Una semana después de
las elecciones presidenciales austríacas del pasado 22 de mayo, Hans Christian
Strache, presidente del FPÖ, denunciaba las irregularidades que se habían
cometido en las votaciones y en el recuento de los votos, manifestando que, de
confirmarse, el partido presentaría una denuncia ante los tribunales. Pasados
unos días el 5 de junio, el FPÖ cumplió lo prometido. Poco a poco se han ido
sabiendo algunas características del fraude que marcan el camino a otros
regímenes para bloquear el ascenso de los identitarios. No solamente hubo
fraude, sino fraude masivo.
Lo apretado de los resultados (50,3% de los votos
para Alexander van der Bellen, candidato de una heteróclita coalición ecolo-izquierdista
y un 49,7 para el candidato del FPÖ) hace que el porcentaje de votos
fraudulentos fuera decisivo. El pasado 8 de junio, Strache, presentó un informe
de 150 páginas al Tribunal Constitucional austríaco, en el que se presentaban
lo que se calificaba como “numerosas irregularidades y disfuncionamientos en el
recuento de los votos”. Obviamente, la parte más impugnada eran los votos por
correspondencia que fueron los que dieron la victoria al candidato ecologista,
mientras que el recuento en las urnas había dado la victoria a Hofer, candidato
del FPÖ. Las irregularidades afectan a ¡97 de las 117 oficinas de voto
regionales! que recibieron dichos votos por correo. Al menos 573.000 votos fueron contrados antes de que los
representantes de la Comisión Electoral estuvieran presentes para garantizar la
limpieza del proceso.
