La dirección de la CUP (su “consejo
político” y su “grupo parlamentario”) han presentado una enmienda a la
totalidad a los presupuesto presentados por Oriol Junqueras, conseller de economía y
hacienda y vicepresidente de la Generalitat de Catalunya. El argumento es que “no
son suficientemente desobedientes con el Estado”. Por lo demás, el resto de
partidos políticos, también han manifestado su intención de no apoyar este proyecto
de ley de presupuestos, con lo que Junts pel Sí tiene la posibilidad, o bien de
rehacerlos hasta satisfacer las exigencias de algún grupo parlamentario o
retirarlos.
La noticia es catastrófica para Junts
pel Si (coalición que, en la práctica ha dejado de existir al presentarse en
las próximas elecciones generales todos los grupos que la componían por
separado) al evidenciar la imposibilidad de seguir gobernando con el apoyo
exterior de la CUP o con su neutralidad. Parece difícil que en estas
condiciones, y cuando ya han pasado cinco de los dieciocho meses para la “desconexión”
que prometió el gobierno regional de Puigdemont, pueda seguir manteniéndose
esta situación por mucho tiempo.
En primer lugar porque el apoyo
de la CUP es inestable e imprevisible (además de la independencia, este partido
presenta exigencias propias de la extrema-izquierda y sus frecuentes salidas de
tono hacen que, a fin de cuentas, el gobierno Puigdemont carezca de iniciativa
propia, sino que dependa del humor de esta coalición.
En segundo lugar porque la
situación económica de Cataluña es crítica. En la semana que concluye la agencia
de calificación Moody’s ha bajado un nuevo escalón el rating de la deuda catalán,
pasando de Ba2 a Ba3. Así concluyó la revisión que comenzó el 3 de marzo pasado
sobre la deuda catalana y que implica situarla al nivel de Nigeria o
Bangladesh. Esta caída se debe, sobre todo, a la “incertidumbre, generada por
la Generalitat para cumplir con sus obligaciones financieras, por el fracaso en
transformar su deuda a corto plazo en deuda a largo plazo y por su debilidad
fiscal a pesar del apoyo del Fondo de Liquidez. Otro de los argumentos que
utiliza Moody’s para su descalificación es la inestabilidad del gobierno
catalán que no anima a los inversores (dado que se encuentra en permanente minoría
parlamentaria) y que harán difícil la “consolidación fiscal”. El dictamen es
demoledor, no sólo para el gobierno Puigdemont, sino para la institución
regional catalana: “es previsible que la calificación de la deuda siga bajando”.
En tercer lugar, las próximas
elecciones generales, en las que exCiU (y próximamente ex CDC) obtendrán unos
resultados pobres, previsiblemente por detrás de ERC, indicarán a las claras
que la composición del parlamento regional ya no tiene nada que ver con la
situación política real en Cataluña y tenderán a restar credibilidad y
capacidad de acción al gobierno autonómico.
El futuro del gobierno Puigdemont
es, como mínimo, tan negro como el de la independencia y hace prever unas
elecciones anticipadas que supondrán el entierro definitivo del “proceso
soberanista”.