2. LA ÚNICA SOLUCION A UNA SITUACIÓN ENDIABLADA
Lo primero que esta tentado de pensar uno cuando
se plantea la situación global del país es que España, sencillamente, no tiene
solución. En el período de ZP, cuando éste decía que “estamos al final del
túnel” (en los momentos en los que había regalado 250.000 millones de euros en
los planes E para paliar la crisis económica), otros decíamos: “No, la luz que
se ve no es la del final de un túnel sino la que se percibe desde el fondo de
un pozo negro”. Pues bien, hoy estamos en ese mismo pozo sólo que de manera más
profunda.
Se diría, incluso, que el gobierno no está
preocupado por la situación del país, sino tan solo por sus propias redes de
corrupción y en lugar de gobernar, está centrado en muñir mediante la
corrupción, más y mejor, al país; y quien gobierna, en realidad, como todos los
que siguen la actualidad diaria, es Bilbu-ETA y los indepes catalanes. De no
ser por ellos, Sánchez, el perdedor de las pasadas elecciones generales, nunca
se habría sentado en la Moncloa. La “no-España”, está desintegrando a la Nación,
con mucha más eficiencia que ejerciendo programas separatistas u operaciones
terrorista.
Lo cierto es que la última oleada de corrupción,
con el encarcelamiento de Aldama, el seguro procesamiento de Abalos, el
demoledor informe de la UCO que apunta a “Sánchez = nº 1” y el fracaso de los
recursos para evitar el procesamiento de Begoña, ha dejado al PSOE
completamente desmoralizado. Han
tenido un choque dramático con la realidad.
En 2016, cuando se
celebraron las primarias con las que Pedro Sánchez llegó a la
Secretaría General de los socialistas, constaban oficialmente 198.123
militantes. El 31 de diciembre de 2021, último dato oficial facilitado por la
cúpula del PSOE, quedaban 159.943 sobre el papel. Y, teniendo en cuenta
que la media del cuatrienio 2018-2021 arroja una fuga media de 3.700 afiliados
cada año, todo apunta a que, en la actualidad, al PSOE le quedarán apenas 150.000
militantes en alta que son, poco más o menos, los cargos públicos que tiene el
partido en ayuntamientos (21.000 concejales a los que hay que sumar los
“asesores” y “secretarios” que, como mínimo suponen un tercio del total de
afiliados), comunidades autónomas, aparato propio, asesores en los distintos
niveles administrativos, onges afines, funcionarios enchufados, aspirantes al
enchufe y un número no desdeñable de afiliados cerriles de tercera edad. El
virus que tenía el PSOE Andaluz durante los años en los que gobernó en aquella
comunidad, se han extendido a toda España: cada afiliado, sigue pagando cuota,
porque vive del partido y debe su nivel de vida a la sigla… (algo parecido
ocurre con los independentistas catalanes cuyo número de afiliados coincide
casi por completo con el de cargos autonómicos remunerados). Cuando eso
ocurre, se demuestra que quienes acuden al PSOE a afiliarse no están motivados
por una doctrina política, ni por una ideología, ni por un programa:
simplemente llaman a la ventanilla para ver lo que pueden sacar. Eso es
precisamente una “organización criminal”…
Cuando eso ocurre y, sobre todo, cuando el proceso de
empobrecimiento de la afiliación, coincide con una oleada de corrupción
generalizada es cuando luce bajo el sol el Artículo 570bis del Código Penal y
urgen iniciar un procedimiento para ilegalizar a una formación que -hoy, al
menos- capitaliza la corrupción en España.
Que ¿qué puede hacerse?
Pues, en primer lugar, MORALIZAR AL PAÍS. Y, si ese es el objetivo, la estrategia es reforzar las leyes y
las instancias contra la corrupción. En segundo lugar, reforzar las penas de
prisión e incautación de bienes de los implicados en casos de corrupción,
supeditando su puesta en libertad a la devolución de la totalidad de lo robado.
Y, en determinados casos, con tareas de organización de redes de corrupción,
mentiras reiteradas a la totalidad del país, casos de enriquecimientos ilícitos
que implican empobrecimiento del Estado, no basta con penas de 12 a 20 años,
como establece hoy el código penal, sino cadena perpetua.
El ciudadano y “el legislador” deben comprender que un delito de
corrupción realizado por un funcionario de la administración, de carrera o por
elección, es mucho más grave que el delito cometido por un ciudadano contra
otro: la corrupción es un delito CONTRA TODA LA SOCIEDAD y, además, utilizando
los mecanismos legislativos y políticos para facilitarlo. Si esto se explicara a la población con claridad (que el
corrupto, no roba a una persona, sino a toda la sociedad y que el corrupto lo
hace, además, defraudando a sus electores y al sistema político en vigor),
seguramente se impondría el criterio de que cuatro paredes para un castigo son
tres de más. No hace falta ir tan lejos: pero, es preciso “desincentivar” la
corrupción y eso solo puede hacerse elevando la dureza del castigo y extendiéndola
a los bienes del entorno familiar y endureciendo los castigos a los
testaferros.
Hoy, en 2024, ya no vale decir aquello de “actuaremos
implacablemente contra la corrupción” (lo que dicho por un corrupto resulta
todavía más lacerante). Hoy, se trata de aprobar leyes drásticas y de dureza
“bukeliana” (“bukeliana” = de Bukele) para liberarnos de esta lacra. Y de
ponerlas en práctica de manera BRUTAL E INMISERICORDE. Así es la justicia: ciega, pero justa y, en cualquier caso, su
dureza debe DISUADIR de la tentación de cometer un delito. Cómo no se va a
vencer a la corrupción es con medidas timoratas como las propuestas por el PP
en esto momentos. Obviamente, el PP teme ser víctima en el futuro de medidas
drásticas que hoy son necesarias. No olvidemos que, si el PSOE y exCiU son
los primeros espadas de la corrupción en España, el tercero es el PP.
Tenemos la sensación de que, con un gobierno del PP, la situación
no cambiaría excesivamente. No podemos olvidar que Rajoy, cuando llegó al
poder, no pensó en reabrir ni por un momento, la investigación sobre los
atentados del 11-M (que retrasaron su ascenso al poder, siete años), ni ordenó
que se aceleraran los procesos contra los socialistas implicados en casos de corrupción
(especialmente en Andalucía, cuyas sentencias se sustanciaron con Sánchez ya en
el poder), ni siquiera modificó ni endureció la legislación anticorrupción.
Y, para colmo, albergó bajo su seno a una red de corrupción cuya única
diferencia con la actual es que no apuntaba a la Moncloa, sino a la
financiación del propio PP.
Y no parece que con Feijóo al frente (cuya “única política de
pactos”, como ha repetido en decenas de ocasiones, sigue estando orientada
hacia el PSOE) vaya a ponerse tajante en este tema (o, incluso, en ningún otro). PP y PSOE, son solidarios en esta materia. Dicho lo cual, cabría
añadir que en la actualidad quien gobierna es el PSOE y una política que no
implique propuesta de endurecimiento de penas por delitos de corrupción hasta
llegar a la cadena perpetua y a una expropiación de bienes del entorno familiar
de los corruptos, y a una liberación anticipada supeditada a la devolución de
lo robado y a una confesión completo de la composición y detalles de la red de
complicidad, no es una política en la que se pueda confiar. Feijóo no
variará en esta materia. Ya no se trata de establecer quién es más corrupto,
ni de utilizar -como está haciendo el sanchismo- el infantil “y tu más”, sino
de ARRANCAR CON TODA LA BRUTALIDAD POSIBLE LA CORRUPCIÓN HASTA SUS MISMAS
RAÍCES. ¡Ya basta de promesas electorales! ¡Hacen falta medidas urgentes
aplicables ya!
Pregunta: para nosotros está claro a la vista de la proliferación
de casos de corrupción, de la pobreza doctrinal del PSOE (cuyo programa no es
más que la Agenda 2030), de la coincidencia entre el número de afiliados y el
número de cargos pagados por las administraciones, que al PSOE se le puede
aplicar la figura delictiva de “organización criminal”, exigiendo, no solamente
su disolución, incautación de bienes, sino también una depuración de su
actuación desde el 11-M de 2004. Ahora bien, ¿quién pone el cascabel al gato?
¿Quién presenta la denuncia y la argumenta? La ley no es lo nuestro,
evidentemente, pero, de lo que lo que no cabe la menor duda es que la
inflación de leyes de nuestro país, está en contradicción con la facilidad con
la que se vulneran. Así pues, hace falta una reforma de arriba abajo del
sistema político español.
Escribimos esto en 2024. No nos cabe la menor duda de que dentro
de un lustro la situación habrá variado: lo más probable es que el PP suba al
poder, apenas realice ninguna reforma y todos sus esfuerzos se orienten hacia
el saneamiento de la situación económica. Lo que provocará ajustes y protestas
de los sindicatos. En lugar de dejar de subvencionar a los sindicatos -que ya
representan tan poco que casi nadie se interesa por ellos- Feijóo tratará de
“dialogar” con ellos (cuando ya solamente representan a una burocracia
parasitaria y vividora) estimulándolos a ello mediante… subvenciones. En
lugar de iniciar una política de repatriaciones en caliente, Feijóo seguirá
albergando a más y más inmigrantes, delegando en la UE la responsabilidad de la
política migratoria. En lugar de disolver ministerios inútiles, los mantendrá
incólumes. En vez de cesar las subvenciones a ONGs delincuenciales, se limitará
a reducirlas ligeramente, como máximo. Porque Feijóo, en el fondo, cree en
las bondades del “diálogo”, la “negociación”, el “respeto mutuo” y demás
excusas para evitar coger el toro por los cuernos.
En una conversación el otro día, uno de los asistentes proponía
como método para resolver los problemas del país: “Un programa de tres
puntos: fusilar, fusilar y fusilar”. Brutal. Aún puede evitarse. Este
país es cainita que desconoce lo que significa el término medio y la búsqueda
de la eficiencia: puede pasar de reír las gracias a los corruptos, a lincharnos
sin juicio. Deseamos que esto no pase jamás, claro está. Pero, lo cierto es que
la brutalización de la sociedad (cada vez más barrios en poder de la
delincuencia, cada vez más armas automáticas en manos de delincuentes en las
calles, una sociedad indefensa ante las oleadas de delincuentes llegados de
todo el mundo, en estado de encabronamiento y ofuscación generalidas) y la
sensación de indefensión de los ciudadanos induce a comentarios de este tipo.
3. EL “CASO BARBARA REY” PARA TAPAR EL “CASO BEGOÑA”
Que el Rey emérito había sido objeto de un chantaje por parte de
una petarda manirrota superviviente de la época del destape, era algo que se sabía desde
hace tres años, cuando Javier Chicote publicó su libro El jefe de los espías.
La cuestión es porqué, ahora, este tema, antiguo, archivado, casposo y
cutre, vuelve a salir a la superficie.
Uno de los canales a través de los cuales ha vuelto a hablarse del
tema, ha sido OK Diario, uno de los “tabloides digitales” tan denostados
por Sánchez y que reúne a lectores de la derecha (los “tabloides digitales”, sumados, tienen, ya hoy, más
audiencia que la prensa convencional y mucho más interés). Eduardo Inda, aprovechó la ocasión, publicó en lugar
preferencial, todo lo que le había llegado sobre el tema, relegando
-temporalmente- las informaciones sobre la corrupción a lugares secundarios en
su digital. La telebasura, por supuesto, se ha lanzado como hienas sedientas de
sangre, también sobre esta cuestión. Parece evidente que la elección de OK
Diario para vehiculizar una parte de esta temática se debe a que es leído
por lectores de derechas. En cualquier caso, pasado el momento cumbre del
episodio, el digital en cuestión volverá a su política habitual anti-sanchista.
Sobre el tema en sí cabe decir poco: el Rey debe ser ejemplo
para todos los ciudadanos. No es uno más que pueda conducirse como un ciudadano
de a pie. Por lo demás, los Reyes, históricamente, cuando quieren acostarse con
otras, lo hacen con cortesanas, no con putas. La responsabilidad de la
frase no es nuestra, sino que la pronunció hace unos años, el ex director del Hola,
Jaime Peñafiel. De todo esto, el gran patinazo del emérito fue algo que, al
menos, su hijo no ha heredado: su deseo de “conocer” (en el sentido bíblico) a
“chicas de moda” que estén “en el candelabro”. Y lo más censurable, además,
el que el chantaje se haya pagado con dinero público.
Pero todo esto, por censurable que sea -y ninguno de los
protagonistas puede seguir manteniendo la cabeza alta porque, aquí, todos han
perdido su dignidad- no es lo esencial, sino el momento en el que se ha vuelto
a hablar del libro de Chicote. Es sospechoso el momento elegido: coincide
con otra de las puntas del “Caso Koldo-Ábalos-Nº1”: la detención de Aldama, el
tiroteo de advertencia a su vehículo, la pérdida de intención de voto del PSOE,
la autorización de las instancias superiores al juzgado que lleva la
investigación sobre Begoña para proseguirla y ampliarla, unido al hastió de la
sociedad por los resultados cada vez más catastróficos de las políticas de
Sánchez y la inestabilidad política (las encuestas independientes otorgan
hasta 155 diputados al PP que gobernaría con una cómoda mayoría, con el apoyo
de Vox, salvo el CIS ¡que se obstina en seguir dando como ganador al PSOE!)
Sánchez quiere mantenerse en el poder el tiempo que sea, es capaz
incluso de autoindultarse e indultar “preventivamente” a su entorno familiar
(lo del hermano y lo de la diputación de Extremadura es también lacerante en
grado extremo, incluso las subvenciones dadas a la empresa de su propio padre,
demuestran la catadura del gobierno) y mafioso. Pero,
hoy por hoy, lo cierto es que tiene todas las posibilidades, a poco que le
judicatura cumpla su función, de ser el primer presidente de la historia de
España que pase de La Moncloa a la prisión de Alcalá-Meco sin paradas
intermedias.
Sánchez -a la vista de su historial- hará todo lo posible para
evitar este final anunciado. Tiene varias armas a su alcance: una consiste en seguir
satisfaciendo a sus socios, especialmente a los indepes catalanes (los
vascos poco pueden pedirle ya, cuando saben que los matarifes de ETA que quedan
en la cárcel, saldrán en pocas semanas) mediante la convocatoria de un referéndum
independentista (dos son las razones para ello: el referéndum sale gratis,
será la gencat quien lo pague y, en segundo lugar, el resultado será
ampliamente desfavorable para el independentismo, hoy virtualmente roto en
docena y media de fracciones, organizaciones, partidos, grupos juveniles, todos
ellos rivales, sin proyecto y mal avenidos) y mediante la convocatoria de un referéndum
sobre la monarquía (que cogerá desprevenido a un PP y que es la única
medida que puede removilizar a la izquierda y a la extrema-izquierda, hoy
completamente agotadas, desmoralizadas y desmovilizadas, absolutamente
separados de la realidad social y preocupados solo por sus coñas LGTBIQ+, su
wokismo pelmazo, sus cambios climáticos patéticos, Gaza con sus solidaridades,
la vivienda imposible para jóvenes y regalada para okupas y sus cuatro días de
jornada laboral…
A Sánchez le gustaría imitar a los grandes políticos republicanos
de principios de los años 30 y su ideal histórico es ese momento en el que cae
la dictadura de Primo de Rivera, se convocan elecciones municipales y, aún sin
saber el resultado, España se acueste monárquica y se levanta republicane. La euforia por la caída de la monarquía, duró dos años, tras los
cuales, la derecha ganó de calle y el Feijóo de la época (Gil Robles) renunció
a gobernar para no ofender a la izquierda y Lerroux formó gobierno (cuando era
evidente que, como dijo un político de la época -y como ocurrió en realidad-
“estos se llevarán hasta las alfombras de los ministerios”). En este país
cainita, todo es posible cuando la locura está instalada en el poder. Y
mucho más ahora, en el que la brecha entre Felipe VI y el gobierno ha quedado
dramatizada en los actos del 12 de octubre.
El “Caso Bárbara Rey” no tiene mucho recorrido. Lo más probable es
que se extinga esta misma semana que empieza y que, el nombre de la actriz del
destape se olvide definitivamente y sean sus hijos los que estiren al máximo el
tema en los próximos años, aunque solo sea para proseguir el modus vivendi
inventado por la tele-cloaca. Pero el “Caso
Begoña” es sensiblemente diferente. Todavía está en las primeras fases de su
recorrido y sus protagonistas están doblemente preocupados: por una parte, en
borrar huellas y por otra por encontrar fuentes de ingresos alternativos (que
tanto en el caso de Begoña y de su marido) parecen pasar por África. Y es
comprensible: lo primero que se negocia con los dirigentes africanos son las
comisiones de las “ayudas”, tanto para el receptor, tanto para el emisor y lo
que quede… (lo quede, para algo se empleará, eso sí, con total opacidad). Y
nunca, tratándose de sátrapas africanos queda mucho. Porque, lo que parece
evidente es que, para Begoña, de la Universidad Complutense ya no va a sacar
mucho más. Enfangada, ridiculizada, hundida, desprestigiada hasta el chiste
fácil, la UCM solamente puede aspirar a confesar todo lo que ha vivido con
este asunto: y no va a ser nada bueno ni para Begoña ni para su marido.
4. CONCLUSIONES
Esta historia tiene varios finales posibles. Hay que estar preparado para todo…
Uno de los peores finales implica que todo esto termine sin que
pase nada grave, con plena “normalidad institucional” y con la convocatoria de
nuevas elecciones generales en 2027, cuando Sánchez calcula que los “nuevos
electores”, inmigrantes naturalizados, unidos a la cocina del CIS, a otros cientos
de millones inyectados en medios afines y a las reformas judiciales que
paralicen los procedimientos contra él, deben haber dado sus frutos. Y Feijóo-carapalo esperando ser algún día presidente para pactar
con el PSOE. Este final es el deseado por los afiliados-barrigas agradecidas
del PSOE, por los estratos subvencionados del país, en especial, por la
inmigración ilegal y por los naturalizados, por los integrantes LGTBIQ+, los
que creen a ciegas en el cambio climático y en la agenda 2030 y por progres en
general.
Claro está que hay otro final que dice lo contrario, sería con el que más se identifican los patriotas: la protesta popular estalla y cristaliza en formas concretas:
- movilización popular, manifestaciones en las calles,
- asedio, no de Ferraz, sino de la cueva de Ali-Baba, la madre de todas las corrupciones, la Moncloa,
- formación de patrullas ciudadanas para garantizar la seguridad ciudadana,
- generalización del “por la puerta o por la ventana” frente al fenómeno okupa,
- negativa de comunidades autónomas a admitir MENAS e ilegales,
- generalización del “factor Orban” (ilegal detenido, ilegal con billete de ida gratuito a Bruselas a la sede de la UE),
- boicot a los medios de comunicación mercenarios,
- apoyo solamente a partidos que hayan demostrado ser dignos de crédito y que hayan sido constantes en su voluntad de no pactar con la “organización criminal” hoy llamada PSOE,
- llamada a los sectores sanos del país para que asuman que la situación no solamente es grave, sino más bien, terminal, y actúen en consecuencia.
Y esto implica:
- el tránsito de Sánchez de La Moncloa a Alcalá-Meco con una etapa, por aquello de la humanidad, una consulta psiquiátrica de reconocido prestigio que certifique (o no, pero la revisión psicológica es, en cualquier caso obligada) su condición de psicópata integrado, acaso como atenuante y única defensa posible.
- inicio de una profunda reforma constitucional que garantice que los déficits acumulados por la constitución de 1978 quedarán definitivamente abolidos: refuerzo de los poderes de la monarquía para liquidar situaciones insoportables para la comunidad nacional, separación de poderes, legislación contundente anticorrupción, prohibición de la difusión del islam, repatriación de inmigrantes ilegales, renegociación del tratado con la UE, reindustriación del país, política de natalidad, impulso a la cultura española y europea, mayor exigencia en todos los niveles de la enseñanza...
Y luego está, es final más previsible: nos muestra una España en el 2030, hecha de velos islámicos, parecida al Líbano o incluso a la Yugoslavia de los años 80 y 90, deshecha, sin posibilidades de levantarse, ni siquiera de ordenar la vida política, balcanizada y vulcanizada por explosiones interiores, tensiones étnicas, nacionalistas, religiosas y políticas, con una sociedad progresivamente más ignorante y brutalizada. Habremos llegado a lo que hoy tanto tememos: al final de un país, de una sociedad y de una cultura. La estación término, la única a la que capaz de llevar el gobierno del PSOE…
Esta historieta no tiene otro final. Sólo estos dos, pero nos gustaría acabar con una referencia histórica: Roma y la Dictadura
La dictadura fue una magistratura extraordinaria que poseía plenos
poderes por un periodo que no podía exceder los seis meses. Según la tradición,
el cargo se instituyó en el año 501 a. C., aunque durante la monarquía ya
existía una magistratura similar con otro nombre: el magister populi. No era el “cirujano de hierro”, pero se le parecía mucho.
Probablemente, eso es lo que haga falta: emular a Roma La Grande.
