Decididamente los “tertulianos” son una raza extraña y diferente:
pasan por ser “especialistas” de todo, hablan y hablan sobre no importa qué,
algunos adoptan ademanes de seriedad y rigor e, incluso, parece que conocen el
tema del que hablan, otros, en cambio, optan por desmelenarse, gritar,
interrumpir y desgañitarse lanzando improperios y necedades. Son los “tertulianos”
que, en síntesis, pueden calificarse como la “voz de sus amos”. Están donde
están para defender posiciones concretas: su opinión personal -si es que la
tienen- es lo de menos, lo que cuenta son ofrecer argumentos favorables a
quienes verdaderamente representan. Hay momentos en los que, para algunos de
ellos, el trabajo se les vuelve demasiado ingrato y difícil de digerir.
Especialmente en estos últimos días, cuando la opinión pública está
sensibilizada por lo que ocurre en el campo y por el problema de la
inmigración. Es en este momento, cuando la nueva raza de los “tertulianos” (en
la Sexta) ha alumbrado una esperpéntica teoría que une ambos conflictos. Pásmense.
Como se sabe, uno de los aspectos que más preocupan a los
agricultores es que la Unión Europea les pone unas travas a su trabajo mediante
la “trazabilidad” y les impide utilizar fertilizantes, vermicidas, fungicidas y
pesticidas, mientras que pacta “acuerdos preferenciales” con países no europeos
en los que, no solamente se utilizan todos estos productos -que puede resultar
tóxicos, incluso venenosos- mientras no se les existe ninguna “trazabilidad”.
¿Y esto por qué es así? La respuesta dada por los tertulianos de la
Sexta es magistral: “porque la UE se ha visto obligada a pactar esos acuerdos
para lograr que los países del Magreb sean una barrera contra la inmigración en
Europa…”
Así pues, la UE permite la importación de naranjas del Estado de
Israel y de Sudáfrica, países, como se sabe, “claves” para la “contención de
la emigración hacia Europa” (ironizamos, por supuesto). En cuanto
a Marruecos y Argelia que, en efecto, son tránsito obligado para la inmigración
y que invaden con su agricultura los mercados europeos, el resultado de su
acción de contención es bien visible: cada día que pasa, aumenta el número de
inmigrantes marroquíes y argelinos en Europa, países que, además, han aumentado
sus ingresos (y los de sus mafias, en muchos casos vinculados a jerarquías de
sus propios gobiernos) gracias a la tarifas exigidas a los inmigrantes subsaharianos
para embarcarse en pateras desde sus costas.
Negocio redondo: lo gobiernos del
Magreb cobran de la UE y se exportan productos hortofrutícolas a la UE, a
cambio de contener una inmigración -cosa que no hacen- a la que también se
cobra por cruzar el país. De paso, se permite que indeseables recién salidos de
las cárceles magrebíes, individuos con juicios pendientes o escapados de la
justicia, escoria, en definitiva, figuren entre los contingentes que abandonan
el Magreb en dirección a Europa para proseguir allí sus exacciones.
Y la UE calla, porque, a fin de cuentas, nos dicen los
tertulianos, “Europa es tierra de asilo”, el fenómeno de la inmigración es “incontenible”
y el pago que pagan las sociedades europeas es la ruina de su propia
agricultura… y la dependencia alimentaria. Y recuérdese que un país no es libre
si no posee soberanía alimentaria.
En el fondo de este discurso propio de los “tertulianos” de la Sexta,
de lo que se trata es de desinformar sobre los verdaderos problemas del campo y
sobre la realidad de la inmigración, ocultando la única realidad incuestionable
desde cualquier punto de vista: la Unión Europea, tomada como entidad comunitaria,
y cada uno de los países que la componen, han fracasado en sus políticas agrícolas
y en su actitud ante la inmigración.
En junio tendrán lugar las elecciones europeas. En los cinco meses que quedan hasta entonces vamos a ver como
las “instituciones europeas” nos cuentan todo lo que están haciendo para “contener
la inmigración”, los esfuerzos que están haciendo para lograr que los países
del Magreb reduzcan el flujo de inmigración ilegal.
No les creáis: inmigrante que pisa la sagrada tierra de Europa,
inmigrante que se hace acreedor a un régimen de subvenciones y que resulta, en
la práctica, inexpulsable. Y, en cuanto a las concesiones realizadas a los
países del Magreb: dinero tirado y simple tomadura de pelo. En España, desde
los tiempos de Aznar se han ido desembolsando cientos de millones de euros a
Marruecos para garantizar su “seguridad fronteriza”. Dinero tirado a la basura.
En cuanto a la UE, desde los años 90 ha establecido acuerdos
preferenciales con Marruecos y Argelia que les han permitido invadir los
mercados con productos agrícolas sin trazabilidad, muchos de ellos con
contenidos tóxicos por excesos de abonos y pesticidas organofosforados (solo el
verano pasado, dos análisis aleatorios realizados en España de productos
procedentes de Marruecos, resultaron positivos con exceso de pesticidas
prohibidos en la UE). Se ha condenado a la agricultura europea a la ruina,
mientras que desde Marruecos llegan productos a los que cabría poner la
etiqueta de “peligrosos” acompañada por una calavera y dos tibias.
La realidad es esta: en junio puede el electorado puede dar un
susto al lobby inmigracionista, a los ecolojetas y a los ultraprogresistas y a
las mafias de la inmigración. Votar en junio en las elecciones europeas, para
un europeo, solamente es razonable si se vota por opciones antiinmigración y
por los partidarios de la autosuficiencia alimentaria de Europa. Si este
mensaje cala, al menos puede frenarse y desacelerarse el proceso de degeneración
y decadencia europea que, en efecto, depende de estos dos factores que,
contrariamente a lo que nos dicen los “tertulianos” de la Sexta, son
independientes entre sí: inmigración y soberanía alimentaria.
¿Qué hacer con los productos agrícolas? Romper cualquier “acuerdo
preferencial” con países extraeuropeos para la importación de productos
agrícolas. Europa puede ser autosuficiente en materia alimentaria e, incluso,
en ese terreno, España podría ser el “granero de Europa” y repoblarse
territorios de la “España vacía”.
¿Qué hace con la inmigración ilegal? La solución a este problema
es aún más sencilla. En junio hay que votar a opciones que propongan medidas
muy simples: desincentivar la inmigración y revertir el fenómeno. Lo primero debe
basarse en el principio de “inmigrante que llega ilegalmente a Europa, es
devuelto al país de origen inmediatamente”, “inmigrante que aspira a ser asilado
político en Europa debe pedir el asilo en la embajada española más próxima al
lugar de origen”. Cuando se ignora cuál es el país de origen -lo que presupone
mala fe por parte del ilegal- la “solución Meloni” es aceptable: devolver a esos contingentes de inmigración a
un país africano con el que se haya pactado que admitirá recibir a ilegales
devueltos por Europa. Por supuesto habrá que pagar
a ese país africano, pero la medida parece mucho más disuasiva y eficiente que
pagar a los sátrapas magrebíes por no hacer nada en esa dirección. Las medidas
para lograr la “reversión” del fenómeno (esto es, el retorno de los inmigrantes
a su país de origen) son también posibles sin vulnerar ningún derecho humano:
se trata, simplemente, de “desincentivar” la estancia en Europa. Sin olvidar
que las fuerzas navales de los países europeos, son susceptibles de contener a
la inmigración en las costas del Magreb y obligar al retorno a las pateras -según
la “ley del mar”- al puerto más próximo.
Bastaría con mantener medidas de “disuasión” durante unos meses y
de “reversión” hasta que el número de inmigrantes se redujese a no más de un 5%
en territorio europeo, para que la situación volviera a la normalidad. Ahora bien, para ello hace falta una voluntad política que, hoy
por hoy, no existe en la UE, pero que puede imponerse electoralmente en junio.
Situación agrícola y situación de la inmigración: dos problemas
que no tienen nada que ver, pero que dependen de la voluntad de los europeos. O siguen narcotizados por gobiernos débiles e incapaces o
reaccionan ante la corrección política, el wokismo y la Agenda 2030. Porque
ese, en el fondo, es el verdadero problema: Europa está en manos de dirigentes
políticos (como Von der Leyen o el propio Pedro Sánchez) al servicio de una
Agenda 2030 que, en la práctica, está orientada contra los intereses de todos
los europeos.
