es aplicable en una situación como la nuestra en la que
se han acumulado en poco tiempo, otros 500.000 inmigrantes ilegales. No
puede esperarse a que todos los trámites policiales, diplomáticos y judiciales,
se apliquen a cada uno de estos 500.000 inmigrantes, salvo que se multiplique
por 20 el aparato de justicia. Y es que, cuando una tubería muestra un
goteo ocasional, no hay que preocuparse excesivamente, pero cuando esa misma
tubería ha sufrido una rotura y el agua sale a borbotones, no hay más remedio
que actuar excepcionalmente: llamar al fontanero, cerrar la llave de paso,
avisar al seguro…
Podemos multiplicar los ejemplos: no es lo mismo cuando en los
años 60, un legionario traía un “caramelo de grifa” empetado en el culo, que
cuando las mafias de la droga se han hecho con el control de determinadas zonas
del Sur. En el primer caso, una bronca del capitán de la compañía bastaba para
cortar el “tráfico”, en el segundo, como no se movilice la armada o se de a las
fuerzas de seguridad del Estado potestad para disparar a discreción sobre las
narcolanchas desde el momento en el que no atienden a la orden “Alto”, el
problema se enquistará. De hecho, ya está enquistado. Y el problema es que hay
que valorar qué vale más: la vida de un narcotraficante o la vida de los que
consumen la droga que él trae, los derechos de un capo mafioso o bien el
derecho de un Estado a preservar la buena salud de la sociedad. Si se responde
en ambos casos que lo importante es “el Estado de Derecho y su legislación”, incurriremos
en un grave error de apreciación. Esas normas, se han establecido para
situaciones normales. Y hoy, España -de hecho, toda Europa Occidental- está
afrontando situaciones excepcionales.
Vayamos a otro terreno: el que Ceuta y Melilla estén sufriendo
desde hace 40 años un proceso de marroquinización creciente, puede ser fruto de
la proximidad de ambas ciudades a Marruecos y al deseo de los sucesivos
gobiernos de España de no empeorar las relaciones con el único enemigo
geopolítico que tiene nuestro país, el “enemigo del Sur”. Pero, cuando se
sabe que el narcotráfico en Marruecos está regulado por el majzén y por
personas próximas al entorno de la familia real marroquí, uno empieza a pensar
que la situación no es “normal”. Esa sensación aumenta cuando se percibe
con una claridad meridiana que el Ministerio del Interior español no despliega fuerzas
suficientes para cortar de raíz el narcotráfico con Marruecos y que, incluso,
boicotea a los policías y a las unidades más eficientes en su tarea. Ítem más: lo
normal hubiera sido, por ejemplo, que España mantuviera su política exterior en
relación al Sáhara inconmovible (las políticas exteriores fiables son las que
no cambian, nadie confía en un país con una política exterior oscilante y
variable). Pero Pedro Sánchez la cambió en el peor momento: sabiendo que
perjudicaba a Argelia, nuestro principal proveedor de gas natural. Y, además,
en un momento en el que el conflicto ucraniano suponía una merma en la llegada
de gas natural ruso. Pero lo hizo. Luego ha ido entregando créditos sin
retorno, cantidades de material de seguridad, ha permanecido mudo ante las
constantes reivindicaciones de “marroquinidad” de Ceuta, Melilla y Canarias. Y
esto mientras el ministerio del interior se negaba a reconocer que la comunidad
marroquí encarcelada en prisiones españolas es más que significativa o que el
número de delincuentes magrebíes es en gran medida responsable del repunte solo
en 2023 de un 6% en la delincuencia. O que Marruecos es el principal coladero
de inmigración africana a España. O el gran exportador de droga a nuestro país:
y no solo de “cigarrillos de la risa”, sino de cocaína llegada de Iberoamérica
y a la que se han cerrado los puertos gallegos. Sin contar los viajes de la Sánchez
y Begoña a Marruecos… Y, a partir de todo esto, podemos inferir que hay “algo
anormal” en las relaciones del pedrosanchismo con Marruecos. Demasiadas
cuestiones inexplicables que permiten pensar que se vive una situación en la
que “alguien” oculta algo y no tiene más remedio que actuar así, no porque sea
un aficionado a traicionar a su propio país, sino porque en Marruecos alguien
podría hundir a la pareja presidencial sin remisión. Sí, estamos hablando de
chantaje a falta de otra explicación.
¿Seguimos? Se puede admitir que los servicios sanitarios españoles
apliquen la “sanidad universal” y que cualquiera que sufra alguna enfermedad en
nuestro país, sea atendido gratuitamente. Aunque, de hecho, en todos los países
que he visitado de fuera de la Unión Europea, este “derecho” no era tal: si
tenía algún problema, me lo tenía que pagar yo, y en muchos, se me ha exigido
entrar con un seguro de salud obligatorio. Pero, cuando llegan millones de
turistas o cuando España se ha convertido en una especie de reclamo para todo
africano que sufre cualquier dolencia, es evidente que la generosidad puede ser
considerada como coadyuvante del “efecto llamada” y que, miles y miles de
personas querrán aprovecharse de ello. Todo esto en un momento en el que para
hacer un simple análisis de sangre en la Cataluña autonómica hay que esperar
dos meses y para hacer una ecografía se tardan nueve meses, sin olvidar que hay
operaciones que se realizan con una demora de entre siete meses y un año. Una
vez más, lo que es razonable en períodos “normales”, es un suicidio en
épocas “anómalas”.
Hubo un tiempo “normal” en el que el gobierno español construía
viviendas públicas. Ese tiempo hace mucho -décadas- que quedó atrás. Hoy, ni
ayuntamientos, ni autonomías, ni por supuesto el Estado están interesados en
crear vivienda: han trasvasado su responsabilidad a los particulares. “¿Tiene
usted una segunda residencia?” Pues ahí puede ir un okupa. En Mataró -meca
de la inmigración en el Maresme- hay en torno a medio millar de viviendas
okupadas. Así resuelve el pedrosanchismo el “problema de la vivienda”… Esta
semana se me revolvieron las tripas cuando un okupa que había robado la
vivienda de una abuela de ochenta y tantos años, decía con chulería a los
medios que “conocía la ley de los okupas”. Eso es hoy “normal”, lo
verdaderamente anormal es que los vecinos y el enjambre de periodistas que acudió
a cubrir el “evento”, no hubieran expulsado al par de okupas manu militari y
restituido la vivienda a la que había sido vecina de toda la vida.
Un penúltimo ejemplo: si un régimen autonómico podía ser razonable
en 1977 para Cataluña o el País Vasco, lo que ya no fue tan razonable fue lo
que vino después de la mano de UCD: “el Estado de las Autonomías”, una verdadera
sangría económica que se podría haber evitado.
Hubo un tiempo en el que se reconocían más derechos (“fueros”) a las
provincias que habían demostrado más lealtad; hoy, en cambio, son las regiones que
repiten más veces en menos tiempo la palabra “independencia”, las que se ven más
favorecidas por el régimen autonómico. También aquí ocurre algo anómalo.
Y ahora el último: si se mira el estado de nuestra sociedad, de la
economía de nuestro país, del vuelco étnico y antropológico que se está
produciendo con una merma absoluta de nuestra identidad, si se atienden a las
estadísticas que revelan el fracaso inapelable de nuestro sistema de enseñanza,
el aumento no del número de delitos, sino especialmente del número de delitos
más violentos, a la pérdida continua de poder adquisitivo de los salarios, al
salvajismo de la presión fiscal y a la primitivización de la vida social, a la
estupidez elevada a la enésima potencia vertida por los “gestores culturales”, a
la corrupción política que desde mediados de los años 80 se ha convertido en
sistémica, unida al empobrecimiento visible del debate político y de la calidad
humana, moral y técnicas de quienes se dedican hoy a la política o a las negras
perspectivas que se abren para la sociedad española en los próximos años, y así
sucesivamente… lo más “anómalo” de todo esto que la sociedad española no reaccione
y que individuos como Pedro Sánchez sigan figurando al frente del país y de unas
instituciones que cada vez funcionan peor o, simplemente, han dejado de funcionar
hace años.
Vale la pena que la sociedad española empiece a meditar con el
hecho de que, si aspira a salir de su estado de crisis, no va a poder hacerlo por
la “vía normal”. El cáncer está tan extendido que, hoy incluso podría dudarse
de la eficacia del “cirujano de hierro” del que se hablaba hace algo más de 100
años. Lo único cierto hoy, es que, para salir de situaciones excepcionales,
hacen falta, hombres excepcionales dispuestos a asumir medidas de excepción y a
utilizar, de manera implacable, procedimientos de excepción que no serían
razonables en situaciones “normales”, pero que son el único remedio cuando las
cosas han ido demasiado lejos.
Esta reflexión es todavía más pertinente en el momento en que se
ha rechazado la petición de extradición formulada por el gobierno de El
Salvador, de un dirigente “mara” detenido en España. La extradición se ha
negado con el argumento de que en el país dirigido por Bukele “no se
respetan los derechos humanos”. Bukele entendió lo que hay que hacer
para superar una situación excepcional: en dos años El Salvador pasó de ser el país
más inseguro del mundo a ser un remanso de paz, orden y prosperidad. Porque,
en una situación “normal”, los derechos de los ciudadanos, están por delante
-muy por delante- de los derechos de los delincuentes. Priorizar los derechos
de estos por encima de los de las víctimas, es precisamente, uno de los signos
de anormalidad.
Se precisa una revolución. Nada más y nada menos. ¿Para qué? Para restablecer
estándares de normalidad (esto es, todo lo que
fortalece, educa y constituye el cemento de una sociedad), excluyendo todos los
tópicos que nos han conducido a situaciones anómalas y que han demostrado suficientemente
su inviabilidad. “Revolución o muerte”… sí, o la sociedad y el Estado
cambian radicalmente, o se enfrentan a su fin. Tal es la disyuntiva.
