Info-krisis.- Contrariamente a las cifras que manejan bancos, gobierno y plataformas de afectados, no existen datos fiables sobre el número de desahucios que se han realizado en España desde que se inició la crisis económica en junio 2008. Nadie ofrece datos contrastados y las cifras que aporta la Plataforma de Afectados por Hipoteca, el gobierno, los bancos y el propio Instituto Nacional de Estadística parecen altamente improbables. En cuanto al ministerio de justicia, simplemente, no da cifras de sentencias por ejecución de hipotecas. Solamente se sabe seguro que en el primer trimestre de 2012 se produjeron 46.559 desahucios, esto es 517 al día, una cifra que había ido aumentando desde el inicio de la crisis. Es probable que, desde entonces, se hayan producido algo más de 500.000 de ejecuciones hipotecarias. Desde entonces se vive con la sensación de que las ejecuciones van en aumento. Algunas fuentes elevan las cifras de desahucios hasta el 1.250.000. Por otra parte, esta cifra puede ser muy superior si se añaden los desahucios generados, no por las ejecuciones hipotecarias, sino por los impagos de alquileres. En este caso, es posible que estemos superando el 1.000.000.
La Plataforma de Afectados por Hipoteca ha conseguido que el tema haya llegado a los medios de comunicación y la “dación en pago”, término que hace solamente tres años era completamente desconocido, haya terminado popularizándose. El interés de las cadenas informativas por las noticias que tocan la fibra sensible de los espectadores ha hecho que diariamente nos lleguen informaciones de tal desahucio que ha podido evitarse y de tal otro que ha generado una viva reacción popular. Pero tras la frivolidad habitual de los medios de comunicación y tras el drama mucho más real de los desahucios, se esconden causas muy profundas que unos y otros prefieren ignorar.
Para entender el problema de los desahucios y tomar una postura ante él es preciso responder a las siguientes cuestiones:
– ¿Por qué esta oleada de desahucios?
– ¿Quiénes son los responsables de lo que está pasando?
– ¿Qué ramificaciones tienes el problema?
– ¿Es la dación en pago una solución?
– ¿Soluciona algo la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE?
– ¿Qué puede hacerse ante la oleada de desahucios?
# ¿Por qué esta oleada de desahucios?
La crisis económica empezó como crisis inmobiliaria en julio de 2007 en los EEUU con el asunto de las “hipotecas subprime”. Básicamente consistió en que durante años, los bancos norteamericanos dieron créditos hipotecarios a gente manifiestamente insolvente. Los mismos bancos e instituciones financieras que habían dado estos créditos inviables, unieron las pólizas a las de otros “productos financieros” (acciones, bonos de todo tipo, acciones de fondos de inversión, etc.) y los colocaron en el mercado a través de la bolsa, presentándolos –con la complicidad de las agencias de calificación creadas por los propios bancos– como productos “seguros” y extremadamente rentables. Fue así como se difundieron por todo el mundo y como, pronto, la crisis inmobiliaria se transformó en una crisis bancaria: detrás de estos “productos” comprados en todo el mundo por inversores privados, bancos internacionales, instituciones financieras, fondos, etc, LO QUE HABÍA ERA DEUDAS Y PRODUCTOS INCOBRABLES.
En España, a pesar de que en el primer momento, los medios intentaron tranquilizar a la opinión pública, difundiendo noticias interesadas emitidas por la banca indicando que en nuestro país la posibilidad de “contagio” era bajísima y que los “productos financieros basura” no habían llegado a España, la verdad era justo la contraria: en 2007, cuando se produjo el desastre de la banca Lehman Brother y los dos principales bancos hipotecarios norteamericanos (Freddy Mac y Fanny Mae) entraron en quiebra, la banca española (y las cajas de ahorros) llevaban ¡10 años alimentando la burbuja inmobiliaria!
En 1997, Aznar estableció su modelo económico basado en el desarrollo hipertrófico del “ladrillo”. Ese modelo fue posible gracias a la importación masiva de mano de obra extranjera y gracias al “dinero fácil” ofrecido por los bancos para contrarrestar los salarios bajos del modelo aznariano. Durante más de 10 años, los españoles estuvieron engañados sobre sus posibilidades reales de consumo: creían tener ingresos para realizar vacaciones anuales, comprar grandes vehículos y segundos viviendas… solamente porque los bancos les daban crédito sin exigirles avales de ningún tipo. Cualquier nómina bastaba, por pequeña que fuera…
La realidad era que durante todo ese tiempo la renta per cápita (la media de lo que ganan los españoles) IBA DISMINUYENDO a pesar de que el PIB (la cantidad total de dinero movido en intercambios) IBA SUBIENDO. Paralelamente, el gobierno de Aznar –como antes el de Felipe González y antes aún en el de Calvo Sotelo–, iba SUBIENDO LOS IMPUESTOS PROCEDENTES DEL TRABAJO, mientras que paralelamente DISMINUÍA LAS RENTAS PROCEDENTES DEL CAPITAL. Esto favoreció que en nuestro país –como en todo el mundo occidental– LA ECONOMÍA ESPECULATIVA SE FUERA IMPONIENDO SOBRE LA ECONOMÍA PRODUCTIVA.
Era mejor, pues, especular que producir bienes. Pero la especulación no genera puestos de trabajo. Un día fatal, cuando se produjo la señal de alarma de que en los EEUU el boom inmobiliario generado por las “hipotecas basura” había estallado, bruscamente en España se endurecieron las condiciones para obtener un crédito, aumentaron los intereses y todo el mecanismo de “crecimiento económico” ficticio basado en la construcción se paralizó. Eso ocurrió en el otoño de 2007… pero el gobierno solamente reconoció la existencia de la crisis en junio de 2008 y, además de reaccionar tarde, Zapatero reaccionó de la peor manera posible.
Lo que hasta ese momento había sido una crisis del sector de la construcción, en pocos meses pasó a ser una crisis de deuda pública: los gigantescos errores de Zapatero al poner en marcha el Plan de Ayuda a la Banca (100.000 millones), el Plan E (50.000 millones), el Plan E2010 (75.000) millones, Plan VIVE (800 millones), Plan Renove Turístico, etc, no sólo no crearon NI UN SOLO PUESTO DE TRABAJO ESTABLE, sino que, además, hicieron que los números rojos aparecieran de nuevo en las cuentas del Estado. Dado que el sector de la construcción era el que mayor volumen de empleo tenía en España, al estallar la burbuja inmobiliaria, en poco tiempo, dos millones de trabajadores se encontraron en paro (en buena medida inmigrantes) y el movimiento económico empezó a ralentizarse en toda la sociedad. En la medida en que el modelo de Aznar lo confiaba todo a la construcción, bruscamente, tras estancarse este sector y descender la actividad económica, se empezó a generar paro en todos los sectores económicos, sin que hubiera ninguno capaz de absorberlo.
Además, a partir de 1990 se había producido otro fenómeno: la globalización estaba facilitando la deslocalización industrial. España entre 1998 y 2012 perdió ¡EL 30% DE SU CAPACIDAD INDUSTRIAL! Resultaba mucho más barato trasladar las empresas a China y traer desde allí los productos, que fabricarlos aquí. Dado que España firmó el Acuerdo General de Aranceles, esto suponía SACRIFICAR PROGRESIVAMENTE TODA NUESTRA INDUSTRIA como ya había ocurrido en los años 80 con nuestra minería, nuestro sector siderúrgico y nuestras construcciones navales, tras el desastroso acuerdo de adhesión a la UE. Todo esto ocurría cuando, en el colmo de la irresponsabilidad, José María Aznar, para lograr que los salarios permanecieran estables o simplemente bajaran, abrió las puertas a la inmigración masiva y en 2004, cuando abandonó el poder, residieran en España 3.000.000 de inmigrantes entrados de manera ilegal la inmensa mayoría. Zapatero, con sus estupideces “humanistas universalistas”, su creencia en la bondad del “mestizaje” y de la “fusión cultural” permitió a otros 4.000.000 que entraran entre 2004 y 2012. Así pues, en 2012 teníamos 7.000.000 de inmigrantes de los que, en el mejor momento, hacia 2005, apenas trabajaban 2.000.000 y siempre por las franjas salariales más bajas aportando cotizaciones ridículas a la Seguridad Social, a todas luces insuficientes para evitar que en 20 años el sistema de pensiones se desplome e incluso para pagar sus propios gastos.
Así pues, a principios de 2012 ocurrió lo que cinco años antes parecía absolutamente increíble: que el número de parados superase las 6.000.000 y que el déficit del Estado alcanzara el BILLÓN DE EUROS.
La situación ahora es extremadamente grave: la crisis recorre Europa, carecemos de modelo económico de sustitución desde hace cinco años, no sabemos en qué sectores se va a crear empleo, la industria sigue yéndose a horizontes lejanos, la banca ha entendido que hoy su negocio no es conceder créditos ni hipotecas a particulares, sino comprar deuda pública del Estado con dinero emitido para ellos por el Banco Central Europeo. El sector inmobiliario dispone de 3.000.000 de pisos y locales sin vender y de una cantidad cada vez más alta de pisos en alquiler. Así pues, no hay esperanzas de que la construcción se reactive en los próximos 15 años.
En el mejor momento (hacia los años 2003–4) se firmaron anualmente 250.000 hipotecas. La mayoría a 30 años. A partir de 2003, las cajas de ahorro fueron concediendo hipotecas a inmigrantes (especialmente andinos): para atraerlos se dejó de exigir el 20% de pago al contado del precio de la vivienda y se llegó a ofrecer el 120% del valor de tasación, para que lo pudieran amueblar, adquirir vehículo y tomarse unas vacaciones… de muchas de esas hipotecas no se pago ni el primer semestre. Era fácil prever lo que ocurriría después, incluso aun cuando la crisis económica hubiera sido mucho más benigna.
Esto y el hecho de que las Cajas de Ahorro, con representantes de los partidos políticos, las autonomías, los sindicatos, etc, en sus consejos de administración, dieran créditos incobrables a “amigos”, financiaran proyectos tan faraónicos como inútiles promovidos por las Comunidades Autónomas (y que generaban jugosas comisiones para directivos bancarios y políticos) y las líneas de crédito concedidas a empresas inmobiliarias (con una duración de 4 años) que, a partir de 2007 serían en altísima medida incobrables, todo ello hizo que hacia 2009 algunas cajas ya amenazaran con desplomarse.
El Banco de España, durante ese tiempo, se preocupó más por predicar medidas neoliberales (abaratamiento del despido, contención salarial, aumento de la fiscalidad) que de ejecutar su tarea “reguladora” y vigilante. Durante una década nos repitió que teníamos el sistema bancario más estable de Europa y un buen día nos enteramos de que la mayoría de las Cajas de Ahorro estaban quebradas y que todos íbamos a tener que contribuir a su salvación, a pesar de no ser responsables de su hundimiento…
Fue así como lo que inicialmente fue un crisis inmobiliaria lejana, pasó a muestro país, hundió el sector de la construcción, pasó luego a generar un inmenso déficit del que derivaría la crisis de la deuda, se convirtió luego en un problema social generando 6.000.000 de parados, mientras paralelamente la banca española se tambaleaba. LA CRISIS HABIA PASADO DE SER ECONÓMICA A SER UNA CRISIS SOCIAL, cuyos elementos más dramáticos eran:
– La presencia de 7.000.000 de inmigrantes, de los que cuatro están mantenidos por el dinero público o por instituciones de caridad y que nunca serán absorbidos por el mercado laboral.
– La existencia de 6.000.000 de parados, sin esperanza para encontrar empleo en la próxima década, lo que se une a millones de trabajadores a tiempo parcial, con contratos basura y con salarios inferiores a los 1.000 euros.
– La oleada de desahucios generada por las hipotecas firmadas entre 2002 y 2008, no tanto con “condiciones abusivas” como por precios abusivos, imposibles de pagar en cuando subieran los intereses o aumentara el número de parados.
# ¿Quiénes son los responsables de lo que está pasando?
En torno a 1997, el gobierno, los grupos mediáticos y bancarios, todos ellos mancomunados se preocuparon por establecer dos falsos axiomas, que resultaron intocables en todo ese período, a saber:
1) Que la vivienda “nunca bajaba de precio” y, por tanto, era un valor seguro, mucho más que el oro y rentaba mucho más que la bolsa (mientras esta daba un 5% de beneficios, la vivienda se revalorizaba en ese mismo momento a un 15% anual) y
2) Que la vivienda “era la forma de ahorro en España”: a pesar de tratarse de algo material e inanimado, el “valor” de la vivienda aumentaría constantemente y superaría ampliamente los beneficios de las imposiciones a plazo fijo.
Ambos axiomas, elevados a la categoría de dogmas, eran, simplemente falsos: la vivienda es un valor de mercado y está sujeto a las oscilaciones del mismo. Era evidente que si se construía un exceso de viviendas, terminarían bajando su precio, aun cuando no lo hicieran durante todo un ciclo económico (de 1997 a 2007) precisamente por la acción mancomunada de gobierno, grupos mediáticos y bancarios. La vivienda es un bien básico, un derecho fundamental, no una mercancía especulativa más.
Entre 1997 y 2007, la sociedad española en su totalidad pareció enloquecer, dedicándose al “monocultivo” del ladrillo: una generación abandonó sus estudios para dedicarse a trabajar en la construcción que les rendía un sueldo inmediato a pesar de que su preparación profesional fuera cero o estuviera próxima a cero. Llegaron 7.000.000 de inmigrantes que en su mayoría ni siquiera sabían acarrear carros de escombros, para los que España se convirtió en un centro de formación profesional remunerado. Pero, antes o después, debía de producirse el fatal choque con la realidad y tras la locura llego la depresión en la que seguimos instalados.
Todavía es pronto para advertir las consecuencias de lo que ha ocurrido hasta ahora: la inmigración trajo formación de guetos, aumentó el trabajo negro (30% del total) y la economía sumergida, desencadenó una sangría de recursos del Estado mucho más allá de lo que nos podíamos permitir incluso en momentos de bonanza económica; nuestra natalidad cayó mientras que los recién llegados triplicaban a incluso cuadruplicaban la tasa de natalidad española; los jóvenes se habituaron a abandonar sus estudios sin obtener ninguna titulación; el precio de la vivienda fue aumentando artificialmente y las hipotecas llegaron a firmarse por plazos de 40 años, toda una vida. La tasa de endeudamiento de las familias se disparó, la capacidad de ahorro quedó pulverizada. El hecho de que muchos jóvenes tuvieran ingresos superiores a sus necesidades y que ignoraran lo que era el ahorro, hizo que pudieran consumir drogas de diseño y cocaína en cantidades desconocidas hasta entonces. El dinero perdió su valor real: un chalet cuyos materiales de construcción podían costar 18.000 euros, el terreno 50.000 y la mano de obra 50.000, se vendía a 250.000 o 325.000 euros. A la población le parecía normal pagar 50 millones de las antiguas pesetas por un piso de 50 metros cuadrados en un suburbio que se iba convirtiendo aceleradamente en un gueto de inmigración.
Las autoridades económicas miraban a otro lado. Los gobiernos de turno (primero Aznar y luego Zapatero) alardeaban de cifras macroeconómicas triunfales, cuando cualquier economista sabía que lo que se estaba formando era una fenomenal burbuja que antes o después estallaría. Pero, salvo excepciones muy limitadas, TODOS, ABSOLUTAMENTE TODOS LOS SECTORES IMPLICADOS EN LA BURBUJA CALLARON:
– Calló el GOBIERNO Aznar y luego el gobierno Zapatero, que en sus miras limitadas creían que con solamente aumentar el PIB todo estaba resuelto y alardeaban de unos triunfos económicos inexistentes en la medida en que querían utilizarlas electoralmente.
– Calló el BANCO DE ESPAÑA cuyas autoridades demostraron ser solamente ejecutores de la voluntad del gobierno y de la banca, permitiendo a los bancos y a las cajas de ahorros que aumentaran su exposición al “ladrillo”.
– Calló el SISTEMA BANCARIO que era imposible que no previera lo que iba a ocurrir cuando el ritmo de construcción de nuevas viviendas excedía con mucho la capacidad de absorción del mercado y tenían la seguridad de que si estallaba la burbuja el Estado acudiría en su ayuda.
– Calló el SECTOR INMOBILIARIO que empezó obteniendo increíbles beneficios y que se fue aficionando a trabajar, no con su dinero, sino con las líneas de crédito hipotecario habilitadas por los bancos que le permitían comprar solares sobrevalorados.
– Callaron los AYUNTAMIENTOS que vendían suelo público a los constructores a precios elevadísimos para paliar el déficit generado por una gestión faraónica, aumentando así los niveles de corrupción.
– Callaron los TASADORES que prácticamente actuaban según las orientaciones de los bancos para los que trabajaban y tendían siempre a valorar alto o altísimo los inmuebles que iban a ser hipotecados, a despecho de su valor real y de la situación del mercado.
– Callaron los NOTARIOS Y REGISTRADORES que vieron como ganaban varios millones de pesetas en una sola tarde estampando su firma aun a pesar de que deberían haber sido los primeros en denunciar las cláusulas abusivas.
– Callaron los MEDIOS DE COMUNICACIÓN que, ante la bajada brutal de lectores que se produjo desde la irrupción del milenio, compensaban esa merma de ingresos con publicidad de las inmobiliarias y los constructores y recibiendo dinero del Estado a cambio de seguir estimulando la inversión en vivienda.
– Callaron los SINDICATOS que, ya desde el caso de la PSV a finales de los 80 y principios de los 90, habían querido introducirse en el sector inmobiliario y olvidaron en todo momento denunciar la bajada de salarios a que estaba dando lugar la llegada masiva de inmigrantes y el encarecimiento del precio de la vivienda.
– Callaron los PARTIDOS MAYORITARIOS, cuyas élites dirigentes se beneficiaban extraordinariamente del sistema de corrupción generado al calor de la vivienda. Ni PP, ni PSOE, ni CiU, ni PNV alertaron en ningún momento de la formación de la burbuja ¡porque sus cuadros municipales eran los grandes beneficiarios!
– Callaron las ASOCIACIONES DE INMIGRANTES, que se limitaron a aceptar las hipotecas que firmaban los integrantes de este colectivo por el 120% del valor de tasación y que, era evidente que nunca podrían pagar.
– Calló la IZQUIERDA ALTERNATIVA que permaneció indiferente ante la formación de la burbuja contribuyendo con su “papeles para todos” a que aumentara a mayor velocidad y configurándose como la opción más desaprensiva de la política española.
– Callaron, finalmente, los BANCOS Y LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO EXTRANJERAS, incluido el BCE y el FMI ante la evidencia de que era imposible que se construyera más en España que en toda la UE junta y fueron dando créditos a las instituciones bancarias españolas para que estas siguieran alimentando la burbuja del crédito: bancos franceses, alemanes y fondos de inversión norteamericanos… Se ha dicho, con razón, que España era “yonki” del crédito inmobiliario, pero Alemania era el “camello”.
– Callaron EMBAJADAS Y CONSULADOS a pesar de ser perfectamente conscientes de que se estaban concediendo un número inusualmente alto de hipotecas a sus ciudadanos que difícilmente podrían pagar por sus bajos ingresos, lo limitado de sus contratos y lo prolongado de los plazos de devolución.
¡NO HAY INOCENTES EN TODOS ESTOS SECTORES! ¡NO HUBO NI UNA PIZCA DE HONESTIDAD EN NINGUNO DE LOS SECTORES IMPLICADOS PORQUE TODOS ELLOS ERAN BENEFICIARIOS DE UNA SALVAJADA ECONÓMICA QUE NADIE IGNORABA QUE ANTES O DESPUÉS REVENTARÍA!
Ahora, cuando la “burbuja” ya ha reventado, cuando los precios de la vivienda llevan desplomándose por espacio de 5 años y cuando estamos ante precios parecidos a los que había en 2003 y seguramente bajarán a los anteriores a 1997 cuando se inició la burbuja, muchos de estos sectores han rectificado: el PSOE se preocupa por los desahucios, el PP dice que está atado por la ley y que una “comisión” estudia cómo elaborar otra ley de desahucios; incluso la princesa Leticia en un desesperado afán por mejorar la imagen de la Casa Real, ha avalado a una desahuciada, evitando el desalojo del inmueble. La “izquierda alternativa”, tras sus “indignados”, tras su “15–M”, tras su “primavera valenciana”, tras su “marea blanca y marea verde”, ha montado una Plataforma de Afectados por las Hipotecas como última moda y secuela de todo lo anterior. Hay notarías que han entrado en concurso de acreedores. La mayor parte de cajas de ahorro (y todas las que buscaron clientela entre la inmigración) están quebradas, intervenidas o fusionadas.
El bochorno y el descrédito han recaído sobre el “regulador bancario”, el Banco de España. El sector de la construcción ha perdido 1.250.000 de empleos, las inmobiliarias caen una tras otra, el número de autónomos en la construcción se reduce sin cesar. El silencio de los consulados dejó paso a la protesta de gobiernos como el ecuatoriano por la oleada de desahucios contra sus ciudadanos. Los ayuntamientos, bruscamente, se han encontrado sin ingresos para pagar sus faraónicos proyectos y para seguir alimentando al mismo ritmo a las redes clientelares y de corrupción formados a su calor. El precio del suelo ha caído un 70% y el de la vivienda un 43% y nada impide pensar que la cosa acabe aquí. Los partidos mayoritarios han entrado en crisis y sus siglas solamente generan hostilidad general para la mayoría de población, burlas y la asimilación del político con el corrupto. Los medios de comunicación han perdido credibilidad y son considerados cada vez por mayor parte como “la voz de su amo”, difusores de informaciones interesadas que convienes a los consorcios empresariales o financieros que se encuentran detrás….
Tal es el resultado de la LOCURA COLECTIVA QUE INVADIÓ A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA ENTRE 1997 Y 2007 Y QUE, UNA VEZ DISIPADA, TODOS SUS IMPLICADOS TRABAJAN PARA OCULTAR SUS RESPONSABILIDADES. Pero, este problema tiene CULPABLES y estos tienen NOMBRES Y APELLIDOS y deberían responder, no ante las urnas, sino ante juicios sumarísimos.
# ¿Qué ramificaciones tiene el problema?
Estamos ante un problema que es mucho más que económico. De la misma forma que la crisis inmobiliaria de 2007 mutó y se transformó en otras crisis en cadena, así mismo el problema tiene vertientes de todo tipo y dista mucho de haber concluido.
La concesión masiva de hipotecas, rebajando las condiciones para obtenerlas, paralelamente a la subida de precios de la vivienda, ha tenido consecuencias deletéreas para la sociedad española.
Hay un punto en el que los activistas anti–desahucio no reparan. Fijando su atención en los hipotecados que no están en condiciones de abonar su hipoteca, olvidan a un colectivo completamente diferente: el de los ciudadanos que firmaron sus hipotecas entre 2002 y 2008, siguen pagando sus hipotecas y lo harán todavía durante veinte años más, a pesar de que el valor de sus inmuebles ha descendido a casi la mitad y descenderá todavía más. Es decir: hay miles y miles de ciudadanos, en su inmensa mayoría españoles, que están pagando por sus inmuebles un precio que estos ya no valen.
Compraron inmuebles sobrevalorados, creyeron que el precio de venta era alto, pero justo, porque los tasadores lo confirmaron y los bancos no pestañearon a la hora de hipotecarlos. Creyeron también que su gobierno, el regulador bancario y las instituciones internacionales, protegían sus intereses y se preocupaban para que no se produjeran situaciones caóticas y de crisis. Compraron viviendas, simple y sencillamente ENGAÑADOS. Los beneficios se los llevaron constructores espabilados, inmobiliarias sin escrúpulos, la mayoría de los cuáles están actualmente arruinados, pero también directivos bancarios, ayuntamientos, notarios, registradores, Estado, etc.
No debe perderse de vista que el negocio del sector inmobiliario pronto se transformó en una verdadera estafa en la que todas las instituciones y estamentos que hemos enumerado, se confabularon tácitamente para desplumar al ciudadano medio, tenido como incauto.
En la actualidad resulta claro que con 3.000.000 de pisos sin vender, 500.000 de los cuales pertenecen a instituciones bancarias y al “banco malo”, el precio de la vivienda difícilmente remontará en los próximos años, no desde luego antes de 2016 e incluso es probable que siga descendiendo entre un 20 y un 35% más de lo que lo ha hecho. Con lo cual tenemos que alguien que haya comprado un piso en 2005, diez años después, cuando todavía le queden veinte años más por pagar, ese piso puede valer en torno al 75% menos de lo que pagó.
El propietario que hoy está pagando su hipoteca no tiene tampoco esperanzas en que el precio de la vivienda remonte y adquiera de nuevo el ritmo de aumento que tuvo en los “años gloriosos” de la estafa inmobiliaria, esto es, en torno al 15% anual. Cuando el precio de la vivienda remonte nunca lo hará a un valor superior al 5% (dado que se ha construido en exceso) y de ese 5%, una parte importante quedará absorbida por la inflación y otra por la depreciación de la vivienda por antigüedad. Así pues, en la práctica no estaremos más allá de un 1% de revalorización, en el mejor de los casos. El precio de la vivienda se habrá estabilizado, a costa de la ruina y la amargura de millones de personas.
Pero los desahucios son algo más que el drama de los que intentaron la aventura de adquirir una vivienda. A diferencia de muchos países europeos, en donde la mayoría de población vive en pisos de alquiler y estos son propiedad de grandes empresas, consorcios financieros y bancarios y promotores inmobiliarios, en España el tener un piso en propiedad formó parte del “sueño español” desde mediados de los años 60. A pesar de eso, y a medida que los precios de la vivienda en venta se convirtieron en prohibitivos, un sector creciente de ciudadanos optaron por la vivienda en régimen de alquiler. Hoy esta modalidad es la que está aumentando, a medida que se hace evidente que el precio de los pisos seguirá bajando, que los bancos han cerrado la espita del crédito y que los precios siguen altos, la inseguridad laboral baja y el mercado laboral exige cambios frecuentes de residencia que no son viables para alguien que posee piso en propiedad y que no puede venderlo con facilidad como ocurría antes.
Esto ha generado que una parte sustancial de los desahucios se produzcan por impago de alquileres. Un simple retraso de dos meses basta para ejecutar un desahucio por vía rápida. También aquí hay que distinguir entre ciudadanos que no pueden pagar un alquiler, porque están en paro y no reciben ningún tipo de subsidio, y aquellos otros morosos que se han habituado a serlo y que saben perfectamente que, aun por la vía rápida, es posible retrasarlo, utilizando distintas argucias, entre seis meses y un año.
Las distintas reformas a la Ley de Arrendamiento Urbano que se han sucedido desde la “Ley Boyer”, han ido modificando la situación sensiblemente a favor de los propietarios de inmuebles y contra los intereses de los inquilinos. Las medidas que se adoptaron desde el período de Zapatero resultaron catastróficas, contribuyendo a aumentar el precio del alquiler. Solamente ha sido el parón en seco del sector inmobiliario lo que ha facilitado el que muchos propietarios pusieran las segundas viviendas y los pisos que habían adquirido con intención de revenderlos, en régimen de alquiler.
Pronto se percibió que una parte de los inquilinos, frecuentemente inmigrantes, habían entrado en las viviendas sin intención de pagarlas, sino más bien de aguantar en ellas hasta que se produjera el desahucio por impago y pasar a otra para hacer justamente lo mismo. También los ha habido que han transformado el piso en un verdadero piso–patera, con el régimen de “camas calientes”, según el cuál cada uno de los inquilinos ocupa la cama durante ocho horas siendo luego sustituido por otros dos turnos de la misma duración. Se han dado casos de pisos en el cinturón industrial de Barcelona ocupados por varias decenas de inmigrantes. Aparte de lo inhumano del procedimiento, en estos casos siempre se ha producido un rápido deterioro de la vivienda, una degradación general de las condiciones de vida en los barrios en los que han aparecido fenómenos de este tipo y muchos propietarios se han vito desesperados por ver como sus inmuebles se deterioraban sin que nadie les abonara el alquiler.
La permisividad del gobierno Zapatero y, en especial, del gobierno de la Generalitat de Cataluña durante los años 2003–2011 (el llamado “tripartido”: PSC + ERC + ICV), hizo que el fenómeno de la “okupación” se extendiera de manera irregular por toda España, generándose especialmente entre 2005 y 2011, una legión de activistas de extrema–izquierda en combinación con sectores marginales, grupos de delincuentes, bandas formadas por inmigrantes que aprendieron pronto que en España resultaba fácil y barato vivir de la delincuencia, de tal calibre que en ese tiempo, España (y particularmente Cataluña) se convirtieron en tierra de promisión de la “okupación” de toda Europa.
Hay que distinguir entre estos “okupas” y familias desahuciadas que se veían obligadas, mientras aparecía la posibilidad de volver a tener ingresos, a ocupar una casa deshabitada para instalarse e instalar en ella a su familia. Estos últimos procuraban no dar que hablar, los primeros, en cambio, como grupos activistas de extrema–izquierda que eran, hicieron de la ocupación una forma de protesta que lastró enormemente el movimiento del 15–M y terminó convirtiéndolo en un coto cerrado para los grupúsculos ultra radicales.
La “okupación” y los profesionales del impago de alquileres, han envenenado el mercado del arrendamiento urbano ante la parálisis del gobierno, la impotencia policial y el autismo de la justicia. Hoy, muchos propietarios se niegan a poner en alquiler sus inmuebles para evitar que inquilinos desaprensivos los destrocen, y muchos de quienes los ponen evitan por todos los medios reformar los inmuebles para hacerlos habitables y están alquilando verdaderos chamizos.
Si tal es la situación, no hay que olvidar lo que representa un panorama en el que la inestabilidad se extiende a todas las formas de contratación de una vivienda y en donde quienes están pagando una hipoteca sienten la sensación de haber sido estafados. La vivienda CONSTITUYE PARA UNA SOCIEDAD SANA, LA POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UN HOGAR. Si no hay vivienda no hay familia, ni posibilidades de constituirla. Y si no hay familia, no hay futuro de ningún tipo.
Por tanto, el sector inmobiliario y la vivienda no pueden ser un sector “libre” en el que promotores espabilados, bancos desaprensivos, ayuntamientos faraónicos y demás, actúen a su libre albedrío, sino que debe ser un sector FUERTEMENTE INTERVENIDO, CONTROLADO Y VIGILADO, EN DONDE EL ESTADO DEBERÍAN PONER TOPES A LOS PRECIOS Y DISPONER DE UN CUERPO DE TASADORES DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. Solamente se debe construir aquello que la sociedad necesita y en el número suficiente como para que el precio permanezca estable. Y si la iniciativa privada falla y no ve en ello suficientes beneficios, es el Estado el que debe asumir la responsabilidad de ofrecer a sus ciudadanos, en venta o en alquiler, una vivienda digna y justa.
Si esto se hubiera hecho, ahora no habría desahucios masivos, nunca se hubieran concedido hipotecas del 120% a andinos que llevaban solo meses en España y apenas podían presentar como aval contratos de seis meses de duración, nunca habría hipotecados que estarían pagando por el valor de inmuebles que hoy valen sólo la mitad, nunca el mercado del alquiler habría estado abierto a desaprensivos que lo destrozan y nunca se hubiera permitido que se produjera una oleada de “okupaciones”.
Pero LA IRRESPONSABILIDAD EN MATERIA DE VIVIENDA NO ES NUEVO. A partir de principios de los años 80, el precio de la vivienda se fue encareciendo y subió muy por encima de lo que iban subiendo los salarios. En la segunda mitad de los años 90, este precio, simplemente, se disparó. La Ley Boyer hizo que muchos optaran por la compra de viviendas ante la inseguridad del arrendamiento. La gestión de Aznar resultó catastrófica para el mercado de la vivienda y el autismo humanista–universalista de Zapatero, sirvió solamente para pudrir aun más el tema y permitir a legiones de okupas de toda Europa que confluyeran en España. LOS GOBIERNOS DE LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS HAN DEMOSTRADO UNA ESPECIAL INCAPACIDAD PARA REGULAR EL SECTOR INMOBILIARIO, EN ESPECIAL PORQUE ESE SECTOR ERA EL QUE LES DABA DE COMER Y EL PRINCIPAL FOCO CONTAMINADOR DE LA CORRUPCIÓN Y YA SE SABE QUE NINGÚN POLÍTICO MUERDE A LA MANO QUE LO ALIMENTA.
El resultado ha sido una verdadera crisis social: los jóvenes no pueden casarse porque no están dispuestos a residir varias familias en un pequeño cuchitril como han hecho millones de inmigrantes; las parejas jóvenes que logran casarse y comprar un piso, y están pagando la hipoteca, deben de afrontar unos plazos tan altos que no están en condiciones de tener hijos; no es raro que la natalidad haya descendido por debajo de la “tasa de reposición” y que España haya sido el país del mundo con una tasa de natalidad más baja hasta que la llegada masiva de inmigrantes con tasas de natalidad entre tres y cuatro veces superiores a la española, han llegado: hoy, entre una cuarta parte y un tercio de los nacimientos en España son hijos de inmigrantes. Así pues,
UN PROBLEMA LOCALIZADO INICIALMENTE EN EL SECTOR INMOBILIARIO HA TERMINADO POR PROPICIAR LA AGRAVACIÓN DE UN PROBLEMA ÉTNICO Y CULTURAL: ESTAMOS ASISTIENDO A LA SUSTITUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA POR POBLACIÓN INMIGRANTE.
# ¿Es la dación en pago una solución?
Desde la Plataforma de Afectados por los Desahucios se ha presentado la “dación en pago” como el remedio para la actual crisis de las hipotecas. Lo que funciona en otras latitudes no es garantía de que pueda funcionar en España. Aparentemente se trata de algo justo: cuando se firma una hipoteca, dos partes asumen un “riesgo”, el banco se arriesga al impago y el firmante a no poder pagar. Si la hipoteca se consuma de manera satisfactoria, el banco gana unos beneficios. El Banco trabaja con un dinero que no es suyo, contrariamente a lo que hasta hace poco se tenía tendencia a pensar, no presta el dinero de sus impositores, sino el que obtiene solicitándolo al Banco Central Europeo (mediante el sistema de reserva fraccionada) que es quien “crea” el dinero como simple asiento contable electrónico. Así pues, cuando una operación hipotecaria “falla”, ambas partes, Banco y firmante, deben compartir responsabilidades: el banco por aceptar una operación que no era viable y el firmante por emprender una aventura económica que no ha valorado suficientemente. El segundo pierde su vivienda en caso de ejecución de hipoteca ¿y el primero? ¿Deja solamente de obtener un beneficio? Al quedarse con el inmueble, hasta ahora, recuperaba la inversión e incluso cuando las revalorizaciones anuales eran superiores al 15% obtenía todavía más beneficios. El hecho de que el precio de la vivienda haya caído y que, por tanto, esos beneficios sean hoy impensables, no es suficiente para olvidar la irresponsabilidad de los bancos al conceder hipotecas a precios sobrevalorados realizados por tasadores a su sueldo.
Así pues, la “dación en pago” parece justa: cada parte resulta perjudicada por un error propio. No es, desde luego, justo que el firmante de una hipoteca, arrastrado por un clima general artificialmente generado por bancos, medios de comunicación, gobierno, etc, sufra las consecuencias de un engaño que él no ha provocado, sino en el que ha caído: como si la víctima de una estafa pudiera ser procesada por las consecuencias emanadas por la misma estafa. Tampoco parece justo que la caída en el precio de los inmuebles permita que tras la hipoteca, el afectado esté obligado a pagar por algo que ya no vale lo que él pago. El banco se ha equivocado en su percepción de los beneficios que podía obtener de la operación y, por tanto, debe asumir los riesgos y no eternizar la penalización sobre el firmante de la hipoteca.
La “dación en pago”, por otra parte, es admitida en otros países, así que cabría preguntarse ¿por qué no en España? Se suele decir que aceptar la “dación en pago” supondría que los bancos elevarían las condiciones para obtener una hipoteca… ¿Es válido este argumento en un momento en el que los bancos han cerrado las puertas del crédito y cuando toda una generación está volviéndose hacia la vivienda en alquiler?
En resumen, podemos decir que EL HECHO DE QUE EN ESPAÑA NO SE ACEPTE LA “DACIÓN EN PAGO” SUPONE UN PROBLEMA AGREGADO PARA LOS HIPOTECADOS Y UNA PROLONGACIÓN DEL NEGOCIO PARA LOS BANCOS. Si en una operación comercial ambas partes corren un riesgo, en el caso de las hipotecas es manifiestamente injusto que los bancos jueguen con ases escondidos en la manga.
Si bien la “dación en pago”, alivia la situación de familias que tras perder su vivienda, ven como una parte de su sueldo es secuestrado para pagar unos intereses de demora, unos gastos judiciales y la pérdida de valor que han sufrido las viviendas hasta cubrir el precio de venta, NO RESUELVE EN ABSOLUTO EL RESTO DE LOS PROBLEMAS ORIGINADOS POR EL ESTALLIDO DE LA BURBUJA INMOBILIARIA. Así pues, se trata de una solución parcial y limitada a quienes han perdido su vivienda tras una ejecución de hipoteca y el inmueble ha sido subastado por un valor inferior a la deuda pendiente.
# ¿Soluciona algo la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE?
El 18 de marzo de 2013, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea complicaba aun más la situación y hacía lo peor que podía hacerse: emitir una sentencia ambigua tras declarar que la Ley Hipotecaria española era ilegal al tener cláusulas abusivas especialmente en lo relativo a los intereses de demora y a la cláusula suelo.
Inmediatamente, las asociaciones anti–desahucio consideraron la sentencia como una victoria, mientras que la lectura del texto lleva justo a lo contrario. Se trataba, una vez más, de una sentencia de consenso, ambigua y que daba una de cal y otra de arena. Lejos de solucionar el problema contribuirá a paralizar aún más los tribunales, a hacer que cada juez vea el caso desde su particular y subjetivo punto de vista y a aumentar el caos sobre el tema.
En efecto, la sentencia del tribunal europeo:
1) No elimina los desahucios, solamente dice que se podrán “paralizar” en caso de que existan “cláusulas abusivas”, pero no en todos los demás casos. Por supuesto, la sentencia no se cuida de definir exactamente cuáles son y en qué consisten esas “cláusulas abusivas”. Para saberlo, el afectado deberá acudir a un abogado y aún así, todo dependerá de la interpretación subjetiva del juez.
2) La sentencia no es retroactiva y llega en un momento en el que, probablemente, se hayan producido más de 500.000 desahucios, y no lo será ni siquiera para aquellas hipotecas en las que, visiblemente, existan las famosas “cláusulas abusivas”. Así pues, la sentencia solamente será aplicable a aquellas causas abiertas para el proceso de ejecución de hipotecas.
3) La sentencia no reconoce ni remotamente la “dación en pago”, ni siquiera la paralización del proceso evita el pago de la deuda o disminuye su cuantía, salvo que se declaren “abusivos” los intereses de demora. Es más, la dilación del proceso puede hacer que aumenten los costes procesales y el pago pendiente por parte del demandado.
4) Finalmente, esta sentencia no alude en ningún lugar a que el hipotecado no pierda su vivienda si no abona la deuda pendiente. Así pues y, en conclusión, esta sentencia no variará sustancialmente nada en la inmensa mayoría de procesos por desahucio que están actualmente en marcha.
La pregunta es si un Tribunal dependiente de una institución como la Unión Europea hubiera podido emitir una sentencia de otro tipo sin que se conmoviera todo el sistema bancario continental. La Unión Europea ha demostrado ser una institución que reproduce las mismas relaciones de fuerza y poder que están presentes en cada uno de los Estados Nacionales miembros: unos privilegiados (especialmente banca e instituciones financieras) que imponen sus condiciones sobre los trabajadores y la clase media, apoyados por un engranaje burocrático administrativo que legaliza tales abusos (magistratura, gobierno, fiscalidad, policía). Y en este contexto, los partidos mayoritarios y los medios de comunicación actúan distrayendo a la opinión pública, evadiéndolo de sus problemas reales, estando al servicio de los privilegiados.
Pues bien, ante esta realidad de lo que se trata es de desmontar esta concepción del poder, de la política, de la economía y de las relaciones contractuales.
EL PROBLEMA DE LOS DESAHUCIOS NO TIENE SOLUCIÓN DE MANERA AISLADA DEL RESTO DE PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA POLÍTICA, LA ECONOMÍA Y A LA SOCIEDAD, SINO QUE HAY QUE INSERTAR SOLUCIÓN DENTRO DE UN PROCESO TOTAL DE REFORMA DE LA SOCIEDAD, DE LA ECONOMÍA Y DEL MODELO CONSTITUCIONAL.
# ¿Qué puede hacerse ante los desahucios?
Ahora, incluso los socialistas están a favor de lo que rechazaban cuando estaban en el poder (la “dación en pago”), todos se muestran contra las ejecuciones de hipotecas y todos parecen estar de acuerdo en la inmoralidad de los desahucios… Y, SIN EMBARGO, LOS DESAHUCIOS NO SON MÁS QUE UNA DE LAS CONSECUENCIAS DEL SISTEMA ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL PROPIO DE LA ECONOMÍA NEOLIBERAL.
Contrariamente a lo que opina la Plataforma de Afectados de las Hipotecas, ES ABSOLUTAMENTE IMPOSIBLE REFORMAR UN SISTEMA DE CONCESIÓN DE HIPOTECAS Y UN SISTEMA DE EJECUCIÓN DE IMPAGADOS, SIN TOCAR NI LAS CONCEPCIONES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DE ESE MISMO SISTEMA.
En otras palabras: resulta imposible modificar SOLAMENTE el sistema hipotecario español, dejando todo el conjunto del sistema político (partidocracia y plutocracia), económico (globalización, economía especulativa, neo–liberalismo), y todo el sistema de valores (consideración de la usura como moralmente aceptable y al Estado como defensor de los usureros) intacto.
Las movilizaciones para impedir tal o cual desahucio resultan irrelevantes en relación al número total que se producen a lo largo del día (en torno a 400). La Plataforma que ha asumido esta tarea, por lo demás, se centra solamente en el desahucio y lo más que consigue es aplazar la agonía del desahuciado, pues, mientras una nueva ley hipotecaria no modifique el marco legal, antes o después se ejecutará. Esta Plataforma, como otros grupos nacidos del 15–M y de “la indignación” asume una lucha exclusivamente “social”, cuando LA LUCHA ES SOBRE TODO POLÍTICA, porque la situación de las hipotecas depende de una legislación aprobada por un poder legislativo.
Así pues, DE LO QUE SE TRATA ES DE DAR UNA RESPUESTA POLÍTICA A UN PROBLEMA FUNDAMENTALMENTE POLÍTICO. Esta respuesta debe basarse en los siguientes puntos:
1) El sector de la vivienda, en tanto, que afecta a un derecho fundamental, debe ser controlado, regulado y vigilado por el Estado para evitar que episodios como la burbuja inmobiliaria puedan repetirse.
2) La especulación sobre un derecho básico como es la vivienda debe ser prohibido por ley
3) La creación de un “cuerpo de tasadores” que evite las tasaciones subjetivas o alteradas por los intereses bancarios es una exigencia para que el precio de la vivienda se mantenga estable.
4) Debe prohibirse a los ayuntamientos el vender terrenos propios a precios exorbitantes para pagar sus déficits. El precio debe de ser acorde con la situación del mercado.
5) Debe de formarse de nuevo un Banco Hipotecario que forme parte de un holding de Banca Pública dedicado a conceder hipotecas sociales.
6) En tanto que derecho fundamental, el precio de las hipotecas no puede estar sometido a intereses usureros y, por tanto, la Banca Pública, en tanto que “servicio social” no puede hacer de la usura a costa de la sociedad su negocio.
7) La “dación en pago” debe de ser aceptado como posibilidad legal de liquidación de una hipoteca y de sus consecuencias económicas y, para ello, hace falta contar con un mercado inmobiliario estable, sin variaciones bruscas ni revalorizaciones elevadas.
8) Las pérdidas generadas por la “dación en pago” deben de ser asumidas por la banca como pérdidas por operaciones erróneas y como pago a la sociedad por los casi 250.000 millones de euros que ha recibido del Estado.
9) El Estado tiene la obligación de fomentar la “vivienda social” y lo debe hacer directamente y no a través de los Ayuntamientos, organismo excesivamente contaminados por la corrupción larvada en torno al sector inmobiliario.
10) El Estado tiene la obligación de fomentar la vivienda en régimen de alquiler y de obligar al “banco malo” a lanzar su cartera de pisos al mercado de alquiler.
11) El Estado tiene la obligación de fomentar el alquiler con opción de compra, incentivarlo y penalizar a los propietarios que mantengan pisos vacíos.
12) Los casos de desahucio por impago de alquileres o de cuotas hipotecarias deben verse en juzgados especializados.
13) Renegociación de todas las hipotecas interiores a 250.000 euros para adecuarlas al valor real de la vivienda en el momento de la firma de la hipoteca, firmadas a partir de 1997, deduciendo el monto total de la deuda contraída por la banca con el Estado.
14) El mercado hipotecario estará vedado a todo inmigrante procedente de fuera de la Unión Europea y del ámbito europeo no comunitario como forma de protección de sus intereses. La inmigración supone una voluntad de retorno, por tanto, incompatible con la posesión de una vivienda en propiedad.
15) Los permisos de residencia conseguidos a cambio de haber comprado una vivienda serán anulados y el permiso de residencia subordinado a la existencia de un trabajo real para ciudadanos de fuera de la UE.
16) Los responsables del desastre inmobiliario deben ser llevados a juicio y una eventual sentencia debería contemplar la indemnización a la sociedad con los bienes obtenidos durante sugestión.
17) Los últimos presidentes del gobierno y autoridades bancarias que, por dejación de autoridad o por interés, permitieron la gestación de la burbuja inmobiliaria deben de ser juzgados dentro de un proceso para depurar responsabilidades.
Estas propuestas suponen ir mucho más allá de una mera protesta por uno u otro desahucio, suponen coger al toro por los cuernos y afrontar las raíces últimas del problema: el carácter usurero de la Banca, la irresponsabilidad de la clase política que come de la mano de los “señores del dinero” y unos medios de comunicación domesticados a través de subvenciones.
© Ernesto Milá - infokrisis – ernesto.mila.rodri@gmail.com
