Durante los años 90, se puso de moda el eslogan de que la inmigración era necesaria para “pagar las pensiones de los abuelos”, que se acompañó de aquel otro, no menos irracional, que sugería que “ningún ser humano es ilegal” y, en el colmo, del delirio progre apareció el “papeles para todos”. Y, en realidad, papeles se les daba a todos, desde el mismo momento en el que pisaban territorio español. Pero, a fin de cuentas, ahora empezamos a intuir que, no solamente no se están pagando las pensiones de los abuelos, sino que son los abuelos los que tienen que renunciar a pensiones dignas, para pagar la estancia de la inmigración ilegal. Y, en cuanto a lo que “ningún ser es ilegal”, ahora tenemos la seguridad de que la mayor parte de delitos en España son cometidos por personas llegadas de todo el mundo…
Desde el momento en el que llegan y piden “asilo”, a partir de ese
momento, aunque sean peligrosos yihadistas que ya han pasado por prisiones
españolas, se convierte en inexpulsables y subvencionables. Hay que reconocer que, en los años de gobierno socialistas,
siempre han ido aumentando los flujos de inmigración ilegal, pero también que
fue Aznar quien abrió las puertas a la inmigración (bajo su mandato entraron
3.000.000 de inmigrantes ilegales que se quedaron y solamente durante los dos
primeros años de ZP entraron otros 3.000.000. Desde entonces se ha hecho
imposible calcular el número de inmigrantes que ha alcanzado nuestro territorio
y el número de hijos que han generado.
En muchos de los casos se trataba de personas que sufrían
problemas de salud o que carecían del mínimo de formación cultural y dominio
del idioma para poder trabajar en puesto alguno en nuestro país. Además, las
medidas cada vez más amplias y generosas de “reagrupamiento familiar” hicieron
que llegaran gentes que no contribuían en nada a la riqueza nacional, pero que
pronto se convirtieron en una aspiradora de recursos del Estado. De hecho, el
gran problema que nos encontramos un cuarto de siglo después de que se iniciara
el fenómeno migratorio en nuestro país es que, está demasiado claro, que la
“apertura de puertas” fue una decisión incorrecta que solamente ha generado
resultados negativos y que ha desmentido todos y cada uno de los contenidos de
aquellos eslóganes con que se “vendió” el tema de la inmigración.
De hecho, hoy, la inmigración supone una losa para nuestra
sociedad y nuestra economía y, aun reconociendo que la mayoría de inmigrantes
llegados a España, lo han hecho para trabajar, hay que reconocer también estos
hechos: 1) que no había trabajo para todos, que su presencia ha restado
posibilidad de que nuestros jóvenes realizaran algunos trabajos estacionales, 2)
que su presencia ha contribuido a rebajar salarios en las profesiones menos
cualificadas, 3) que la casi totalidad de inmigración carecía de formación
profesional suficiente para acceder a puestos de trabajo y, finalmente, 4) que
los salarios que recibían les eran insuficientes para sobrevivir, tener hijos y
formar familias numerosas… Así pues, el Estado, con la excusa de la “igualdad”,
empezó a considerar por igual a ciudadanos autóctonos (que, ellos y sus
antecedentes en varias generaciones habían contribuido a levantar este país) y
a los recién llegados (que no habían contribuido ni con un solo euro al erario
público, distribuyen subvenciones de las que siempre, la inmigración resultaba
la más favorecida, al tener más hijos y menos ingresos).
Especialmente durante el zapaterismo, empezó a variar el perfil
de los recién llegados: los procedentes de África, especialmente, buscaban
alternar trabajos no declarados con subsidios y subvenciones. Y este es
el perfil actual del inmigrante que está llegando a Europa atraído por el
régimen de subvenciones y mucho menos por un inexistente mercado laboral para
él (la automatización del campo, dentro de poco, generará el que también se
cierren las puertas del sector primario para la mayoría de inmigrantes).
A esto se ha añadido algo que, cuando se inició el fenómeno de
la inmigración en España, ya había quedado suficientemente claro en Europa: que
la mayoría de inmigrantes no se integran en el estilo de vida europeo y que
generan problemas de convivencia en los barrios, hasta el punto de,
literalmente, vaciarlos, desde el momento en que su presencia se convierte en significativa.
Y vaciarlos, implica, también: degradarlos. Esto ha pasado -está pasando-
en países con gobiernos y orígenes tan diversos como Francia y Bélgica,
Alemania y Suecia. Presencia de bandas étnicas, absoluta insolidaridad e
incomprensión hacia los valores europeos, automarginación, fracaso escolar,
sensación de que ni mediante estudios ni mediante el trabajo se podrá acceder a
los escaparates de consumo europeos o a las mujeres europeas, wokismo y cultura
de la justificación, la delincuencia -especialmente el comercio de drogas- como
forma de vida, unido a sistemas judiciales garantistas, a condenas siempre
suaves y a establecimientos penitenciarios que permiten vivir mejor que en los
arrabales de Marruecos o Marrakesch, han generado el que además de las
subvenciones, los subsidios y las ayudas directas, el gasto del estado en tres
áreas se haya disparado: seguridad, prisiones y justicia.
Obviamente, desde el principio, los gobiernos españoles adoptaron
la misma norma de los gobiernos europeos de la época: prohibir la
realización de estadísticas que reflejaran cifras étnicas, prohibición de
publicar los nombres de los beneficiarios de las subvenciones, opacidad
completa sobre el número de inmigrantes reales, sobre los resultados en la
escuela, sobre la delincuencia, sobre el origen étnico de los residentes en las
cárceles, incluso, sobre el origen de los “agresores sexuales” y de las
“manadas”…
Pero absolutamente todos los funcionarios que trabajan tanto en la
seguridad (pública y privada), como en las prisiones, como en la judicatura,
saben perfectamente que un grupo de población que, oficialmente, no es mayor
que el 14% concentra un porcentaje entre 5 y 6 veces mayor al que se
correspondería estadísticamente y protagoniza la mayoría de detenciones y
actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Datos?
Simplemente se ocultan, se disfrazan, se distorsionan, se prohíben o las
empresas periodísticas juzgan que es mejor no publicarlos, porque se trata de
“materia sensible”. Tocarlo, implica hacerse acreedor de visitas de inspectores
de hacienda, de acelerar el cobro de deudas a la seguridad social o,
simplemente, hacer peligrar cualquier tipo de subvenciones de las que dependen
los medios de comunicación.
Pero lo cierto es que, la inmigración, además de suponer una losa
para nuestro erario público y el principal elemento distorsionador de
estadísticas sobre “violencia machista”, “asesinatos sexistas”, delincuencia,
prisiones, saturación de los juzgados, etc, etc, etc, ha terminado por
convertirse en un elemento falsificador del mapa político español.
La velocidad y profundidad con la que el gobierno de Pedro Sánchez
ha abordado la naturalización de inmigrantes ha dejado muy claro que, a medida
que la izquierda pierde base obrera, se nutre de cuatro tipos de electores que
ya hemos mencionado: funcionarios nombrados a dedo, okupas ansiosos de mantener
su estatus indefinidamente, profesionales progresistas surgidos de la
universidad, miembros de chiringuitos y ONGs que viven de subsidios públicos y,
finalmente, de antiguos inmigrantes naturalizados y subsidiados… Por si esto
fuera poco, Sánchez concedió derecho a voto a nietos de exiliados republicanos
que jamás han pisado España, ni hablan castellano, ni tienen el más mínimo
interés por nada de lo que pueda ocurrir aquí, y a descendientes de sefarditas
expulsados hace quinientos años… A lo que hay
que unir las “naturalizaciones” aceleradas de inmigrantes que ni siquiera
tienen facilidad para comunicarse en castellano, ni, por supuesto, están
familiarizados con los valores culturales, políticos y sociales europeos.
Inicialmente, daba la sensación de que la apertura de puertas a la
inmigración era solamente por materia económica
(cuantos más inmigrantes entren más subirá el PIB, porque se generará mayor
movimiento económico; eso fue lo que dio a ZP, en sus primeros años, elevadas
cifras de PIB). Pero, a partir de la crisis de 2008-2011 ya no podía
pensarse que los nuevos inmigrantes llegaran atraídos un mercado laboral que,
literalmente, había estallado, alcanzando los 6.000.000 de parados. Era
imposible que ningún inmigrante llamara a sus familiares a venir a España para
“trabajar”, en un momento en el que España estaba en vanguardia del paro en la
UE. Fue entonces cuando cambió el perfil de la inmigración y la voluntad de los
que siguieron manteniendo las puertas abiertas. A partir de ese momento,
especialmente para los partidos del “bloque de izquierdas” ya estaba claro algo
que algunos trotskistas franceses habían entendido a principios de los años 70:
que, con una clase obrera cada vez más aburguesada, más distante de los
partidos y sindicatos de izquierdas, había que buscar un “grupo social” de
sustitución. Y lo encontraron en la inmigración. Pero lo único que une a
estos “nuevos españoles” con el bloque de izquierdas, no son, en absoluto sus
ideas (de hecho los sectores procedentes del Magreb o de África negra son más
conservadores que los más ultraconservadores europeos) en materia política o
social, sino la posibilidad de que sigan recibiendo sus subsidios en la misma
cuantía, puedan seguir trayendo a amigos y familiares, igualmente acogidos a la
tutela del Estado y sigan existiendo las mismas leyes garantistas para actividades ilegales o para okupas.
Y luego está, por supuesto, el diseño de las élites
mundialistas (aquellos que creen en el “mestizaje”, la “cultura de fusión”, la
“multiculturalidad”, sin enterarse de que allí en donde se ha ensayado ha
resultado un estrepitoso fracaso) y globalizadoras (que precisan de un mercado
mundial en el que el esfuerzo fiscal se traslada de los grandes consorcios a la
clase media). Esto último es uno de los signos de nuestro tiempo: los
salarios de la clase media están pagando en la actualidad entre el 37 y el 40%
de sus ingresos en impuestos. En otras palabras: un profesional que ha tardado
entre 5 y 9 años en obtener una formación técnica superior, con capacidad para
pensar, conocer y reflexionar, está retenido en su oficina hasta más allá del
término de su jornada laboral, sometido, además del estrés, a una presión
fiscal insoportable, sin poder contar ni con el tiempo, ni con el espacio para
poder dedicarse a reflexionar y a proponer medidas para resolver todos estos
problemas que estamos enumerando.
El núcleo duro de la globalización ha emprendido una guerra
abierta contra las “clases medias” en base a dos estrategias: la primera es
someterla a una presión fiscal cada vez más asfixiante. Esta presión hace que
siempre esté con riesgo de asfixia, de perder todo lo que tiene de producirse
una pequeña recesión o al quedar en paro unos meses.
Pero, por otra parte, la presencia de la inmigración en la
sociedad hace imposible cualquier tipo de protesta unitaria: la sociedad
está fracturada en “grupos”, como un tablero de ajedrez en el que cada casilla
fuera de un tono completamente diferente al de las demás. El jornalero gambiano
es despreciado por el jornalero marroquí, el marroquí odia al argelino y el
argelino odia a cualquier grupo étnico andino, y a la inversa, y, para colmo,
las instituciones autonómicas hacen que el catalanoparlante vea en el
castellanoparlante como a un enemigo. Ninguno de estos grupos se siente
solidario con los vecinos autóctonos de su barrio. Los sindicatos carecen de
fuerza y ni siquiera existirían de no ser por el régimen de jugosas
subvenciones directas e indirectas. El asociacionismo está muerto en nuestro
país desde que fue desincentivado en tiempos de Felipe González y sigue sin
recuperarse. No existe el “pueblo español”: existen multitud de grupos y
subgrupos, ninguno de los cuales se siente solidario del de al lado; cada uno
de estos grupos, en sí mismo, carece de fuerza para conseguir movilizaciones,
protestas generalizadas. Así mismo, las posibilidades de modificar la
constitución (mediante el 75% de los votos) resultan absolutamente imposibles,
como imposibles son las posibilidades de llegar a acuerdos entre grupos
distintos.
A esto se une el factor religioso.
Durante los primeros años de la globalización se creía que la llegada de
católicos procedentes de Iberoamérica iba a volver a llenar nuestras iglesias.
En realidad, ha servido para que se multiplicara el negocio de las
confesiones evangélicas, las “nuevas religiones”, las religiones afrocaribeñas
y, por supuesto, ante todo y sobre todo, el islam que considera que “Al
Andalus” es toda España, incluso hasta Poitiers. Quizás la muestra más
dramática de colusión entre independentismo y terrorismo islámico fue la
manifestación de protesta por los asesinatos islamistas en Las Ramblas en
agosto de 2017, cuando los organizadores estaban más preocupados por mostrar
las buenas relaciones entre el “Islam catalá” y los “buenos catalanes”, que en
condenar los asesinatos. Había que defender, por todos los medios, cuando
seguían creyendo en la viabilidad del referéndum ilegal convocado por la
gencat, la existencia de un “Islam catalá” defendida por Carod Rovira y ERC
desde principios del milenio, ignorando que el “catalán” carece del más mínimo
interés para un musulmán que se expresa en árabe, la “lengua sagrada de Alá en
la que se redactó El Corán”, y que para el Islam la “umma” es la “comunidad de
los creyentes”, la única que interesa y que está muy por encima de los “Estados
nacionales” o de las “autonomías regionales”.
Así se manipulan estadísticas: no es que haya 23.200 inmigrantes más de origen marroquí en España, sino que solamente en el primer trimestre de 2023 han ENTRADO 23.200 marroquíes. En 27 meses, han entrado 850.000 inmigrantes "registrados". La opacidad de las cifras oficiales hace que cualquier estadística sea susceptible de ser malinterpretada o simplemente errónea.
Todo esto es lo que ha traído la inmigración. Y el problema no se
va a detener aquí. En primer lugar, porque diariamente siguen llegando a las
costas europeas miles de inmigrantes (en el momento de escribir estas líneas
acaban de llegar solo en un día 7.000 africanos a Lampedusa, pero también ha
aumentado el flujo a Canarias, entre 1.000 y 3.000 al día). Las autoridades
europeas, ni las de ningún país de Europa Occidental, mediterránea o nórdica,
reaccionan con la prontitud, la precisión y la radicalidad que exige lo que
puede calificarse de “invasión parasitaria” cuyos efectos ya hoy son
deletéreos: vuelco antropológico, étnico y cultural, de las zonas afectadas,
negativa reiterada a integrarse, deseo de seguir manteniendo el parasitismo de
una comunidad que se reproduce a una velocidad mayor a la de los autóctonos…
La pregunta que cabe formularse ahora es esta: ¿estamos ante una
situación que tenga perspectivas de mejorar en los próximos años? ¿Cuántas
veces se nos ha dicho que la “reforma de las leyes de inmigración” va a
garantizar “regularidad de flujos”, etc, etc? ¿Cuándo alguna de estas leyes ha
mejorado la situación? ¿No os dais cuenta de que ahora, no solo España, sino
toda Europa Occidental está peor que nunca y que caminos a paso acelerado hacia
una guerra civil que va a ser étnica, social y religiosa? ¿Verdaderamente
creéis que la Unión Europea está dispuesta a hacer algo más que crear una
comisión para “estudiar el problema”?
La triste realidad es que, en este terreno, las cosas se han
precipitado en apenas 25 años y no porque no hayan existido avisos de lo que
estaba ocurriendo y de lo que iba a ocurrir. ¿Os imagináis ahora que algún
gobierno reduzca subsidios a la inmigración? ¿o que expulse a los inmigrantes
que han cometido algún delito? ¿o que quite la nacionalidad a delincuentes
multirreincidentes que acaban de recibirla? ¿o ponga coto a las abusivas
“reagrupaciones familiares” o, simplemente, algo tan sencillo como autorizar
estadísticas que permitan reconocer los orígenes de los problemas y habilitar
campañas para conjurarlos? ¿Creéis que el PP va a hacer algo parecido,
cuando no lo ha hecho en el momento en el que ha podido, tanto con Aznar como
con Rajoy? ¿Creéis que el bloque de las izquierdas va a autoamputarse una parte
de su intención de voto?
Pues bien, abstraeros y tratar de ver en lo que va camino de
convertirse esta España multicultural en apenas 20 años: con millones de
puestos de trabajo perdidos por la irrupción de nuevas tecnologías, con una
clase media que no es que estará asfixiada, sino que será extorsionada para
seguir pagando “los subsidios a los inmigrantes”, so pena de que aumente la
delincuencia, la inseguridad ciudadana. Sería paradójico -de no ser por lo
ridículo- el haber traído millones de inmigrantes “para pagar las pensiones
de los abuelos” y que sean, como era de prever desde el principio, que esos
millones de inmigrantes los que pongan en peligro las “pensiones” y, además,
tengan a su servicio a la clase media para seguir financiando su estancia y el
ritmo de vida de las clases políticas parasitarias…
Si tenemos en cuenta que el Ministerio de Trabajo (con la coletilla significativa "...y de Inmigración") va retrasando
la edad de jubilación llegamos a la conclusión de que no son los inmigrantes
los que llegan para “pagar las pensiones de los abuelos”, sino los abuelos que
van a tener que seguir trabajando para pagar los subsidios a la inmigración y
evitar una revuelta étnica y social…
¡Felicitaciones a los últimos gobiernos de España!
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