Era evidente que, ante el cambio del panorama internacional que se
había iniciado en 1942 con el declive de los fascismos y coronado en 1945 con
la creación de un “nuevo orden internacional”, iba a repercutir en el interior
del régimen español. Como ya hemos visto, el primer y más temprano paso, fue la
sustitución de los “falangistas revolucionarios” y pro–Eje del entorno de
Serrano Suñer, por nacional–católicos. Poco a poco, primero tímidamente, y
luego con más intensidad hasta mediados de los años 60, el régimen lanzó una
nueva consigna que sustituía, tanto al falangismo como al nacional–catolicismo:
la “democracia orgánica”, a pesar de que, en el fondo, no era nada más que una
adaptación del corporativismo fascista y del corporativismo católico del XIX.
El régimen, no se presentaba como un “estado fascista”, sino como
una “monarquía católica, social y representativa”. El gobierno de Franco se
explicaba como una especie de interregno de “regencia” hasta que se nombrara a
un nuevo rey. Y este era el problema: que el plazo se iba dilatando más y más.
Nunca parecía ser un buen momento para operar el “recambio” definitivo y toda
la armadura institucional del régimen parecía temporal, improvisada y sin
futuro.
Una regencia es un período en el que una persona
(el regente) o un consejo ejercen las funciones de la jefatura del Estado
en un sistema monárquico porque el rey legítimo no puede hacerlo. La regencia,
en la práctica, es un gobierno interino que mantiene la estructura
monárquica mientras se espera a que el titular legítimo pueda o deba asumir el
mando. Esta situación se produce, generalmente, por tres razones: la minoría de
edad del heredero de la corona, cuando el rey está enfermo o mentalmente
impedido, o bien cuando el trono está vacante, pero el país se define
legalmente como una monarquía. Este último era el caso del régimen
español.
Inicialmente, la Ley de Sucesión de 1947 fue la ley más
importante de este período porque definió a España como un Reino, pero sin
especificar qué rey, ni siquiera qué dinastía se sentaría, antes o después, en
el trono. Esta Ley declaraba a Franco como Jefe del Estado vitalicio, con la
potestad de nombrar a su sucesor como rey o regente. Aunque su título oficial
era “Caudillo”, en la práctica actuaba como un regente a perpetuidad. Él
guardaba el trono “vacante” hasta que decidiera quién sería el sucesor.
A medida que la guerra iba quedando atrás y se pensaba más en el
futuro, parecía evidente que la regencia de Franco, antes o después, incluso si
era vitalicia, concluiría. La Ley de Sucesión apenas explicaba lo que ocurriría
después y apenas mencionaba que, en caso de fallecimiento del Caudillo o de su
incapacidad, asumiría la jefatura un “Consejo de Regencia” de forma transitoria
para asegurar que el sucesor nombrado tomase posesión del cargo sin que hubiera
un vacío de poder. Eso era todo.
La generación militar de Franco era, mayoritariamente,
“alfonsina”. Tras el fallecimiento de Alfonso XIII en Roma el 28 de febrero de
1941, su hijo Don Juan de Borbón, Conde de Barcelona, era sucesor directo… pero
nada garantizaba que, una vez nombrado Rey, no emprendiera la “vía inglesa”,
esto es, la creación de una “monarquía constitucional” con partidos políticos,
estructura liberal con cambios continuos de rumbo y se retornara a una
situación anterior al 18 de julio de 1936.
Y eso implicaba que los objetivos que se había fijado Franco en
1936 quedarían sin alcanzar, en especial el desarrollo económico de España y el
recuperar el tiempo perdido en relación a otros países europeos. Eso, por sí
mismo, explica el por qué, durante los años 40 y 50, años duros para el régimen
de Franco y en los que todavía distaba mucho por alcanzarse ese objetivo final,
el tema de la restauración monárquica no ocupara un lugar preponderante. Solo
fue a mediados de los años 60, en pleno furor desarrollista, cuando se dieron
pasos adelante en esta dirección y se redactó la última de las Leyes
fundamentales del Reino, la Ley Orgánica del Estado. A partir de ahí, sí puede
decirse que el régimen español se “institucionalizó” completamente. Y, aunque
no tuviera una “constitución” propiamente dicha, el racimo de las siete “leyes
fundamentales” ejercía esa misma función.
El otro problema era que, en la coalición cívico–militar que dio
lugar a la sublevación de julio de 1936, habían participado los requetés, las
milicias carlistas, de manera muy significativa, especialmente en el Norte de
España. Durante el conflicto, los requetés aspiraban a la instauración de su
línea monárquica en el trono. Su participación fue decisiva en algunos momentos
de la guerra y contrastó con la ausencia prácticamente total de combatientes
“alfonsinos” (exceptuando oficialidad profesional en donde sí eran
mayoritarios).
Durante la guerra no surgieron apena tensiones con los
falangistas; existía entre ambas facciones cierta competencia en cuanto a
arrojo y heroísmo, pero no se produjeron choques de importancia hasta que llegó
la paz. Como ya hemos visto, los incidentes del Santuario de Begoña marcaron un
antes y un después. Ni siquiera la creación del “Movimiento Nacional” con la
fusión de las milicias falangistas y carlistas, tuvo efectos prácticos. Los
carlistas siguieron utilizando la boina roja, pero no la camisa azul y los
falangistas a la inversa. Las diferencias entre ambos grupos eran lo
suficientemente fuertes como para que cada uno se atuviera a sus propios rasgos
de identidad.
Entre 1939 y 1945, para la inteligencia británica, estaba claro
que el riesgo eran los “falangistas revolucionarios” (el grupo formado en torno
a Serrano Suñer) y era a estos a los que habia que neutralizar. Ya hemos visto
cómo lo hicieron. Inmediatamente antes y después del “incidente de Begoña”, los
falangistas fueron desarrollando un sentimiento antimonárquico que no estaba
implícito en el ADN de la Falange fundacional.
En efecto, les habían llegado rumores de que “los monárquicos”
recibían apoyo de los aliados, especialmente del Reino Unido y que pretendían
instaurar una monarquía. Fue en esos años en los que la “solidaridad de las
trincheras” que había evitado el choque directo entre falangistas y carlistas,
se transformó en el antimonarquismo falangista que no era capaz de distinguir
entre “carlistas y tradicionalistas” a un lado y “monárquicos alfonsinos y
juanistas”, a otro.
En cuanto a las relaciones entre carlistas y el régimen de Franco,
éste les reconoció siempre su valor en la guerra, sus sacrificios y su
contribución a la victoria. Y, a cambio, les dio una presencia casi continua en
el ministerio de Justicia (como a los falangistas se les dio en los sindicatos
y en el ministerio de Trabajo). Pero, donde Franco no estaba dispuesto a ceder
era en el establecimiento de una monarquía tradicionalista sentando en el trono
a uno de los pretendientes carlistas (existieron varios y a este tema
consagramos el volumen LVII de la Revista de Historia del Fascismo). Franco
consideraba que, salvo en Navarra, País Vasco, Cataluña y zonas de Andalucía,
el carlismo no estaba suficientemente extendido como para que todo el país
aceptase su línea monárquica.
El franquismo hizo con el carlismo lo que el tiempo no había
conseguido: desmovilizarlo. Una parte, se integró en el régimen, otra parte,
minoritaria, con el tiempo, pasaría a combatirlo y terminaría, a mediados de
los 60, haciendo causa común con la “oposición democrática”, cambiando sus
objetivos de “Dios, Patria, Rey”, por “Libertad, Federalismo, Autogestión”.
Otra parte, se difumino dentro de las estructuras del régimen; líderes
carlistas, como el Conde de Rodezno, aceptaron cargos en el gobierno para
intentar influir desde dentro. Sin embargo, el carlismo en su conjunto fue
marginado gradualmente por Franco que no compartía especialmente su foralismo.
En este contexto de confusión ideológica y política, el sector
mayoritario del carlismo optó por la “inactividad política”. Cuando muere
Franco, el carlismo todavía mantenía algunas “brasas” dispersas. Su canto del
cisne y la exteriorización de todos estos problemas y disidencias internas tuvo
lugar poco después de la muerte de Franco, en el Montejurra–76, en el que las
dos fracciones entraron en conflicto abierto y a tiros.
El gran problema del carlismo fue la falta de apoyos
internacionales. Los movimientos similares en otros países europeos (el
Ejército de la Santa Fe en Italia, los jacobitas ingleses o los vandeanos
franceses) habían desaparecido y “ser monárquico” en los años 50 y 60
implicaba, casi necesariamente, ser partidario de una monarquía constitucional
a la inglesa. Y ese era el terreno en el que mejor se movían los antiguos
alfonsinos, devenidos “juanistas” (y que, ciertamente, habían conseguido
integrar a algunos antiguos tradicionalistas).
Hacia finales de los años 40, lo esencial del carlismo –que
todavía era un movimiento de masas en algunas regiones–, al menos, sus
dirigentes, habían entendido perfectamente que su contribución al bando
sublevado en 1936 no sería recompensada con la instauración de su línea
monárquica en el trono. Muy pocos dudaban de que sería un pretendiente de la
otra rama dinástica, el que sucedería a Franco; pero subsistían dudas: ¿quién?,
y ¿cuándo?
Para un monárquico, la “legitimidad” es el elemento que obliga al
respeto y a la aceptación de la autoridad de un Rey. Y en este punto, parecía
claro que, cuando Franco hablaba de la “restauración de la monarquía” sería
fiel a este punto. Y el legítimo heredero de la Corona era Don Juan de Borbón,
Conde de Barcelona, hijo de Alfonso XIII y de Victoria Eugenia de Battenberg.
Don Juan, quinto hijo y tercer varón de Alfonso XIII y Victoria
Eugenia de Battenberg, había nacido el 20 de junio de 1913, en
el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, en Segovia. No le
correspondía la titularidad del trono: el primogénito de los hermanos era
Alfonso (nacido en 1907), le seguía Jaime, Beatriz y María Cristina. Don Juan
no estaba destinado a reinar, pero su hermano mayor Alfonso, el primogénito,
renunció a sus derechos para casarse con una plebeya y su otro hermano, segundo
en la línea de sucesión, fue apartado por ser sordo de nacimiento. De esa
forma, Don Juan se convirtió en heredero al trono. En cuanto a las mujeres, la
Ley Sálica las apartaba de la sucesión. El título de “Conde de Barcelona”, por
el que es más recordado, lo adoptó en 1941, tras la muerte de su padre Alfonso
XIII, como un “título de incógnito” que representaba la soberanía de la Corona
española sin utilizar el título de Rey mientras no pudiera reinar.
A su vez, Don Juan, se casó en Roma el 12 de octubre de 1935 con
su prima, María de las Mercedes de Borbón–Dos Sicilias. La pareja tuvo
cuatro hijos nacidos en el exilio: la Infanta Pilar Duquesa de Badajoz, Juan
Carlos que luego sería Rey de España, la Infanta Margarita Duquesa de Soria y
el malogrado Infante Alfonso, fallecido en 1956 en un accidente en el que se ha
vinculado con cierta frecuencia (y sin base real), a su hermano mayor Juan
Carlos. Su padrino fue el rey Jorge V del Reino Unido y el agua utilizada
para su bautismo fue traída especialmente del río Jordán, una tradición
habitual en la familia real española.
Al comenzar la Guerra Civil, Don Juan intentó unirse al bando
sublevado de Franco para luchar. Sin embargo, fue interceptado en la frontera y
obligado a regresar al exilio por orden del general Mola. Inicialmente, Don
Juan creyó que Franco restauraría la monarquía en su persona, pero la dilación
y la espera interminable, le llevó a un progresivo enfrentamiento público con
Don Juan.
A principios de los años 40, Franco ya había empezado a desconfiar
de Don Juan que había encarrilado sus aficiones de marino en la Royal
Navy británica, navegando por el Índico y el Pacífico. Durante su estancia
en la marina británica, se hizo dos tatuajes de dragones en los
brazos, una rareza para la nobleza de la época. Tras pasar por Francia, Suiza e
Italia, la familia se instaló en 1946 en Estoril (Portugal), en la
conocida “Villa Giralda”. Allí vivió durante casi 35 años, desde el final de la
Segunda Guerra Mundial hasta la Transición española.
Antes del distanciamiento definitivo, en el curso de una reunión
de 1948 en el yate Azor, Franco y Don Juan acordaron que el hijo de
éste, Juan Carlos, se educara en España bajo la tutela del Régimen. Es
posible que, en esa etapa, Don Juan todavía tuviera alguna esperanza de
sentarse en el trono. Si la tenía, pronto se eclipsaron.
Dos años antes de la reunión en el Azor, el 6 de abril de
1946, y a poco de instalarse en Estoril, Don Juan creó su “Consejo Privado”,
una especie de organismo consultivo que le asesoró en su reivindicación al
trono de España. Este organismo estaba compuesto, en su mejor momento, por 90
miembros, todos ellos salidos de la aristocracia financiera, las élites
intelectuales y la política monárquica de la época.
En su primer año de vida, el consejo fue presidido por el militar
monárquico, Alfredo Kindelán, quien al año siguiente sería sustituido por un
intelectual poco dispuesto a mostrar disidencias públicas hacia el régimen:
José María Pemán que lo dirigiría hasta su disolución en 1969, cuando
Franco designó oficialmente a su hijo, Juan Carlos, como su sucesor a título de
Rey. José María de Areilza (quien además presidía el Secretariado
Político, el brazo ejecutivo del Conde), José María Gil–Robles, Antonio García–Trevijano,
Joaquín Calvo Sotelo, Carlos Ollero Gómez, Alfonso García Valdecasas, fueron
otros miembros relevantes. Participaron también aristócratas como el Duque de
Alba, el Duque del Infantado, el Conde de los Andes y el Conde de los Gaitanes.
Entre los intelectuales estaba presente Gonzalo Fernández de la Mora, Luis
Rosales, Florentino Pérez Embid, Pedro Sainz Rodríguez (exministro),
Luis María Anson (periodista), José de Yanguas Messía (exministro y
vicepresidente del consejo) y Joaquín Satrústegui.
La creación del Consejo Privado fue la resultante lógica del
“Manifiesto de Lausana”, hecho público el 19 de marzo de 1945, el
documento más importante emitido por Don Juan de Borbón durante el franquismo.
Se publicó dos meses antes de la rendición del Tercer Reich, cuando muchos
creían que el régimen de Franco parecía haber llegado a la estación término.
Don Juan entendió que, si la Monarquía quería sobrevivir, debía distanciarse
del régimen de Franco (próximo a las potencias del Eje) y presentarse ante los
Aliados como una alternativa democrática. En el manifiesto, Don Juan criticaba
duramente al régimen de Franco, calificándolo de “sistema inspirado en los
regímenes totalitarios” que ponía en peligro el futuro de España y proponía,
como no podía ser de otra manera la restauración de una “Monarquía
tradicional” que sería “democrática y constitucional”. Como complemento,
aludía a una “amnistía política para los vencidos de la Guerra Civil”.
Este documento convenció a Franco de que Don Juan nunca podría ser
su sucesor y sometió a referéndum la Ley de Sucesión de 1947, que se
incorporaría a las “Leyes Fundamentales”. De los 16.187.992 electores, votaron
14.454.426; los votos afirmativos fueron 12.628.983 (89,86%) y los negativos
643.501. El texto establecía la constitución de España como reino y
la sucesión de Franco como el jefe de Estado español, que sería
propuesto por el propio Franco a título de rey o de regente del reino, pero que
tendría que ser aprobado por las Cortes españolas. Y esto fue lo que Carrero
Blanco, entonces subsecretario de Presidencia comunicó a Don Juan: Franco
nombrará al monarca del reino “cuando lo considere conveniente” y le
comunicó que podría “ser Rey de España, pero de la España
del Movimiento Nacional, católica, anticomunista y antiliberal”.
A pesar de que el “Manifiesto de Lausana” marcara el inicio de lo
que se llamó la “oposición monárquica”, lo cierto es que, muy
esporádicamente, Don Juan de Borbón publicó otros tres documentos estratégicos
para presentarse como la única salida democrática para la España de posguerra.
La respuesta a la Ley de Sucesión y a la carta de Carrero Blanco fue el llamado
“Manifiesto de Estoril” en el que Don Juan declaraba ilegal e inválida la ley.
Hubo que esperar hasta 1969 (más de veinte años) para que, tras el
nombramiento de Juan Carlos como sucesor “a título de Rey”, Don Juan emitiera
un comunicado (conocido como “Manifiesto de 1969”) en el que, no atacaba
directamente a su hijo, pero reafirmaba su derecho exclusivo a los derechos
dinásticos, calificando la acción de Franco como una “ruptura en la línea de
sucesión”. De hecho, la ruptura había tenido lugar en 1931, cuando se instauró
la República.
Resulta sorprendente, por otra parte, que, entre estos pocos
manifiestos y una actividad política muy menguada durante todos esos años,
figurase en 1948 un acuerdo secreto entre Don Juan y ¡el PSOE! Para crear un
frente común contra Franco y establecer un régimen democrático. Este acuerdo
demostraba que Don Juan estaba dispuesto a cualquier cosa para llegar al trono,
incluso pactar con quien había derribado del trono 17 años antes a su padre…
pero, también, que todo esto ocupaba un lugar muy secundario en su relajada
vida personal en Estoril.
Acaso por esa falta de compromiso (e, incluso, de interés) por los
sucesos políticos que estaban ocurriendo en España, el papel de la “oposición
monárquica” fue siempre muy limitado y de la que se tenían escasas noticias,
salvo en los corrillos de la aristocracia y de la élite económica. Por otra
parte, la reunión en el yate Azor y los contactos con Franco, así como el hecho
de que el presidente del Consejo Privado fuera José María Pemán, le permitían
no cortar completamente los contactos con el régimen de Franco, a fin de
mantenerse como una “figura de unidad”.
Pero, desde 1945 y 1947, parecía muy claro que, si Franco tenía la
intención de ceder la jefatura, antes o después, Don Juan no iba a heredarla.
Pero existían otras dos posibilidades, una de ellas era que, finalmente, Franco
optara por un candidato monárquico, pero de otras ramas de la familia Borbón:
los Borbón Dos Sicilias, los Borbón Parma, o los Borbón Dampierre… Si nos
atenemos a la “línea de sucesión alfonsina” (Borbón Anjou), el sucesor debería
ser Don Juan… o bien su hijo Juan Carlos. Pero había otros borbones.
Juan Carlos había nacido en Roma, donde su familia, la Casa Real
española, vivía exiliada tras la proclamación de la Segunda República. Pasó sus
primeros años entre Roma, Estoril (Portugal) y Suiza, recibiendo una educación
en colegios católicos y privados. Estudio en el colegio de San Sebastián y más
tarde en la Academia Militar de Zaragoza (1955–1957), en la Escuela Naval de
Marín y en la Academia General del Aire, formándose como oficial de los tres
ejércitos, cursó también estudios de Derecho, Ciencias Económicas y Políticas
en la Universidad Complutense de Madrid.
En 1969, Juan Carlos juraba los “Principios Fundamentales”
del Régimen, asumiendo simbólicamente la continuidad del sistema franquista. A
partir de ese momento se convirtió oficialmente en “Príncipe de España” y
sucesor del general Franco en la jefatura del Estado. Franco confiaba en que
Juan Carlos perpetuaría el sistema tras su muerte. Además, la sucesión había
quedado asegurada.
Parecían haberse disipado todas las dudas sobre la sucesión. El
nombramiento de Carrero Blanco como “presidente del gobierno”, mostró que se
trataría de una “monarquía tutelada” y a la sombra de las “Leyes Fundamentales
del Reino” que Juan Carlos había jurado en las Cortes.
Se ha dicho que, durante su educación y su estancia en España,
Juan Carlos fue el “rehén político” de Franco. No es cierto. La estancia de
Juan Carlos y su educación fue el resultado del acuerdo suscrito en el yate
Azor entre Franco y Don Juan. Lo que si fue evidente es el resentimiento que
acumuló Don Juan a lo largo del franquismo y que culminó con el hecho de que no
fuera tomado en consideración para recuperar el trono. No sería sino muy
tardíamente, en 1977, cuando renunció a sus derechos dinásticos en favor de su
hijo, ya convertido en rey.
Pero, a falta de una “oposición monárquica” real, la cuestión de
la sucesión tuvo algunos flecos más antes de 1975. En efecto, la boda entre
Alfonso de Borbón y Dampierre, y María del Carmen Martínez–Bordiu y Franco,
hija mayor de Carmen Franco y, por tanto, nieta del Jefe del Estado, fue uno de
los grandes acontecimientos sociales del tardofranquismo. La ceremonia se
celebró en la capilla del Palacio de El Pardo y contó con la presencia del
propio Francisco Franco como padrino. Como regalo de bodas, Franco le otorgó el
título de Duque de Cádiz y el tratamiento de Alteza Real, un
gesto de alto significado político que algunos interpretaron como un posible
intento de cambiar la sucesión a su favor.
A pesar de su linaje, su padre había renunciado a los derechos al
trono español por su discapacidad auditiva, y el propio Alfonso fue educado
fuera de España, llegando a no hablar español hasta los 17 años. Aunque era un
Borbón español –era hijo del infante Jaime de Borbón (hijo del rey Alfonso
XIII) y nieto, por tanto, del último monarca antes de la Segunda República; por
tanto, era primo hermano del entonces príncipe Juan Carlos–, para la corriente
legitimista francesa, Alfonso de Borbón era el heredero directo de la Casa de
Borbón de Francia y había heredado el título de Duque de Anjou.
Henri de Orleans, jefe de la Casa de Orleans, demandó a su primo
Alfonso ante la justicia civil francesa por “usurpación de títulos” y “uso de
símbolos”. En diciembre de 1988, apenas un mes antes de la muerte de Alfonso,
el Tribunal de Gran Instancia de París dictó una sentencia que supuso
una victoria moral y legal para él. El tribunal declaró que, bajo las leyes de
la República Francesa, los títulos de nobleza y los escudos de armas de las
antiguas familias reinantes no tienen protección legal como
tales dentro del orden público actual. La justicia dictaminó que
Alfonso podía seguir usando el título de duque de Anjou y las flores de
lis, ya que los Orleans no tenían el monopolio sobre unos símbolos que
pertenecen a la historia de Francia y a todos los descendientes de la Casa de
Borbón.
Su matrimonio fracasó. En 1979 se separaron y cuatro años después
se divorciaron definitivamente. La década de los 80 fue trágica para él. En
febrero de 1984, sufrió un grave accidente de tráfico en el que falleció su
hijo mayor, Francisco de Asís, de 11 años. Alfonso, que conducía el vehículo,
quedó sumido en una profunda depresión. Una vez recuperado, el 30 de enero de
1989, en la estación de Beaver Creek (Colorado, EE. UU.) antes de un campeonato
mundial, chocó a gran velocidad contra un cable de acero que unos operarios habían
colocado a la altura de su cuello, falleciendo prácticamente decapitado. Su
hijo pequeño, Luis Alfonso de Borbón y Martínez–Bordiú, heredó sus títulos
nobiliarios y es hoy quien reclama para sí el trono de Francia como “Luis XX”
para los círculos legitimistas.
No parece realista pensar que Franco, monárquico alfonsino,
hubiera valorado seriamente, instalar en el trono a Alfonso de Borbón; harina
de otro costal es que el matrimonio Franco no estuviera orgulloso de que una
nieta entroncara su linaje con el de los borbones españoles. Es también posible
que Franco utilizara este matrimonio para ejercer algún tipo de presión sobre
el príncipe de España y, más aún, sobre su padre, Don Juan Conde de Barcelona.
