Info|krisis.- En un artículo estamos siempre obligados a esquematizar. En el fondo una esquematización no es más que una simplificación que no se aparta de la realidad, a diferencia de una “idealización” que es una esquematización desmesuradamente favorable que persigue algún fin, o de una “demonización” que es justo lo mismo pero en sentido denigratorio. Lo que cuenta siempre es la realidad objetiva antes que cualquier tipo de idealización o de demonización.
Y la realidad objetiva dice que hay dos elementos que son dominantes en el panorama político español: de un lado, los cuatro partidos mayoritarios han sentenciado indubitablemente la muerte del “estado del bienestar” y de otro llevan casi cuatro décadas glorificando al llamado “estado de las autonomías”. No lo dicen explícitamente pero su intención es liquidar el “estado del bienestar” y “completar”, “perfeccionar” o “profundizar” en el “estado de las autonomías”.
Se tiene tendencia a decir que el “estado del bienestar” es caro de mantener, que genera injusticias sociales y parasitismo, que es inviable a la vista de que la pirámide demográfica juega en su contra y que nos tenemos que hacer a la idea de que tenderá a desaparecer. Nunca volverán sistemas de seguridad social que impliquen medicamentos gratuitos, que garanticen la revalorización de las pensiones por encima del aumento del coste de la vida y que deberemos habituarnos a ver reducidas progresivamente las prestaciones y los servicios sociales: si alguien quiere algún servicio más allá de los mínimos y si lo quiere de calidad, que se lo pague, tal es el mensaje de los apóstoles del liberalismo extremo que han encontrado en los socialdemócratas a sus cómplices ideales en su tarea de liquidar el modelo de Estado surgido desde la primera mitad del siglo XX –hay que decirlo- desde que entre Henry Ford creó el Ford T y Hitler impulsó el Volkswagen… Luego, en la segunda mitad del siglo, con la aplicación de las políticas keynesianas el “estado del bienestar” creció y, aunque lo hizo de manera desigual, en toda Europa se instauró un modelo de Estado que anteponía la seguridad y el bienestar de los ciudadanos a cualquier otro principio. En España, fueron los años 60 en los que la seguridad social, la jubilación y la educación tomaron cuerpo junto a otros elementos propios del desarrollo de la época (la industrialización y la creación de infraestructuras).
Pero luego, a partir de que se afirmara el neo-liberalismo (primero a partir del ensayo chileno con la Escuela de Chicago instalada allí, luego a partir del binomio Tatcher-Reagan en los 80 y, finalmente a partir de la globalización en los 90), la progresiva disminución del estado del bienestar se hizo al ritmo que lo permitían los intereses electorales de los partidos de gobierno. Hoy, la ideología dominante da por finiquitada la época en la que el “estado del bienestar” e incluso en las tertulias y los debates nadie se atreve ni siquiera a cuestionarlo a pesar de que la inmensa mayoría de la población es quien debería desear su mantenimiento. De todas formas el impacto de los medios de comunicación social a merced de los grupos mediáticos y de los consorcios financieros es tal que el elector ya no le importa siquiera votar a quienes les han asegurado que van a restarle derechos y beneficios sociales…
La cuestión es si es cierto que el “estado del bienestar” es inviable. En realidad, si se ha mantenido durante unos años, no debería de serlo. Además se da otra circunstancias, el Estado dilapida recursos y medio progresivamente que no benefician al ciudadano sino a la clase política dirigentes. Así pues, la alternativa sería: si en las actuales circunstancias es inviable el “estado de las autonomías” esto ocurre porque una clase política depredadora quiere un enriquecimiento rápido y lo obtiene solamente en la medida en que sus intereses coinciden con los de la alta finanza internacional de la que, a fin de cuentas y en última instancia la clase política son sus perros de presa.
Estamos en tiempos de crisis y el presupuesto del Estado no da para todo: sería, desde que Platón escribiera la República, la primera vez que una clase política renuncia a un privilegio o a un ventaja, así que no podemos pensar que van a renunciar a nada de lo que tienen (fundamentalmente a las llaves de la caja y a repartirse el presupuesto y las comisiones como quieren y por tiempo indefinido) para practicar “políticas sociales”. Así que es imposible desvincular el “rescate” del “estado del bienestar” de una reforma general del aparato del Estado y de la moral de la clase política.
¿Por qué la clase política dice que el “estado del bienestar” es caro y no se puede mantener? Porque antepone sus intereses de casta a los intereses populares. ¿Cómo logra desviar ingentes cantidades de dinero hacia sus bolsillos, fondos que podrían ser utilizados en servicios sociales y en reforzar el bienestar de la población? Respuesta: muy sencillo, multiplicando las estructuras parasitarias del Estado y los niveles administrativos y creando al frente de los miles y miles de pequeñas oficinitas y centros minúsculos de decisión a miembros de la clase política (o a cuñados, sobrinos, hijos, testaferros, etc.). Así pues, una reforma general del Estado implica, sobre todo, una reforma de la administración y una eliminación drástica de los niveles administrativos. Uno de ellos particularmente…
Desde 1979 no hay absolutamente nada que sea más gravoso para el Estado que las Autonomías. En aquella época vivíamos todavía la resaca del jacobinismo franquista (extraño jacobinismo puesto que esta doctrina fue fruto de la revolución francesa de 1789 cuyos valores el franquismo no compartía y mucho más exótico aún si tenemos en cuenta que una de las fuerzas políticas que apoyaron al franquismo fue el carlismo cuyo foralismo iba en contra de la homogeneización jacobina… pero esta es otra historia) y se consideraba que cualquier cosa que acercara la administración al ciudadano era positiva y había que aceptarla. Además en Catalunya, Euzkadi y Galicia existían partidos nacionalistas y estatutos de autonomía históricos que se reimplantaron (también en buena medida como revanchismo y también para enlazar con la “legitimidad” republicana anterior). El problema vino cuando UCD implantó el “café para todos” y extendió a todas las regiones el modelo autonómico. Eso fue el origen del “Estado de las Autonomías” cuyas excelencias no han ido cantando durante todas las décadas en las que iba aumentando el gasto público, pero ¡no en dirección al bienestar social sino en la creación de ese nuevo escalón autonómico que se unía a las Diputaciones Provinciales residuo decimonónico desprovisto prácticamente de funciones pero con excedentes funcionariales interminables!
Ahora estamos en un momento en que al déficit del Estado se le une el déficit de los ayuntamientos, el de las comunidades autonómicas, el déficit de las diputaciones y el déficit de las empresas y de las familias… demasiado déficit para una sociedad cada vez más triturada por los impuestos y cada vez más abocada al paro y a la precariedad. Así pues, es necesario ELIMINAR ESCALONES ADMINISTRATIVOS.
A nadie se le escapa que las Diputaciones Provinciales carecen de funciones precisas y las que poseen en la actualidad podrían ser perfectamente asumidas por las Delegaciones del Gobierno. Sobran. Es cierto que su liquidación entrañaría no menos de 100.000 funcionarios en la calle entre contratados, fijos y, sobre todo, asesores y titulares. Es conocido que los segundas y terceras filas de los partidos políticos, sin muchas luces y con exceso de ambiciones son destinados a estas canonjías en donde tienen hueso que roer y presupuesto que esquilmar durante años. Sobran y nadie llorará –salvo la clase política- cuando se disuelvan.
Pero eso no bastaría para simplificar la administración. Hay otro escalón que hoy ya es lícito cuestionar sin que nadie sospeche de tentaciones jacobinas. Las autonomías. Diecisiete autonomías son muchas autonomías, y cada una de ellas se configura como un pequeño Estado dentro del Estado. Demasiado para 40 millones de personas y demasiado para nuestro momento histórico marcado a fuego por la crisis económica y la corrupción. La lógica, hace unos años, cuando se podía, se hubieran reducido el número de autonomías: ¿qué sentido tienen autonomías uniprovinciales como Murcia, Madrid o Cantabria? ¿O qué puede justificar el que Ceuta y Melilla estén separadas de la autonomía Valenciana? Hubiera sido traumático quizás para algunas taifas autonómicas, pero hubiera agilizado y aligerado mucho el aparato autonómico del Estado si en lugar de 17 se hubieran reducido, por ejemplo, a 10. Hoy, ni siquiera esto es posible.
Hoy el nivel de la deuda autonómica es tal que supone más de la mitad de la deuda total del país. Los “recortes” que las autonomías realizan apenas son mera cosmética: se despiden a los contratados prescindibles (se sustituyen por becarios) y se mantiene al aparato central de nepotismo, enchufismo y amiguismo… Ya se ha visto y no funciona. Cuando las curas paliativas de una úlcera no funcionan, es preciso sajar y amputar el miembro. Tal es la única alternativa viable en la actualidad: liquidar por la vía de apremio el Estado de las Autonomías, que el Estado recupere de nuevo las competencias que descentralizó, que las siga manteniendo descentralizadas, pero sin la existencia de 17 pequeños parlamentitos que “legislan” minucias y fruslerías sin interés, 17 pequeños gobiernos autonómicos, 17 aparatos mediáticos de comunicación pagados por los ciudadanos, todos ellos pequeñitos, redonditos y deficitarios, y 17 fotocopias reducidas del Estado. Ya hemos visto su utilidad y su techo: generan más problemas que otra cosa. Complican la tramitación de expedientes porque han sustituido (y Catalunya en esto es paradigmática, el “centralismo madrileño” por el centralismo de la capital autonómica elevado a la enésima potencia). Y son caros: nunca tanta falla dio tan poco chispa.
De hecho, lo único que le debería de interesar mantener al ciudadano es el “estado del bienestar” porque él es el beneficiario. Y si hay que prescindir de algo, es bueno que el ciudadano, anestesiado por el “Sálvame”, narcotizado por el bombardeo de información, desmovilizado por su propio aluvión de problemas, tome la palabra y defienda “lo suyo”, antes que lo “de otros”: y lo de otros es el “Estado de la Autonomías”, son las Diputaciones Provinciales, es el entramado parasitario creado desde 1978 por los gestores del régimen y que hace necesario arrinconar poco a poco el “estado del bienestar” porque, como “los inmortales”, al final solamente puede sobrevivir uno. Y de lo que se trata es que ese “uno” sea la sociedad, no la clase política.
Por eso, recomendaríamos a todos nuestros amigos y a todos aquellos ciudadanos a los que les quede algo de sentido común como para no actuar contra sí mismos (quien lo hace, semánticamente, es un “gilipollas” en su sentido pristino y originario) les animamos a denunciar el carácter deletéreo y despilfarrador de las autonomías y de todo lo que viaja con ellas, incluido ese bagaje emotivo y sentimental propagado por los nacionalismos, y exigir de una vez por todas que la necesario REGENERACIÓN DEL ESTADO incluya especialmente LA DISOLUCIÓN DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS, al grito de ¡ELLOS O NOSOTROS! ¡O ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS O ESTADO DEL BIENESTAR!
© Ernesto Milà – Prohibida la reproducción de este texto sin indicar origen.
