Info|krisis.- En lo que va de año, 3.500 subsaharianos han saltado la valla de
Melilla, la inmensa mayoría de los cuales se encuentran en estos momentos en
territorio peninsular. Parecen pocos,
pero el hecho de haber conseguido forzar su entrada ilegal en España y quedarse,
anima a otros muchos más a intentarlo. Por otra parte, en dos años estos 3.500
subsaharianos tendrán sus papeles en regla y podrán pedir “reagrupación
familiar”. Podemos calcular que los 3.500 subsaharianos que han entrado en
estos últimos diez meses, se habrán convertido en dos años en 20.000 sólo por
las “reagrupaciones” y por su alta tasa de natalidad. Pocos de ellos habrán
aportado algo a la tesorería de la Seguridad Social. Tal es el drama.
El CETI (Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes) de Melilla tiene una situación muy degradada. Sus
gestores no pueden hacerlo mejor porque les faltan medios y les sobra
masificación. En tales condiciones los profesionales de este servicio están
literalmente desbordados y sin posibilidades de poder canalizar el flujo
migratorio. Lo peor está por llegar: según la Delegación del Gobierno de
Melilla, en estos momentos, hay 80.000 subsaharianos que están esperando para
saltar la valla, merodeando en las zonas fronterizas. ¿A dónde van a parar
quienes logran saltar la valla? Salvo las raras “expulsiones en caliente” que
se producen, la inmensa mayoría son trasladados a la península. Sorpréndanse
con el retorcido recorrido que siguen.
Un juez que ejerce en Melilla,
Fernando Portillo, explica lo que ocurre inmediatamente después de que los
inmigrantes se descuelgan por la parte española de la valla: “Cuando un inmigrante entra en Melilla
saltando la valla (o nadando, o en patera, o por la frontera oculto en un
coche, o usando un pasaporte falso) lo hace ilegalmente y, por tanto, se
convierte en un inmigrante ilegal. Tras ser identificado por la policía y darle
de alta en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el Gobierno
inicia contra ellos un procedimiento que, en términos generales y para no
complicar la explicación, llamaremos de expulsión, regulado en la Ley Orgánica
4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su
Integración Social. Este procedimiento no es judicial, es administrativo. Es el
poder ejecutivo tratando de devolver a un ciudadano que ha entrado
irregularmente en Melilla a su país de origen. El poder judicial no dice nada.
Y no intervendrá hasta que ese procedimiento administrativo de expulsión acabe,
en el caso de Melilla siempre con una resolución de expulsión/devolución, pues
entonces ésta puede ser (y es habitualmente) recurrida ante los tribunales de lo
contencioso-administrativo. Durante la tramitación del procedimiento de
expulsión estos subsaharianos que corrían alegres al entrar en Melilla pueden
seguir haciéndolo porque son libres. No están detenidos ni privados de
libertad. Pueden ir y venir a donde les plazca. Dentro de Melilla, eso sí,
porque su condición de ilegales no les permite adquirir válidamente un billete
de barco o avión para cruzar a la Europa continental. Pero en Melilla son
hombres libres, e incluso su estancia en el CETI es voluntaria. Si se quedan
ahí es porque no tienen nada, y al menos en el CETI se les da un techo y tres
comidas al día, pero realmente pueden dormir y comer donde quieran; o puedan.
De hecho, dada la saturación del CETI, no son pocos los que en el pasado
reciente han optado por construir chabolas y malvivir entre cartones y basura”.
Hemos hablado personalmente con responsables del CETI de Melilla que nos
cuentan lo que Fernando Portillo no dice: que muchos de los inmigrantes
ilegales que permanecen dentro y fuera del CETI se dedican al trapicheo de
drogas. Entran ilegalmente, sobreviven ilegalmente… ¿cómo explicarles que están
obligados a respetar alguna ley? Y, sobre todo, ¿cuándo explicárselo de manera
que sea creíble? Porque los inmigrantes, cuando llegan lo que perciben
inmediatamente es que cualquier ley puede vulnerarse y aquí no pasa nada.
Absolutamente nada.
Prosigue el juez Portillo: “Ahora
bien, esa libertad de la que gozan puede tener su fin si el Gobierno, durante
la tramitación del procedimiento de expulsión, pide al poder judicial que
autorice el internamiento del inmigrante en un Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE) y el juez lo autoriza. Un CIE ya sí es un establecimiento
donde los extranjeros están privados de libertad. Es, a todos los efectos
prácticos, una cárcel. Como decía, el procedimiento de expulsión no es
judicial, es administrativo. Pero si la Administración quiere privar de
libertad a alguien durante el proceso debe autorizarlo un juez, en este caso el
juez que está de guardia. Al tratarse de la limitación de un derecho
fundamental es necesario que un juez dé el visto bueno. Era típico en Melilla
antes de la crisis que la policía trajese al juzgado de guardia entre 30 y 50
extranjeros a la semana para que el juez autorizase su ingreso en un CIE”.
Pero ¿qué ocurre? Pues ocurre que cada semana unos 50 inmigrantes son
llevados al juzgado para ingresar en un CIE ¡porque en Melilla no lo hay! La
mayoría, en efecto, todos están en la península: Madrid, Barcelona, Murcia,
Málaga, Algeciras y Valencia… ¡justo donde los subsaharianos quieren
establecerse! Este procedimiento judicial lo único que hace es pagarles con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, es decir a los bolsillo de usted
y yo, el billete para la última parte de su viaje. No sirve para nada más. Porque,
ante estos casos, los jueces están obligados a respetar la ley… una ley que
dice que el inmigrante debe estar en situación de internamiento cuando se le
notifique la resolución de expulsión. Dado que el gobierno no tiene la certeza
de donde se encontrará cuando un juzgado emita esa resolución, pide al juez que
se le interne para garantizar s localización. Por eso, los jueces de Melilla
autorizan siempre el internamiento de los ilegales en un CIE… peninsular. Que
es, en lugar de un castigo, el premio final para el inmigrante ilegal.
Mientras la UE en una circular de 2011 sugería que los inmigrantes
fueran recluidos en este tipo de centros durante un máximo de 18 meses, el
gobierno Zapatero en la reforma del Reglamento de Inmigración, estableció
solamente sesenta días de internamiento como máximo. ¿Dónde está la trampa
generada por el infame zapaterismo? ¡¡que estos procesos para la expulsión
duran SIEMPRE más de sesenta días!! ¿Por qué tantas dilaciones? Es fácil
entenderlo: porque la muy garantista Ley de Inmigración y su reglamento
prescriben que para expulsar a un inmigrante haya que realizar un trámite
kilométrico, casi un “parto de los montes” que empieza cuando los inmigrantes
mienten sobre su origen o callan simplemente su nacionalidad, el gobierno pide
información a un gobierno africano para que reconozca o no si es ciudadano suyo
y para solicitar si consiente la repatriación…
Pero, incluso llegado a ese punto, cuando llega la resolución de
expulsión, lo que el inmigrante recibe (o lo que se anota en su expediente) es
que se le conmina a abandonar el territorio nacional y, salvo que se trate de
una expulsión por “vía de urgencia”, el procedimiento normal consiste en enviar
simplemente una carta a la dirección postal que ha dado el inmigrante y confiar
en su buena voluntad para abandonar el país en el tiempo prescrito… algo que
ninguno, óigase bien, ninguno de ellos, ha hecho jamás en los últimos 20 años.
Todo esto sería un mal chiste del zapaterismo sino fuera porque el gobierno
Rajoy ha tenido tres años para liquidar este absurdo y no ha hecho
absolutamente nada, aumentando cada año el efecto llamada. La “amistad” de
Felipe VI con Mohamed VI contribuye a que el Estado Marroquí, habitualmente
decida aliviar la presión migratoria que sufre por el sur aliviando la presión
en la valla de Melilla…
Queda hablar de las “expulsiones en caliente”. Se realizan en virtud del
convenio hispano-marroquí de enero de 1992… que entró en vigor,
incomprensiblemente, veinte años después, en diciembre de 2012, según el cual
Marruecos está obligado a aceptar a los inmigrantes de terceros países que
hayan entrado ilegalmente en Ceuta y Melilla, a través de un procedimiento
rápido (solicitud formal en plazo, identificación del inmigrante, aportados de
datos sobre cómo entró, etc) y todo ello si el inmigrante no pide asilo
político, en cuyo caso, se paraliza la “expulsión en caliente”. Contrariamente
a lo que sostienen las ONGs, este tipo de expulsiones son excepciones: en
primer lugar, porque Marruecos no las admite, salvo que se trate de alguien que
ha cometido algún delito en ese país, y en segundo lugar, porque el inmigrante
sometido a este procedimiento… inmediatamente pide asilo político
paralizándolo.
De lo cual se deduce que todos
los que intentan saltar la valla y lo consiguen, por ese mismo hecho, en un
plazo máximo de dos años, se convierten en inmigrantes legales. La
ilegalidad termina generando legalidad. Como si un atracador, a fuerza de
atracar bancos, finalmente, le ofrecieran un puesto de director de sucursal
bancaria…
Todo esto no es un chiste: es una realidad, ocurre aquí y ahora, de
manera tan reiterada como incomprensible. Y ocurre en tierra española, en
Melilla. El gobierno mira a otro lugar. Ya se sabe cuál es la técnica de Rajoy
para resolver los problemas: dejarlos pudrid. Pero ahora están en juego muchas
más cosas que los 3.500 inmigrantes que han entrado en España desde el mes de
enero de 2014: ahora, la principal amenaza de entrada del ébola que se da en
nuestro país tiene que ver con estas oleadas descontroladas. Y no sólo del
ébola: en cualquier país “normal”, el certificado médico expedido por un
servicio reconocido por el consulado de ese país más próximo al lugar de
residencia del aspirante a inmigrar es condición sine qua non para poder
entrar. En España no. Hasta ahora esto ha generado la reaparición de
enfermedades desterradas y la llegada de nuevas enfermedades procedentes de
zonas tropicales. Además, por supuesto, de SIDA, enfermedad a la que la
población africana es particularmente sensible.
Hace falta atajar de una vez por todas las llegadas masivas de una
inmigración que llega sin mostrar el más mínimo respeto ni interés por nuestro
aparato legislativo y que entra sin entender que la base de nuestra convivencia
es el respeto a la ley. Pero también, no lo olvidemos, se trata de una
inmigración que no trae absolutamente ningún valor añadido: que carece
completamente de formación profesional, que llega a un país con el mercado
laboral hundido por completo y sin esperanzas de que se puede revitalizar…
antes de 2020. Estos inmigrantes sobrevivirán solamente realizando trabajo
negro o bien delinquiendo. Es inevitable. Y, por supuesto, en cualquiera de los
dos casos, serán mantenidos con cargo a la caridad pública. Insostenible,
intolerable, inasumible y, por supuesto, sobre todo, vergonzoso, abochornante y
tercermundista. Una política de inmigración de seriedad muy inferior a la de
cualquier país bananero.
Tal es la política de Rajoy y del PP en materia de inmigración. Como la
de Zapatero. Peor imposible.
(c) Ernesto Milá - info|krisis - infokrisis@yahoo.com - Prohibida la reproducción de este texto sin indicar origen