Miente quien diga que el problema de la vivienda no tiene solución
y miente todavía más quien dice que “el gobierno hace todo lo que puede” para controlar
los precios de la vivienda de propiedad y de alquiler. En realidad, no es que no solamente no hace lo que puede, sino
que las muy escasas medidas que ha adoptado, han sido torpes, ignorantes y han
terminado complicando aún más el tema. Vivienda es otro de esos temas en los
que las políticas de gobierno y oposición deberían de estar unificadas: el tema
es lo suficientemente importante y decisivo para la sociedad como para que se
imponga el sentido común por delante de los intereses partidocráticos. La
función de este artículo es, por una parte, examinar la situación global de la
vivienda en España a fecha de hoy y, en segundo lugar, establecer por qué cada día
que pasa se pone más imposible. Lo que nos llevará, casi directamente, a
establecer algunas líneas para resolverlo.
1. ¡Ah! ¿pero existe una política de la vivienda?
En las anteriores elecciones, el sanchismo todavía creía poder
atraer el voto juvenil. Como en todos los procesos electorales, lanzó las
promesas más absurdas e imposible de cumplir (entre otras cosas por su
desmesura, pero también por la falta de voluntad política). Cuando se
convocaron las elecciones de 2023, ya había margen más que suficiente para
tener la absoluta certidumbre de que Sánchez era un mentiroso compulsivo. Había
accedido al poder con una moción de censura en 2018, tras las elecciones generales de 2019, fue
investido nuevamente en enero de 2020, liderando el primer gobierno de
coalición de la democracia reciente junto a Unidas Podemos. En 2023,
llevaba, por tanto, ejerciendo el poder desde el 2 de junio de 2018 y NI UNA
SOLA de las promesas realizadas en la moción de censura contra Rajoy, se habían
cumplido.
En aquella ocasión, adquirió el compromiso de
lograr una “regeneración democrática”. Palabras. En 2023, ya estaba más que
claro que los aforamientos seguían igual que en los 40 años anteriores, a pesar
de haber prometido acabar con ellos en “60 días”; no digamos en lo que a
lucha contra la corrupción se refiere: en 2016, antes de asumir la presidencia
del Gobierno, se refirió en el debate electoral ‘a cuatro’ del 26 de junio
a ese código ético y a la obligación de “asumir responsabilidades
cuando un político se sienta en el banquillo”. Hoy sabemos que, a los
imputados, o se les da una patada para arriba, o se les busca abogado o se hace
gala del “derecho a la presunción de inocencia”, incluso con condenas en firme.
Y, si se trata de condenados por las máximas instancias judiciales, se les
indulta y en paz. Por no hablar de las promesas de campaña del partido de
reducir a dos los mandatos presidentes (Sánchez va por el ternero e insiste en
su intención de concurrir como candidato en las próximas elecciones
generales. Tras reprochar a Rajoy abusar de reales decretos ley, en 2025
estaba más claro que Sánchez era, con mucho, el presidente que más decretos
había firmado (155 en 7 años, contra 129 de Felipe González en 14 años, los 127
de José María Aznar, los 108 de José Luis Rodríguez Zapatero y los 107 de Rajoy
en siete años). En 2018 también sostenía el “compromiso” de “unos servicios
públicos de información y, por tanto, una RTVE que no esté al albur ni al
dictado de ningún Gobierno ni de ningún partido”… pero, desde el primer momento
convirtió a RTVE en un mero instrumento mediático al servicio de sí mismo. Y
todavía estaba por llegar los giros copernicanos que ha ido dando a su política
exterior, por no hablar de los casos de corrupción que ya pueden considerarse
como patrimonio indisoluble de su período de gobierno…
Por tanto, no era de extrañar que también en el
terreno de la vivienda, sus promesas electorales, realizadas a lo largo de la
campaña electoral de 2023, fueran papel mojado. Básicamente, en aquella ocasión
las promesas se centraron en construir un gran volumen de inmuebles… para
facilitar el acceso a los jóvenes. Las cifras fueron variando a medida que se
aproximaba la fecha de las elecciones: desde 183.000 hasta un cuarto de millón. Solamente en la “Operación Campamento” prometió
construir 10.700 viviendas públicas y asequibles en terrenos militares en
desuso. Tras años después, exactamente el 12 de enero de 2026, Sánchez se
fotografió delante de un tractor que inició los trabajos de demolición del
antiguo acuartelamiento "Teniente Muñoz Castellanos" en Madrid… que,
tras la foto, prosiguieron con inusitada lentitud. Se prevé que las “primeras
viviendas” se entregarán en 2028, si es que se entregan, esto es, después de
las próximas elecciones generales…
En cuanto a los “Avales del ICO para hipotecas”
que debían cubrir hasta el 20% de la hipoteca de jóvenes menores de 35 años y
familias con menores a cargo, no ha ido mucho mejor. No se trata de una
deducción, ni siquiera de un préstamo, sino de un simple “aval” que obliga al
usuario -el joven en busca de una vivienda- a pedir el 100% de la hipoteca, con
lo que la deuda es significativamente mayor, lo que resulta en cuotas mensuales
más altas durante 20, 25 o 30 años… lo que conlleva pagar más intereses totales
al banco en comparación con una hipoteca estándar (del 80%). Regalo
envenenado, le llaman… Por cierto, para acceder, uno de los requisitos más
estrictos es “haber permanecido en España durante dos años”, lo que permite
entender que, puestos a competir en necesidades, las familias inmigrantes con
varios hijos, tienen prioridad sobre cualquier otro aspirante. La norma se
dictó cuando ya era del dominio público que la inmigración tiene entre dos y
tres veces más hijos (por tanto, más necesidades y, por eso mismo, prioridad
absoluta) que las familias de origen español (con menos de un hijo por término
medio).
Pero, quizás, la promesa más torpe fue el
compromiso a consolidar y reforzar esta ayuda directa de 250 euros mensuales
para facilitar la emancipación: lo que se conoce como Bono de Alquiler Joven.
Cuando se realizó la promesa, el gobierno socialista de Zapatero ya había implementado
un subsidio al alquiler, mientras Carmen Chacón era ministra de la vivienda, cuyo
resultado hacía sido nefasto: los 200 euros de subvención se tradujeron
desde el mismo día de establecimiento de la norma, en 200 euros de subida de
los alquileres. Y, por lo demás, también aquí se establecieron “prioridades”
que suponían una “discriminación positiva” para la inmigración (y, por tanto,
una “discriminación negativa” para los autóctonos).
Pero, donde las promesas de Sánchez están más
lejos de cumplirse es en el objetivo de elevar el parque de vivienda pública en
España hasta el 20%, para aproximarlo a la media de los países europeos más
avanzados en esta materia. Aquí y ahora, el parque de vivienda pública en
España apenas representa entre el 2% y el 3,3% del total. Llegar al estándar del 20% de países como
Dinamarca o Suecia, o al 30% de Países Bajos, requeriría construir o movilizar
más de un millón de viviendas adicionales. Hoy, España cuenta con
aproximadamente 318.000 viviendas públicas. La principal causa de este bajo
porcentaje histórico ha sido la “desprotección automática” de las VPO, que
pasaban al mercado libre tras unos años.
Y es que, aquí y ahora, España invierte unos 34
euros por habitante en vivienda, cuatro veces menos que la media europea. Y, si bien es cierto que, en 2026, el 20% de las
viviendas iniciadas en España son protegidas (un aumento significativo respecto
al 15% anterior), este ascenso se debe a que el número de viviendas
construidas por empresas privadas ha descendido notablemente y está muy por
debajo de las necesidades.
En 2025 se terminaron 110.000 viviendas terminadas,
manteniendo la tendencia al alza del año anterior, prácticamente lo mismo que
el año anterior y en 2023 se terminaron 88.230 viviendas aproximadamente (un
11,7% menos que en 2024). La media de pisos entregados durante los años del
sanchismo indica que la población crece a mucha más velocidad que la
construcción de viviendas públicas y privadas: anualmente, para satisfacer la
demanda, hacen falta construir entre 150.000 y 200.000 viviendas anuales para
equilibrar el mercado…
Realicemos alguna comparación: en el año 2000,
se terminaron 433.000 viviendas aproximadamente. De estas, la inmensa
mayoría correspondieron a la iniciativa privada, ya que el peso de la vivienda
protegida (VPO) empezó a descender drásticamente a finales de los 90. Al año
siguiente ascendió a 450.000 unidades y en el 2003 se alcanzó un hito histórico
al superarse por primera vez las 600.000 viviendas en construcción simultánea.
A pesar de esto, durante ese período el precio de
la vivienda se disparó (hasta la explosión de la burbuja inmobiliaria y la
crisis de las hipotecas ya en el período zapaterista). Más adelante
explicaremos el motivo.
