Solamente puede considerar que el problema es nuevo aquel
que tenga mala memoria: existen esos que ahora se llama “MENAS”, o menores sin
acompañamiento”, desde principios del milenio. En Barcelona existía una colonia
de 400 MENAS, cuando se les llamaba “niños de la calle” que cada día robaban en
el centro de Barcelona, cada día eran detenidos, cada día llegaban al “centro
de menores”, recibían la ropa de marca (llegó a producirse una revuelta cuando
un buen día no les entregaron ropa de marca porque su interés no era utilizarla
sino venderla a la mañana siguiente en la plaza Real), desayunaban, se fugaban
del centro y se iban de nuevo a cometer hurtos, robos y ejercer como tironeros
en el centro… para ser detenidos y repetir así el ciclo. Así que el problema existe, como mínimo desde el
2.000. Harina de otro costal es que ningún gobierno se haya preocupado por el
fenómeno, se le haya dejado pudrir y, por aquello de la autonomía municipal y
porque las comunidades autónomas, al parecer, debe servir para algo, el Estado
delegó en ellas la resolución del problema.
Pero lo cierto es que la Ley del Menor se aplica a cualquier
menor que está sobre territorio nacional. Por tanto, los menores sin acompañamiento quedan bajo la tutela de las comunidades
autónomas. No es una mala solución para los 17 organismo autónomos, si
tenemos en cuenta que, es este nivel administrativo, todo se resuelve “habilitando
un presupuesto”, en la absurda creencia de que cuanto más alto sea, mejor se
solucionará el problema. Y no es así, porque los hechos demuestran que, esos
menores una vez cumplen la mayoría de edad y dejan de estar tutelados por el
Estado, hacen cualquier cosa, menos trabajar.
¿Qué problema tienen los MENAS? Ese esa es la cuestión: que los MENAS se ha demostrado suficientemente
que constituyen en sí mismos, un verdadero problema. ¿Qué hace falta para
demostrar que casi 20 años de paños calientes han dado como resultado el
crecimiento más y más del fenómeno y el que desde el principio ha constituido
una fuente de provisión para las legiones de delincuentes que opera en nuestro
país?
No hay, por supuesto,
estadísticas al respecto, lo que implica, a las claras, que los programas de
integración llevados por las Comunidades Autónomas en relación a los MENAS, no
han conseguido hacer de ellos “buenos ciudadanos españoles”. De haberse logrado
este objetivo sería enarbolado como un “gran logro democrático”. ¿Han oído
alguna referencia oficial al tema? ¿No? Pues, es seguro que ha resultado un
fracaso.
De tanto en tanto, además, aparecen noticias que lo
confirman. A principios de año, cuando se produjo una agresión sexual contra
una pareja en la periferia de Barcelona,
La Vanguardia publicó que los agresores eran antiguos MENAS que vivían en
una casa ocupada. El día en que exista un solo representante honesto y
responsable en esa cueva de nulidades que es el Congreso de los Diputados, le
sugerimos que la primera pregunta que formule es “¿Cuántos MENAS han sido acogidos por el Estado y por las 17
comunidades autónomas desde el año 2000 y cuál es el porcentaje de niños
tutelados que se han reinsertado en la sociedad y hoy viven de su trabajo,
cuántos de subsidios, cuántos han cometido delitos y cuando han desaparecido de
cualquier registro…”. Y, SINCERAMENTE, ESPERO QUE EN LA PRÓXIMA LEGISLATURA
HAYA ALGÚN DIPUTADO CON REDAÑOS SUFICIENTES PARA FORMULAR PREGUNTAS DE ESTE
TIPO.
Una pregunta así -a la que estaría obligado a responder el
ministro del interior- no solamente daría como resultado conocer la dimensión
del fracaso de esa política, sino el dinero de los contribuyentes que se ha
arrojado por la letrina.
¿Tiene solución el
problema? ¡Claro que la tiene! En primer lugar, hay que defender el derecho de
los hijos a estar junto a sus padres y la obligación de los padres a tener
cerca de sí a sus hijos menores. Y esto vale en Manhattan, en el valle del Rif
o en el Ensanche barcelonés. Si por España aparece un niño solo, la obligación del
Estado es hacer todo lo posible para situarlo junto a sus padres. Y si el niño
es extranjero, la obligación corresponde al consulado de su país más próximo.
Así que dejémonos de estupideces y de ir de redentores por la vida: la
obligación del Estado Español no es amamantar a un “niño” marroquí (se calcula
que más de un 90% de los MENAS son de ese origen) sino entregarlo a los
representantes consulares de su país para que sean ellos los que asuman su
obligación de encontrar a sus padres.
Problema: que los MENAS
no cuentan ni dónde viven sus padres, ni siquiera cuál es su país. No
importa, existen traductores y lingüistas que son capaces de reconocer el
acento y las locuciones empleadas en cada región del Magreb. Es mucho más
humano duplicar o triplicar el número de estos funcionarios, para que, una vez
constatada la nacionalidad de los MENAS, se les deje en la puerta del consulado
de su país. Y ahí termina la responsabilidad del Estado Español.
¿Y si en algún caso no se lograse determinar la
nacionalidad? Sería raro, pero en ese caso, el esfuerzo del Estado debería
estar destinado a convencer al menor para que diera los datos (y si el MENA en cuestión
demuestra maña fe e intentos de ocultación, el Estado debe responder con algo
tan simple como llevándolo a algún establecimiento en régimen cerrado hasta que
se averigüe su nacionalidad. En última
instancia, el niño debería de ser entregado a la delegación de alguna agencia
internacional de la infancia: porque UNICEF está para eso. ¿O no?
Hoy mismo, El
Confidencial publica un artículo sobre los MENAS: dos cosas llaman la
atención. La primera es que las
declaraciones de los “trabajadores sociales” y “educadores” son de una
ingenuidad rayana en la estupidez (en dicho artículo una educadora dice: “Los
niños vienen aquí con la idea de trabajar, pero luego se encuentran con que no
pueden hacerlo con 12 o 13 años”, algo que recuerda la frase de Humphrey Bogart
en “Casablanca” cuando un policía le pregunta: “¿Qué le trajo por aquí?”, y el
responde: “El Mar”. “Pero en Casablanca no hay mar” y dice: “Me informaron mal”…).
Lo segundo que llama
la atención es el realismo de las fuentes policiales es palmaria cuando
reconocen que los MENAS “¡Se comen a los
educadores con patatas!”. Estos días, cuanto la situación con la
colonia de 50 MENAS de Canet de Mar es absolutamente insostenible, el
ayuntamiento ha tenido que pedir ayuda a la ciudadanía, presentándose un grupo
de voluntarios que realizarán una especie de voluntariado social con estos “niños
de la calle”. Es la crónica de un fracaso anunciado. También es el
reconocimiento de que los profesionales del sector, simplemente, no pueden hacer
nada, ni tienen energía, ni autoridad, ni respaldo para hacer nada más que
almacenar a los niños en albergues con las puertas abiertas, darles ropa, cama,
comida, wi-fi, televisión por cable y libertad para hacer lo que les dé la gana.
Y, por cierto, el número de bajas por depresión, el número de educadores que
sienten terror al tratar con los MENAS, va creciendo de día en día.
¿A dónde van los
MENAS? Respuesta: a donde saben que existen mejores condiciones para ellos.
Es decir, una vez más, la inmigración se rige por la ley del mínimo esfuerzo.
Allí donde se da más y se exige menos, es donde van a parar, es decir, a Cataluña en cabeza y en menor medida al
País Vasco, en tercer lugar, a Andalucía.
¿Cuántos MENAS hay en
España? Dicen que 12.000. Quizás sean más. ¡Qué lejos están los tiempos en
los que solamente había 400 merodeando por Barcelona? El fenómeno se está convirtiendo en masivo, especialmente durante el
último año en el que las mafias de la inmigración han notado que Pedro Sánchez
tiene la mandíbula blanda en la materia.
Propongo hacer una porra: me juego lo que quieran a que, si
la izquierda sigue en el poder en España y el PSOE se mantiene en el poder en
alguna fórmula de coalición, antes de fin de año, los MENAS llegarán a 20.000. A
que nadie, ni siquiera un socialista se atrevería a apostar contra esta
previsión…
