Desde siempre ha existido un equívoco en torno al estatuto
de autonomía catalán: mientras que, para los nacionalistas, la instauración
de un organismo autonómico suponía un paso intermedio para alcanzar la
independencia, para los no-nacionalistas se trataba, simplemente de un
organismo colaborador del Estado que descentralizaba la administración pública
(para la derecha), mientras que para la izquierda era la expresión de la voluntad
popular del pueblo catalán. Así pues, bajo el mismo “estatuto de autonomía”
se ocultaban tres posiciones completamente diferentes, pero no equidistantes:
sólo una quería la desconexión del resto del Estado. Y este es el problema: que
el nacionalismo independentista ha terminado convirtiendo al ente autonómico en
un instrumento para la independencia, en lugar de una administración para todos
los catalanes. Y esto ya ha llegado muy lejos hasta alcanzar un punto de no
retorno.
No es la primera vez que ocurre esto. Cuando Macià
tuvo que ceder en 1931 y renunciar a su declaración de independencia para
aceptar el Estatuto de Autonomía (el de Nuria era una declaración de
independencia demasiado clara y el parlamento de la República lo tuvo que
descafeinar) ya estaba implícita esta voluntad. En los pocos años que se
aplicó, ERC, utilizó el presupuesto de aquella Generalitat para pagar sueldos a
los jefes del partido (leer la biografía de Miquel Badía en donde este extremo
es confirmado abiertamente) y si no pudo declarase la independencia fue porque
ni existía mayoría social para ello, ni el clima enfebrecido de la República lo
permitió. Pero la voluntad independentista estaba implícita y, seguramente por
eso, Pujol y los suyos debieron travestirse de “nacionalistas moderados” en
1978-1979 para “colar” su diseño autonómico.
Voy a ser claro: no me siento representado por esta Generalitat, ni es “mi” gobierno autonómico, es solamente el gobierno de los independentistas (es decir, de una cuarta parte de la población residente en Cataluña cuando tenía que ser el “gobierno de todos los catalanes y para todos los catalanes). No creo que nadie que no sea independentista se identifica con la institución autonómica en su actual configuración y con la gestión que está realizando desde, como mínimo 2003. La aceptamos pasivamente porque no nos queda más remedio, pero no lamentaríamos lo más mínimo que desapareciera.
Pues bien, según la última encuesta del CEO sobre la opinión
pública en Cataluña, tras reconocer el descenso del independentismo [ver
artículo titulado: El
ocaso del independentismo según TV3] aparece la cifra de un 7%
de catalanes que se muestran partidarios de que Cataluña se considere una “región”
sin estatuto de autonomía, ni autogobierno. A mi nadie me ha consultado,
pero estaría en esa franja. Y creo tener buenos motivos para ello.
Me ha confirmado en ello el que, desde hace años, el
gobierno autonómico va incumpliendo sistemáticamente leyes y normas del Estado,
se niega a aplicar sentencias emitidas en firme (empezando por el muy espinoso
asunto de la enseñanza en castellano en Cataluña) o, simplemente, en plena
rebeldía permanente, como es el caso de Quim Torra.
Parece evidente que, si “ellos” se niegan a cumplir las reglas
del juego, los ciudadanos de Cataluña, tampoco tienen obligación de aceptar a
la Generalitat como el gobierno legítimo de la región. Podría discutirse
sobre este argumento, pero lo esencial es reconocer que lo ocurrido en
Cataluña desde hace cuatro décadas ha llegado al punto de no retorno.
Si el “proceso independentista” ha conseguido algún objetivo,
aparte de romper a la sociedad catalana y crear una fractura vertical que
alcanza a familias y grupos de amigos, es el de decantar definitivamente y para
siempre a la institución autonómica del lado del independentismo. Así pues,
se da la razón a los que opinamos que, desde su instauración en 1978, la Generalitat
de Cataluña solamente ha sido el peldaño previo para alcanzar la independencia
y, por tanto, las leyes, las subvenciones, las normativas educativas, estaban
orientadas en esa dirección y son, por tanto, inaceptables, por el simple hecho
de que, en su momento, se engañó a la opinión pública encubriendo el objetivo
final de la independencia. Todo este arsenal legislativo, todas las medidas
adoptadas, votos los votos depositados, hubieran tenido seguramente otro
carácter si, desde el principio se hubiera sido claro sobre las pretensiones
independentistas.
La “Generalitat de Cataluña” es más quemada que un bosque en
fase de recalificación. Hoy, existe independentismo porque existe la gencat, de
no existir, no se hubiera utilizado la educación como instrumento para falsear
la historia e instaurar en la mentalidad de los alumnos ficciones e
interpretaciones inasumibles. Existe independentismo, simplemente por que el
formidable presupuesto al alcance de la gencat se utiliza EXCLUSIVAMENTE para
subvencionar iniciativas independentistas, mentalizar a las masas y olvidar el
hecho incuestionable de que ni siquiera en la Edad Media existía una “Cataluña
independiente” (ni siquiera una “federación catalano-aragonesa” como se
enseña en las escuelas, sino condados feudatarios de la Corona de Aragón y
antes del Imperio Carolingio). [ver artículo No
sólo se es idiota por creer en la República de TV3].
Si ésta es la gencat que todavía cree en la quimera
independentista, yo no quiero que se vuelva a aplicar el artículo 155, sino,
simplemente, que se disuelva la institución y se cree un nuevo ente regional en
ruptura con la anterior etapa… Lo sé, una quimera irrealizable: pero, me
temo que cada vez somos más los que pensamos así, mientras son menos los
partidarios de la independencia.
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