La UE, consciente del riesgo de
que candidaturas euroescépticas vayan triunfando en los distintos Estados
nacionales que la componen (de momento, ya gobiernan en Polonia), ha iniciado
una actividad vigilante y represiva contra aquellos países que adopten medidas “anti-europeas”.
El primero que intentan hacer pasar bajo las horcas caudinas de la UE es al
gobierno polaco.
Desde su llegada al poder en
2015, los conservadores polacos han adoptado tres medidas que no gustan a la
UE: la anulación de los nombramientos de jueces del Supremo realizados por el
anterior gobierno, la modificación del sistema de votación para elegir estos
magistrados y el acortamiento del mandato de su presidente. Está claro que todas estas medidas tienen como
objetivo final la aprobación más fácil de las leyes propuestas por el partido
en el poder (Ley y Justicia)… tal como ocurre en cualquier otro país de la UE,
en especial en España. Sin embargo, lo que hace que el gobierno polaco sea
objeto de sanciones económicas es su carácter euro-escéptico y nacionalista.
