Info-krisis.- Desde junio de 2007 (oficialmente la crisis de las subprime se desató en julio de ese año), y a raíz de distintos estudios económicos que intentaban explicar porqué la economía española crece a más velocidad que la europea, lo que hasta entonces era un rumor o una suposición se convirtió en una realidad objetiva razonada y argumentada por amplios estudios técnicos. En efecto, distintos organismos, todos ellos privados –la “cosa pública” prefirió eludir el espinoso problema de qué generaba crecimiento económico y evitar así que el único “éxito” de la primera legislatura zapaterista se convirtiera en una fuente adicional de tensiones- reconocieron que si la economía española crecía se debía a la inyección de seis millones de consumidores adultos en el circuito de la economía española, es decir, de casi seis millones de inmigrantes. Solamente algunos agoreros intuían la gravedad de lo que estaba a punto de ocurrir.
A pesar de que desde el principio todos los operadores económicos y los gobiernos dijeron reiteradamente que era imposible que el contagio llegara a Europa, éste terminó por llegar. Los productos financieros empaquetados en los EEUU se habían convertido en tóxicos terminando por infectar a instituciones bancarias de todo el mundo. El agujero inicial dejado por las subprimes se agravó en países como España por el mal tratamiento que, desde el principio, se hizo de la crisis: primero no se reconoció a causa de la proximidad de las elecciones de 2008 y luego, cuando se hizo, se la trató insertando ayudas a la banca (la responsable del desastre) y luego estímulos a la construcción (los Planes E) como si la hipertrofia del sector se pudiera salvar de alguna manera. Aquellos planes hicieron que el superávit que España tenía en aquel momento se difuminara de 2008 a 2009. A finales de 2009 ya era evidente que la cosa iba para largo, que el paro se había disparado y que, de la noche a la mañana, el paro se iba a disparar –se estaba disparando- con la consecuencia de que los que hasta ese momento habían aportado hasta un 40% de mano de obra, la inmigración, iban a pasar a las listas de paro sin esperanzas de que encontraran trabajo en otros sectores (el agrario y la hostelería estaban saturados de inmigración). Bruscamente, el colectivo inmigrante de enriquecer a las patronales de estos tres sectores, y de constituir una factura pagadera por toda la sociedad, pero asumible en situación de bonanza económica, pasó a ser una losa insalvable que pesa desde entonces sobre nuestra economía. Y en eso estamos hoy: la falta de cualificación profesional de la inmensa mayoría de inmigrantes hace que sea muy difícil para ellos encontrar trabajo en un mercado laboral cada vez más y más contraído.
a. Aproximación aventurada a ingresos y gastos generados por la inmigración
Esta tesis es difícil de demostrar: el gobierno no ha aportado ni un solo dato que permita suponer cuál es el coste de la inmigración y qué ingresos genera en las arcas del Estado. Solamente cuando hablemos de la situación en las prisiones sobremos lo que nos cuesta el mantenimiento de delincuentes extranjeros en España… pero no sabremos lo que cuestan otros rubros relacionados con el mismo problema: ignoramos el coste de los procesos contra delincuentes extranjeros, los gastos policiales que ha acarreado el aumento de la delincuencia llegada del exterior, los gastos de los seguros para compensar a las víctimas de robos, etc.
El gobierno no ayuda a que el ciudadano sepa cuáles son los costes reales de la inmigración y se limita a decir que si cotiza cada mes a la seguridad social una media de 1.500.000 inmigrantes eso garantiza el pago de las pensiones… será por eso por lo que ha aumentado en dos años el plazo de cotización y por lo que se han restringido los requisitos para obtener el máximo de la prestación. Y, a todo esto, dando por supuesto –y a falta de cifras oficiales es lícito utilizar esta suposición- que cada empresa y/o autónomo paga una media de 350 euros por empleado extranjero los ingresos anuales estarán en torno a los 5.500.000.000 euros. El otro ingreso que aporta la inmigración es el pago de IVA. Tampoco hay, por supuesto, estimaciones oficiales de lo que supone como ingreso, pero si tenemos en cuenta que el consumo medio mensual de un inmigrante puede establecerse en unos 600 euros, cada uno generará en torno a 100 euros, es decir, 700.000.000 mensuales, 8.400.000.000 euros anuales. Es decir y simplificando al máximo, la inmigración genera en torno a 14.000.000.000 de euros al año. La mala noticia es que esos 7.000.000 de inmigrantes (6.000.000 entre legales e ilegales y 1.000.000 de naturalizados pero con la misma formación laboral y tan solo diferentes porque una decisión administrativa les ha convertido en “nacionales”) no sabemos el gasto que generan.
Podemos hacer, como hemos hecho antes una aproximación. Si tenemos en cuenta que los 7.000.000 consumen gasto sanitario, gasto educativo, gasto en cursos de formación laboral, gastos de seguro de paro y renta mínima de inserción, becas de libros y comedor para los hijos, gastos en prisiones, aumento de las dotaciones policiales, gasto de juicios, accidentes laborales, etc, etc, etc, el gasto que genera la inmigración es infinitamente mayor que los ingresos que produce. De estos gastos solamente está claro uno: el de prisiones. Se sabe cuántos presos inmigrantes hay y se sabe el coste de cada preso al mes, por tanto –como veremos en otro capítulo- solamente en este rubro estamos en torno a 1.000.000.000 de gasto generado por la inmigración al mes.
Otro gasto es fácilmente deducible: el gasto en policía. Si tenemos en cuenta que desde 2000 la población penal española apenas ha crecido y sí lo ha hecho la población inmigrante habrá que concluir que el aumento de efectivos policiales entre 2000 y 2011 se ha debido únicamente al aumento de la inmigración. En 2002 el presupuesto del ministerio ascendía a 4.582.920.570 euros pero en 2009 era de 8.996.250.900 € es decir, en apenas siete años se había duplicado aun cuando en ese tiempo el terrorismo político estaba remitiendo y si bien aumentaba la delincuencia más adelante demostraremos –a la vista de las estadísticas de prisiones- que ese aumento era solamente tributario del aumento de delincuentes extranjeros. Dicho de otra manera: el único elemento que justifica que el presupuesto de interior se duplicara era la llegada masiva de delincuentes llegados con la inmigración. Suponer que un 25% de ese aumento, en torno a 1.000.000.000 de euros tiene relación con todo esto no parece descabellado.
Queda otro gasto al que nos podemos acercar con cierta facilidad: la percepción del seguro del paro para inmigrantes y de la renta mínima de reinserción. En efecto, tampoco aquí existen estadísticas, pero supongamos una media de 500.000 inmigrantes en paro que perciben el seguro de paro y supongamos que la media de cantidad percibida sea de 700 euros, lo que supone 350.000.000 al mes y 4.200.000.000 en un año.
El 9% de los alumnos matriculados en primaria son inmigrantes por lo que fácilmente hay que deducir que el 9% de los gastos del Ministerio generados por ese grado corresponderán a la inmigración, pero, como se sabe, esta competencia está transferida a las Comunidades Autónomas. A nivel nacional, en 2009 el presupuesto del ministerio ascendía a algo más de 4.000.000.000 millones de euros pero lo que cuentan en realidad son los presupuestos autonómicos que es donde se percibe mejor el impacto de la inmigración que se reduce a enseñanza primaria, guarderías y becas de comedor y libros. Si en Cataluña hay 150.000 alumnos inmigrantes y en toda España 400.000 bastará con encontrar el gasto escolar que consume la inmigración en esa autonomía y multiplicarlo por 2,8 para que nos dé una cifra aproximada del gasto generado por la inmigración en el conjunto del Estado. En Catalunya el gasto es de 4.800 millones en el departamento, si el total de alumnos matriculados es de 1.442.188 en aquella autonomía y de ellos 150.000 son extranjeros, esto es, casi el 10%, habrá que convenir que el 10% del gasto del departamento se lo lleva ese colectivo: 480.000 millones. Ahora bien, la inmigración en Catalunya es de 1.500.000 personas, así pues supone un 22% del total de la inmigración en España, con lo que el gasto global será 4 veces superior a esa cantidad, es decir otros 2.160.000.000.
Donde se produce un aumento inmediato del gasto por la presencia de inmigrantes es en la educación. En conjunto, según el Ministerio de Educación, hay al menos 460.000 alumnos de padres inmigrantes matriculados en primaria y secundaria en toda España. El coste medio por alumno para la administración correspondiente, en este caso la autonómica, fluctúa entre los 2.600 y los 3.600 euros anuales por alumno, por lo que el total puede ascender a 1.360 millones de euros anuales. Un gasto que recae totalmente sobre las autonomías, mientras los ingresos fundamentales derivados del trabajo y legalización de inmigrantes los recibe la administración central (cotizaciones a la seguridad social e IVA, como hemos visto en el apartado anterior). Un gasto que la administración central no está compensando a las autonomías.
El gasto en sanidad también es relevante con una población extranjera residente. Con un número de altas del entorno de las 7.000.000 personas y un coste de mantenimiento del sector por persona y año que el economista Alberto Recarte estima en 1.000 euros aproximadamente (una cifra probablemente más alta, aunque ése sea el gasto medio), los gastos sanitarios totales de la población inmigrante que paga la administración autonómica alcanzan, al menos, los 7.000 millones de euros.
Y nos detenemos aquí sin calculas siquiera aproximadamente ayudas sociales dadas por los ayuntamientos, becas, ayudas de las comunidades y de determinadas ONGs, gastos de tribunales, gastos de seguros para cubrir robos y destrozos realizados por delincuentes, gastos sociales no contabilizados, etc. Solamente hasta aquí el resumen es el siguiente: 14.000.000.000 euros de ingresos y 15.000.000 de gastos que pueden ascender hasta los 20 o incluso 25.000.000. En otras palabras: la inmigración nos está costando entre 1.000.000.000 euros en el mejor de los casos y 11.000.000 euros en el peor de los casos. Demasiado y demasiado insoportable en tiempos de crisis. Inasumible para un Estado que está al borde de la quiebra.
b. Una situación completamente previsible
En el Informe Anual del Banco de España de 2006, Miguel Ángel Fernández Ordoñez achacó el “éxito económico” -preludio del fino invierno que teníamos a la vuelta de la esquina- a la inmigración y a los cambios en las condiciones financieras. En efecto, el precio del dinero había bajado y, por tanto, los créditos eran más accesibles: había dinero para todos e incluso en las mañanas televisivas se insertaban anuncios en los que por apenas una llamada te prestaban sin conocerte de nada, salvo si tenías o no alguna deuda pendiente, 6.000 euros a devolver en plazos de 100... La institución gobernada por MAFO, señalaba en ese documento a la inmigración como el principal factor del crecimiento económico. De hecho, el informe evitaba reconocer que una parte sustancial de los créditos, especialmente hipotecarios y relacionados con el consumo, tenía como receptores a los contingentes migratorios… que no presentaban garantías suficientes como para recibir préstamo alguno si en las instituciones de crédito hubiera imperado el buen sentido. Pero en 2006, aquello era la locura. La burbuja inmobiliaria, a pesar de que cada día parecía haber llegado a su fin y que empezaba a dar muestras de agotamiento, seguía hinchándose y los precios de la vivienda y del suelo estaban en sus máximos históricos.
Eran los años en los que el dinero se gastaba a espuertas y el endeudamiento de las familias superaba a sus ingresos. Así se explicaba que la deuda familiar hubiera aumentado globalmente en España casi un 20% en 2006. El ahorro, literalmente, había quedado pulverizado: se vivía al día y todo lo que entraba en los hogares se gastaba o bien se solicitaban créditos para el pequeño consumo, el veraneo, el vehículo, la hipoteca o cualquier otro capricho. No existía nada fuera del consumo desaforado y por encima de las posibilidades reales de las familias, de las empresas, de los municipios, de las comunidades autónomas y del Estado. Entre las familias, el acceso fácil al crédito (elemento esencial para el modelo económico de José María Aznar) era la contrapartida a los “salarios bajos” (otro elemento esencial del modelo aznariano). Nadie protestaba porque allí donde el salario no llegaba, llegaba el crédito y éste engañaba al consumidor sobre sus posibilidades reales de consumo. Entre 1990 y 1999, las tasas de interés descendieron 13 puntos, el abaratamiento del precio del dinero a causa de la coyuntura internacional, facilitó el que los bancos pudieran relajar las condiciones financieras y ampliar los plazos de amortización de las hipotecas que entre 1990 y 2007 pasaron de 14 a 27 años. Pero en el año 2005, primero tímidamente y luego, a partir del 2007 de manera más decidida, se tendió a una “normalización” en el precio del dinero, que fue subiendo progresivamente. No es, desde luego, un buen síntoma, especialmente para los créditos hipotecarios a interés variable. En 2005 el número de personas que dependían de un crédito alcanzaba al 42% de los mayores de 20 años, es decir, cuatro veces más que en 1990. Por otra parte, la evolución de los préstamos concedidos a los hogares ha llevado su endeudamiento hasta niveles equivalentes al 125% de su renta bruta disponible.
Pero –y esta es la pregunta clave- ¿qué ocurriría cuando ese crecimiento remitiera o cuando se produjera un parón en el mecanismo…? Aun cuando no hubiera irrumpido la gran crisis económica, hubiera bastado un descenso significativo del número de inmigrantes que entraban a un ritmo medio de 600.000 por año entre 2000 y 2009 para que el PIB se estancara. A mediados de 2007, justo cuando salió a la superficie la crisis de las subprime escribíamos en la revista Identidad:
“Así pues, estamos en puertas de asistir a un episodio histórico sin precedentes en la historia de la humanidad: ¿Qué ocurrirá cuando la recesión económica remita el crecimiento de los últimos años a sus niveles normales? ¿Qué ocurrirá cuando se inicie el ciclo económico de vacas flacas y éste sea radicalmente diferente a todos los que han sucedido con anterioridad: con más de tres millones de trabajadores españoles en paro y millón y medio de inmigrantes igualmente en paro? ¿Qué ocurrirá con las instituciones de crédito que tan alegremente han concedido hipotecas a los inmigrantes cuando aún no estaba claro ni su permanencia en el mercado laboral español ni siquiera si la presión social y la estabilidad del Estado obligarán a las repatriaciones forzosas de inmigrantes en “paro prolongado”? ¿Qué ocurrirá si eso se produce y si un parque de viviendas muy superior a lo que el mercado español puede absorber, provoca el reventón final de la burbuja inmobiliaria y el precio real de la vivienda tiende a coincidir con el previo de venta viable, es decir, un 30% menos del valor habitual?”.
En realidad, nos habíamos equivocado por muy poco (es posible que la vivienda no disminuya un 30% en relación a 2007, sino… un 50% y que el paro supere, no son 4.500.000 de los que hablábamos, sino los 5.000.000 inevitables en 2012…). Lo legítimo de nuestras dudas a la vista de lo que ha sucedido posteriormente hace impensable que gobiernos, economistas, instituciones financieras y de control bancario, no intuyera como mínimo –y, sin duda con más datos- un recorrido similar.
c. Cómo trucar la economía mediante la construcción y la inmigración
El Banco de España sostenía los efectos positivos de la inmigración sobre el crecimiento de la renta per cápita y sobre la tasa de empleo. Así, según un informe de la entidad, el impacto de la inmigración sobre el crecimiento de la producción por habitante entre 2001 y 2005 habría representado el 25% del incremento total. Por su parte, la contribución de los inmigrantes al aumento de la tasa de empleo había supuesto en aquellos años una cuarta parte del total (en un país que en el mejor momento tuvo una tasa del 8,2% de paro). Sin embargo, desde el punto de vista de la productividad, la presencia de la inmigración no había podido ser más negativa. Entre 2001 y 2005, la inmigración restó casi dos décimas a la tasa anual media de crecimiento de la productividad por persona ocupada, que fue del 0,5%. Así mismo, la inmigración contribuyó notablemente al aumento de la inversión, muy especialmente en construcción y hostelería, pero no tuvo ningún efecto sobre la tasa de ahorro de la economía. Ello se debe a que los inmigrantes se concentran en estratos bajos de renta, donde la propensión media al ahorro es más reducida. Las escasas cantidades que podían considerarse como ahorros eran enviados por los inmigrantes a sus países de origen en forma de remesas que no han dejado de ir creciendo desde 1998 y no han parado de hacerlo ni siquiera en tiempos de crisis (algo completamente inexplicable, salvo si consideramos que la inmigración antes y durante la crisis ha tenido propensión al trabajo en negro).
Es evidente que el principal sector que generó actividad económica entre 1997 y 2008 fue la construcción y la actividad especulativa que se desarrolló en su entorno. En aquel momento se definió piadosamente a la construcción como “el motor de la economía española”, pero otro término era más fiel a la realidad: el “ladrillazo”. No era una situación completamente nueva, en realidad, desde el franquismo la construcción ya se había situado en un lugar preferencial en nuestra estructura económico, la novedad era que, así como durante el franquismo existieron otros sectores pujantes en el sector secundario (altos hornos, minería, manufacturas, astilleros) a partir de nuestra entrada las Comunidades Europeas se asignó a España un lugar periférico en la distribución internacional del trabajo como país de servicios (hostelería y turismo) y las ayudas y los Fondos Estructurales tendían a reforzar especialmente esta orientación, mientras el resto de sectores se iban liquidando a velocidad de vértigo durante el felipismo. Finalmente, la liberalización del suelo realizada por Aznar nos redujo a un único sector, la construcción… antes de que la hipertrofia del sector operada entre 1997 y 2008 hiciera que se atrofiara, probablemente para siempre: se había construido demasiado, se había construido demasiado caro, se había construido de manera irresponsable, se habían hinchado los precios hasta lo increíble y… la sociedad se había endeudado hasta lo insoportable.
Pues bien, la eclosión de este modelo económico basado en la construcción solamente ha sido posible a causa de dos factores: uno era la quiebra de nuestro sistema educativo que se percibió ya a mediados de los años 80 (aunque los primeros síntomas se habían manifestado diez años antes), el otro era la inmigración masiva. La calidad de la formación de la mayoría de los jóvenes empezó a caer, el fracaso escolar aumentó espectacularmente hasta situarnos en la cola de Europa de manera triste e irremediable, cada ley de educación instaló un caos superior al anterior y algunos padres nos sorprendimos cuando supimos que nuestros hijos podían pasar de curso dejando atrás asignaturas suspendidas, forma de tener asegurado el fracaso escolar. Dos generaciones abandonaron los estudios y ni siquiera estuvieron en condiciones de integrarse en el ciclo de Formación Profesional, simplemente quisieron ganar dinero inmediatamente. La construcción y la hostelería eran las únicas vías. El sistema educativo español se había diseñado solamente para confirmar nuestra posición periférica en Europa: España país de servicios… En cuanto a la inmigración, serviría para que los salarios de la mano de obra en estos mismos sectores tiraran hacia la baja. En 1986 estaba todo dispuesto para que bastara con liberar el suelo y abrir la mano a la inmigración para que se iniciara la burbuja inmobiliaria. Luego solamente habría que hacer correr la voz en el Tercer Mundo (especialmente en el Magreb y en los países andinos) de que a través de España se podía entrar fácilmente en la Unión Europea, más tarde transformar a los inmigrantes alienados por el trabajo en consumidores integrados por vocación y sentarse a esperar que la burbuja se hinchara hasta el infinito… o, lo más presumible, hasta que estallara.
En el momento en el que se inició la reactivación del sector de la construcción (1997), empezaron a afluir inmigrantes que engrosaron los contingentes de ese sector económico, abaratando costes y aumentando el volumen de la mano de obra a disposición. Esto generó cierta acumulación de dinero (en buena medida, negro) que provocó nuevas construcciones de lujo en zonas y barrios nuevos, habitualmente situadas en la periferia de las grandes ciudades. Dado que iban afluyendo cada vez más inmigrantes, a partir de 1998, se empezó a producir un fenómeno nuevo: los inmigrantes se iban recluyendo en los barrios más baratos, generándose un “efecto vaciado”: la población hasta entonces autóctona abandonaba esos barrios, ponía a la venta sus viviendas y, o bien pasaban a vivir con sus hijos (dado que, en buena medida, se trataba de personas en la frontera con la jubilación o ya jubilados), y lo huecos dejados por ellos tendían a ser ocupados, no por autóctonos, sino por nuevos inmigrantes.
En un momento dado, los bancos advierten este fenómeno y a partir de 2003 ya empiezan a aprovechar el fenómeno: se trata de convertirlos en propietarios de sus viviendas (con permiso de la hipoteca, claro está). Si los bancos empiezan a buscar a los inmigrantes como clientes es por dos motivos: porque ya están presentes en número suficiente (con más de tres millones) como para que el volumen del negocio justifique la inversión publicitaria y el riesgo asumido, y porque tienen legítimamente la sospecha de que una amplia mayoría de inmigrantes no albergan absolutamente el menor interés en regresar a su país. No estamos ante una inmigración transitoria sino permanente. Y los bancos no han hecho otra cosa mas que convencer al inmigrantes de que, puestos a quedarse e España, es más barato a la larga, acceder a la vivienda de propiedad que de alquiler. Además, les han convencido –y no sólo a ellos sino a buena parte de la población autóctona- de que la forma española de ahorrar es invertir en vivienda: ¿acaso no se ha revalorizado el precio de la vivienda hasta doblarse en los últimos diez años? Si esto había sido así, muchos creyeron que ese proceso se iba a reproducir también hasta el infinito…
Cuando el mercado inmobiliario español ya daba muestras de estar saturado (hacia 2003) y las hipotecas realizadas dieron muestras de descender, las cajas de ahorro especialmente y los bancos, tomaron como “target” de su publicidad a los inmigrantes: ya no se trataba solamente de lograr mano de obra barata para alimentar la burbuja inmobiliaria, sino de ampliar el mercado vendiendo a los inmigrantes recién llegados a precio de oro los pisos que ellos mismos construían a precios de saldo. Se trató de una estafa pura y simple que algunas cajas de ahorros especialmente realizaron a sabiendas de que la burbuja era efímera, que se estaban tasando inmuebles a unos precios exagerados, se estaban concediendo hipotecas a gentes con muy pocas posibilidades de pagarlas y se estaba alimentando un fraude a la sociedad que, finalmente, esa misma sociedad está en estos momentos pagando –y seguirá pagando durante toda una generación- después de las desastrosas políticas zapaterianas para salir de la crisis.
Este mecanismo fraudulento y especulativo se completó con las buenas cifras que aportaba la inmigración al PIB. Nadie advirtió en aquellos años que contra más crecía la inmigración, más crecía la economía y el PIB en concreto. Entonces ni los cerebros económicos de este país, ni los comentaristas de los diarios económicos, ni en tertulias de economía, y seguramente ni siquiera en el ministerio de economía y hacienda, nadie parecía darse cuenta de que aquel crecimiento, en buena medida era ficticio y derivaba del peso muerto de la inmigración. En efecto, si inyectamos en un barrio de 1.000 habitantes, una población halógena de 140 nuevos vecinos (proporción de inmigrantes en la sociedad española cuando se inició la crisis en 2007), serán precisas más viviendas para albergarlos, más comercios para satisfacer sus necesidades y más consumo de bienes y servicios… No es que se crezca económicamente porque aumente la productividad o aumenten nuestras exportaciones, o simplemente seamos líderes en nuevas tecnologías o en I+D, crece la economía ¡simplemente porque crece la población a razón de 600.000 inmigrantes/año! Tal era el truco para que el gobierno de turno pudiera alardear de cifras “triunfales” de crecimiento económico: simplemente bastaba con inyectar población adulta que abarate la mano de obra y genere, por el mero hecho de su presencia, consumo. Para ese viaje no se precisaban alforjas. Nada parecido con un crecimiento económico digno de tal nombre en el que lo que se crea es, simplemente, riqueza. En el modelo español lo que se generó fue una fiebre consumista sobre una población recién llegada que, más que integrarse, lo que quería era imitar el “sueño español”, a despecho de que su situación laboral fuera extremadamente precaria.
d. No hubo “milagro económico”, el “milagro” fue la inmigración
En una encuesta elaborada por el IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa) e incluida en su informe “La gestión empresarial en el año 2007”, los empresarios definieron la política de Zapatero sobre la inmigración como “inadecuada” (62,4%) o “muy inadecuada” (17,9%). Es significativo que un organismo patronal vertiera estos calificativos. Los empresario se manifestaban a favor de "fomentar una inmigración cualificada y adoptar medidas que conlleven la selección de inmigrantes en función de las necesidades de nuestro país", en otras palabras, lo que estaban proponiendo es regular los flujos migratorios de manera efectiva, algo que ni el PP hizo en su momento, ni el PSOE ha tenido jamás intención de realizar.
Si esto ocurría en los medios próximos a la patronal, en el otro “interlocutor social”, CCOO, los juicios no eran mucho más condescendientes en relación con la política gubernamental. A principios de junio de 2007, el secretario general de CC.OO., José María Fidalgo, pidió al Gobierno que cambiase su actual política migratoria e implante otra mucho más restrictiva. Fidalgo, en el curso de unas jornadas sobre deslocalización de empresas, celebradas en el Consejo Económico y Social, aseguró que “en España sobra mano de obra muy barata y no hace falta seguir importándola”. Para el dirigente sindical, la prioridad es invertir en educación, formación profesional e investigación y desarrollo para “llenar la mochila de productividad” y frenar así la deslocalización de empresas. Las declaraciones del responsable de Comisiones Obreras deben encuadrarse en el cambio de modelo productivo que reclama el sindicato y que se basa en dar menos prioridad a un crecimiento basado en el consumo y en la construcción y sí en sectores con mayor capacidad para generar valor añadido. El actual “modelo de bajo coste”, razona Fidalgo, sólo sirve para atraer inmigrantes.
Otro estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) iba en la misma línea de denuncia. No existe “crecimiento económico español milagroso”, a pesar de que nos lo hayan presentado como superior a cualquier otro país de Europa, todo era un fraude. Según la FEDEA el 90% del crecimiento medio del Producto Interior Bruto (PIB) de los últimos cinco años está directamente relacionado con la inmigración. O lo que es lo mismo: es un crecimiento ficticio que se detendrá en el momento en que deje de afluir una media de 600.000 inmigrantes por año. Las cifras dadas por FEDEA indican que el peso de la inmigración durante el decenio 1996-2005 suponía un 39% del crecimiento medio del PIB español; pero si nos limitamos al período 2000-2005, esta aportación se dispara ¡hasta el 90% del crecimiento total!
No hay, pues, “milagro” en la economía española. El milagro es la inmigración. Si los salarios están contenidos es a causa de la inmigración… esto, en teoría, contribuye a frenar la inflación, aumentando el consumo, pero dice muy poco de los derechos y necesidades del trabajador español, el principal perjudicado. El citado informe Las remesas de dinero que los inmigrantes mandan a sus países de origen se han más que multiplicado por cuatro en seis años, pasando de los poco más de 1.500 millones de euros del año 2000 hasta los 6.500 millones de euros contabilizados en el año pasado. Los autores del informe sostienen que estas remesas contribuyen a “disminuir las desigualdades” en los países a donde van a parar… dato manifiestamente falso: en realidad, contribuyen a empobrecer a esos países. No en vanos, las zonas de África que han generado más inmigración y que reciben más remesas de los que se fueron son las más pobres y los campos están abandonados: en efecto, si ya hay dinero que llega de los que se han ido a España ¿para qué trabajar?
Por otra parte, el informe, realizado desde una perspectiva ultraliberal considera extremadamente positivo que la inmigración haya contribuido a contener los salarios. En realidad, no ha sido así: los salarios han perdido poder adquisitivo. Por otra parte, es rigurosamente falso que la inmigración haya abaratado los precios tal como sostiene el informe: véase el sector de la adquisición de viviendas que ha podido ir incrementando artificialmente los precios gracias a la demanda de vivienda de 6.000.000 de “consumidores” llegados del extranjero. El informe llega a sostener de manera absolutamente insensata que se paguen 2.500 euros como prima por inmigrar a España… Obviamos citar los nombres de los autores para evitar que puedan ser tachados de alucinados. Lo esencial a retener de dicho informe es, precisamente, el impacto de la inmigración en el PIB. Este se estancará o retrocederá en el momento en que cese la oleada migratoria. Es evidente que esta oleada no puede durar eternamente (ya es problemático que la sociedad española pueda integrar el fenómeno), así pues, el crecimiento económico se detendrá bruscamente antes o después con los efectos deletéreos sobre la economía y, especialmente, sobre la sociedad española. Las reclamaciones deberán entonces realizarse a los gobiernos que han permitido este disparate. Y es, por eso que decimos que harán bien en ausentarse sin dejar señas.
Por su parte, otra asociación patronal, el Instituto de la Empresa Familiar, en un informe sobre la política de inmigración -“Hacia un Modelo de Inmigración Sostenible”- publicado a mediados de junio de 2007, reclamaba más orden en las políticas de migración. Las conclusiones a las que llega el informe tienen cierto nivel de esquizofrenia, pero a la postre resultan significativas. Se dice por ejemplo que “La inmigración legal es positiva; la irregular puede llegar a ser un enorme problema para los ciudadanos españoles y para los inmigrantes”… si tenemos en cuenta que el 90% de la inmigración es irregular valdría más la pena decir simplemente que “la mayoría de la inmigración es un enorme problema”. Así mismo, se insiste, con mucho tino en que “Es prioritario apostar por la contratación en origen”. Algunas empresas lo hacen, por ejemplo VIPS que se jacta de que el 60% de su plantilla son inmigrantes contratados en los países de origen. Pero esto crea un problema, por que lo lógico sería que si se contratan legalmente en los países de origen, los inmigrantes irregulares fueran inmediatamente repatriados… y eso no ocurre. Así pues, en las actuales circunstancias, el problema de la inmigración se agrava desde el momento en que sin cerrar la vía a los irregulares, se contratan en origen. Se reconoce lo que a partir de mediados de 2007, es del dominio público, a saber que “La Inmigración esta teniendo una aportación positiva al PIB español”, pero se añade, también con buen tino que “La experiencia de otros países indica que a largo plazo será menor y que no es un sustituto adecuado de las reformas estructurales necesarias”. Mucho más discutible es la afirmación de que el inmigrante no genera un mayor coste sanitario que la población autóctona… claro que es menor, pero sólo si atendemos a la cifra global, si nos atenemos a la relación gasto/gasto ingreso per cápita, los inmigrantes están muy por encima de los autóctono en “consumo sanitario”, entre otras cosas por que tienen una demografía mucho más activa y por que los accidentes laborales son más frecuentes entre inmigrantes que entre autóctonos. Otra afirmación discutible en el citado informe es que “La mejor Política de integración es la Educación”… tópico manido y eternamente repetido que, si bien, en esta ocasión viene atenuado con el reconocimiento de que “La Inmigración no es la causa de las deficiencias del Sistema educativo, pero las acentúa”. Se podría decir más claro y cristalino: la inmigración es una de las causas principales de la quiebra del sistema de enseñanza pública. Otro punto destacable del informe es el reconocimiento de que “La Inmigración no es una solución a las deficiencias que presenta el Sistema de Pensiones ni al envejecimiento de la población. Retrasa la aparición de los problemas que conllevan, pero los hace más grandes”, lamentablemente no se insiste en que alguien nos ha mentido y que entre 1997 y 2005 este concepto de la inmigración como panacea universal para resolver los problemas del sistema de pensiones ha sido sistemáticamente repetido por loros mediáticos y políticos autistas. El informe reconoce igualmente que la inmigración genera una economía sumergida que no hay forma de sacar a la superficie y que supone competencia desleal para con el resto de las empresas y los trabajadores. El informe deja en el aire algunos temas que parecen mal resueltos o en los que los redactores no se han preocupado por proponer alternativas. Así por ejemplo se dice tajantemente, “La Repatriación de personas es una política cara”, pero no se recomienda ninguna otra política. Se pone el dedo en la llaga en otro problema: “Las acciones de ayuda a los inmigrantes no pueden suponer la exclusión de estos programas de la población local más desfavorecida. No se puede producir un efecto sustitución”, pero tampoco se propone ninguna alternativa. De hecho, cuando los redactores de este informe abordan las propuestas en positivo, se percibe claramente… la imposibilidad de concretarlas, apenas unas vaguedades y una fe en que la Unión Europea venga y nos resuelva el problema…
Uno de los puntos mas graves del informe es donde se asegura que el sistema de la seguridad social peligra a causa de la inmigración, pero las cifras cantan. En este momento hay alrededor de 1,9 millones de extranjeros afiliados al Seguro que, en este momento, suponen una aportación de unos 8.000 millones de euros a las arcas del sistema público de pensiones. Ahora, todavía parece que, globalmente, los inmigrantes porten más de lo que reciben. Ciertamente, sólo uno de cada 30 cotizantes extracomunitarios recibe una prestación de la Seguridad Social, frente a la media de uno cada 2,65 trabajadores españoles, pero eso no ocurrirá siempre. A medio plazo, en cuanto los trabajadores inmigrantes que hoy tienen 35-40 años empiecen a jubilarse, o simplemente, cuando el paro vuelva a enseñorearse, se investirá la balanza y la inmigración se convertirá en un elemento más del déficit de la seguridad social. Además, ya hoy, los inmigrantes tienen sueldos un 30% inferiores a los nacionales y eso provoca que coticen de promedio 4.327 euros frente a los 4.770 euros de la mayoría de los españoles… es decir, según el estudio, estas cifras revelan que "el dinero aportado por los cotizantes (extranjeros al Seguro) no se corresponde con el que percibirán tras su jubilación", dice el estudio y cita al que fuera asesor del Gobierno Aznar, José Barea, para afirmar que el problema se agravará por el aumento de la esperanza de vida. La sentencia final a este respecto es dura, pero no por ello menos objetiva: "La inmigración sólo sirve para generar más dudas en torno al futuro del sistema de pensiones".
Por su parte, la Fundación Encuentro, dependiente de la Fundación Cultural de Caja España, publicaba su informe sobre anual “España 2007” aportando algunos datos interesantes. Uno de ellos llama la atención por su precisión: “España necesita entre cuatro y siete millones el número de extranjeros que necesita España para seguir creciendo al ritmo actual”… cuatro millones ya están aquí desde el 2005, ahora estamos llegando apresuradamente a los seis millones y seguramente superaremos los siete antes del 2009… por arcanos desconocidos “Encuentros” considera que se llegará a los siete millones ¡diez años después, en 2020! Si el PIB ha crecido tanto últimamente se debe a la inyección de 600.000 inmigrantes y, por esta regla de tres, hará falta que sigan entrando al mismo ritmo para que puedan mantenerse los actuales ritmos de crecimiento, solo igualados por China y por otros pocos ¿privilegiados? Para el informe de Caja España, los inmigrantes no son responsables del 90% del crecimiento económico, sino solamente de la mitad.
El estudio comete un error matemático y de concepto. Explica que los inmigrantes aportan a las arcas del Estado 23.402 millones de euros al año, mientras que las contraprestaciones que reciben son "sensiblemente inferiores", de 18.618 millones de euros, es decir, el 5,4% de los gastos de las Administraciones Públicas… pero no explican exactamente qué es lo que contabilizan como “contraprestaciones”. Además, no se trataría solo de observar las “contraprestaciones” sino también los “gastos generados”. ¿Se han contemplado los gastos en materia de prisiones, trabajo en juzgados, salarios de nuevas promociones policiales y daños pagados por las aseguradoras o que debe cubrir el propio ciudadano víctima de un delito? Si, ya sabemos que no es políticamente correcto recordar todo esto, pero a la vista de que, como hemos demostrado, la inmigración influye decididamente en la inseguridad ciudadana, habrá que introducir estas cifras por algún sitio y mucho nos tenemos que los 5.000 millones de superavit que según “Encuentro” aporta la inmigración queden muy por detrás de los gastos no contabilizados.
Por otra parte, el informe reconoce que en 2005, los inmigrantes compraron el 25% de las viviendas que se vendieron en España (cuando apenas representaban un10% del total de la población). De lo que cabría deducir que, en caso de que estas ventas no se hubieran producido la vivienda hubiera debido experimentar no una desaceleración sino un descenso en su precio. Tampoco se entiende por qué “Encuentros” considera positivo el que a lo largo de 2006, los inmigrantes enviaran a sus países 6.250 millones de euros (un 332% más que cinco años antes). Desgraciadamente, no se explica en qué consiste lo “positivo” de esta cifra. El informe repite un viejo tópico que viene arrastrándose desde el año 2000: que la Unión Europea necesitará 45 millones de inmigrantes para mantener los niveles de protección actuales hasta el año 2050…
Como podemos ver, los distintos informes, todos ellos realizados por gabinetes preparados y equipos solventes… no son en absoluto coincidentes y mucho menos esclarecedores. Como máximo permiten aislar algunos datos significativos que, unidos a otros, componen una situación extremadamente sombría.
Para colmo, CCOO, manejando datos de la Encuesta de Población Activa, afirma que el trabajador inmigrante es un 19% menos productivo que el trabajador autóctono. El estudio afirma que la diferencia de productividad entre un trabajador nacional y un inmigrante es cada vez más grande. Pasó a ser de 6.025 euros en 2002 (37.192 euros por ocupado en los nacionales y 31.998 euros en los inmigrantes) a 7.070 en 2004 (37.793 en los nativos y sólo 30.723 en los extranjeros). En porcentaje, la diferencia de productividad (a favor del nativo) ha pasado del 14,3% al 18,7% en sólo tres años. Lo que ha provocado el crecimiento de la diferencia no es la menor profesionalidad de los inmigrantes, si no su distribución. Uno de cada cuatro encuentra un empleo en sectores poco productivos, como agricultura, hostelería y construcción. En realidad, esto es cierto, pero sólo en parte. Ocurre también que la mano de obra que llega a España, en su inmensa mayoría, no es mano de obra cualificada, sino en fase de aprendizaje, con todo lo que ello implica en bajos rendimientos laborales.
Por otra parte, en marzo de 2007, el número de afiliados a la Seguridad Social superó los 19 millones de personas, de los que casi dos millones son inmigrantes, el 10,5% del total de afiliados (y, entonces, los otros tres millones de inmigrantes ¿qué medios de vida poseen? Sería bueno que ulteriores estudios, trabajos, informes, dossiers y encuestas respondieran a esta cuestión... Claro está que esta cifra es relativa. Si se da por buena la cifra de cuatro millones de inmigrantes, estamos hablando de 1 de cada 2, afiliados a la seguridad social… pero si, como parece, nos aproximamos a los seis millones, entonces estamos hablando de 1 de cada 3 y, a partir de aquí la carga económica para el Estado (pagado por la sociedad española) es insoportable. Todos estos elementos conducen a CCOO a una ecléctica conclusión: “Si bien la inmigración es globalmente positiva, ha repercutido negativamente en la productividad y en los niveles salariales”… conclusión obligada, pero también limitada. Ha repercutido negativamente en otros muchos sectores y terrenos.
A pesar de su disparidad y de las distintas evaluaciones del mismo fenómeno, lo que estos datos confirman es que el crecimiento económico español desde 1998 depende de la inyección de inmigrantes y que cuando existió, el crecimiento económico español era ficticio y basado en la inyección artificial de consumidores y en el descenso salarial que genera al aumentar la fuerza de trabajo por encima de las necesidades: a mayor oferta de trabajo y a una demanda estable corresponde un descenso del precio de la fuerza de trabajo, esto es, del salario.
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