Entendemos perfectamente el marronazo que le ha caído al
ayuntamiento de Badalona con los okupas senegaleses albergados en el antiguo
instituto B9 de esa ciudad. No son ni dos ni cuatro, son 400. Y si bien es
cierto que, donde comen dos comen tres y que uno puede ser solidario hasta
cierto punto (más allá del cual deja de ser solidario para convertirse en un
auténtico gilipollas: el que se hace daño a sí mismo, según la RAE), no es
menos cierto que donde comen dos, no pueden comer cuatrocientos. El problema no
era solo el agravio comparativo de vecinos que llevan años viviendo en el
barrio, que pagan alquileres o hipotecas y que no quieren nada más que vivir en
paz. El verdadero problema es que ha resultado imposible convivir con okupas:
en Badalona lo saben por experiencia.
El motivo que ha alegado el ayuntamiento para el desalojo es que
el edificio amenazaba ruina. Parece que es así y que no ha existido
sobreactuación en el consistorio. Podemos pensar lo que ocurriría si un
ayuntamiento catalán, gobernado por el PP, sufriera el colapso de un edificio y
murieran 200 o 300 senegaleses: habría manifestaciones “antirracistas” en toda
España. Así que ha imperado el sentido común y el ayuntamiento ha decidido
poner fin a una okupación peligrosa que duraba ya dos años y que había
encolerizado a los vecinos.
Peleas frecuentes, un asesinato, tráfico de drogas, agresiones sexuales, colgados
deambulando por las inmediaciones, robos, molestias de todo tipo a los vecinos… Lo
raro es que no se hubiera desalojado antes el edificio y lo más raro aún que la
responsabilidad recayera sobre el ayuntamiento, cuando en realidad el problema
debería haber sido asumido por la gencat o por el propio Estado.
Obviamente, ni Illa, ni el gobierno central han querido mezclarse en este feo
asunto que ha demostrado algunas cosas palmarias:
1) No existe solución al problema de la okupación sin antes prever
la cuestión de las repatriaciones (o, como se
dice ahora, de la “remigración”).
2) Vaciar un inmueble que amenaza ruina es bueno, saludable y
necesario, pero la parte negativa es que el problema se traslada a otros
inmuebles o a otras poblaciones.
3) Dos años es tiempo más que suficiente como para que un
ciudadano que trabaje pueda alquilar con otros amigos, un piso y vivir de forma
saludable. Eso está ocurriendo en este mismo momento.
4) Si durante esos dos años han querido seguir viviendo como okupas,
cobrando las ayudas públicas y realizando trabajo en negro (chatarra, trapicheo
y poco más), merecen ser repatriados.
5) Es falso que los senegaleses no tengan donde ir: Senegal no
está en guerra, los “refugiados” no lo son tales. Tienen un sitió donde ir: la tierra
que les vio nacer. Deben volver a Senegal.
6) Hay dos derechos humanos que, sorprendentemente no están
escritos en la declaración universal publicada por la ONU:
- El derecho a la seguridad, sin el cual ningún otro derecho es posible, derecho que tienen los vecinos de Badalona.
- El derecho a vivir en la tierra en la que uno ha nacido: es el de los senegaleses que vinieron aquí convencidos de que atamos los perros con longaniza, atraídos por la permisividad y la doctrina socialista de “cuantos más mejor que así la economía va como una moto”. Les engañaron y/o se engañaron. Ahora, disipado el equívoco: DEBEN VOLVER A EJERCER ESTE DERECHO EN SU TIERRA NATAL
7) Hay unos pocos badaloneses que ahora piensan en lo mal que lo
estarán pasando los 400 senegaleses pasando la Navidad al raso… No es que
tengamos el corazón duro o que seamos insensibles al sufrimiento ajeno; pero, a
estos, les decimos que este problema ha estado latente DOS AÑOS y debería
haberse solucionado antes. Si el desalojo ha tocado en invierno y en
período navideño, mala suerte: dos años son suficientes para comprobar si en
España hay perspectivas de trabajo honesto o la única perspectiva es vivir parasitando
subsidios estando convencido de que “aquí se permite todo”. Y si en dos años un
inmigrante no se ha integrado en el mercado laboral, debería volver por sí
mismo a su país, aprovechando las ayudas a la remigración que ofrece el
gobierno y agradeciéndole a la sociedad española el haberle dado una
oportunidad
8) Los resultados electorales de Extremadura no dejan lugar a dudas: el tiempo de la “izquierda progresista” y del “pedrosanchismo”, empieza a quedar atrás. Dentro de poco será un doloroso y lamentable recuerdo y se tratará de paliar lo peor que ha traído y las deudas que ha dejado. Pero los 400.000 okupas que hay en este momento en España, en su inmensa mayoría inmigrantes, no podrán ser expulsados, si la reforma del Código Penal endureciendo las penas por okupación, no vienen acompañados el día antes por otro decreto acelerando la expulsión de ilegales. Y, francamente, no veo a Feijóo capaz ni de adoptar ninguna de las dos medidas, como no sea bajo la presión de Vox.
