Hoy abundan los comentarios sobre el hecho de que Felipe VI
firmará la ley de amnistía. He visto calificativos de todos los colores dedicados
al Rey por este hecho. Y, sin embargo, el problema no es el Rey: el problema
es la constitución de 1978 que reduce a la figura del monarca a un papel
meramente simbólico y representativo (es decir, a casi nada) e, incluso, está
OBLIGADO POR LA CONSTITUCIÓN a firmar cualquier papelajo que le remita el
gobierno, por repugnante que sea. Así que, vamos a ser claros: no me quejo
de que el Rey firme una ley que, inmediatamente, será recurrida y, seguramente,
tumbada en instancias judiciales, de lo que me quejo es de que algunos no se
han enterado de cuál es la situación, aquí y ahora, de la monarquía y de la
propia estructura del Estado.
¿Y SI NO FIRMARA LA LEY DE AMNISTÍA?
Si el Rey Felipe VI no firmara la ley de amnistía, ésta entraría
en vigor igualmente… y, por lo mismo, sería
recurrida inmediatamente ante el Tribunal Constitucional. El problema no sería
ese. A fin de cuentas, esta ley-cambalache, no la ha redactado el Rey, ni
siquiera el PSOE o el gobierno, sino Pedro Sánchez, al que, de momento, siguen
apoyando 5.000.000 de sus últimos mohicanos subsidiados. Y, en una
democracia constitucional, lo que cuenta es el texto constitucional, no la
lógica, ni el sentido común, ni mucho menos la ética o la moral. En un
régimen monárquico no constitucional, el Rey dictaba las leyes y, desde luego,
hubiera resultado muy difícil que, en esa situación, Felipe VI, hubiera dictado
una ley-cambalache como ésta. Pero, estamos en una “monarquía constitucional”
y, por tanto, la “soberanía” reside en el “pueblo”... Y esa “soberanía” se mide
en votos. Y hoy, el que gobierna es Pedro Sánchez y el que dicta las leyes es
él, no otro.
Sería bueno repasar el título II de la constitución: “De la Corona”,
artículos del 56 al 65. Ahí queda definido el
carácter de la monarquía, sus prerrogativas, sus atribuciones. Estas reducen,
prácticamente, a la mera función simbólica, actos mecánico-protocolarios y poco
más. El artículo 82 explica que “Corresponde al Rey: a) sancionar y
promulgar leyes”… y eso es lo que hizo durante 40 años su padre y eso es lo
que hace hoy el Rey Felipe VI.
No se dice que pueda negarse a sancionar y la posibilidad de dejar
de promulgar leyes, el redactado tiene un carácter mecánico y afirmativo: se
sobre entiende que debe “sancionar y promulgar” todo lo que el gobierno le
coloca bajo su real nariz. Eso es todo.
¿Y si no lo hiciera? Se recuerda el
caso de Balduino de Bélgica, opuesto a la ley del aborto que le presentó el
gobierno y decidió no sancionarla. El 4 de abril de 1990, Balduino abdicó
durante 36 horas, alegando “objeción e conciencia”. Ferviente católico y
contrario al aborto, declaró que “su conciencia no le permitía firmar la ley”.
Poco antes, en su mensaje de fin de año, de 1989, Balduino había recordado que “los
niños merecen especial protección y cuidado, y ello incluye los derechos del no
nacido”. Obviamente, la ley del aborto fue aprobada. La abdicación temporal
hizo que la regencia recayera en el gobierno que había impulsado la ley del
aborto que, inmediatamente, firmó y aprobó. El 5 de abril, Balduino volvió a
ser Rey de los belgas.
En España, la constitución es muy clara: “corresponde al Rey
sancionar y promulgar leyes”, en absoluto discutirlas, negarlas, esquivarlas o
contradecirlas. En otras palabras: “firma y calla”. Si no firma, en tanto que
figura simbólica, el hecho en sí no tiene valor: la ley de la amnistía ha sido aprobada
en el Congreso de los Diputados, esto es, aprobada por la “soberanía popular”,
y, por tanto, es “indiscutible”… En ninguna
parte de la constitución, se dice que el Rey tenga derecho de veto. Ese
corresponde al Tribunal Constitucional en exclusiva y sin discusión posible.
Es evidente que la ley de amnistía rompe las reglas del juego
de la constitución de 1978, pero no corresponde al Rey decirlo -a la vista de
sus atribuciones en la “carta magna” del 78- sino a otras instancias
constitucionales. Lo que el mandato constitucional exige al Rey se le exige es
una absoluta neutralidad en el terreno legislativo y de gobierno.
Claro está que el Rey, en teoría, podría manifestar su disgusto
públicamente. De hecho, ya lo hizo en su momento, cuando el silencio de Mariano
Rajoy ante la proximidad del referéndum independentista le obligó a enviar un
mensaje a la nación el 3 de octubre de 2017 defendiendo la unidad de España y
el cumplimiento de la ley. En aquella ocasión,
esta actitud ya fue objeto de críticas por parte de los sectores republicanos,
ahora, una nueva intervención en contra de una ley preparada por el
pedrosanchismo, daría la excusa para que la izquierda cuestionara la monarquía.
De hecho, es lo que está esperando Pedro Sánchez para superar la crisis de
su imagen pública: sacrificar a la monarquía para salvar su propio “reinado”.
MONARQUÍA O REPÚBLICA
En 1978, para desencallar definitivamente la transición, los “padres
del a constitución” optaron por mantener la “monarquía que quiso Franco” (la de
Juan Carlos I) como ÚNICO gesto de continuidad del antiguo régimen con el
régimen constitucional… pero, eso sí, desprovista de cualquier atribución real
y relegada a un mero papel representativo y mecánico de sanción y promulgación
de leyes o a un mando teórico sobre las Fuerzas Armadas… siguiendo las
directrices del gobierno de turno. Así, la “oposición democrática” aceptó
renunciar a la “ruptura”. A cambio tuvo un sistema de partidos, un sistema jurídico
garantista, la puerta abierta a la fracturación autonómica del Estado y el
papel decisivo de que los nacionalistas catalanes y vascos se convirtieran en
el elemento decisivo cuando ninguna de las dos opciones de centro-derecha y de
centro-izquierda tenían la mayoría absoluta, pocos organismos efectivos de
control, una relativa división de poderes y una ley d’Hondt que favorecía a las
grandes opciones y castigaba a los minoritarios.
España, se convirtió, pues, en “monarquía”, aunque, de hecho, es
una “república enmascarada” a la vista de la nulidad de los poderes reales. A
eso se le llamó “monarquía constitucional española”. Era eso o república y ya se sabe el resultado que han dado los
dos primeros experimentos de ese tipo en España.
En el siglo XXI, la izquierda, en algún momento, especialmente la extrema-izquierda
y los independentistas, han estado tentados de relanzar el tema de la
república. Con escaso éxito. Y el PSOE, a pesar de que se considera un partido “republicano”,
ha optado por silenciar esta actitud. Pero su posición en cualquier momento
puede cambiar. Un Pedro Sánchez acorralado judicialmente, electoralmente de
capa caída, puede aprovechar el más mínimo error del Rey Felipe VI para abrir
el debate, prometer un referéndum sobre la república y engañar de nuevo a los
que quieren ser engañados y a alguno más que cree que la monarquía es cosa del
ayer.
Y este es el problema: en el caso de que el Rey Felipe VI no
firmara la ley de amnistía, el “casus belli” estaría servido.
¿Y por qué sería negativo un régimen republicano? ¿acaso no se
cumpliría el refrán de “a la tercera va la vencida”? Existen dos buenos motivos
para rechazar esa posibilidad.
¿QUIÉN ES HOY REPUBLICANO?
Vivimos en una época de “política de bloques”. En España estos
bloques están perfectamente definidos: “derecha conservadora” frente a “izquierda
progresista”. A pesar de que, tanto en un bloque como en otro hay monárquicos y
republicanos, lo cierto es que, de forma ampliamente mayoritaria la “derecha
conservadora” es monárquica, mientras que la “izquierda progresista” es
republicana. Piense usted en qué bloque se sitúa y asuma automáticamente su
condición de monárquico o republicano. Ah, y no vale decir en un “espacio
centrista”, por que los “tercerismos” ya no tienen espacio en la “era de los
bloques”.
Pensemos lo que puede suponer para alguien cuyo universo se sitúa
en la “derecha conservadora” el ser “republicano”: supone ir del brazo con ERC,
con los independentistas catalanes y etarras, con el PSOE e IU, con Sumar y
Podemos. Esa es la compañía, hasta el punto de que puede decirse que, en una
eventual e improbable “tercera república” ocurriría como en las dos primeras:
que las fuerzas “progresistas” la considerarían como algo propio, se creerían autorizados
a hacer y deshacer a su antojo, sin dar a la otra parte, la posibilidad siquiera
de expresarse. Quien conoce la historia de la Segunda República sabe que
eso fue, exactamente, lo que ocurrió en aquellos años. ¿Está usted dispuesto a
trabajar por la “tercera república” sabiendo que los grupos políticos más
odiosos de este país están por esa opción?
¿CUÁLES SON NUESTRAS RAÍCES?
Este es el segundo motivo para rechazar la República. Si se mira
la Historia de España, se percibe con claridad meridiana que España ha sido “hecha”
por la monarquía y por el catolicismo (y lo dice un agnóstico). Es cierto
que la monarquía de los Reyes Católicos, que las monarquías de la Reconquista o
del Imperio, no son la monarquía del siglo XXI. Es cierto también que algunos
monarcas no han estado a la altura de las circunstancias (pero, para eso, la
institución monárquica ha recurrido a la “regencia” cuando un monarca no está
capacitado para seguir tiendo el titular de la Corona o para asumirla). El
hecho de que algún representante no está a la altura no quiere decir que haya
que cargar contra el principio mismo: la institución monárquica.
También es cierto que la Iglesia Católica está desgastada y sin
rumbo. Pero eso no implica que los principios de la moral católica no sean
válidos: de hecho, son los que corresponden a nuestra historia y esos
principios son independientes de la institución en crisis en la que nacieron y
pertenecen a la cultura occidental.
Pero lo cierto es que, si hay que buscar “raíces” para que una
construcción política se alce y crezca fuerte y sólida, no hay que olvidar
que el tronco de pueblos al que pertenecemos desde el punto de vista
antropológico, los indo-europeos: y estos, siempre se han regido por la
institución monárquica.
La etimología de la palabra Rey es de origen indo-europeo. La raíz
reg-, corresponde en el latín a rex, en la lengua védica a raj,
en galo a rig y a rix. El concepto del reg- indoeuropeo
era “aquel que traza la línea, quien encarna al mismo tiempo lo que es recto”.
En latín rex es “aquel que dirige” y en el mismo verbo “dirigir” está
implícita la raíz reg. De la misma raíz procede el término irlandés recht,
“derecho”, “ley”; el inglés right, “derecho”, el alemán recht con
el mismo sentido, así como las palabras “rectitud”, “regular”, “regla”. Y de “dirigir”
han surgido “dirección” y “directo”.
La historia de Europa es la historia de las monarquías. Y nosotros somos los últimos herederos de esa Europa. Nuestras raíces están en aquellas viejas monarquías.
DIEZ AÑOS DE MONARQUÍA
Y UNA
REFORMA NECESARIA
Ciertamente, Juan Carlos I no dejó un buen recuerdo. Estaba mucho
más próximo a Fernando VII que a los Grandes Austrias e incluso que a un Rey reformador como el
primer Borbón Español, Felipe V. Hace diez años abdicó. Desde entonces, la
institución monárquica no ha protagonizado ningún escándalo, ni corruptelas, ni
amiguismos peligrosos, no ha aparecido ninguna amante “choni”, y el Rey ha
cumplido con su trabajo: ha dado ejemplo de padre -lo que hoy en día no es
poco- y no ha dilapidado ni siquiera desgastado a la institución monárquica.
Hoy, incluso, la izquierda republicana duda si plantear el tema del cambio de
régimen en un momento en el que los aplausos y las adhesiones espontáneas
acompañan al Rey Felipe VI en sus desplazamientos, tanto como los pitos y los
insultos al “rey negro”, Pedro Sánchez. No parece justo llamarle “traidor” por estampar
su firma en la ley de amnistía a tenor de lo que ya hemos dicho.
El Rey, de hecho, debería tener más poder en el aparato
constitucional español. Una futura constitución:
- Debería de reconocer la prerrogativa de consultar directamente con el Tribunal Constitucional antes de estampar su firma en una ley.
- Debería de ser el jefe efectivo de las Fuerzas Armadas sin la cortapisa del gobierno.
- Debería tener capacidad para disolver las cámaras por iniciativa propia, cuando juzgara que la situación política se ha estancado o se ha vuelto inestable o cuando percibiera que el gobierno no está en condiciones de cumplir su función.
Si hoy nos encontramos en una situación de parálisis política, de
empantanamiento económico y de falta de perspectivas en todos los terrenos, no
se debe a la institución monárquica, sino al presidente del gobierno y a las
ambigüedades del texto constitucional: el Rey no puede hacer otra cosa más que
cumplir el papel decorativo al que le ha relegado esa constitución, envejecida y
con cada vez menos lustrosa.
Claro que hace falta una reforma constitucional: pero esta
reforma debe tener como objetivo atenuar el poder de los partidos políticos y
acrecentar el de la cúspide de la nación, la monarquía, que no está al servicio
de una “parte”, sino de la “totalidad” de la nación y de los intereses
nacionales. Dicho de otra manera: el Rey debe tener poderes por encima
de los partidos: estos representan “fotografías” de la “voluntad nacional” en
cada momento, pero la Monarquía es la voz de la historia, las raíces. Un pueblo
no puede permanecer de espaldas a sus raíces ni a su pasado… para esto ya
tenemos a Pedro Sánchez.
