Info|krisis.- No parece un gran problema. A fin de cuentas todo aquel que realiza una venta callejera puede hacerlo si dispone del correspondiente permiso municipal. España es muy restrictiva en la materia y si se dan es para determinadas actividades y circunstancias. Resulta caro, por ejemplo, vender, como se hace en otros países, alimentos en la calle. Es comprensible. Se hace competencia desleal a la hostelería. Así que para proteger el sector, se restringen los permisos de venta de alimentación y comidas preparadas…
Sin embargo, desde hace veinte años en España, en toda España no existe el más mínimo control sobre los manteros. La mayoría son ciudadanos senegaleses. Pertenecen a una secta islamista que es quien les facilita el material y les da los contactos para viajar a Europa. Allí, se considera “viril” y “heroico” el llegar a España. El problema es que la actividad que realizan los manteros es completamente ilegal en la medida en que:
1. Realizan la venta en espacios municipales sin ningún permiso municipal (pruebe usted a vender lo que se le ocurra en las mismas poblaciones en las que los manteros actúan masivamente y comprobará que, no solamente la actividad le resulta imposible, sino que le requisan el material que quiera vender… con cuyo importe se pagará la multa que le imponga el ayuntamiento).
2. No existe ningún tipo de licencia fiscal, cotización a hacienda o a la Seguridad Social (lo que permite que quienes ejercen de manteros, de paso, vivan de la asistencia social. La falta de medios de vida “legales” o demostrables es lo que les permite pedir subsidios y subvenciones por paro. Y, por supuesto, disfrutar de todos los beneficios de estar en España: asistencia médica gratuita, becas de alimentación y bolsas de comida gratuita… Cuando en realidad son “autónomos” que realizan un trabajo negro al margen de la correspondiente contribución al Estado… de quien reciben todo tipo de ayudas).
3. Suponen una competencia desleal para los ciudadanos que respetan la ley (habitualmente los manteros se colocan en zonas de mucho tránsito de personas, aquellas en las que los alquileres de locales comerciales resultan más costosos, uniéndose además el hecho de que estos establecimientos, además del alquiler, tienen que afrontar pagos de IVA, impuestos municipales –en ocasiones abusivos- cotizar a la Seguridad Social y a Hacienda, mientras que quienes desarrollan la misma actividad al margen de la ley lo hacen a pocos metros de distancia y sin que se les obstaculice).
4. Venden material completamente ilegal (los manteros no están vendiendo artesanía u objetos fabricados por ellos mismos que, al menos no contravinieran ninguna ley de propiedad intelectual, derechos de autor o registro de propiedad de marcas, y lo hacen en completa impunidad justo delante de establecimientos que cumplen todos los requisitos legales y ante las narices de los servicios policiales).
5. Obstaculizan el normal tránsito en las calles (normalmente no aparecen uno o dos manteros, sino que su presencia es masiva en las zonas más céntricas y frecuentadas, reduciendo el espacio disponible para pasear a la mínima expresión e incluso obstaculizando el acceso a los comercios legalmente establecidos, sin olvidar que la presencia de una pareja de policías sele ocasionar carreras y movimientos que crean alarma entre la población.
Todo esto parece indicar que el problema existe (lo hemos visto todos) y que es fácil afrontarlo: simplemente, cuando alguien realiza una actividad ilícita sin los permisos reglamentarios, existe un arsenal legislativo y disuasivo lo suficientemente amplio como para que esta actividad se elimine radical e inmediatamente… Sin embargo desde hace 20 años este tipo de actividades se vienen realizando en España (y especialmente en la costa mediterránea) de manera absolutamente habitual, sin que ocurra nada.
Los protagonistas siempre son los mismos: manteros de origen gambiano o senegalés. El único argumento que se esgrime a su favor es que son “pobres” y que “tienen necesidad de trabajar”. La respuesta sería: “son relativamente pobres, reciben subvenciones y alimentos del Estado y de los servicios sociales y sus móviles de última generación denotan pobreza, como mínimo, relativa”. Algunos ilustres cretinos como “Ramoncín”, extremadamente hostiles a la venta de DVD replicados ilegalmente y que ha trabajado más que nadie para el cobro de un impuesto para todo aquel soporte informático que sirviera para almacenar datos (música, películas), paradójicamente han salido en defensa de los manteros, pidiendo que no se les obstaculizara, y que se apuntaran las baterías contra quienes hacen las reproducciones…
Sin embargo, el sentido común dice que este tipo de actividades es fácilmente controlable y este foco de ilegalidad se puede cortar con facilidad: basta con que durante una semana se incaute todo el material que llevan los manteros para que la actividad (tanto en los puntos de venta, como en su elaboración, esto es, en los talleres de elaboración) se haga inviable y desaparezca en pocos días. Si, siguiendo los consejos de “Ramoncín”, se apuntara solamente contra las factorías que replican el material, lo que se obtendría es, simplemente, que reforzarían su clandestinidad, se harían más herméticas, crearían más eslabones intermedios para garantizar su impunidad y, finalmente, la actividad ilícita, lejos de desaparecer, simplemente, se encarecería.
El problema que argumentan los
ayuntamientos es que, gracias a esa actividad, quienes la ejercen “trabajan” y,
por tanto, no entran en los circuitos de la delincuencia convencional. Pero ese
razonamiento es falaz: la actividad, en
sí misma, ya es ilegal y mantenerla lo único que contribuye es a reforzar una
estructura mafiosa (al principio hemos dicho que quienes impulsan esta
actividad es una secta religiosa islamista gambiana, con lo que ello implica).
Por otra parte, si se trata de un
“trabajo” debería estar regulado y, como mínimo, excluir a todo mantero de
cualquier otra ayuda social al disponer de medios de vida…
En realidad el problema es mucho
más simple: quienes llegaron –y siguen llegando- a España ilegalmente,
vulnerando la legislación vigente, y solamente al llegar recibieron ropa,
zapatos, alimentación, ayudas, se les llevó en avión de Melilla a la Península,
se les fue subvencionando, sin recordarles EN NINGUN MOMENTO que en España
existía una legislación que había que cumplir, aquellos que desde el momento en
que llegaron fueron recompensados (en la óptica africana) por vulnerar la
legislación, es normal que la sigan vulnerando y que estén convencidos de que
lo que hacen es un “derecho”. Porque ciertamente es un “derecho adquirido” a lo
largo de veinte años de lasitud, dejadez y desinterés por parte del gobierno
central y por parte de unos ayuntamientos preocupados por recaudar,
especialmente entre gentes que no le traen problemas, es decir entre ciudadanos
como usted y como yo.
Cuando empezó el fenómeno en 1996
(el momento en el que Aznar, el gran responsable junto a Jordi Pujol de las
primeras oleadas migratorias) un africano entrevistado por TVE en Melilla
declaró: “Queremos trabajar, queremos
casa…”. Era un momento en el que en España existían 3.000.000 de parados y
una situación delicada. Todos querían casa y todos querían trabajo, el problema
es que ni había casa gratis ni había trabajo. Y siguieron llegando hasta
completar una cifra de 8.000.000 de inmigrantes de los que 2.000.000 ya tienen
nacionalidad española, otro millón ha regresado, a lo que hay que sumar los
hijos de este colectivo que deben situarse en estos momentos entre uno y dos
millones (y sobre los que no existe ninguna estadística, al ser considerados
legalmente como españoles en virtud del “ius
solis”).
Nuestra sociedad ha admitido a 8.000.000 de inmigrantes que,
especialmente, han beneficiado a las patronales de construcción, hostelería y
agricultura, a cambio de precarizar las condiciones de vida de los autóctonos y
de que los autóctonos de a pie seamos los que tengamos que mantener a este
“ejército de reserva del capital” gracias a cuyo peso muerto en la sociedad
española y a la ley de la oferta y la demanda, se consigue que los salarios
vayan disminuyendo y perdiendo poder adquisitivo.
La cuestión es ¿se puede
solucionar el problema de los manteros? Todos los problemas son solucionables
si existe voluntad política. No se trata de “negociar” porque no hay
interlocutor válido para una negociación. Quien participa de una actividad
ilegal no tiene capacidad para negociar, como máximo el Estado lo puede
amnistiar de sus responsabilidades, pero en absoluto negociar. El problema es
que los ayuntamientos son débiles, en primer lugar en ellos están presentes
fuerzas de la “izquierda humanitarista”,
incapaces de concebir la posibilidad de emprender alguna acción punitiva contra
la inmigración que, en su subconsciente, ha ocupado la figura del “proletario
que no tiene nada y lo merece todo”.
La única forma de atajar el problema es que deje de ser cuestión de los
ayuntamientos y pase a ser cuestión de Estado (y lo puede ser por los
perjuicios que causa al pequeño comercio y a los derechos de las marcas).
Bastaría simplemente con que la policía nacional lo reprimiese. La incautación
del material es lo primero: es decir, la lucha contra los manteros de base. El
resto se hará por sí mismo: o bien los centros de falsificación y reproducción
de marcas y objetos cerrarán sus puertas, o bien intentarán seguir con una
tarea imposible siempre se mantenga la presión policial.
¿Negociar con los manteros? El Estado solamente puede negociar desde un
punto de vista: considerarlos como parados mientras no pasen por las
ventanillas municipales solicitando las consiguientes autorizaciones para la
venta ambulante. Una reducción de los impuestos a que está sometida esta
actividad podría ser un buen incentivo. Lo irrenunciable seria la cotización
como autónomos, la legalidad del material que vendieran y la liquidación
trimestral del IVA correspondiente… ¿Cómo? ¿Qué no aceptan estar normas? Tampoco
a los pequeños comerciantes les entusiasma pagar impuestos, ¿por qué debería de
ser diferente con los gambianos? Eso o
el camino de retorno a la tierra natal…
© Ernesto Milá – info|krisis – ernesto.mila.rodri@gmail.com
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