4. La cuestión de los alquileres: la alternativa imposible.
Ahora bien, para aquellos que, por imposibilidad económica o por que
su estilo de vida implica desplazamientos y cambios de ubicación, la propiedad
de la vivienda no es una necesidad imperiosa, así que utilizaban su
alternativa: la posibilidad del alquiler. Esta posibilidad, simplemente, ha
desaparecido. Antes se alquilaba porque el precio mensual era más barato que
el pago de una hipoteca. Lo hacían especialmente los jóvenes, a la espera
de poder ahorrar lo suficiente para comprar una vivienda. O gentes que, por su
movilidad laboral o, simplemente, como opción personal, rechazaban el ser
propietarios de un piso. Pero el mercado del alquiler, simplemente es hoy prácticamente
inaccesible, hasta extremos dramáticos.
A ello han contribuido distintas causas:
1) Incompetencia gubernamental: durante
el franquismo eran frecuente los contratos de alquiler de por vida que
heredaban hijos y nietos con aumentos de precio mínimos. Pero, durante la
transición, la inflación se aproximó en algunos momentos hasta el 30%,
obligando a los “Pactos de la Moncloa” para frenar su impacto, con lo cual se
produjo un desfase entre los alquileres de “renta antigua” y la realidad
económico-social: los beneficiarios de estos alquileres pagaban rentas
ridículas y, los propietarios, buscaban “quitárselos de encima”, algo imposible
a la vista de las leyes proteccionistas dictadas por el franquismo.
En 1985, con los socialistas en el poder, la Ley Boyer (Real Decreto-Ley 2/1985) marcó un
cambio de paradigma en el mercado inmobiliario español al introducir la
liberalización de los contratos de alquiler. Sus efectos principales devastadores. El efecto más radical fue la eliminación de la prórroga
forzosa para los nuevos contratos. Antes de 1985, los inquilinos tenían
derecho a prorrogar el contrato indefinidamente con los precios congelados. La
Ley Boyer establecía que la duración del contrato sería pactada libremente por las
partes. Se pasó de alquileres vitalicios a contratos con una fecha de
finalización clara, frecuentemente de un año o menos. Y si bien es cierto que
los precios, momentáneamente, se ajustaron a la realidad del mercado, con el
paso del tiempo se fueron imponiendo sus secuelas más infames.
La medida, esperaba ampliar el parque de alquiler
(muchos preferían tener pisos vacíos antes que arriesgarse a un inquilino de
por vida), pero se generó una mayor inseguridad jurídica y financiera para
los arrendatarios. Los inquilinos quedaban expuestos a subidas drásticas de
precio o a la no renovación del contrato al finalizar el plazo pactado. Esto
provocó una rotación constante de inquilinos, un encarecimiento progresivo del
acceso a la vivienda y un deterioro de las mismas viviendas. La medida, en
su conjunto, puede ser definida como “tragedia social”, no tanto por su efecto
inmediato como por sus secuelas que fueron visibles a cinco años vista.
En 1994, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de
1994, intentó equilibrar de nuevo la balanza estableciendo plazos mínimos
obligatorios (entonces de 5 años) para dar estabilidad al inquilino… de ahí que
la “inseguridad”, en lugar de ser de un año o menos, pasara a ser quinquenal,
dándose el caso de que, en un lustro, las condiciones del mercado podían
suponer (no solo para inquilinos, sino también para comercios) una variación
radical en el precio, imposible de pagar, especialmente en las grandes ciudades.
Esta ha sido la causa de muchos fenómenos deletéreos para la sociedad ante los
que el Estado se ha visto impotente o, simplemente, ha dejado a la población al
albur de las circunstancias.
Durante el sanchismo, se han ido sucediendo medidas
cada vez más absurdas y contraproducentes para tratar de resolver los problemas
planteados. En 2023, el gobierno aprobó
la Ley de la Vivienda que debía permitir a las administraciones intervenir para
controlar los precios del alquiler. Lo esencial de esta ley es la “declaración
de zonas tensionadas”, esto es de áreas geográficas —barrio, municipio o
distrito— donde el acceso a la vivienda está en riesgo debido a que los precios
son excesivos para la población local. Para que una Comunidad Autónoma
pueda declarar una zona como tal, debe cumplirse al menos uno de estos dos
criterios: Que el coste medio de la hipoteca o el alquiler, sumado a los gastos
y suministros básicos (agua, luz, etc.), supere el 30% de los ingresos medios
de los hogares de la zona, o que el precio de compra o alquiler haya subido, en
los últimos cinco años, al menos 3 puntos porcentuales por encima del IPC
acumulado de esa comunidad. Una vez que una zona es declarada oficialmente
tensionada (por un periodo inicial de 3 años prorrogables), se aplican el tope
al alquiler para grandes tenedores (propietarios de más de 5 o 10 viviendas según
la región), para los pequeños propietarios, el precio del nuevo contrato no
puede superar la renta del contrato anterior (más la actualización anual
correspondiente), el inquilino tiene derecho a solicitar prórrogas anuales de
su contrato hasta un máximo de 3 años manteniendo las mismas condiciones, a lo
que se unen incentivos fiscales (bonificaciones en el IRPF de hasta el 90% si
rebajan el precio del alquiler un 5% respecto al contrato anterior).
Como todas las medidas demagógicas, anunciadas a
bombo y platillo por el sanchismo, la repercusión de la Ley de la Viviendo y la
declaración de “zonas tensionadas” ha sido la puntilla que ha terminado
agravando aún más el problema. Cataluña ha sido la comunidad pionera en
aplicar estas zonas. Los resultados tras el primer año muestran que se han perdido
de cerca de 60.000 unidades de alquiler habitual en Cataluña. Muchos
propietarios han retirado sus pisos del mercado, los han puesto a la venta o
los han derivado al alquiler de temporada (habitaciones, meses) para evitar la
regulación. El número de nuevos contratos de arrendamiento firmados ha caído
a mínimos históricos.
Incluso en zonas no declaradas tensionadas, la ley
ha introducido cambios que han alterado el mercado. Incluso un detalle
secundario de la ley como la prohibición de cobrar los honorarios de la
inmobiliaria al inquilino (ahora los paga el propietario), se ha traducido en
un aumento del precio inicial de la renta para compensar el gasto... El
endurecimiento de los procesos de desahucio y las prórrogas extraordinarias
para personas calificadas como “vulnerables” han generado un “miedo al impago”,
provocando que los propietarios exijan requisitos más estrictos (avales,
nóminas muy altas). En resumen: la aplicación de esta ley ha provocado un colapso
en la oferta de alquiler de larga duración, derivando el mercado hacia
modalidades no reguladas.
2) Pisos turísticos y procesos de gentrificación: tras la crisis económica de 2008-2011, apareció el fenómeno de
los “pisos turísticos” amparado en simples aplicaciones informáticas creadas
para fomentar el turismo al margen de las cadenas hoteleras. Pronto, los
propietarios de viviendas se dieron cuenta de que este modelo de negocio les
reportaba más beneficios que el simple alquiler, sin riesgos de inseguridad
jurídica. Incluso propietarios de pisos de varias habitaciones decidieron incorporarse
alquilando temporalmente una parte de su vivienda. Es un modelo flexible de
negocio que apenas comporta riesgos. Cada propietario puede aceptar o rechazar
una propuesta de alquiler a la vista del historial del aspirante y,
paralelamente, éste puede ver las condiciones reales y las opiniones de
anteriores inquilinos. Sin embargo, pronto se percibieron los factores más
indeseables de este modelo. El “legislador”, como siempre, actuó tarde,
tímidamente y mal.
En lugar de regular inmediatamente los alquileres turísticos,
inexplicablemente, esperó a que estos se hubieran generalizado e, incluso,
cuando los “grandes tenedores” de vivienda entraron en el negocio. El resultado fue que aumentó el turismo, pero empezaron a
producirse visibles cambios en las grandes ciudades: el parque de alquiler convencional
se retrajo (se gana más alquilando a turistas por una semana que mediante alquileres
sometidos a la Ley de Arrendamiento Urbano). Esto provocó una avalancha de “pisos
turísticos” cada vez más descontrolados. Además, el hecho de que el “modelo
turístico español” se base -especialmente en ciertas regiones- en “turismo de
aluvión”, o turismo low cost, joven, con muy escasa educación cívica, sin excesivo
respeto por los vecinos, ganas de juerga y alcohol barato (una lata estándar de
cerveza barata en el Reino Unido cuesta 3,16 €, mientras que en España, por ese
precio pueden comprarse 10 latas de cerveza barata en un super Dia), así
como el absoluto descontrol de las policías municipales ha generado el que la
vida tranquila se haya convertido en imposible en las zonas turísticas de las
grandes ciudades.
Las medidas de control han llegado demasiado tarde, cuando los
centros de las grandes ciudades han sido abandonados por los propietarios,
comprados por los “grandes tenedores” y convertidos en “pisos turísticos”. A partir del 1 de
julio de 2025 (es decir casi ¡¡20 años!! después de que aparecieran en
España las apps de “alquiler turístico”), es obligatorio que todas las
viviendas de este tipo (VUT) obtengan un número de registro nacional único, sin
el cual Airbnb y demás no podrán anunciar pisos sin este código verificado. Ahora,
para abrir una nueva VUT en un edificio, se requiere la autorización expresa de
la comunidad (voto favorable de 3/5 partes de propietarios y cuotas). Además,
los vecinos pueden imponer cuotas de comunidad hasta un 20% superiores para
estos pisos… Tarde, muy tarde, rematadamente tarde, porque hoy, muchos
edificios del centro de las grandes ciudades ya han sido comprados íntegramente
por los grandes tenedores y apenas quedan vecinos habituales o no queda ni uno.
En cuanto a los ayuntamientos están aplicando la “mano
dura”. Barcelona ha anunciado un plan para eliminar las licencias de los 10.000
pisos turísticos actuales para finales de 2028, convirtiéndolos de nuevo en
viviendas residenciales. Pero no hay que hacerse ilusiones: el ayuntamiento no
ha actuado en beneficio de la población, sino de las grandes empresas
hoteleras. Lo peor no es eso, sino que Barcelona vive hoy solamente del turismo
(incluso los miles de chorizos que operan en la ciudad, llegados con la
inmigración, actúan preferentemente sobre el turismo). Un descenso de los pisos
turísticos, implicará el que los edificios “colonizados” por alquileres turísticos
serán convertidos en hoteles, con lo que no variará nada en esencial; por otra
parte, el descenso temporal de plazas turísticas mermará la capacidad económica
de la ciudad, con lo que el ayuntamiento, en absoluto dispuesto a rebajar el
ritmo de obra pública y de burocracia, no tendrá inconveniente en aumentar
multas e impuestos a residentes, para garantizar su propia estabilidad
económica y la de su ayuntamiento. El propio Estado ha decidido “resolver”
la cuestión de los alquileres turísticos cobran a partir de 2025, el 21% de IVA
a los alquileres vacacionales que ofrezcan servicios propios de la hostelería
(limpieza periódica, cambio de ropa de cama, recepción).
Si el problema de los “pisos turísticos” ha
generado cambios profundos en el centro de las grandes ciudades, peor aún ha
sido la llegada masiva de inmigrantes que han colonizado los barrios más
baratos, de carácter popular que hasta hace un par de décadas estaban solamente
habitados por trabajadores y en los que, actualmente, se dan los mayores
porcentajes de inmigración masiva y descontrolada. Son también barrios
dejados de la mano de Dios en los que la policía aparece poco, o no aparece y
se da rienda suelta, sino a la actuación de los delincuentes, sí al menos a que
vivan y realicen sus “negocios” allí.
En grandísima medida este fenómeno está vinculado
a la “okupación” de viviendas favorecida, ampliada y facilitada por el gobierno
sanchista. En realidad, el sanchismo ha trasladado a la sociedad civil su
negligencia en todos los órdenes: habiendo renunciado a la construcción de viviendas
de protección oficial solo para inmigrantes y, a la vista, de que los
propietarios son muy renuentes a alquilar viviendas que, saben perfectamente
que, a partir del primer mes, dejarán de cobrar la mensualidad y los inquilinos
se transformarán en “inquiokupas”, alegando cualquier tipo de vulnerabilidad
real o supuesta, el Estado ha transferido su obligación constitucional de
asegurar el “derecho a la vivienda”, a la sociedad, permitiendo masivamente las
okupaciones.
En la actualidad, no existe un censo oficial
exacto de cuántas personas viven actualmente como "okupas" en España,
ya que los datos institucionales miden denuncias (hechos conocidos) y no
individuos. No obstante, las cifras más recientes a mayo de 2026 permiten
realizar una estimación del fenómeno. Solo en 2025, las fuerzas de seguridad
registraron 14.875 denuncias por ocupación ilegal (usurpación y allanamiento),
siendo el año anterior 16.426. El descenso se debe, sobre todo, a la
seguridad de que, denunciar solamente va a añadir un gasto adicional al
problema y cada vez más propietarios optan por otras vías. Se estima que cerca
de 23.000 viviendas en el mercado de venta en España tienen constancia de estar
ocupadas ilegalmente…
Algunas plataformas de propietarios calculan que
podría haber cerca de 80.000 personas habitando viviendas sin título legal en
España, incluyendo tanto la "okupación" clásica como la
"inquiokupación" (inquilinos que dejan de pagar). Sin embargo, otras
cifras, mucho más realistas, indican que 500.000 de personas vivirían en estos
momentos en situación de “okupas” en todo el territorio nacional. Cataluña se ha convertido en el paraíso mundial
de la “okupación”, concentrando más del 40%. Por supuesto, tanto el
gobierno, como las comunidades autónomas más afectadas (Cataluña, Madrid y
Andalucía) hacen todo lo posible para evitar dar cifras absolutas y realistas
sobre el fenómeno de la okupación ilegal. No se trata, por supuesto, de un
olvido fortuito, sino de una negligencia deliberada para evitar que la
población conozca la situación real del fenómeno y exija responsabilidades.
Los grupos considerados en “situación de vulnerabilidad
económica y social” resultan prácticamente inexpulsables de sus viviendas okupadas
ilegalmente. La mera declaración de “vulnerabilidad” permite solicitar la suspensión
extraordinaria de un desahucio hasta el 31 de diciembre de 2026. Pero las
condiciones para presentarse como “vulnerable” son tan laxas que prácticamente
se extienden a toda la población que ejerce “okupación”. Basta con tener un
hijo mejor de edad, algún mayor a su cargo o alegar hacer sido víctima de “violencia
de género” (incluso con fallos judiciales en contra), personas en situación de dependencia
o con enfermedades que incapaciten para trabajar, haber sufrido una pérdida
sustancial de ingresos o vivir de pensiones no contributivas, bastan para que
los Servicios Sociales emitan informes favorables a la “vulnerabilidad”.
De hecho, a partir de la “regularización masiva”
de 2026, los informes sobre “vulnerabilidad”, ni siquiera son realizados por
los “servicios sociales” de los ayuntamientos, sino por entidades (los
sindicatos comegambas) y ONG “acreditadas” (cuyo negocio depende precisamente
de la inmigración masiva). Además, por supuesto, de la Cruz roja, cuya actividad
principal en España es la ayuda a la inmigración desde el minuto 1. Así pues
¿qué puede fallar?
Todos estos fenómenos, reunidos, han contribuido a
desencadenar un brutal proceso de “gentrificación” en los últimos años. Se llama “gentrificación” al proceso de
transformación urbana en el que la población original de un barrio deteriorado
o de clase trabajadora es desplazada por otra completamente diferente. Existen
gentrificaciones “positivas” (cuando el grupo social que llega es de un nivel económico
y cultural superior al que resulta desplazado) y gentrificaciones “negativas”
(cuando un grupo, habitualmente extranjero a nuestra identidad, nuestra
cultura, nuestros hábitos de vida y nuestra educación promedio, desplaza a la
población que siempre ha tenido un barrio). Estos últimos procesos aumentan
siempre a velocidad asindótica: los ciudadanos autóctonos, al verse literalmente
rodeados por halógenos, optan por cambiar de barrio.
Estos fenómenos se dan sobre todo en las grandes
ciudades (pero también pueblos de tamaño medio), siempre son espontáneos y los
vecinos alegan los mismos motivos: no se reconocen en los recién llegados,
aumenta la inseguridad ciudadana, las agresiones sexuales se convierten en
habituales, la policía deja de garantizar la seguridad, aumenta el tráfico y el
consumo de drogas, se producen frecuentes altercados entre grupos de
inmigrantes, los servicios sociales se deterioran hasta extremos próximos al
colapso, etc, etc, etc.
Esto en lo que se refiere a la “gentrificación
negativa”, pero la “gentrificación positiva” tampoco es para echar cohetes. Tras
desalojar a los vecinos habituales en estos barrios (a través de muchos
procedimientos, entre los que el mobbing es uno de ellos, pero también
la compra de las propiedades a precios bajos facilitados por políticas
municipales deliberadas (en la Plaza Real, un conocido concejal socialista
del ayuntamiento de Barcelona adquirió a bajo precio la mayor parte de los
inmuebles en los años 90, literalmente abandonando a la delincuencia la plaza, con
lo que los precios bajaron hasta convertirse en auténticos saldos; acto seguido,
estando la mayor parte de la zona bajo su propiedad, consiguió que a escasos
metros de la Plaza Real, el ayuntamiento instalara una comisaría de policía,
simplemente, cruzando las Ramblas. La zona se “dignificó”, la delincuencia fue
dispersada, y los pisos pudieron venderse y/o alquilarse a precios de “centro
de Barcelona”).
Los negocios locales (fruterías, mercerías)
desaparecen y son sustituidos por franquicias o servicios enfocados al nuevo
público o al turismo. La “gentrificación” no es exactamente “turistificación”,
pero se aproxima y, en la práctica, sus efectos son exactamente los mismos.
El desplazamiento es causado por nuevos residentes de diferente nivel económico,
mientras la turistificación sería el desplazamiento es causado por la
implantación masiva de pisos turísticos. La distinción entre ambos conceptos es
casi una pedantería
