Que Isabel Celaá
debería volver a su mansión de Neguri y dimitir, lo sabemos desde que en mayo
pasado le oímos explicar las medidas surrealistas que se adoptarían en la
enseñanza al acabar el confinamiento. Ahora, con su decreto liquidando el
castellano como lengua vehicular en la enseñanza, ha conseguido superar todos
los límites del absurdo. Y ella debería ser la primera en saber los riesgos
de medidas como esta, si recuerda que en 2010 fue recibida en el Festival
Escolar de Bermeo con gritos de “maketa, vete a casa” a causa de
sus apellidos en absoluto vascos (Celáa y Diéguez) y sin que pudiera argumentar
que había nacido en Bilbao y desde 1987 ocupaba cargos en la administración
vasca. Posiblemente, ni siquiera la idea de abolir en castellano como lengua
vehicular en la enseñanza -lo que implica, abolirlo en la sociedad- no haya
sido de ella, sino del psicópata que nos gobierna.
A esta situación
se ha llegado por tres motivos:
1) Las necesidades del ego de Pedro Sánchez y su falta de sentido de Estado.
2) La ambición de Podemos de liquidar lo esencial del Estado Español que considera una reminiscencia fascista.
3) Las imposiciones de ERC para apoyar los presupuestos, y hacer olvidar a su electorado el fracaso absoluto del “procés”.
Pedro Sánchez es
uno de esos políticos a los que no les importa decir A y mañana no-A, como buen
psicópata miente sin pestañear y su ego es superior a cualquier otra
consideración. Su falta de empatía apenas es disimulada por una teatral
expresión de afectación y modestia tan falsa como las que se ven en una
telenovela turca. En Sánchez no hay ni “sentido del Estado”, ni otra cosa
que no sea él mismo y las formas de reforzar su poder: ayer mismo se
publicó que el gobierno aspira a que se apruebe un decreto que permitirá a los
inspectores de Hacienda entrar en los domicilios de los ciudadanos sin más
mandamiento que su “olfato”. Y, tanto él como su fotocopia reducida, el moños,
han manifestado en muchas ocasiones su deseo de modelar los organismos máximos
de la justicia a su antojo, o limitar la libertad de expresión en Internet.
Pero con esto de abolir la lengua castellana como vehicular, Sánchez ha
superado todos los límites y evidencia su peligrosidad y sus propios desajustes
mentales.
En primer lugar,
porque el que va a pagar la factura de esta iniciativa es su propio partido, en
el que, los veteranos y los que en algún momento de su vida se tomaron en serio
la socialdemocracia, ya no saben qué hacer con él. En principio, “varios miles”
de socialistas han firmado un manifiesto contra esta medida. El manifiesto
promovido por Zenón Jiménez Ridruejo, un socialista histórico, y por Antonio
Miguel Carmona, actual dirigente del PSOE. En apenas unas horas, ¡12.000
socialistas! han firmado el manifiesto, entre ellos, numerosos cargos
(entre ellos dos expresidentes del senado, varios ex ministros y Cándido
Méndez). Cuando 12.000 socialistas se atreven a ir contra el criterio de su
líder, es que, dentro del PSOE las cosas se están poniendo cada vez más
complicadas para Sánchez.
No es que los
“cargos electos” socialistas hayan recuperado bruscamente una fuerte dosis de
patriotismo, sino que temen que su electorado les dé la espalda. El PSC en
Cataluña, con las elecciones a tres meses vista, puede salir ampliamente
perjudicado por esta medida que desdice su oposición al independentismo. De
hecho, la medida, ha sido impuesta por ERC para prestar su apoyo a los
presupuestos generales del Estado. Aquí se muestra la estupidez de un
político que confunde un apoyo coyuntural (como lo es un apoyo a una ley de presupuestos
de vigencia anual) con una medida “de Estado” (es decir, con una norma que
tendrá repercusiones en la vida futura de la nación). Cuando se es un ambicioso
ignorante se desconoce la diferencia entre lo que es “estratégico” y lo que es “táctico”.
Lo peor de toda la
polémica generada, no ha sido el decreto Celáa que saldrá del Congreso en las
próximas semanas, sino la actitud de los “socios” del PSOE en el gobierno: para
ERC -aunque este partido no esté en el gobierno, es de quien depende el que las
leyes del gobierno tengan mayoría en el parlamento o no la tengan- es una forma
de blindar la inmersión lingüística. Para Podemos, una forma de desmontar “España”,
pues, no en vano, para el coletas y sus socias, todo lo que representa “España”
es “franquismo”, “fascismo”, “reacción” y “dictadura”, así que cuanta menos “España”
exista, más cerca esteramos de ver el ideal de Podemos consumado. A fin de
cuentas, no se trata de un decreto contra el castellano, sino contra lo
español.
Podemos, a
través del inefable Echenique, sostiene que el decreto es un “avance para el
reconocimiento de la plurinacionalidad de España” y mendazmente afirmaba
que el hecho de que el castellano fuera la “lengua vehicular” era un “invento
del PP” (no lo es, ni lo ha sido nunca, y si Echenique tuviera algo de memoria
recordaría que eso ya fue determinado por el Tribunal Supremo en 2010 que
consideraba al castellano lengua vehicular para Cataluña, sin olvidar la estupidez
de Aznar de declarar que hablaba “catalán en familia”…). Su segunda línea de
argumentación era salir en defensa de la inmersión lingüística alegando que es un
“sistema para la igualdad de oportunidades”. No lo es: es todo lo
contrario, una forma de limitar oportunidades, especialmente entre los alumnos
en cuyo hogar se habla castellano, pero se les obliga a hablar catalán en la
escuela… obteniendo diez puntos por debajo de los que se expresan en catalán en
su hogar.
En vano
buscaríamos argumentos razonables para un decreto que, de mantenerse en el
tiempo, conseguiría que el castellano fuera lengua vehicular de 600 millones de
habitantes en todo el mundo… salvo en España.
La estupidez de
Sánchez, los resentimientos de Podemos y la ambición de ERC, han tenido una
contrapartida positiva: dan ocasión a reavivar la polémica sobre la inmersión
lingüística. Lo normal sería que en cada comunidad autónoma con lengua
co-oficial, existieran dos líneas de enseñanza, una en esa lengua y otra en
castellano: así la sociedad tendría la ocasión de elegir. Veríamos cuál iba
acaparando más y más alumnos. Y sería extremadamente fácil a tenor del censo
lingüístico de cada ciudad y de cada barrio. Voluntarios para dar clases no
faltarían entre los muchos profesores a los que hoy se les obliga a impartir
enseñanza en una lengua que no es la suya. Y, mucho nos tememos, que la afluencia
de alumnos a las escuelas que dieran clases en castellano en Cataluña, por
ejemplo, sería masiva en buena parte de su geografía. A esto se le llama
libertad de enseñanza y libertad de los padres para elegir escuela para sus
hijos.
Pero la “libertad”
es un término que no puede aceptar ni un ególatra con rasgos de psicópata, ni
un mindundi más preocupado por su coleta y su pendientito en la oreja, ni unos
resabiados por el fracaso inapelable del “procés”.
Va siendo hora
de plantarse: el decreto lingüístico de la Celaá marca un antes y un después. A
partir de ahora, las intenciones de Sánchez están más que claras (sobrevivir
como presidente cómo sea y a costa de lo que sea, sacrificando lo que sea para
ganar unas semanas de estancia en Moncloa). El resto de medidas que adopte
en lo que queda de legislatura no serán nada más que formas de crear un “voto
cautivo” (ni-nis. Inmigrantes nacionalizados, grupos subsidiados, GLTBI) que lo
mantenga en el poder, como sea, con las coaliciones que sea. Hoy con
Podemos, pero mañana, si las circunstancias lo exigen, será con los restos de
Cs o con el PP, si las cosas van mal. De hecho, Casado, con su actitud ante la
moción de censura de Vox, ya evidenció cuál es su posición.
La democracia
está muy bien… cuando se juega limpio, pero es insoportable cuando el timonel
carece de otro principio más que su ego. El hecho de que sujetos como Sánchez
hayan llegado a la presidencia o que petardos políticos como el moños (y no lo
llamamos por su nombre para no confundirlo, por respeto, con el Pablo Iglesias
fundador del PSOE) sugiere que la partidocracia no es para este país y que
sería bueno empezar a pensar en un sistema constitucional que limitara el poder
de los partidos políticos y aumentara el poder de la sociedad civil… entre
otras reformas necesarias, imprescindibles y que no pueden esperar por más
tiempo.
