Partimos de la base, constatada por la experiencia empírica, de que la inmigración masiva ha constituido una tragedia para España y para toda Europa Occidental. Tragedia, si se quiere, relativa, porque cada día más europeos están tomando conciencia del problema y adoptan una posición decidida que hace 40 años ni siquiera habrían soñado. Pero, en términos generales, y dadas las políticas de la UE, de la socialdemocracia europea y de los partidos liberal-conservadores, no hay motivos para pensar que en algún momento pongan coto a la inmigración masiva. Todo lo contrario.
La cantinela habitualmente repetida dice que la inmigración compensa
la falta de nacimientos. Si de eso se trataba, hace treinta años, cuando
empezó el fenómeno -no olvidar que fue Aznar quien abrió las puertas a la
inmigración masiva para favorecer su modelo económico- ya advertimos que
hubiera bastado una “campaña en favor de la natalidad” para revertir el
problema. Hubiera bastado con incentivos fiscales, con subsidios directos e
indirectos, etc., para que hoy, tuviéramos una generación que acabaría de
cumplir los 30 años sin necesidad de que hubiera cambiado el paisaje de
nuestras calles, ni se hubieran disparado los índices de criminalidad,
okupación o el gasto público. No se hizo y ahora vivimos los fangos traídos
por esa omisión.
Nadie con dos dedos frente puede eludir el hecho cierto y
comprobado de que allí en donde ha llegado inmigración masiva y descontrolada,
se han producido los mismos fenómenos que han llegado a España tardíamente en
relación a otros países de Europa Occidental y que amenazan con generar convulsiones
cada vez mayores.
LAS RAZONES POR LAS QUE EL STABLISHMENT
NO HACE NADA ANTE EL
FENOMENO
¿Por qué la clase política ha accedido a este “suicidio nacional”:
- en el caso de la izquierda marciana (Podemos y Sumar), porque lleva la locura en las venas (primero
con la legalización de las drogas, más tarde con sus “estudios de género” y el
paquete LGTBIQ+ y, por supuesto, con el “Welcome refugies”),
- en el caso del psoe, simplemente
porque precisan una nueva clientela electoral: las experiencias en Francia y
Alemania, especialmente, les han indicado que los “nuevos europeos” llegados de
África, una vez conseguidos los papeles (y los subsidios) optan por votar a
quien más les promete.
- en el caso de la derecha liberal
pepera se ha plegado a lo que podemos llamar “efecto imitación” basado en la
sospecha de que si no evidencian rasgos de “progresismo” serán considerados “fascistas”,
pero también por identidad con el movimiento neoliberal y con los principios de
la Agenda 2030 (“Si lo propone la ONU, no puede ser malo”).
Con una izquierda suicida y una derecha estúpida (que solamente
habla de la inmigración para restar unos cuantos votos a Vox, pero sin creer en
lo que está diciendo, ni concretar medidas que piensa adoptar la frenar a la
inmigración masiva), España, da la sensación de que, en apenas una década será
el país con más inmigración y, por tanto, con más riesgos de guerra civil
racial-étnica-religiosa.
En general, los “especialistas” explican que la inmigración ha
sido “positiva” para el país desde el punto de vista económico. Es falso. La
inmigración ha constituido para países como España, una sangría económica
enmascarada por “cifras macroeconómicas”: está
claro que cuantos más inmigrantes lleguen a España, más “crece” el PIB… que
mide el movimiento de dinero. Pero ese dinero generado por la inmigración no supone
un mayor volumen de riqueza, sino un mayor número de subsidios que se traducen,
por una parte, en un mayor aumento del consumo (las subvenciones revierten en
la compra de alimentos y de objetos de consumo y todo esto genera un IVA que va
a parar a las arcas del Estado), pero genera así mismo un aumento de la presión
fiscal. Lo que cuenta, como medida del progreso de un país, no es el PIB,
sino el aumento de la riqueza, medido por el PIB per cápita. Se podría dar
la aparente paradoja de que el PIB nacional descendiera con la expulsión de
cuatro millones de inmigrantes… sin embargo, el PIB per cápita, podría aumentar
a partir del momento en el que la presión fiscal de redujera a cuotas
asumibles.
Habrá crecimiento mientras haya flujo de inmigración masiva
Seguiremos en la cola, mientras no se detenga el flujo de inmigración masiva
En este terreno todas las cifras aportadas por el Banco de España
o por el gobierno resultan incompletas o falsas: es evidente que, cuando se
trata de valorar los “pros” y los “contras” de la inmigración masiva, son
muchos los factores a considerar, incluso aunque solamente sea desde el punto
de vista económico: por ejemplo, a la hora de valorar los gastos que ha
implicado la inmigración, no basta con reducirlos a sanidad y educación, ni
contemplar solo el IVA proporcional a la inmigración, sino también los gastos
de control de fronteras, los subsidios a los miles de chiringuitos presentados
como ONGs, los gastos de juzgados, los gastos de prisiones, los gastos de
albergue y manutención de ilegales, los subsidios directos, los que afectan a
los MENAS, los gastos de traslados de ilegales en avión de Canarias a la península,
los gastos de distribución de los inmigrantes por todo el territorio nacional,
los gastos ocasionados a las aseguradoras que se ven obligadas a pagar los
costes de robos y vandalismo, los costes generados por robo de cables de cobre
y los perjuicios generados, y, finalmente, los subsidios entregados a medios de
prensa para evitar investigar en todas estas direcciones y mantener oculto el
origen de la sangría económica. Mientras no existen cifras contrastables y
completas, estamos en el derecho de pensar que la inmigración constituye una de
las losas más pesadas para nuestra economía y uno de los principales factores
que justifican (junto con el Estado Autonómico) la increíble presión fiscal a
la que está sometido el español medio.
MEDIDAS, HABLEMOS DE LAS MEDIDAS QUE SON NECESARIAS
¿Medidas? La sociedad española “pensante” (es decir, una fracción de
la sociedad que no ha abandonado la “funesta manía de pensar”) debería proponer
dos paquetes de medidas:
1) una destinado a cortar en seco la inmigración masiva.
2) otro destinado a revertir el fenómeno y generar un movimiento de retorno.
Y en esto se trata de ser tan realistas como originales: desde el
punto de vista realista, las medidas que plantearemos a continuación pueden ser
consideradas como un “atentado a los derechos humanos” por las almas sensibles.
Pero, a decir verdad, si se quiere resolver una cuestión grave, lo primero que
hay que tener en cuenta es redefinir cuáles son esos “derechos humanos”.
Porque, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el redactor olvidó
colocar el primer derecho, situado por delante de todos los demás, el derecho a
la seguridad, sin el cual, ningún otro derecho puede ejercerse. Yo, tengo
derecho a mi seguridad y la de los míos, a mi propiedad y a la de los míos, a
la seguridad de mi comunidad y de mi país. Si no tengo esas seguridades, de
poco importa que pueda tener derechos y libertades: lo más probable es que no
los pueda ejercer, ni siquiera salir de un bunker asediado…
Así pues, toda nación tiene derecho a su seguridad, a la soberanía
de sus fronteras y, por supuesto, a elegir el tipo de inmigración que prefiere.
Si es que prefiere algún tipo de inmigración. Luego, después, están todos los
derechos humanos de los inmigrantes. Obviamente,
nadie que gobierne -en un gobierno “normal”- puede ser un psicópata o un sádico
entretenido en hacer la vida imposible a la inmigración. Pero tampoco nadie en
su sano juicio accedería a engordar a quien solo piensa en muñir la vaca del Estado
Español, sin dar nada a cambio. Así pues, una vez más, la dureza de la espada
debe acompañar a la suavidad de la rosa.
MEDIDAS PARA FRENAR FUTURA OLEADAS DE INMIGRACIÓN ILEGAL
Por tanto, medidas destinadas a frenar las llegadas de nuevos
inmigrantes no solicitados:
- Lo razonable sería proceder a las “devoluciones en caliente”:
entras ilegalmente, sales inmediatamente. Sin
dilaciones, sin complicados procesos judiciales, sin mareos y sin alegaciones humanitaristas.
- El gran “coladero” de la inmigración masiva es la petición de “asilo
político”. Esta petición debería ser un
privilegio realizado solamente en las embajadas más próximas al país de origen.
Cualquier otra forma de “hechos consumados” (“he llegado hasta aquí y no he
pedido asilo político en la media docena de países que he cruzado, porque es
aquí donde me interesaba llegar y es aquí donde me pienso quedar”) debería ser objeto
de “devolución en caliente”.
- El otro “coladero” es el turismo fake. Un visado turístico permite estar 90 días en España. Acabado el
plazo, debería de irse a su país de origen. Si el interesado no se va, incumple
la normativa legal, por lo que debería de dársele una fecha improrrogable para
abandonar el territorio nacional. Y, en cualquier caso, en esta circunstancia,
al incumplir la legalidad vigente, se estaría incurriendo en una falta que
debería inhabilitarle a perpetuidad para regularizarse.
- Una ley de inmigración digna de tal nombre debería contemplar
con claridad las posibilidades de un extranjero para residir en España: por motivos de trabajo (en sectores en los que haga falta
trabajadores de su especialidad), por motivos de estudio universitario y
postgrados, por motivos familiares, o bien por elección personal en el caso de
jubilados, en cuyo caso habría que acreditar que se dispone de medios suficientes
para vivir en España y se pague un seguro sanitario.
- Los inmigrantes ilegales, no solicitados, incluidos los MENAS, no deberían de permanecer en centro habilitados en la península. El Estado debería de habilitar “puntos de concentración de inmigrantes ilegales” en donde deberían residir a cuenta del Estado español hasta que se resolviera su situación. En la actualidad se tiene experiencia suficiente como para saber que estos centros constituyen una fuente de problemas y su instalación suele ser rechazada por los habitantes del entorno. No queda más remedio que habilitar campamentos para inmigrantes ilegales en islas deshabitadas que abundan tanto en Baleares como en Canarias, incluso en las Islas Adyacentes. Dado que su situación es provisional, bastaría con levantar barracones militares para albergarlos, proceder a la construcción de sanitarios y garantizar cada día la llegada de suministros para su supervivencia, dándoles la oportunidad de que se autoorganizaran interiormente, hasta que el Estado determinara su destino y podrían moverse con entera libertad por el islote. La vigilancia costera evitaría casos de fuga o llegada de cargamentos ilegales. Las comunicaciones serían garantizadas solamente por radio. La estancia en estos islotes no debería de superar los 100 días.
- Inmigrantes que no pudieran (o quisieran) demostrar su origen
(es habitual que rompan sus documentos de identidad y se nieguen a facilitar su
filiación) deberían ser, por ese mismo hecho, devueltos inmediatamente, provistos de un salvoconducto provisional para regresar a su
país de origen o al último país del que han procedido.
- Solamente se entregarían permisos de trabajo a aquellos
inmigrantes que fueran capaces de demostrar fehacientemente que poseen alguna
capacidad profesional y que el mercado laboral español precisa de mano de obra
en ese sector.
- Los MENAS procedentes de África podrían ser albergados en las
instalaciones del Peñón de la Gomera, fronterizo con Marruecos, esto es, lo más
cerca de sus padres y familiares. El Estado Español
no tendría la obligación de “tutelarlos”, sino, simplemente, de devolverlos a
su familia y, en caso de no ser localizados, a las autoridades marroquíes para
que sean tutelados y educados por su propio país.
El Peñón de la Gomera, 86 metros de frontera con Marruecos. Lugar ideal para concentrar MENAS a la espera de reunirse con sus familias
La isla de Alegranza al Norte de Fuerteventura, el lugar ideal para concentrar inmigración
procedente del África subsahariana
Estas medidas serían suficientes como para que la persona decidida
a inmigrar, percibiera los riesgos de hacerlo ilegalmente o confiando a mafias:
nadie entre 2.500-3.000 euros a una mafia si sabe que va a ser devuelto al país
de origen. La mala costumbre de distribuir a los inmigrantes ilegales por
comunidades autónomas debería ser sustituida por concentrarlos en islotes
deshabitados lo más próximos posibles a su lugar de residencia. La otra mala
costumbre de albergarlos en hoteles de cinco estrellas en primea línea de mar, subsidiados
inmediatamente llegan, debería de ser sustituida por la austeridad propia de
una situación de excepción: tiendas de campaña, literas, cocinas de campaña
y tiempo para meditar sobre el error que han cometido.
MEDIDAS PARA REVERTIR EL NUMERO DE INMIGRANTES ESTABLECIDOS EN ESPAÑA
En lo que se refiere a las medidas destinadas a revertir el
fenómeno de la inmigración, deben ser suficientes como para que el Estado sea
capaz de demostrar su fortaleza, su autoridad y su correcta gestión de los
recursos públicos:
- Un inmigrante legal debería de tener derecho a dos años de
margen improrrogable para estabilizar su situación en España; provisto de permiso de trabajo, si en ese plazo no ha logrado
cotizar a la seguridad social unas cuotas mínimas por su trabajo, si poniendo
en la balanza los subsidios recibidos y los gastos generados por su presencia,
el resultado fuera negativo, debería de dársele un plazo para abandonar el
país.
- Desde su llegada a España, el inmigrante debería contratar un
seguro sanitario privado para garantizar su asistencia médica. La “sanidad universal” es uno de esos inventos de la “izquierda
marciana” que solamente ha logrado desmantelar un poco más el sistema sanitario
público.
- Parece bastante claro y sobre estos es difícil que no exista
unanimidad que extranjero que comete un delito, cierra con ello la posibilidad
de pedir la nacionalidad española. Más bien se
hace acreedor de un proceso rápido, cumplir la sentencia y abandonar el Estado
Español. En el caso de que disponga de la nacionalidad española, la comisión de
un delito debería super, automáticamente, la pérdida de nacionalidad; y al
segundo delito, la expulsión inmediata.
- En el caso de miembros de bandas latinas, menores de edad, la
mera pertenencia debería suponer la imposibilidad de recibir la nacionalidad española y cualquier delito cometido como acto de participación en una
banda debería de implicar la expulsión de España y si se trata de un menor,
acompañado por su padre o su madre.
- En lo que se refiere a inmigrantes procedentes de países
musulmanes, se les debe imponer la obligación firmada de renunciar al “sexo
pilar del islam” (la yihad), para poder residir en España. Y si se trata de africanos la renuncia a la práctica de la
ablación genital para sus hijas.
- Cada dos años, la seguridad social debería establecer un examen
de la situación laboral del inmigrante para
valorar el resultado de su permiso de trabajo: los meses y las cantidades
por las que ha cotizado a la seguridad social y las prestaciones que ha
recibido, los meses que ha trabajo y aquellos otros en los que ha permanecido
en paro; lo que recibe en concepto de subsidios y lo que aporta en concepto de
impuestos directos e indirectos. Si el saldo es negativo, no debería de
renovarse su permiso de residencia.
- Los juzgados de guardia deberían estar en condiciones de dictar
sentencia inmediata contra detenidos en flagrante delito, estando representado
el detenido por un abogado de oficio, de tal manera
que su ingreso en prisión fuera inmediato y no se diera la posibilidad de
seguir cometiendo delitos hasta llegar a casos en los que un ilegal ha sido
detenido hasta en más de un millar de ocasiones sin haber pisado la cárcel.
- La detención de un extranjero en flagrante delito debe estar
acompañada de la incautación de sus propiedades para pagar los gastos del
juicio, la indemnización a la víctima o la responsabilidad civil. Mientras estos gastos no estén cubiertos, el reo debería cumplir
íntegramente su condena sin poder acogerse a ningún tipo de beneficio penitenciario,
ni promoción de grado.
- En general, la nacionalidad española solamente debería darse a
aquellos inmigrantes que acepten la asimilación en la sociedad español (es decir, asumir la identidad, las costumbres, el idioma, la
forma de ser de la sociedad en la que viven) para evitar guetos y bolsas étnicas
generadas por las políticas de “integración” que se han mostrado ampliamente
perjudiciales en todo lugar en el que se han aplicado. Sin “asimilación” no
debería existir posibilidades de obtener la nacionalidad.
LO QUE DEBE EXIGIRSE A LA INMIGRACIÓN
A estas medidas podrían añadirse otras siempre con el objetivo de
que la inmigración que resida en España se atenga siempre:
1) Al respeto y emulación de la identidad española.
2) Al cumplimiento estricto de la legislación española.
3) A aportar beneficios a la sociedad española y no generar problemas ni distorsiones.
4) A generar los mínimos gastos al erario público.
Parece evidente que, con los datos que actualmente pueden intuirse, la aplicación de medidas de este tipo contribuiría a ahorrar miles de millones en subsidios, a un descenso radical de la inseguridad ciudadana, a liquidar la existencia de guetos en los que ya no existe sombra de legalidad constitucional, ni la policía se atreve a entrar, se liquidarían la inmensa mayoría de los 100.000 locales actualmente ocupados, existiría la posibilidad de enderezar servicios públicos que en estos momentos están gravemente deteriorados (educación y sanidad) y disminuiría la presión fiscal. Porque, si alguien lo duda, la inmigración ilegal y masiva, en estos momentos es la mayor aspiradora de recursos públicos en forma de subvenciones directas, en forma de perjuicios causados por la delincuencia, incluidos el gasto policial, los atascos judiciales y las prisiones y, para colmo, los chiringuitos subvencionados de “ayuda al inmigrante”.
