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jueves, 7 de mayo de 2026

Si todos los problemas fueran tan fáciles de resolver como el de la vivienda… (5 de 5) – Cinco soluciones sencillas

6. Cinco soluciones radicales a un problema grave para el futuro de España

El problema de la vivienda tiene solución. Incluso es una solución sencilla que no puede desvincularse de otros problemas que afronta en estos momentos nuestro país. El que nos haya seguido hasta aquí, habrá intuido por sí mismo, las soluciones al problema. Podemos identificar, como mínimo, cinco:

PRIMERA SOLUCIÓN: REMIGRACIÓN

Empecemos por el “factor social”. Si se construyen menos viviendas de las que implica aumentar cada año la población en 300—400.000 personas, la primera solución que cae por su propio peso es : remigración. Vienen más de los que el mercado laboral puede acoger y, para colmo, vienen sin ningún tipo de preparación. Si bien su mero peso muerto hace aumentar el PIB año tras año, igualmente, al ser completamente improductivos y, más que eso, auténticos lastres para la economía, el PIB per cápita, va disminuyendo. En bruto: sobran entre cinco y siete millones de inmigrantes. O, dicho de otra manera: además del cierre de fronteras a la inmigración ilegal (“llegas ilegalmente, te deportamos rápidamente”), se impone el retorno de inmigrantes improductivos, en paro, y cuyo balance final entre “aportaciones por trabajo” y “recepción de subsidios” sea negativo para la economía nacional. Por supuesto, remigración de delincuentes, tras cumplir pena de prisión: retirada de nacionalidad, si es que la han obtenido, y repatriación y automática tras cumplir una pena. Estas medidas contribuirían a reducir el fenómeno de la okupación, dar garantías a los propietarios para animarlos a lanzar sus viviendas al mercado de alquiler y, simplemente, aumentar la oferta de vivienda, con lo que el precio de la venta y el alquiler bajaría, especialmente en las “zonas tensionadas”. Por otra parte, si alguien se sorprende de la consigna “españoles primero”, debería tomar cursos de lógica y viajar por el mundo. Especialmente, si recordamos que nuestro país, hoy, es el producto del trabajo de las generaciones que nos precedieron: es de lógica, pero también de justicia, que alguien recién llegado, ilegalmente o nacionalizado al cabo de unos años, tenga los mismos derechos que la población cuyos padres y demás antepasados han contribuido a la construcción del país.

SEGUNDA SOLUCIÓN: REDUCCIÓN DE LOS IMPUESTOS

El Estado y sus múltiples escalones burocráticos son responsables de buena parte del aumento del precio de la vivienda. Y es el “factor económico” sobre el que se puede operar fácilmente. La reducción de la inmigración parasitaria generará un ahorro en subvenciones y subsidios que permitiría bajadas drásticas de impuestos. Obviamente, si estas medidas fueran acompañadas de otros tendentes al ahorro en el gasto público (especialmente, reducción de los escalones administrativos, en gastos inútiles y en subsidios a entidades privadas -sindicatos, partidos, ongs- que, en tanto que, privadas, deben vivir de sus cuotas o de los fondos que ellos mismos recauden), debería permitir la reducción de los impuestos que implica la vivienda y su compra, entre el 50y el 70%. Esto, por otra parte, animaría la inversión privada a retornar al sector de la construcción de vivienda pública y, como siempre que se ha hecho, dinamizaría la economía. Hoy sabemos que las políticas “socialistas” a lo Robin Hood en el mejor de los casos (robar a los ricos para dárselo a los pobres… después de apartar la parte de la banda de ladrones) siempre implican la fuga de capitales, la falta de inversión y, en definitiva, etapas de languidez económica y aumento de la deuda pública. Empobrecimiento, en una palabra.

TERCERA SOLUCIÓN: COMPROMISO DE LOS AYUNTAMIENTOS Y SIMPLIFICACIÓN DE LA ADMON.

La burocracia debe racionalizarse al máximo. Lo cual es posible con los actuales avances de la informática y de la Inteligencia Artificial. Los partidos políticos se han convertido en verdaderas agencias de colocación de sus miembros en cargos administrativos que solamente deberían ofertarse por oposición libre. Hay más funcionarios de los necesarios, más niveles de administración de los que requiere la buena gestión (en Cataluña, además de la administración del Estado, de las Diputaciones Provinciales, de la administración autonómica -que quiere reproducir como fotocopia reducida la del Estado- y la administración municipal… para colmo, existen los “consejos comarcales” a los que se han atribuido funciones de muy escasa envergadura que cualquier otro nivel administrativo habría podido asumir. No es raro que Cataluña sea el líder en el Estado de pago de impuestos y que, el objetivo del nacionalismo independentista, sobre todo, sea la “condonación de la deuda pública”). Además, la administración municipal es lenta, farragosa, cara en lo que se refiere a permisos de construcción y plazos de aprobación de obras. Así pues, por sí mismo, se impone una reducción de la burocracia y un aumento de su eficacia: lo que implica que los puestos de funcionarios no pueden ser inamovibles, que todo funcionario que se siente en un despacho público debe de haber alcanzado su puesto por oposición, que a todo funcionario público debe exigírsele el mismo horario que en cualquier otro puesto de trabajo y que, a fin de cuentas, se trata de que en este terreno se racionalice la administración: menor costa y mayor eficacia. Además, los ayuntamientos son propietarios de suelo público. La lógica implica también que, si un ayuntamiento admite empadronar cada año a 2.000 nuevos ciudadanos… deberá liberalizar suelo y facilitar la construcción, como mínimo de entre un tercio y la mitad de viviendas par albergarlos (entre 700 y 1.000 viviendas) y puede hacerlo liberalizando suelo y reduciendo impuestos municipales.

CUARTA SOLUCIÓN: INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Es preciso racionalizar los procesos constructivos al máximo, introduciendo nuevas técnicas de construcción. Los actuales son lentos, exigen mucho personal cualificado, los costes de material son imposibles de detener en tanto que dependen de múltiples factores internacionales. Pero lo que si se puede tender es a la reducción de los tiempos de construcción y estos implica tender a las construcciones modulares, a los prefabricados, a la construcción industrial. Y esto es posible, especialmente en la construcción de viviendas, en un momento en el que escasea el personal cualificado y estamos en vísperas de la revolución de la robótica que, antes o después, penetrará en el sector. Así pues, el aumento en el precio de los materiales, podría compensarse suficientemente con un aumento paralelo de la automatización y la industrialización: la construcción de módulos en talleres no particularmente grandes, fabricados en serie, que luego pueden instalarse como piezas de un “lego” gigantesco, contribuiría a racionalizar las obras, evitar que unos días no se pudiera trabajar a causa del tiempo, que se produjeran la mayor parte de accidentes laborales, o que las viviendas construidas por operarios de poca o nula experiencia y con materiales deficientes, mermaran la calidad de las viviendas.

QUINTA SOLUCIÓN: ELIMINACIÓN DE LOS “PISOS TURÍSTICOS”

Las aplicaciones que tienden al alquiler de viviendas turísticas, simplemente, deberían cerrar. Sin excepción. El sistema anterior de contratación resultaba mucho más equilibrado para evitar los procesos de gentrificación en el centro de las grandes ciudades. Por lo demás, las empresas que se dedican a ese tipo de negocio quedarían forzadas a convertirse en empresas de hostelería convencionales, lo que aumentaría los volúmenes de contratación de personal y las plazas hoteleras, sin competencia desleal. En cuanto a los particulares que desearan alquilar habitaciones, especialmente para estudiantes o trabajadores de paso, simplemente deberían de darse de alta en webs gestionadas por los ayuntamientos. Esta medida, además de contribuir al negocio hotelero y hostelero, generaría puestos de trabajo y, obligaría a particulares y a propietarios, o bien a vender sus pisos o bien a situarlos en el mercado de la vivienda convencional, lo que, unido a las medidas anteriores, contribuiría a restablecer la normalidad del sector e, incluso, a rebajar los precios de la vivienda de propiedad y de alquiler al aumentar drásticamente la oferta.

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Creemos que estas cinco medidas están al alcance de un gobierno dispuesto a solucionar los problemas generados por la vivienda. La izquierda ha planteado este objetivo tomando como señuelos de sus ataques, a elementos muy secundarios y que no dependen más que de la coyuntura (como los ataques a la banca cuyos tipos de interés no los fijan ellos, sino el Banco Central Europeo). Los propios bancos han extraído lecciones de la crisis de las subprime y no están dispuestos a dar hipotecas por el 120% como hace 20 años. Por lo demás, la situación económica del país no permitiría un segundo rescate a la banca como el que realizo Zapatero durante la crisis.

Ninguna de estas medidas es contraproducente para la economía nacional. La remigración masiva solamente generaría una bajada del PIB, pero contribuiría también a que el precio de la vivienda de propiedad y de alquiler, se abaratara. No sería preciso construir tantas viviendas, porque la población del país se habría estabilizado y, a partir de ese momento, si sería ocasión de ofrecer incentivos fiscales a las nuevas parejas que desearan tener hijos. Por otra parte, aunque disminuyera el PIB, el PIB per cápita aumentaría.

Vale la pena meditar sobre el alcance de estas cinco medidas que, indudablemente, no podrían ser implantadas aisladamente, sino como aspectos integrados dentro de un programa de recuperación identitaria y de regeneración económico-social y promovido por un verdadero gobierno de “salvación nacional”.

 

 










Si todos los problemas fueran tan fáciles de resolver como el de la vivienda… (3 de 5) – El alquiler imposible y los procesos de “gentrificación” y “turistificación”

4. La cuestión de los alquileres: la alternativa imposible.

Ahora bien, para aquellos que, por imposibilidad económica o por que su estilo de vida implica desplazamientos y cambios de ubicación, la propiedad de la vivienda no es una necesidad imperiosa, así que utilizaban su alternativa: la posibilidad del alquiler. Esta posibilidad, simplemente, ha desaparecido. Antes se alquilaba porque el precio mensual era más barato que el pago de una hipoteca. Lo hacían especialmente los jóvenes, a la espera de poder ahorrar lo suficiente para comprar una vivienda. O gentes que, por su movilidad laboral o, simplemente, como opción personal, rechazaban el ser propietarios de un piso. Pero el mercado del alquiler, simplemente es hoy prácticamente inaccesible, hasta extremos dramáticos.

A ello han contribuido distintas causas:

1) Incompetencia gubernamental: durante el franquismo eran frecuente los contratos de alquiler de por vida que heredaban hijos y nietos con aumentos de precio mínimos. Pero, durante la transición, la inflación se aproximó en algunos momentos hasta el 30%, obligando a los “Pactos de la Moncloa” para frenar su impacto, con lo cual se produjo un desfase entre los alquileres de “renta antigua” y la realidad económico-social: los beneficiarios de estos alquileres pagaban rentas ridículas y, los propietarios, buscaban “quitárselos de encima”, algo imposible a la vista de las leyes proteccionistas dictadas por el franquismo.

En 1985, con los socialistas en el poder, la Ley Boyer (Real Decreto-Ley 2/1985) marcó un cambio de paradigma en el mercado inmobiliario español al introducir la liberalización de los contratos de alquiler. Sus efectos principales devastadores. El efecto más radical fue la eliminación de la prórroga forzosa para los nuevos contratos. Antes de 1985, los inquilinos tenían derecho a prorrogar el contrato indefinidamente con los precios congelados. La Ley Boyer establecía que la duración del contrato sería pactada libremente por las partes. Se pasó de alquileres vitalicios a contratos con una fecha de finalización clara, frecuentemente de un año o menos. Y si bien es cierto que los precios, momentáneamente, se ajustaron a la realidad del mercado, con el paso del tiempo se fueron imponiendo sus secuelas más infames.

La medida, esperaba ampliar el parque de alquiler (muchos preferían tener pisos vacíos antes que arriesgarse a un inquilino de por vida), pero se generó una mayor inseguridad jurídica y financiera para los arrendatarios. Los inquilinos quedaban expuestos a subidas drásticas de precio o a la no renovación del contrato al finalizar el plazo pactado. Esto provocó una rotación constante de inquilinos, un encarecimiento progresivo del acceso a la vivienda y un deterioro de las mismas viviendas. La medida, en su conjunto, puede ser definida como “tragedia social”, no tanto por su efecto inmediato como por sus secuelas que fueron visibles a cinco años vista.

En 1994, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994, intentó equilibrar de nuevo la balanza estableciendo plazos mínimos obligatorios (entonces de 5 años) para dar estabilidad al inquilino… de ahí que la “inseguridad”, en lugar de ser de un año o menos, pasara a ser quinquenal, dándose el caso de que, en un lustro, las condiciones del mercado podían suponer (no solo para inquilinos, sino también para comercios) una variación radical en el precio, imposible de pagar, especialmente en las grandes ciudades. Esta ha sido la causa de muchos fenómenos deletéreos para la sociedad ante los que el Estado se ha visto impotente o, simplemente, ha dejado a la población al albur de las circunstancias.

Durante el sanchismo, se han ido sucediendo medidas cada vez más absurdas y contraproducentes para tratar de resolver los problemas planteados. En 2023, el gobierno aprobó la Ley de la Vivienda que debía permitir a las administraciones intervenir para controlar los precios del alquiler. Lo esencial de esta ley es la “declaración de zonas tensionadas”, esto es de áreas geográficas —barrio, municipio o distrito— donde el acceso a la vivienda está en riesgo debido a que los precios son excesivos para la población local. Para que una Comunidad Autónoma pueda declarar una zona como tal, debe cumplirse al menos uno de estos dos criterios: Que el coste medio de la hipoteca o el alquiler, sumado a los gastos y suministros básicos (agua, luz, etc.), supere el 30% de los ingresos medios de los hogares de la zona, o que el precio de compra o alquiler haya subido, en los últimos cinco años, al menos 3 puntos porcentuales por encima del IPC acumulado de esa comunidad. Una vez que una zona es declarada oficialmente tensionada (por un periodo inicial de 3 años prorrogables), se aplican el tope al alquiler para grandes tenedores (propietarios de más de 5 o 10 viviendas según la región), para los pequeños propietarios, el precio del nuevo contrato no puede superar la renta del contrato anterior (más la actualización anual correspondiente), el inquilino tiene derecho a solicitar prórrogas anuales de su contrato hasta un máximo de 3 años manteniendo las mismas condiciones, a lo que se unen incentivos fiscales (bonificaciones en el IRPF de hasta el 90% si rebajan el precio del alquiler un 5% respecto al contrato anterior).

Como todas las medidas demagógicas, anunciadas a bombo y platillo por el sanchismo, la repercusión de la Ley de la Viviendo y la declaración de “zonas tensionadas” ha sido la puntilla que ha terminado agravando aún más el problema. Cataluña ha sido la comunidad pionera en aplicar estas zonas. Los resultados tras el primer año muestran que se han perdido de cerca de 60.000 unidades de alquiler habitual en Cataluña. Muchos propietarios han retirado sus pisos del mercado, los han puesto a la venta o los han derivado al alquiler de temporada (habitaciones, meses) para evitar la regulación. El número de nuevos contratos de arrendamiento firmados ha caído a mínimos históricos.

Incluso en zonas no declaradas tensionadas, la ley ha introducido cambios que han alterado el mercado. Incluso un detalle secundario de la ley como la prohibición de cobrar los honorarios de la inmobiliaria al inquilino (ahora los paga el propietario), se ha traducido en un aumento del precio inicial de la renta para compensar el gasto... El endurecimiento de los procesos de desahucio y las prórrogas extraordinarias para personas calificadas como “vulnerables” han generado un “miedo al impago”, provocando que los propietarios exijan requisitos más estrictos (avales, nóminas muy altas). En resumen: la aplicación de esta ley ha provocado un colapso en la oferta de alquiler de larga duración, derivando el mercado hacia modalidades no reguladas.

2) Pisos turísticos y procesos de gentrificación: tras la crisis económica de 2008-2011, apareció el fenómeno de los “pisos turísticos” amparado en simples aplicaciones informáticas creadas para fomentar el turismo al margen de las cadenas hoteleras. Pronto, los propietarios de viviendas se dieron cuenta de que este modelo de negocio les reportaba más beneficios que el simple alquiler, sin riesgos de inseguridad jurídica. Incluso propietarios de pisos de varias habitaciones decidieron incorporarse alquilando temporalmente una parte de su vivienda. Es un modelo flexible de negocio que apenas comporta riesgos. Cada propietario puede aceptar o rechazar una propuesta de alquiler a la vista del historial del aspirante y, paralelamente, éste puede ver las condiciones reales y las opiniones de anteriores inquilinos. Sin embargo, pronto se percibieron los factores más indeseables de este modelo. El “legislador”, como siempre, actuó tarde, tímidamente y mal.

En lugar de regular inmediatamente los alquileres turísticos, inexplicablemente, esperó a que estos se hubieran generalizado e, incluso, cuando los “grandes tenedores” de vivienda entraron en el negocio. El resultado fue que aumentó el turismo, pero empezaron a producirse visibles cambios en las grandes ciudades: el parque de alquiler convencional se retrajo (se gana más alquilando a turistas por una semana que mediante alquileres sometidos a la Ley de Arrendamiento Urbano). Esto provocó una avalancha de “pisos turísticos” cada vez más descontrolados. Además, el hecho de que el “modelo turístico español” se base -especialmente en ciertas regiones- en “turismo de aluvión”, o turismo low cost, joven, con muy escasa educación cívica, sin excesivo respeto por los vecinos, ganas de juerga y alcohol barato (una lata estándar de cerveza barata en el Reino Unido cuesta 3,16 €, mientras que en España, por ese precio pueden comprarse 10 latas de cerveza barata en un super Dia), así como el absoluto descontrol de las policías municipales ha generado el que la vida tranquila se haya convertido en imposible en las zonas turísticas de las grandes ciudades.

Las medidas de control han llegado demasiado tarde, cuando los centros de las grandes ciudades han sido abandonados por los propietarios, comprados por los “grandes tenedores” y convertidos en “pisos turísticos”. A partir del 1 de julio de 2025 (es decir casi ¡¡20 años!! después de que aparecieran en España las apps de “alquiler turístico”), es obligatorio que todas las viviendas de este tipo (VUT) obtengan un número de registro nacional único, sin el cual Airbnb y demás no podrán anunciar pisos sin este código verificado. Ahora, para abrir una nueva VUT en un edificio, se requiere la autorización expresa de la comunidad (voto favorable de 3/5 partes de propietarios y cuotas). Además, los vecinos pueden imponer cuotas de comunidad hasta un 20% superiores para estos pisos… Tarde, muy tarde, rematadamente tarde, porque hoy, muchos edificios del centro de las grandes ciudades ya han sido comprados íntegramente por los grandes tenedores y apenas quedan vecinos habituales o no queda ni uno.

En cuanto a los ayuntamientos están aplicando la “mano dura”. Barcelona ha anunciado un plan para eliminar las licencias de los 10.000 pisos turísticos actuales para finales de 2028, convirtiéndolos de nuevo en viviendas residenciales. Pero no hay que hacerse ilusiones: el ayuntamiento no ha actuado en beneficio de la población, sino de las grandes empresas hoteleras. Lo peor no es eso, sino que Barcelona vive hoy solamente del turismo (incluso los miles de chorizos que operan en la ciudad, llegados con la inmigración, actúan preferentemente sobre el turismo). Un descenso de los pisos turísticos, implicará el que los edificios “colonizados” por alquileres turísticos serán convertidos en hoteles, con lo que no variará nada en esencial; por otra parte, el descenso temporal de plazas turísticas mermará la capacidad económica de la ciudad, con lo que el ayuntamiento, en absoluto dispuesto a rebajar el ritmo de obra pública y de burocracia, no tendrá inconveniente en aumentar multas e impuestos a residentes, para garantizar su propia estabilidad económica y la de su ayuntamiento. El propio Estado ha decidido “resolver” la cuestión de los alquileres turísticos cobran a partir de 2025, el 21% de IVA a los alquileres vacacionales que ofrezcan servicios propios de la hostelería (limpieza periódica, cambio de ropa de cama, recepción).

Si el problema de los “pisos turísticos” ha generado cambios profundos en el centro de las grandes ciudades, peor aún ha sido la llegada masiva de inmigrantes que han colonizado los barrios más baratos, de carácter popular que hasta hace un par de décadas estaban solamente habitados por trabajadores y en los que, actualmente, se dan los mayores porcentajes de inmigración masiva y descontrolada. Son también barrios dejados de la mano de Dios en los que la policía aparece poco, o no aparece y se da rienda suelta, sino a la actuación de los delincuentes, sí al menos a que vivan y realicen sus “negocios” allí.

En grandísima medida este fenómeno está vinculado a la “okupación” de viviendas favorecida, ampliada y facilitada por el gobierno sanchista. En realidad, el sanchismo ha trasladado a la sociedad civil su negligencia en todos los órdenes: habiendo renunciado a la construcción de viviendas de protección oficial solo para inmigrantes y, a la vista, de que los propietarios son muy renuentes a alquilar viviendas que, saben perfectamente que, a partir del primer mes, dejarán de cobrar la mensualidad y los inquilinos se transformarán en “inquiokupas”, alegando cualquier tipo de vulnerabilidad real o supuesta, el Estado ha transferido su obligación constitucional de asegurar el “derecho a la vivienda”, a la sociedad, permitiendo masivamente las okupaciones.

 

En la actualidad, no existe un censo oficial exacto de cuántas personas viven actualmente como "okupas" en España, ya que los datos institucionales miden denuncias (hechos conocidos) y no individuos. No obstante, las cifras más recientes a mayo de 2026 permiten realizar una estimación del fenómeno. Solo en 2025, las fuerzas de seguridad registraron 14.875 denuncias por ocupación ilegal (usurpación y allanamiento), siendo el año anterior 16.426. El descenso se debe, sobre todo, a la seguridad de que, denunciar solamente va a añadir un gasto adicional al problema y cada vez más propietarios optan por otras vías. Se estima que cerca de 23.000 viviendas en el mercado de venta en España tienen constancia de estar ocupadas ilegalmente…

Algunas plataformas de propietarios calculan que podría haber cerca de 80.000 personas habitando viviendas sin título legal en España, incluyendo tanto la "okupación" clásica como la "inquiokupación" (inquilinos que dejan de pagar). Sin embargo, otras cifras, mucho más realistas, indican que 500.000 de personas vivirían en estos momentos en situación de “okupas” en todo el territorio nacional. Cataluña se ha convertido en el paraíso mundial de la “okupación”, concentrando más del 40%. Por supuesto, tanto el gobierno, como las comunidades autónomas más afectadas (Cataluña, Madrid y Andalucía) hacen todo lo posible para evitar dar cifras absolutas y realistas sobre el fenómeno de la okupación ilegal. No se trata, por supuesto, de un olvido fortuito, sino de una negligencia deliberada para evitar que la población conozca la situación real del fenómeno y exija responsabilidades.

Los grupos considerados en “situación de vulnerabilidad económica y social” resultan prácticamente inexpulsables de sus viviendas okupadas ilegalmente. La mera declaración de “vulnerabilidad” permite solicitar la suspensión extraordinaria de un desahucio hasta el 31 de diciembre de 2026. Pero las condiciones para presentarse como “vulnerable” son tan laxas que prácticamente se extienden a toda la población que ejerce “okupación”. Basta con tener un hijo mejor de edad, algún mayor a su cargo o alegar hacer sido víctima de “violencia de género” (incluso con fallos judiciales en contra), personas en situación de dependencia o con enfermedades que incapaciten para trabajar, haber sufrido una pérdida sustancial de ingresos o vivir de pensiones no contributivas, bastan para que los Servicios Sociales emitan informes favorables a la “vulnerabilidad”.

De hecho, a partir de la “regularización masiva” de 2026, los informes sobre “vulnerabilidad”, ni siquiera son realizados por los “servicios sociales” de los ayuntamientos, sino por entidades (los sindicatos comegambas) y ONG “acreditadas” (cuyo negocio depende precisamente de la inmigración masiva). Además, por supuesto, de la Cruz roja, cuya actividad principal en España es la ayuda a la inmigración desde el minuto 1. Así pues ¿qué puede fallar?

Todos estos fenómenos, reunidos, han contribuido a desencadenar un brutal proceso de “gentrificación” en los últimos años. Se llama “gentrificación” al proceso de transformación urbana en el que la población original de un barrio deteriorado o de clase trabajadora es desplazada por otra completamente diferente. Existen gentrificaciones “positivas” (cuando el grupo social que llega es de un nivel económico y cultural superior al que resulta desplazado) y gentrificaciones “negativas” (cuando un grupo, habitualmente extranjero a nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros hábitos de vida y nuestra educación promedio, desplaza a la población que siempre ha tenido un barrio). Estos últimos procesos aumentan siempre a velocidad asindótica: los ciudadanos autóctonos, al verse literalmente rodeados por halógenos, optan por cambiar de barrio.

Estos fenómenos se dan sobre todo en las grandes ciudades (pero también pueblos de tamaño medio), siempre son espontáneos y los vecinos alegan los mismos motivos: no se reconocen en los recién llegados, aumenta la inseguridad ciudadana, las agresiones sexuales se convierten en habituales, la policía deja de garantizar la seguridad, aumenta el tráfico y el consumo de drogas, se producen frecuentes altercados entre grupos de inmigrantes, los servicios sociales se deterioran hasta extremos próximos al colapso, etc, etc, etc.

Esto en lo que se refiere a la “gentrificación negativa”, pero la “gentrificación positiva” tampoco es para echar cohetes. Tras desalojar a los vecinos habituales en estos barrios (a través de muchos procedimientos, entre los que el mobbing es uno de ellos, pero también la compra de las propiedades a precios bajos facilitados por políticas municipales deliberadas (en la Plaza Real, un conocido concejal socialista del ayuntamiento de Barcelona adquirió a bajo precio la mayor parte de los inmuebles en los años 90, literalmente abandonando a la delincuencia la plaza, con lo que los precios bajaron hasta convertirse en auténticos saldos; acto seguido, estando la mayor parte de la zona bajo su propiedad, consiguió que a escasos metros de la Plaza Real, el ayuntamiento instalara una comisaría de policía, simplemente, cruzando las Ramblas. La zona se “dignificó”, la delincuencia fue dispersada, y los pisos pudieron venderse y/o alquilarse a precios de “centro de Barcelona”).

Los negocios locales (fruterías, mercerías) desaparecen y son sustituidos por franquicias o servicios enfocados al nuevo público o al turismo. La “gentrificación” no es exactamente “turistificación”, pero se aproxima y, en la práctica, sus efectos son exactamente los mismos. El desplazamiento es causado por nuevos residentes de diferente nivel económico, mientras la turistificación sería el desplazamiento es causado por la implantación masiva de pisos turísticos. La distinción entre ambos conceptos es casi una pedantería