Vale la pena repasar lo que ha sido la lucha antiterrorista durante el período zapaterista para intentar extraer algunas conclusiones sobre si Rajoy modificará esa línea y si es precisamente la más adecuada para la política española.
La situación de la lucha antiterrorista cuando Zapatero llegó al poder era increíblemente desfavorable para ETA. La acción del gobierno Aznar en esta materia había sido excepcionalmente dura y no había cometido errores como los del felipismo que, tras optar por la vía del terrorismo antiterrorista, había entregado ésta a los funcionarios más corruptos que podía disponer.
En 1995, los comandos de ETA caían constantemente, las medidas de carácter legal aprobadas por Aznar habían dado sus frutos. Después del atentado de que fue objeto Aznar en 1995, pareció tomarse la lucha contra ETA de manera casi personal. Mientras, el kale-borroka estaba en su apogeo. Es la época de los secuestros extraordinariamente prolongados (Ortega Lara 532 días, Cosme Delcaux 232 días, Jorge Aldaya 341 días) que culmina con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997. A partir de ese momento, se produce una revuelta popular contra ETA y se asiste a las primeras protestas públicas y airadas contra la organización terrorista. Esto dará pie para que Aznar vaya aprobando una legislación antiterrorista que tiende a arrinconar a los diferentes “frentes” de ETA. Esta línea solamente fue posible mediante el pacto entre el PP y el PSOE en lo que se llamó “el espíritu de Ermua”. Mientras, el nacionalismo vasco y el sector abertzale en pleno firmaron el Pacto de Estella. Tales eran las dos vías: acabar con ETA por la vía policial (“pacto antiterrorista”) o acabar con el “conflicto vasco” mediante la vía de la negociación (Pacto de Estella).
La llegada del zapaterismo introdujo un nuevo elemento en esta situación. Por primera vez, un jefe de gobierno, pensaba que no se llegaría a la solución del terrorismo en España por la vía policial, sino por la vía de la negociación. Entender esto es capital para comprender lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos siete años. Desde el principio de su gobierno, Zapatero dejó clara su voluntad de negociar con ETA, lo que en la práctica supuso la ruptura del “pacto antiterrorista” y el reconocimiento de que en el País Vasco existía, no un grupo terrorista que operaba causando víctimas inocentes, sino un “conflicto”.
Llama extraordinariamente la atención el que Zapatero, precisamente en ese momento, cuando ETA estaba completamente derrotada, alguien pensara en hurtar la victoria y pasar a negociar con una banda completamente desintegrada. Pero el proyecto de Zapatero se basaba en dos presupuestos. El primer, la convicción de que la negociación iba por buen camino. Esa convicción surgía de los contactos que mantenía la seguridad del Estado con Josu Ternera desde el período de Aznar. Ternera se había configurado como el interlocutor válido: en clandestinidad, afectado por una grave dolencia estomacal, de vuelta de todo, quería solamente evitar morir tristemente en la cárcel. Es fácil suponer lo que ocurrió luego: la seguridad del Estado pactó con Ternera su seguridad y libertad a cambio de que contribuyera a cortar las uñas a ETA, esto es, a denunciar a los comandos y a la tendencia más agresiva para evitar que se produjeran nuevas víctimas. Esto, además, daba la seguridad a Zapatero –seguridad que parecía irracional si se ignoraba este pequeño detalle- de que la negociación una vez emprendida llegaría a buen puerto.
Pero lo que Zapatero no había calculado era que la correlación interior de fuerzas en ETA era inestable. Pronto, Txeroki, uno de los jóvenes lobos de la banda se percató de que los comandos caían con demasiada facilidad y creó una infraestructura separada del resto de la banda, configurándose durante un par de años como “líder militar” de la misma. Esto hizo que en plena negociación con el gobierno, bastara el atentado a la T-4 para que todo saltara por los aires. A partir de ese momento, las seguridad del Estado consideró a Txeroki y a su gente (nunca a Ternera y a los “históricos”, y así puede entenderse con facilidad el episodio del Bar Faisán) como objetivos prioritarios porque de lo que se trataba era, especialmente, de restablecer la preponderancia de la tendencia Ternera en el interior de la banda de tal manera que no se produjeran nuevos atentados y de que una futura negociación tuviera éxito.
Había un segundo elemento que impulsaba a Zapatero a la mesa de negociación y era la situación propia del País Vasco. En efecto, tras la firma del Pacto del Tinell y su traslación a escala del Estado a partir de 2004 del intento de aislar al PP de cualquier otra fuerza política (estrategia urdida por Carod Rovira y asumida por Maragall primero y luego por el propio Zapatero en su fase de connivencia con ERC (2004-2007), Zapatero intenta evitar por todos los medios un acuerdo con el PP en Euzkadi. Sabía que nunca el PSOE-PSE lograría obtener votos suficientes como para gobernar en solitario y que el PNV no estaba en principio dispuesto a gobernar de nuevo con los socialistas vascos. Así pues, la estrategia de Zapatero (probablemente su estrategia de mayor calado) en esa época consistía en evitar la formación de un “frente abertzale” formado por el PNV y por el “frente político” de ETA (lo que se ha dado en llamar “el mundo abertzale”), sustituyéndolo por un “frente de izquierdas”, en el que la llamada “izquierda abertzale” (los amigos de ETA), reconvertidos en partido político democrático, pactaran con los socialistas tal como ya había ocurrido a principios de los ochenta cuando el PSOE vasco se fusionó con Euzkadiko Ezkerra, surgido del antiguo “frente político” de ETA(p-m), tras la desmovilización de esta organización en los años 1984-5. Zapatero creía –y el misterio es pensar qué le impulsaba a creer esto- que nuevamente podía lograrse una operación de este estilo y que la “izquierda abertzale”, antes o después, de daría cuenta de que era “más de izquierdas” que “más abertzale” y que, por tanto, pactaría antes con el PSE-PSOE que con la derecha nacionalista vasca.
La primera ronda de negociaciones saltó por completo y de manera irremisible con la bomba de la T-4 y sus dos muertos. Mientras, prosiguieron las detenciones de comandos y la ausencia de atentados, tanto por incapacidad de la banda para contar con terroristas capaces de cometer crímenes como por que la tendencia que dominaba la banda –la tendencia Ternera- evitaba que estos se produjeran y verosímilmente indicaba al a policía dónde y cómo desarticular a los comandos más exaltados y dispuestos para la acción.
Pero la segunda fase de las negociaciones se realizo sobre bases más sólidas. En esta segunda fase de las negociaciones, la intención del zapaterismo era muy diferente a la primera. El PSOE necesitó, especialmente a partir de 2009, algún éxito con el que contrabandear sus reiterados fracasos en política económica y en distintos frentes en los que la segunda legislatura de Zapatero constituyó un auténtico fracaso. Es cierto que Zapatero quería pasar a la historia como el presidente de gobierno que desmovilizó a ETA, pero en la segunda legislatura, de ser una vocación histriónica pasó a ser la necesidad de contar con un as que presentar a un electorado progresivamente decepcionado con la gestión de su gobierno.
Fue fácil lograr que en marzo de 2010 a raíz de la intervención de los llamados “mediadores internacionales” recién aparecidos, se anunciara un “alto el fuego” para septiembre de 2010 que fue anunciado por ETA en la BBC. En el comunicado se repitieron todos los tópicos habituales en la literatura agitativa de la banda, la novedad estribaba en que, por primera vez, se aludía a “nuevas condiciones políticas” y a favor de “un proyecto independentista a través del diálogo y la negociación”.
A partir de aquí se sucedió algo parecido a una comedia en la que las dos partes habían pactado ya lo esencial y les quedaba solamente enzarzarse en un tira y afloja sobre lo accesorio. Lo fundamental era de un lado que no habrían más atentados y de otro que la izquierda abertzale se presentaría a las elecciones municipales. La paz definitiva llegaría en dos fases: en la primera (declaración del 20 de octubre de 2011 a través del cual se anunciaba el “cese definitivo de la actividad armada” de ETA) beneficiaba especialmente al PSOE ya que Zapatero podría presentar este episodio como un éxito de su gestión antiterrorista. La segunda fase llegaría durante las próximas elecciones autonómicas vascas cuando ETA anuncie presumiblemente el acuerdo definitivo que beneficiará particularmente a la candidatura abertzale. Por entonces, el PSOE ya no estará en el gobierno de la nación pero la idea de un “frente de izquierdas” (PSOE-PSE+Amariur) que sustituya el “frente nacionalista” (Amaiur+PNV) sigue siendo muy querida por algunos sectores del PSOE-PSE.
Quedan una serie de flecos: las aspiraciones de ETA sobre la incorporación de Navarra a Euzkadi están fuera de lugar y no pueden ser satisfechas por una negociación; tampoco la convocatoria de un referendo sobre la autodeterminación puede ser negociada en las actuales circunstancias cuando el PSOE está en el peor momento de su historia; el único fleco que queda es, sin duda, el futuro de los presos. Y esto crea un problema con las víctimas del terrorismo que vale la pena considerar.
Las víctimas del terrorismo han manifestado reiteradamente su oposición a la negociación con ETA. Era evidente y razonable que si la lucha contra el terrorismo estaba ganada como mínimo a partir de 2002, ¿para qué negociar con ETA? Se trataba solamente de que los etarras pagaran sus crímenes y de lograr que si se producían medidas de gracia estas fueran solamente a partir de cierto nivel del cumplimiento de las condenas y cuando se tuviera muy claro que el arrepentimiento era sincero. Las exigencias de las asociaciones de víctimas del terrorismo eran muy claras: cumplimiento íntegro de las condenas y medidas de gracia solamente en casos muy claros y particulares. Hoy, en la actualidad, este es el gran obstáculo para alcanzar un acuerdo definitivo.
¿Cómo evolucionará la situación en el próximo año? Es fácil suponer que, a pesar de que el PP mantuvo desde la oposición otra política antiterrorista, una vez en el poder optará por mantener la negociación, permitir que Amaiur se siga manteniendo como fuerza política (que especialmente roba votos al PNV y, por tanto, debilita a la derecha vasca), accederá a medidas escalonadas de gracia y no variará sustancialmente los acuerdos a los que el zapaterismo ha llegado con ETA, ni siquiera imprimirá una nueva dinámica. Por otra parte, si ETA pudo llegar a un acuerdo con Zapatero fue, sin duda, porque el PP ya estaba alertado y había dado su acuerdo, especialmente porque era evidente que a partir de las elecciones del 20-N se sentaría otro presidente en la Moncloa y era necesario contar, al menos, con la seguridad de que no daría marcha atrás a los acuerdos mantenidos.
Así pues, lo que ocurrirá en los dos próximos años es que se irán concentrando el algo más de medio millar presos de ETA en las cárceles vascas y, poco a poco, se les irán aplicando medidas de gracia que harán que en los próximos cinco años salgan de manera escalonada la mayoría de presos, empezando por los menos conflictivos y terminando por los verdaderamente trastornados y psicópatas que ya no juegan ningún papel ni siquiera dentro de la banda en la nueva hora política en la que ETA está instalada en este momento.
Tal es la situación en la actualidad. Falta atender a las implicaciones morales y políticas de todo esto.
Negociar con una banda terrorista no es, desde luego, la mejor solución para un Estado especialmente cuando tiene la batalla ganada. El que Zapatero pudiera considerar esta fórmula tiene que ver con su particular ecuación personal: es un humanista universalista para el que “negociación” tiene resonancias más positivas que “enfrentamiento”, “pacto” más que “victoria”, “perdón” mucho más que “castigo”… A partir de ahí, en este cuadro mental, puede entenderse el porqué Zapatero renunció a la victoria sobre ETA que tenía al alcance de la mano. Es evidente que una sociedad sana aspira especialmente a que se castigue al criminal y los derechos de las víctimas se sitúen muy por delante de los derechos de los asesinos. Así pues, todo este embrollo no es más que uno más de los generados por el zapaterismo, seguramente la sífilis ideológica más deletérea que ha recorrido nuestro país en toda su historia.
En segundo lugar, hay otro malentendido generado por el zapaterismo y que tiene también mucho que ver con sus concepciones humanistas-universalistas: ¿tiene cualquier opinión política derecho a beneficiarse de los mecanismos del Estado de Derecho aun cuando su objetivo sea destruir ese mismo Estado? Algunos respondemos: NO. Zapatero, en cambio (y no sólo él, Rajoy opina algo parecido inducido por su liberalismo de estricta observancia), dice SI. Por eso le preocupa que un sector de la población vasca partidaria de la independencia no pueda expresarse políticamente a través de las instituciones, ni siquiera teniendo en cuenta que su presencia en esas mismas instituciones tiene como objeto utilizarlas como altavoz para acelerar el proceso independentista.
En el fondo todo esto no implica nada más que el reconocimiento de la existencia de dos jerarquías de valores: de un lado, aquellos para los que “España” es una forma histórica superada y que ha contribuido a esclavizar a los pueblos, es la tendencia que podemos llamar “relativista” (hoy existe España en su actual formulación, pero mañana puede dejar de existir sin que esto suponga ninguna tragedia ni renuncia particularmente importante) y aquellos otros para los que “España” es una forma histórica no superada, cuya existencia y unidad se remonta, como mínimo al mundo clásico cuando nuestra península era llamada “Hispaniae” e incluso al mundo celta anterior que dominó en toda el territorio. Mediante distintos procesos históricos, las distintas regiones españolas han ido convergiendo, tanto bajo el reino visigodo de Toledo, y después de la “pérdida de España”, los distintos reinos que aparecieron durante la Reconquista, llevaron todos el impulso hacia la unidad que culminó en 1492. A partir de ese momento, con la unidad recompuesta, el retorno a las taifas y a los cantonalismos suponía dar marcha atrás a la rueda de la historia.
No fue sino con la aparición de las burguesías regionales vasca y catalana cuando apareció en esas regiones el nacionalismo en ambos casos teniendo como principales instigadores e ideólogos al clero local y como financiadores y máximos beneficiarios a la alta burguesía industrial vasca y catalana. Ciento cincuenta años después de la aparición de estos fenómenos el esquema sigue invariable. Sin embargo, junto a los nacionalismos moderados máxima expresión política de ambas burguesías, han aparecido fenómenos de radicalismo político que engloban a elementos de la izquierda integrándolas con las viejas aspiraciones de la derecha nacionalista.
El hecho de que la Union Europea sea una “unión de Estados Nacionales” hace que cualquier proceso independentista en España o en cualquier otro país del continente, sea impensable (la independencia de cualquier región europea implicaría inmediatamente la eclosión de procesos secesionistas en todos los países de la UE, especialmente en las locomotoras francesa y alemana, por eso, España está, en última instancia, blindada ante los separatismos por la UE) lo que hace que en el futuro se produzca una tendencia cada vez más acusada a la convergencia entre nacionalistas e independentistas que irá aumentando mientras dure la crisis económica. En el caso vasco el independentismo del PNV ha sido proclamado en multitud de ocasiones, mientras que en Catalunya, CiU lo utiliza simplemente como un mecanismo de presión contra el Estado. Por otra parte, los intereses de las burguesías vasca y catalana están ligadas al comercio con el primer cliente: el Estado Español, por lo que, a la hora de la verdad hay que dudar incluso de la reacción de ambas burguesías nacionalistas ante un proceso efectivo hacia la independencia.
Este tira y afloja contrasta con quienes pensamos que la unidad de una nación no depende de la voluntad de sus habitantes en un momento concreto de la historia, expresada a través de un referendo. Una Nación es algo más que una generación que aparece en un momento dado de la historia, es, sobre todo, un pasado y un futuro, es una cadena de las generaciones que ninguna de ellas tiene el derecho de romper.
Atentar contra la unidad del Estado es, pues, no solamente un atentado contra ese mismo Estado sino contra la cadena de las generaciones que han contribuido a defenderlo, construirlo y sostenerlo. Y, en este sentido, es un crimen contra la comunidad, crimen que resulta mucho más grave que el asesinato de uno y otro de los miembros de la comunidad. Por eso, desde hace muchos años sostenemos que el verdadero “Crimen” de ETA, el crimen con mayúsculas, no es el haber asesinado a 800 personas, sino el intentar asesinar a toda una nación, en la medida en que apunta contra toda la comunidad, pasada, presente y futura. Y eso es imperdonable. De ahí que sostengamos que un Estado no pueda permitir la existencia de movimientos secesionistas, especialmente si ese Estado es el producto de un proceso histórico que hunde sus raíces milenios atrás. Y una modificación legislativa, o la simple opinión oportunista y al servicio del gobierno, de un Tribunal Supremo, ni pueden bastar para legalizar, ni mucho menos para legitimizar una opción que es criminal no tanto por sus métodos como por sus objetivos.
Si la negociación con ETA ha contribuido a legalizar la opción Amaiur, esta negociación ha sido espúrea y no puede ser admitida por un gobierno digno de tal nombre.
En cuanto a los presos de ETA, ni siquiera se ha planteado que se les prohibiera el acceso a los mecanismos institucionales. Pasar página no es suficiente para olvidar que muchos de los actuales concejales de Amaiur, de sus diputados e incluso de su senador, han sido militantes de ETA y como tales han asesinado o han marcado víctimas a los asesinos. No solamente no han extinguido su condena, sino que en sus historiales oficiales no figurarán los nombres de las personas a las que han asesinado. Es evidente que si de lo que se trataba era de negociar el fin de ETA, el Estado hubiera debido cuidarse especialmente de que los antiguos presos con delitos de sangre y condenas no extinguidas, no podrían ni hoy ni nunca ser representantes de los ciudadanos, ni sentarse en plano de igualdad con los representantes de cualquier otra opción que no ha utilizado la violencia como estrategia. Por otra parte, todo esto supone olvidar también que la existencia misma de Amaiur se sostiene sobre el impuesto revolucionario, los secuestros y que en sus herrikotabernas se ha brindado por la muerte de tal o cual víctima. En política no todo vale y una simple negociación no transformará a un asesino en un político honesto.
ETA y la violencia han sido una patología específicamente vasca que no tiene parangón en lugar alguno de Europa. En Irlanda, incluso, lo que existía era una serie de golpes y contragolpes entre las milicias protestantes y el IRA, nada de todo esto ha ocurrido en España. Basta leer, por ejemplo, los escritos y declaraciones de ETA en los años 80 y 90 para advertir hasta qué punto los razonamientos eran falaces, absolutamente irracionales, ciegos y trufados de argumentos mal construidos, todo, absolutamente todo, para justificar los asesinatos. Porque esto es lo más terrible: un sector del nacionalismo pasó a asesinar cuando ya existían libertades democráticas y cuando absolutamente nada razonable justificaba esta opción.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo tienen toda la razón en oponerse a las excarceraciones escalonadas de presos: aquí se han producido 800 muertos, 800 vidas inocentes sesgadas que ninguna negociación, ni ningún acuerdo, van a hacer resucitar. Entonces ¿cómo resarcir a las víctimas del terrorismo? Es simple: con el cumplimiento de las condenas.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo nunca se han negado a la aplicación de medidas de gracia a terroristas arrepentidos, pero han exigido con buena lógica que ese arrepentimiento sea sincero e indubitable. Y esto ya no está tan claro sobre cómo puede alcanzarse y aplicarse.
Además, hay otro elemento a tener en cuenta. En el momento en que muchos de los presos se vean en libertad lo que van a tratar es de “legitimizar” a ETA: volverán a hacer culto a la violencia, volverán a celebrar y glorificar a los muertos de la banda, magnificar sus acciones y, en definitiva, a exaltar un período dramático y olvidable de nuestra historia, al tiempo que impiden por la coacción que se honren a las víctimas. Porque en Euzkadi sigue existiendo una violencia latente que dista mucho de desaparecer y que hace que determinados abertzales consideren que están en su tierra y que quien defienda cualquier otra cosa que la independencia vasca no tiene derecho a la libertad de expresión.
En definitiva, todo este embrollo ha derivado de la política enloquecida de un histrión que se negó a vencer a ETA y que para legitimar su humanismo-universalista tuvo que sentarse en la mesa de negociación con la banda terrorista. Pero ahora Zapatero está ya en el basurero de la historia, su figura será recordada como el del “gran bobo” que generó muchos más problemas de los que resolvió y que, en definitiva, su período de gobierno fue un interregno desastroso y lamentable en todos los terrenos salvo en el de la disolución de la sociedad e incluso en la quiebra del propio Estado. Sin Zapatero ninguno de los contenidos en este artículo tendrían sentido: hoy, ETA sería un recuerdo si los etarras desde 2004 no hubieran tenido permanentemente la sensación de que podían salvar lo salvable mediante la negociación, en lugar de haber tenido la convicción de que eran ratas acosadas que debían alejarse lo más posible si es que no querían terminar sus días en prisión.
El hecho de que tengamos fundadas sospechas de que Rajoy proseguirá esta misma política pactista es lo que nos lleva a proponer que una futura reforma constitucional, o mejor, un proceso constituyente digno de tal nombre, afirma la unidad inquebrantable del Estado y considere como reos de alta traición a quienes apunten a su disolución o a la secesión de alguna de sus partes; que recoja algo tan sencillo como la cadena perpetua para los crímenes de cierta gravedad y que prohíba taxativamente la negociación del Estado con cualquier grupo criminal.
Si el Estado ha accedido a negociar con un grupo criminal ¿qué impide que negocie con cualquier otro? ¿Por qué no negociar con los narcos colombianos que limiten sus exportaciones a España? ¿Por qué no negociar con la Casa Real marroquí que disminuya las exportaciones de haschisch a España un 50%? ¿Y por que no negociar con los falsificadores de marcas que se limiten a marcas no europeas, por ejemplo?... E incluso todas estas negociaciones estarían mucho más justificadas porque lo que se sentó de ETA en la mesa de negociaciones eran los despojos de la banda, y las otras bandas de delincuentes que hemos mencionado gozan de buena salud…
© Ernesto Milà – infokrisis – infokrisis@yhoo.es – http://www.identitaria.com – http://infokrisis.blogia.com – http://info-krisis.blogspot.com – Prohibida la reproducción de este texto sin indicar origen.
