sábado, 28 de mayo de 2016

Nadie controla el kale borroka barcelonés


La presencia de un diputado de la CUP en los incidentes que se han producido a lo largo de toda la semana en torno al “banco expropiado” de Gracia, ha podido dar la sensación de que este grupo “controlaba” a los okupas responsables de los incidentes. En realidad, no es así: los tres grupúsculos que han actuado en Barcelona –el independentista revolucionario (IR) y los anarquistas (Negres Tempestes y Áurea Negra) son completamente incontrolables. Harina de otro costal es que la CUP –y más en concreto, alguno de sus diputados, Jodi Garganté, en concreto- hayan querido dar la sensación de que tienen algún ascendiente sobre este movimiento.

De hecho, de lo que está quejando el ayuntamiento de Barcelon es de que, en la actualidad, no tiene interlocutor válido. Estos grupos, simplemente, se niegan a negociar: en realidad, se niegan a cualquier cosa que no sea el que les dejen hacer lo que les dé la gana, sin ningún tipo de limitación. Con tal de que el ayuntamiento, claro está, les pague la luz, el recibo del agua y del gas, el alquiler, el IBI, la antena de televisión, la tasa de basura, los gastos de comunidad y las reparaciones (incluso los atascos en los fregaderos), algo de lo que tendrá que responder el anterior alcalde de Barcelona, Xavier Trías, que compró la “paz social” costeando 65.000 euros a los okupas del “banco expropiado” para que solamente molestaran a los vecinos, pero no para que una desocupación que hubiera podido tener los mismos efectos que la de Can Víes hace dos años, hubiera sacado a flote ante toda la opinión pública la existencia del problema. Trías, en efecto, puede ser procesado por “malversación de caudales públicos”.


Los incidentes de Can Víes sacaron a la superficie algo que ya existía, como mínimo, desde finales de los años 90: la existencia en Barcelona de un fuerte y agresivo movimiento okupa que había ido consolidándose a medida que, tanto en Cataluña como en Barcelona, se evidenciaba la debilidad de los poderes públicos. Tanto el GRAPO como ETA, en los últimos años de existencia, habían hecho del movimiento okupa barcelonés un campo preferencial de captación. Pero, al mismo tiempo, pronto se evidenció que el mundo okupa era muy permeable a las infiltraciones policiales. El GRAPO, prácticamente, resultó desarticulado completamente por depender en su última etapa de estos círculos. Otro tanto le ocurrió a ETA que, a partir de 1998 evitó completamente captar en esos medios.

En cuanto al independentismo catalán, siempre ha permanecido al margen y de espaldas a estos colectivos. Básicamente, los pequeños grupos okupas barceloneses están compuestos por anarquistas, buena parte de los cuales proceden de Italia y de Chile. En lo que se refiere a la CUP, siempre ha intentado “abrirse a movimientos sociales”, de ahí que haya hecho causa común con los okupas barceloneses… pero eso no implica ni que los “controle”, ni mucho menos que los dirija, ni siquiera que tenga la más mínima influencia sobre ellos.

Los incidentes de Can Víes, hace dos años, demostraron la excepcional violencia que estos grupúsculos desempeñan. Ante ellos, tienen a unos Mossos d’Esquadra con órdenes expresas de evitar solamente destrozos en el mobiliario urbano, pero sin realizar detenciones (una detención excita en la noche siguiente la violencia de estos grupos para pedir la libertad del detenido). En Can Víes se llegó a la absurda situación de que, una vez realizado en desalojo, se procedió a la demolición del inmueble, pero la violencia de los incidentes hizo que los trabajos se interrumpieran y el inmueble, medio demolido, se entregara de nuevo a los okupas.

La debilidad congénita de las autoridades catalanas procede del tiempo en que Joan Saura, dirigente de Iniciativa per Catalunya-Verds, estuvo al frente de la Consellería de Interior. Durante ese tiempo, puso especial énfasis en que los Mossos d’Esquadra respetaran los “derechos humanos”. Durante el mandato de Saura en interior (2006-2010), la situación se “pudrió” en Barcelona y el movimiento okupa, reforzado especialmente por activistas italianos, se convirtió en “intocable”. Las cosas no variaron con la presencia de su sucesor Felip Puig (CiU), en el cargo.

En este momento, con el proceso soberanista empantanado, con el apoyo de las CUP al gobierno Puigdemont en el aire, parece difícil que el gobierno de la generalitat y el ayuntamiento de Barcelona opten por una solución de fuerza, o simplemente que piensen exclusivamente en el bienestar de los vecinos (antes de que los incidentes violentos hayan alterado su vida, años de fiestas, broncas, ruidos, les han causado molestias constantes). De momento la alcaldesa de Barcelona ha transferido la responsabilidad de la crisis y su solución… a los “vecinos”.


Las fotos y los vídeos de los incidentes muestran una brutalidad que solamente tuvo precedentes en Barcelona hace dos años en los incidentes de Can Víes. Nos destrozos y una violencia de la que solamente son responsables los que han permitido la degradación de la vida ciudadana en Barcelona con su falta de autoridad. Cuando se paga para comprar la “paz social”, el precio, siempre, resulta demasiado alto.