Infokrisis.- Cuando en 1996, el PP gana las elecciones apenas mencionaba de pasada el tema de la inmigración. El realidad, el problema salvo en Ceuta y Melilla no existía y los niveles de inmigración que existían en aquel momento no dejaban prever la importancia del conflicto que dejaría atrás Aznar cuando los atentados del 11-M y los errores imperdonables en materia de política exterior especialmente en la cuestión de Iraq y se seguidismo bovino hacia la agresiva administración americana de la época, lo apearían inesperadamente del poder.
a. La inmigración en los programas del PP
En el programa del PP para las elecciones de 1996, la inmigración era mencionada apenas en una decena de ocasiones. Nadie podía prever que el modelo económico que Aznar pondría en marcha a partir de ese momento, se basaba en cuatro puntos, tres de los cuales tenían relación directa con la inmigración: basar el crecimiento económico en salarios bajos y mano de obra barata destinada a impulsar el sector de la construcción y la hostelería, para lo cual era preciso importar masivamente inmigración, un modelo suicida que, como era de prever desde el principio era “pan para hoy, hambre para mañana” y quiebra para pasado…
En la página 204 del programa de 1996 el PP anotaba como intención general en materia de “integración social de los inmigrantes”: “El fenómeno de la inmigración en España obliga a la adopción de una política de integración social de los inmigrantes y de sus descendientes que abarque, entre otros, los campos del empleo, la educación y la sanidad. Se debe mejorar la atención a los peticionarios de asilo y prever mecanismos de inserción social y de alojamiento para los acogidos. Se elaborará, asimismo, un marco legal que regule adecuadamente los mecanismos de ayuda a los refugiados por los hechos de guerra. Los poderes públicos deberán intensificar la colaboración con las organizaciones sociales que se dedican a esta tarea”; y en la página siguiente proponía algunas medidas concretas para llevar a cabo esta línea: “Promoverá la aplicación del Convenio de Schengen como regulador básico de una política europea de inmigración” y un par de párrafos más adelante: “Extremará la persecución de las mafias organizadas que introducen y emplean a inmigrantes ilegales en España y aumentará los controles administrativos en aquellos sectores productivos que tradicionalmente utilizan inmigración ilegal”. En la página 215, mezclaba la velocidad con el tocino proponiendo el “Apoyo a mayores grados de integración en el pilar de justicia e interior y en particular en el ámbito de la cooperación judicial y policial, asilo e inmigración, en la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada, especialmente contra el narcotráfico. No se reconocerá al territorio de Gibraltar como frontera de la UE”.
La retahíla habitual de tópicos que se repetía en la época aparece en el programa del PP en la página 221: “La Conferencia Intergubernamental de 1996, en materia de Justicia e Interior, debería resolver definitivamente la puesta en marcha de EUROPOL y abordar los siguientes aspectos: una mayor comunitarización de las políticas que afectan en este campo al conjunto de la UE, tales como: las decisiones relativas a la política de asilo, el paso de las fronteras exteriores de los Estados miembros, la política de inmigración y la política relativa a los nacionales de terceros países, la lucha contra la droga y el crimen organizado, el terrorismo, la xenofobia y el racismo y la cooperación judicial en materia civil y penal. Algunas de estas cuestiones exigen la previa resolución del problema de la colonia de Gibraltar, pero ello no exime de adoptar posiciones de principio que permitirían avanzar en la creación de un espacio policial y judicial europeo” (la negrilla está en el original). Tópicos que se repetían en relación a Marruecos en la página 227: “Los esfuerzos de cooperación con el Magreb deberán ser acompañados de una política de inmigración en el contexto de nuestras obligaciones derivadas de acuerdos internacionales, tales como el Acuerdo de Schengen y de nuestra pertenencia a la Unión Europea”.
Finalmente, en el “Índice de voces” (página 249) se dice que el término “inmigración” está tratado en las páginas 211, 212-213… pero, sorprendentemente, cuando consultamos estas páginas, vemos que no hay absolutamente ninguna referencia a la inmigración, lo que denota el interés del PP en la materia. Esto era todo.
Lo primero que puede deducirse es que, tópicos aparte (equiparar la “lucha contra la droga y el crimen organizado, el terrorismo” que existían en aquel momento de manera espectacular, con la “xenofobia y el racismo” y colocarlo todo bajo la misma rúbrica, parece una concesión al clima de la época en donde la izquierda todavía alimentaba el mito del “papeles para todos”. El único incidente racista se había producido con la muerte, aún reciente, de Lucrecia Pérez que, para colmo, se trataba de una acción unilateral de un individuo exaltado y nada indicaba que existiera una oleada de “xenofobia y racismo”. Pero era la frase recurrente para “quedar bien”. No dejaba de ser una enormidad comparar el secuestro de Ortega Lara o el asesinato de Miguel Ángel Blanco, o las decenas de asesinatos de ETA en la época, con la “xenofobia y el racismo” que no aparecían por ninguna parte.
Además, en aquel tiempo (1996) todavía no habían estallado los grandes conflictos localizados (El Ejido, Ca’n Oriac, La Almunia) que se manifestarían entre finales de los 90 y la primavera del 2000, primer anuncio de que algo no funcionaba bien y que había zonas en las que el listón del 5% de presencia inmigrante hacía tiempo que se había superado quedando abierto el camino hacia el conflicto. El PP en aquella época no percibía a la inmigración como problema: sería a lo largo del “aznarato” cuando aparecería como tal y generado –es bueno no olvidarlo jamás- por el propio PP.
Ninguna de las propuestas del PP en materia de inmigración se cumplió en la primera legislatura de Aznar: EUROPOL no pudo ser implementada en la medida en que aún no se había constituido el marco legal y de previsión de conflictos que debería haber acompañado y precedido a los acuerdos de Schengen. El marco legal para regular la llegada de inmigrantes varió sí, pero no a iniciativa del PP, sino del resto de grupos parlamentarios –mayoritarios frente al PP en aquella primera legislatura “popular”- que impusieron una ley de inmigración que desencadenó el primer gran “efecto llamada”.
Pero si en 1996, la inmigración estaba casi completamente ausente y reducida al mero nivel de tópico o bien aparecía de manera extemporánea, en un lugar siempre completamente irrelevante, en cambio es menos comprensible que en las siguientes elecciones de 2000, la cuestión de la inmigración ocupase un lugar asimismo irrelevante, cuando ya estaba en camino de convertirse en un problema muy real. El programa del PP para las elecciones del año 2000 en materia de inmigración sigue manteniéndose en el terreno de los tópicos, salvo la introducción de algún elemento nuevo. Véase, por ejemplo, en la página 104, esta muestra de tópicos y agradecimientos: “Contribuiremos a que España sea una sociedad integrada y abierta. Nuestro compromiso y participación en el proceso de construcción europea define la respuesta que España ha de dar al fenómeno de la inmigración: desarrollo de una política común de la Unión Europea y acogida a quienes buscan nuevas oportunidades dentro de nuestras fronteras. Reconocemos la aportación que hacen a nuestra sociedad, a cuyo bienestar contribuyen con su trabajo”... y ya podían reconocerlo porque el modelo económico de Aznar seguía apoyándose en buena medida en la inmigración, sin advertir que en el momento en que la construcción pinchara (lo que estaba claro que ocurriría en un sector sometido a ciclos) y el turismo se estabilizara o remitiera (una posibilidad cierta a la vista de que los países del Este de Europa veían en este sector una posibilidad de impulsar sus economías y otro tanto ocurría en el Norte de África), quedarían en la calle cientos de miles de inmigrantes destinados a ser mantenidos por las arcas del Estado que pesarían como una losa sobre nuestra economía.
Pero era en la página 147 del programa “popular” en el que se abordaba directamente la cuestión de una política de inmigración, en el apartado “Gestión de flujos migratorios”. Y el texto no podía ser más decepcionante:
“En estrecha cooperación con países de origen y de tránsito, se llevarán a cabo campañas de información sobre las posibilidades reales de inmigración legal y se impedirá toda forma de trata de seres humanos. Deberá seguir desarrollándose una activa política común en materia de visados y documentos falsos, incluidas en una cooperación más estrecha entre los consulados de la UE en terceros países. También se prestará atención especial en los ámbitos nacional y europeo para hacer frente a la inmigración ilegal en su origen, en especial luchando contra quienes se dedican a la trata de seres humanos y la explotación económica de los emigrantes, y se salvaguardarán en todo momento los derechos de las víctimas de esas actividades, con especial atención a los problemas de mujeres y niños. De acuerdo con nuestros compromisos comunitarios, se reforzará la cooperación y la asistencia técnica mutua entre los servicios de control fronterizo con los demás Estados miembros con programas de intercambio, transferencia de tecnologías, y con una especial atención a las fronteras marítimas. Adoptaremos las iniciativas necesarias para desarrollar la asistencia a los países de origen y tránsito de inmigrantes con objeto de promover el retorno voluntario y ayudar a las autoridades de esos países a mejorar su capacidad para combatir eficazmente la trata de seres humanos”.
Si estas eran las orientaciones, cabe decir que en marzo de 2004 todas ellas, sin excepción o no se habían puesto en práctica o simplemente habían fracasado estrepitosamente en la anterior legislatura, como veremos más adelante. No existió cooperación con los países emisores o por los que pasaban inmigrantes en tránsito, no solamente no se pudo combatir “la trata de seres humanos” sino que en esos años las mafias de la inmigración camparon por sus respetos desde Marruecos, no solamente no se afrontó a la inmigración ilegal, sino que se la ocultó a los ojos de la opinión pública, se minimizaron las cifras (que alcanzaban los 800.000 ilegales presentes en 2004) y se sobreprotegió tanto a los “menores” inmigrantes que se olvidó que el mejor destino de un menor era junto a sus padres en el país de origen y no bajo la tutela del Estado Español. En cuanto a la “asistencia de los países de origen y tránsito” se convirtió simplemente en un pozo sin fondo que consumió recursos del Estado sin que se obtuviera ni un solo éxito. Repetimos: ni uno solo. No solamente no se impidió la “trata de seres humanos” como proponía el programa, sino que de pasar a ser algo con repercusión mínima pasó a tener una envergadura desproporcionada. Por otra parte, aludir a la “trata de seres humanos” era equívoco: la inmigración no tenía nada que ver con la existencia de mafias organizadas que trajeran inmigrantes contra su voluntad, sino que se trataba de verdaderas “agencias de viajes” que ofrecían una amplia gama de servicios que los inmigrantes pagaban gustosos por caros que fueran. En cuanto al concepto de “sociedad integrada y abierta” sonaba mucho mejor, desde luego, que proponer una “sociedad desintegrada y cerrada”, pero no dejaba de ser otro tópico sin contenido similar a los que manejaba el PSOE en la época. Los cuatro años que había estado el poder no le habían servido para aquilatar experiencias sobre la materia, ni siquiera a investigar cómo se desarrollaba la cuestión en una Europa que empezaba a estar desesperada porque todos los fondos destinados a la integración era dinero tirado en un agujero negro que no cosechaba el más mínimo resultado.
Todo esto es todavía más incomprensible cuando recordamos que al plantearse las elecciones del 2000, ya se habían producido tensiones étnicas en Aragón y Cataluña, y El Egido estaba a punto de estallar. El PP practicó en esa segunda legislatura la política del avestruz: no querer ver los problemas, mirar a otro sitio y no se trataba de alarmar a la opinión pública que ya empezaba a relacionar y a vincular inmigración con delincuencia. En la página 183 del programa “popular” se proponía: “La lucha contra toda forma de violencia contra las personas, incluido el ámbito doméstico, con la adopción de medidas preventivas hacia personas y grupos de riesgo (mujeres, menores, mayores y marginados), en el tráfico de la inmigración ilegal y en las diversas manifestaciones de la explotación sexual”… En aquella época la violencia doméstica ya había repuntado y desde el principio resultaba evidente que la incidencia de la inmigración masiva era la única causa que lo podía explicar. Pues bien, esto que hoy es evidente para todos –Amnistía Internacional terminó reconociéndolo solamente en 2006- era una herejía “xenófoba y racista” en 2000, herejía en la que el PP no estaba dispuesto a caer, ni siquiera a reconocer… Seguíamos con la política de ambigüedades y tópicos. Y vale la pena recordar todo esto cuando en la actualidad el PP catalán se muestra como redentor de la sociedad en materia de inmigración.
La prueba de que la inmigración se había convertido en un problema era que desde el año 2000 aparecía regularmente en las encuestas del CIS como uno de los cinco problemas que más preocupaban a los españoles. De ahí que el PP abordará las elecciones de 2004 con un nuevo programa que ya dedicaba una sección entera a la inmigración: “21. Inmigración ordenada en una sociedad abierta” que abarcaba de la página 169 a la 173, prueba de que las cosas habían cambiado a lo largo del “aznarato” cuando, de ser una problema inapreciable, se pasó a ser un problema ocultado por todos, antes de convertirse en un problema incontrolable y particularmente experimentado especialmente por las clases trabajadoras en las que se habían instalado bolsas ingentes de inmigrantes con las que les parecía muy difícil convivir.
El programa del PP en esa ocasión empezaba constatando lo obvio (“La inmigración es uno de los fenómenos más importantes que afectan y seguirán afectando a nuestro país y a nuestro entorno europeo en los próximos años. Hemos de hacer un esfuerzo para anticiparnos al reto que va a suponer la adaptación de nuestras estructuras sociales a esta cuestión”) y lo que hoy causa carcajadas leerlo (“La entrada de inmigrantes se ha acelerado en los últimos años como consecuencia de nuestro desarrollo económico y de las oportunidades de empleo de nuestra sociedad. España se sitúa entre los países mas prósperos y desarrollados del mundo, pasando de ser un país de emigración a ser un país de acogida”). Se constata que 900.000 extranjeros cotizaban entonces a la SS… en un momento en el que entre legales e ilegales, empadronados y no empadronados, las cifras de inmigración alcanzaban los 3.000.000, de los que 800.000 eran ilegales (según declaraciones de Jesús Caldera, primer Ministro de Trabajo e Inmigración que justificó la regularización masiva de febrero-mayo de 2005 alegando que el nuevo gobierno socialista había heredado esta bolsa y algo debía hacer).
Luego, el PP afirmaba con una seriedad pasmosa que nuestra política de inmigración debía regirse por la política de la Unión Europea en la materia… olvidando que no existía una política común de inmigración y que las políticas nacionales practicadas en Europa, incluso la más avanzada y reverencia, la holandesa, se habían mostrado como un fracaso.
Finalmente, el PP proponía: “La ordenación legal de los flujos migratorios, la integración real y efectiva de los extranjeros que lleguen legalmente a nuestro país, la lucha contra la inmigración ilegal, poniendo especial acento en la persecución del trafico y explotación de seres humanos, la cooperación al desarrollo de los países de emigración...”. Y da gusto leer este programa porque es, más o menos, el mismo que enarbolaba el PSOE en esas mismas elecciones y el mismo que ambos siguen ocho años después, cuando está próximo otro proceso electoral: también el programa del PSOE hablaban de “una política de inmigración basada en planteamientos integradores y respetuosos” (pág. 23), ayudas a los países emisores de inmigración (pág. 17), “fomentaremos programas de integración de la inmigración” (pág. 49), y, finalmente, se coincidía también con el PP en que la inmigración era necesaria, enriquecedora y juega un papel fundamental en el crecimiento económico (pág. 125). Ambos insistían –con las mismas palabras- en la “ordenación de los flujos migratorios, adaptada a nuestra capacidad de acogida”, el “estímulo de programas de acogida”. Había, eso sí un único elemento diferencial entre ambos programas: mientras el popular aludía, no sin cierto cinismo, a la repatriación de los ilegales (algo curioso porque en los ocho años del “aznarato” no se había abordado esa política de repatriaciones lo que generó la acumulación de 800.000 ilegales a la que aludía Caldera unos años después). Dejando aparte esta pequeña diferencia, las propuestas de los dos grandes partidos en materia de inmigración eran como dos gotas de agua: exactamente iguales y superponibles.
b. Las leyes de extranjería con Aznar
A principios de 2000 se promulgó la nueva Ley de Extranjería, que sustituía a la vigente desde 1985. A pesar de ser el PP el partido de gobierno, esta ley nació con la oposición del gobierno, apoyado por los partidos de izquierda y algunos nacionalistas. El PP advirtió que, en caso de obtener la mayoría absoluta, en las siguientes elecciones, modificaría la ley, como, de hecho, ocurrió. El 15 de diciembre de 2000, la nueva ley presentada por el gobierno fue aprobada por una cámara en la que el PP contaba con mayoría absoluta. Así pues, hemos de hablar de tres leyes de Extranjería en apenas 15 años: la de 1985, la de principios de 2000 y la que entró en vigor en el 2001...
Los textos legislativos relativos a la inmigración anteriores a la ley de 1985 respondían a la práctica inexistencia del fenómeno. Así, por ejemplo, en la ley de 30 de diciembre de 1969 se equiparaban los trabajadores hispanoamericanos, portugueses, brasileños, andorranos y filipinos, que residían y se encontraban legalmente en España, con los trabajadores españoles en sus relaciones laborales y aludía especialmente a su inclusión en los distintos regímenes de la Seguridad Social. Era un texto que en buena medida rezumaba una buena predisposición hacia los inmigrantes “luso-americano-filipinos”, dentro del concepto de Hispanidad que subsistió en el tardofranquismo. En las últimas fases de la transición democrática, en 1980 se promulgó el Real Decreto 1031/80 del 10 de mayo, que regulaba la concesión de los permisos de residencia y trabajo, que derogó textos anteriores (el Real Decreto 1874/78 de 2 de junio de 1978 y el 522/74 de 14 de febrero de 1974) sobre la misma materia. El origen de la ley del 85 hay que buscarlo en el proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros residentes en España remitido por el gobierno al Congreso el 14 de abril de 1981. Tuvieron que pasar cuatro años para que el texto, inicialmente redactado por UCD, fuera modificado y aprobado finalmente por una cámara en la que el PSOE era mayoritario. Básicamente se reconocían a los inmigrantes los derechos contenidos en el Título I de la Constitución, se regulaba la concesión de permisos de trabajo y residencia y los mecanismos y motivos de expulsión. El hecho de que, una vez aprobada, la ley tardara un año en entrar en vigor, indica a las claras que en aquel momento no existía problema alguno con la inmigración y se concedía a los pocos miles de extranjeros residentes en España un amplio plazo para que regularizaran su situación. En sus 15 años de vida, la ley sufrió distintas modificaciones siempre en el sentido de una mayor protección de los derechos de la inmigración y de conceder cada vez más garantías para evitar expulsiones. En julio de 1987 se derogaron tres artículos y se facultó a los jueces para anular una decisión de expulsión. En la tardía fecha del 2 de febrero de 1996 se aprobó la reforma del Reglamento de Ejecución de la Ley de 1985. En ese momento se implantó el permiso de residencia permanente, que evitaba que los residentes tuvieran que renovar periódicamente sus permisos. Quedaron tipificados los distintos permisos de trabajo y residencia, la reagrupación familiar, la regulación de los centros de internamiento, el régimen sancionador para los no nacionales, las circunstancias de expulsión y la regulación sobre visados de acuerdo con las directrices europeas y el acuerdo de Schengen.
La Ley de 1985 había sido contestada por numerosos colectivos sindicales (CCOO) y sociales (SOS Racismo) que solicitaban su derogación y el que fuera sustituida por otra capaz de "facilitar la convivencia en igualdad”, que según ellos trataba a la inmigración pobre “como un problema policial, reprimiéndola". Estos colectivos criticaban a la Ley de Extranjería, especialmente a partir de mediados de los años 90 por considerar que había quedado desfasada al convertirse España en un país receptor de inmigrantes. Para estos colectivos la Ley de 1985 era insuficiente para regular estos nuevos flujos migratorios que entraban a mayor velocidad que cuando fue redactada. La ley, decían, no estaba preparada para soportar los retos que planteaban las primeras oleadas de inmigrantes de la globalización. Para estos sectores sociales y sindicales, orientados a la izquierda, la Ley de Inmigración debe, sobre todo, garantizar los derechos sociales y políticos de los inmigrantes extracomunitarios. Estos grupos empezaron a movilizarse a partir del asesinato de Lucrecia Pérez y de los primeros naufragios en el Estrecho. Las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla, como hemos visto, habían favorecido la entrada de inmigrantes –habitualmente marroquíes- que contribuyeron al buen fin de las obras. En 1998, los grupos pro inmigracionistas presentaron en Interior 1.400 “autoinculpaciones" de personas que se declaraban objetores de la declararon objetores de la Ley de Extranjería: "Nos declaramos culpables de infringir el artículo 98 de la Ley de Extranjería, que sanciona con multa de hasta medio millón de pesetas a aquellas personas que ayuden o protejan a un inmigrante indocumentado". Esta iniciativa formaba parte de la campaña "Papeles para todos. Ningún ser humano es ilegal". La finalidad de la campaña era que "ningún inmigrante fuera considerado como ilegal en España por no cumplir determinados requisitos administrativos".
Esta presión social se unió al informe sobre migraciones elaborado por la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados aprobado en abril de 1998. Este informe incluía anotaciones para la modificación de la ley de extranjería y la elaboración de un nuevo texto legislativo. De este informe surgió el proyecto de ley de principios de 2000, consensuado por los socialistas con otras fuerzas de izquierda. Como puede verse por su origen y orientación, se trataría necesariamente de un proyecto de ley extraordinariamente generoso con los derechos de los inmigrantes.
Tras aprobarse esta segunda ley se abrió un período extraordinario de regularización de inmigrantes ilegales que duró desde el 31 de marzo al 31 de julio. En ese período, las 245.000 peticiones de regularización desbordaron todas las previsiones y doblaron las que se esperaban. En la práctica durante este tiempo se inició el “efecto llamada”. Fue este efecto el que esgrimió el gobierno para cambiar el texto y hacerlo algo más restrictivo. Sólo en ese año los tránsitos ilegales de pateras y que pudieron ser constatados habían pasado de ser 3.569 en 1999 a casi 15.000 en el 2000.
El 22 de diciembre de 1999 el Parlamento español aprobó la nueva Ley Orgánica sobre los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, que sustituía a la legislación aprobada en 1985. Los aspectos más problemáticos de la ley fueron limados por el PP y CiU en el Senado. Ambos partidos habían alertado de la posibilidad de que la “generosidad” del texto promoviera un “flujo masivo de inmigración” (entonces no se hablaba todavía del “efecto llamada”).
Los puntos más polémicos se referían al reconocimiento de derechos a todos los inmigrantes residentes en España sin aludir a su situación de legalidad o ilegalidad; el mecanismo de regularización permanente que permitía legalizar su situación a quienes acreditaran dos años de permanencia en territorio español; la posibilidad de recurrir las denegaciones de visado ante los tribunales. Era imposible redactar una ley más progresista... y al mismo tiempo más ignorante de la legislación europea de la época. Porque, desde la Cumbre de Tampere (1999), la Unión Europea había establecido una política común de asilo y gestión de flujos migratorios... algo que, literalmente, parecía traérsela al fresco al PSOE y sus aliados en esta aventura, IU, PNV y Grupo Mixto. Al aprobarse estas enmiendas, la izquierda intentó movilizar a la calle. En aquel momento proliferaron las manifestaciones callejeras (no particularmente concurridas, por cierto), pero que abrieron el camino para que, de regreso al Parlamento, las enmiendas introducidas en el Senado fueran rechazadas.
La nueva ley estaba compuesta por 64 artículos. La primera disposición transitoria exponía que "El Gobierno establecerá el procedimiento para la regulación de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de junio de 1999 y que acrediten haber solicitado en alguna ocasión permiso de residencia o trabajo o que lo hayan tenido en los tres últimos años". Una de las disposiciones finales establecía que "los que promuevan, favorezcan o faciliten el tráfico ilegal de personas a España serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses". El capítulo I, que se titulaba "Derechos y libertades de los extranjeros", las definía idénticos a los que gozaban los españoles: libertad de circulación, reunión y manifestación, derecho a la educación, al trabajo, a la asistencia sanitaria, a los servicios sociales y a la Seguridad Social. El artículo 10 precisaba que "todos los extranjeros menores de 18 años tienen derecho a la educación en las mismas condiciones que los españoles, derecho que comprende el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria". El artículo 15 establecía que "los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas". Se establecía que bastaba inscribirse en el padrón municipal para tener derecho a las prestaciones sanitarias necesarias desde el ingreso en un centro hospitalario o en un servicio de urgencias, hasta el alta médica. El reagrupamiento familiar quedaba contemplado en el capítulo II. Se reconocía el derecho de los familiares de los inmigrantes que residían en España a reagruparse con el residente; la medida abarcaba al cónyuge, a los hijos del residente y del cónyuge, los ascendientes del residente y cualquier otro familiar si se justifica por razones humanitarias. El capítulo III, aludía a las garantías jurídicas ("los extranjeros tienen derecho a la tutela judicial efectiva") y a la asistencia jurídica gratuita. Luego, en el artículo 24, se regulaban los requisitos de entrada en España ("se podrá autorizar la entrada de los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria"). Aparecía la figura de la “residencia temporal” (artículo 30) para la que era necesario acreditar "una estancia ininterrumpida de dos años en territorio español, figure empadronado en un municipio en el momento en que formule la petición y cuente con medios económicos para atender a su subsistencia". Los permisos de trabajo “se concederán por una duración inferior a cinco años y podrán limitarse a un determinado territorio, sector o actividad”.
A decir verdad, la ley 4/2000 no entró con buen pié. Los socialistas pasaban por un período en el que sus bases gritaban “papeles para todos” (o poco menos) y elaboraron una ley que, en la práctica equiparaba la situación de los inmigrantes ilegales a la de los legales. Y, para colmo, esta ley se anticipó solamente unos días a los incidentes de El Egido. La ley se había elaborado por consenso de todos los partidos políticos, salvo el PP. Cuando, en las elecciones de marzo, éste obtuvo la mayoría absoluta redactó un nuevo proyecto de ley con dos objetivos: adecuar la legislación española de inmigración a la normativa europea y detener el “efecto llamada” generado por el período extraordinario de regularización. Aznar, completó esta medida con la creación de una Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, al frente de la cual situó a uno de sus hombres de confianza, Enrique Fernández-Miranda. Este presentó un informe al Consejo de Ministros en el mes de junio de 2000, que serviría de base para el proyecto de modificación de la ley anterior.
A pesar de discutirse el nuevo proyecto de ley con todos los grupos parlamentarios, no pudo existir el consenso. IU-IC, BNG, IC, UGT y CCOO, rechazaron la reforma; CiU, ERC, CC, CHA y el PA se mostraron dispuestos a asumir cambios desde el diálogo. El PSOE en aquella época era el líder en la promoción y defensa de los derechos de los inmigrantes. El 27 de junio de 2000, el PSOE presentó en el Congreso una proposición no de ley que planteaba esperar un año, para conocer los efectos de la ley 4/2000 antes de proceder a su reforma... Algo absurdo por que resultaba evidente en ese momento que el “efecto llamada” ya se había desatado. La mayoría absoluta del PP bastó para que la proposición fuera rechazada. Con todo, la propuesta logró 117 votos del PSOE, IU, PNV, y grupo mixto. En esta ocasión CiU y Coalición Canaria se abstuvieron, demostrando hasta qué punto eran volubles y no habían meditado mucho su opción que permitió salir adelante a la ley 4/2000 sólo unos meses antes. Claro que rectificar es de sabios, por que el 1 de julio de 2000 el número de inmigrantes interceptados en los seis primeros meses del año suponía un incremento del 460% con respecto al anterior. Pocos días después, Jordi Pujol reconocía que el "efecto llamada" era una consecuencia de la legislación aprobada y se decantó por su reforma urgente.
En julio de 2000 se aprobó el anteproyecto de reforma, ratificado el 4 de agosto. Tras el retorno de las vacaciones parlamentarias, en octubre, comenzó el debate en el Congreso, con carácter de urgencia. Las enmiendas a la totalidad presentadas por IU, PNV y el Grupo Mixto, fueron rechazados; fueron aceptadas cerca de una cincuentena parciales procedentes de casi todos los grupos e incorporadas al texto. La ley vigente en la actualidad fue, finalmente aprobada a finales de noviembre de ese año. En el Senado el proyecto fue rechazado por el PSOE al rechazar el PP incorporar en el texto una referencia al derecho de reunión, asociación, sindicación, huelga y manifestación, de los inmigrantes ilegales. Finalmente, la ley fue aprobada el 14 de diciembre con los votos del PP, Coalición Canaria y CiU. El 23 de enero de 2001 entraría en vigor.
La nueva Ley de Extranjería difería en algunos puntos de la anterior. En el área de sanidad limitaba la atención médica de los inmigrantes ilegales a las urgencias. De la educación no se aludía a la pre-escolar ni al bachillerato y se garantizaba, por el contrario, la enseñanza gratuita para hijos de inmigrantes ilegales a la primaria. Seguía manteniéndose la posibilidad de que los inmigrantes pudieran pedir el amparo de los tribunales, incluso los rechazados en la frontera. La única limitación estribaba en que solamente los inmigrantes legales podrían recurrir a la asistencia jurídica gratuita en los litigios que pudieran tener. La nueva ley excluía del principio de publicidad, audiencia del interesado y motivación de las resoluciones, a los visados, cuya denegación sólo habrá que motivar cuando la petición apele a la reagrupación familiar o al trabajo por cuenta ajena. Se incorporaron también algunas modificaciones sobre el proceso de expulsión. El mero hecho de estar en España en situación irregular, hace acreedor de la medida de expulsión. Si un inmigrante es expulsado por orden judicial o administrativa o se le deniega a seguir en España, deberá salir del país obligatoriamente. Las expulsiones preferentes son inmediatas. Las normales establecían que se debe abandonar el país en el plazo fijado, que nunca será menor a 72 horas. También se limitaba el derecho sindicación, huelga, asociación y reunión de los inmigrantes ilegales. Para que pudiera acogerse a la reagrupación familiar era necesario que el inmigrante hubiera cumplido un año de residencia legal en España. También se establecía responsabilidad penal para los que transportaran a inmigrantes y les ayudaran a ingresar ilegalmente en España.
Tal es el marco legal vigente en durante el segundo período de gobierno de José María Aznar.
Eurostat calculaba que en el año 2001, 1.068.000 inmigrantes nuevos entraron en la Unión Europea. Tres años antes lo habían hecho justamente la mirad (581.000 personas). El mismo organismo privado declaró que España era el país de la UE con mayor flujo migratorio en el 2001. En efecto, la cuarta parte de los inmigrantes que llegaron a la UE, se asentaron en nuestro país. Italia y Alemania, con el 17%, y el Reino Unido, con el 15%, nos seguían en este ranking. En el 2001 la población de la Unión Europea llegó a 379,4 millones de habitantes, aumentando un 3’9% en relación al año anterior. Pues bien, el 70% de ese incremento se debía a la inmigración. El año 2002, el Ministerio del Interior británico cifraba en un millón las personas que querían cruzar cada año las fronteras de la UE. El Centro Internacional para las Inmigraciones estimaba que 500.000 conseguían entrar anualmente.
En junio de 2002 tuvo lugar la Cumbre de Sevilla de la UE que situó el control de la inmigración ilegal como una de sus prioridades. De allí, y por boca de Aznar, salió la voluntad de tomar cartas en el asunto a partir del 1 de enero de 2003. Y se tomaron. El 28 de enero de 2003 se inició en Baleares la operación "Ulises", primera iniciativa de la UE contra la inmigración ilegal y que debía ser el “germen” de la futura policía europea de fronteras. Patrulleras y corbetas de España, Reino Unido, Francia, Portugal e Italia participaron en la operación. Lamentablemente –como ya hemos recordado- en esa zona la inmigración en pateras era nula... Quienes entraban ilegalmente en Baleares lo hacen por los aeropuertos o los ferrys, nunca en pateras. El aterrizaje era bueno, pero los cerebros de la operación “Ulises” se habían equivocado de “aeropuerto”. Si se quería valorar la eficacia de la experiencia debía haberse hecho en el Mar de Alborán o en Gibraltar, no en una zona huérfana de pateras.
El 19 de diciembre del 2002 la UE emitió una directiva por la que, a partir de junio de 2003 se exigiría visado a los ecuatorianos que pretendieran entrar en la UE. Aznar, el hombre que se había manifestado en la cumbre de Sevilla como partidario de contener la inmigración, logró retrasar la aplicación de esta medida en España hasta el 1 de enero del 2003... Hay que preguntar a Aznar: los inmigrantes ecuatorianos que llegan a España ¿entraban por algún aeropuerto europeo que no sea por Barajas? Difícilmente; entonces, retrasar la aplicación de la directiva en España hasta enero del 2004, representaba retrasar su aplicación práctica en toda Europa. Por lo demás, el anuncio de esta medida hizo que entre enero y mayo solamente entraran en España 250.000 ecuatorianos (la información procede del portavoz de la asociación de ecuatorianos Ruminahui, Raúl González). Una vez más, el gobierno español generó y estimuló de manera irresponsable (o interesada) el “efecto llamada”. Si un cuarto de millón de ecuatorianos entraron en España en apenas cinco meses, ¿cuántos entraron hasta que se les aplique la exigencia de visado?
El 26 julio 2002 los ministros del Interior de los países candidatos a entrar en la UE firmaron la “Declaración de Salzburgo”, en la que acordaron coordinar sus políticas contra la inmigración ilegal y las mafias organizadas. El 26 septiembre 2002, Bélgica, Francia y Gran Bretaña crearon controles comunes de inmigración en el puerto belga de Zeebrugge y en el tren bajo el Canal de la Mancha. Pocos meses después, el 3 de diciembre de 2002, la Comisión Europea dio a conocer que invertiría 934 millones de euros hasta 2006 en los países de origen de inmigrantes ilegales para atenuar el flujo; 350 millones de euros se destinarán a Bosnia, Albania, Croacia y Macedonia, 119,9 millones a Marruecos - el país al que la UE destinará más ayuda- además de Afganistán (60 millones), Somalia (51 millones), Ucrania (33,5 millones), Colombia (25,3 millones), China (10), Etiopía (6,5), etc. A partir del 29 de noviembre de 2002 se negociaron acuerdos de readmisión de inmigrantes ilegales con Turquía, Albania, Yugoslavia, Rusia, Túnez, Ucrania, Argelia y China; se recomendaron penas de ocho años de cárcel para los traficantes de inmigrantes. Ese mismo día se aprueba un presupuesto de 17 millones de euros para el regreso a Afganistán de 100.000 afganos que permanecían en la UE.
Antes de la Cumbre de Sevilla, el 23 de mayo de 2002, finalizaba la segunda Operación RIO (Risk Inmigration Operation) consistente en realizar controles conjuntos en 25 aeropuertos internacionales de la UE. Se impidió la entrada de 4.597 inmigrantes irregulares. España fue con 601 el segundo país de los veinte participantes que más personas interceptó, después de Francia que interceptó el doble… ¿Cifras prometedoras? Más bien ridículas, si tenemos en cuenta que aproximadamente el 90% de todo el pasaje de aviones de ciertos países sudamericanos (Ecuador, en concreto, y más tarde Bolivia y Perú) eran inmigrantes ilegales que aspiraban a quedarse en nuestro país. Desde hacía dos años, la UE venía realizando tímidos intentos de afrontar el problema, más que nada para contentar a un electorado que cada vez más se adhería a las posiciones antiinmigracionistas de algunos partidos hasta entonces marginales. El 28 de julio de 2000, la UE celebró en Marsella, por primera vez, un debate sobre las perspectivas a largo plazo de la inmigración y sobre la posibilidad de coordinar sus políticas en la materia. El 5 abril de 2002, la Conferencia Ministerial del Grupo Europa-Asia (ASEM), celebrada en Canarias, acordó crear una red de vigilancia de la inmigración ilegal. Una semana después, la Comisión Europea difundió el Libro Verde, “Una Política comunitaria de retorno de los residentes ilegales”, que proponía normas para la repatriación. Poco después, ese mismo mes, los ministros de Interior de la UE barajaron sanciones contra los países de donde hayan partido las embarcaciones, que deberán readmitir a los ilegales que llegan a las costas de la UE. El acuerdo no tendrá continuación. Todas estas medidas se mostraron completamente ineficaces.
Además, el problema era otro. La cuestión no era sólo cortar el flujo de inmigrantes, sino ¿de qué manera repatriar a los que se encuentran en situación ilegal? Y en este terreno no había que caer en trampas estadísticas: ciertamente en la UE se decretaron en el año 2000, algo menos de 200.000 expulsiones, pero lo que la estadística no cuenta es cuántas de estas fueron efectivas. Por que, en el fondo, la expulsión no es más que un papel que se remite al interesado que éste puede asumir o ignorar; no todas las expulsiones decretas son expulsiones reales.
Aznar, a todo esto, no se interesaba por la inmigración, salvo por su impacto en el crecimiento económico. Hacia 1998 ya era evidente que el sector de la construcción estaba creciendo a una velocidad para la que ya no existía mano de obra española. De ahí que el gobierno Aznar fuera entreabriendo las puertas a la inmigración: era evidente que la inmensa mayoría de andinos que entraban por Barajas lo hacían para quedarse y que los visados de turista harían que 90 días después iniciaran una situación de ilegalidad… pero no importaba, y a pesar de lo fácil que era aplicar medidas, no solamente no se hizo, sino que se evitó hacerlo con todo tipo de excusas, lo que implicaba, incluso, no cumplir los preceptos de la propia ley de extranjería reformada por el propio gobierno de Aznar. A medida que se examina una y otra vez los orígenes del problema de la inmigración en España, aparece cada vez más evidente la responsabilidad de José María Aznar en esta materia.
El presidente del gobierno español, estaba confundida con las declaraciones de organismos internacionales sobre la materia. En efecto, en febrero de 2001, la “División de Población” de la ONU emitió un informe en el que se afirmaba que “el futuro de la economía y el bienestar de Europa dependían de la inmigración”. El informe era alarmista y, a todas luces, exagerado y producto de la actividad del lobby pro inmigracionistas que actúa en el interior de este organismo internacional. Se decía que en los próximos 50 años la población europea pasará de los 729 millones actuales a 628 millones. Sólo la llegada de ¡159 millones de inmigrantes! podrá garantizar la fuerza de trabajo y paliar el envejecimiento de la población. El informe afirmaba que la “hipótesis cero”, es decir, el cierre de fronteras a la inmigración haría caer la población de la UE de 372 millones de habitantes en 1995 a 311 millones en el 2050; solamente un mínimo de 79 millones de inmigrantes asegurarían el mantenimiento de las pensiones y la viabilidad de la industria. España, además, se convertiría en el país con la media de edad será la más elevada del mundo en el 2050. Se precisaría la entrada de 300.000 inmigrantes al año hasta el 2025, una cifra análoga en Italia, 500.000 en Alemania. Francia, necesitará “según los expertos”, 23 millones de nuevos activos a un ritmo de 766.000 por año. Hoy, esas cifras solamente se recuerdan en las hemerotecas y nadie ha pedido explicaciones a los redactores del informe, que contribuyó solamente a que la credibilidad de la ONU descendiera un poco más. En lugar de abordar políticas lógicas de fomento de la natalidad en Europa y control de la natalidad en el Tercer Mundo, lo que la ONU proponía era distribuir los excedentes de población de los países con mayor tasa a los de menor tasa, sin importar que esto supusiera el desarraigo de millones de habitantes, porque a fin de cuentas lo que interesa especialmente a los funcionarios de la ONU y de la UNESCO era la creación de una sociedad multiétnica y multicultural, fantasía recurrente de la progresía. En 2003, la tasa de natalidad media en la UE era de 1’4 niños por mujer, con la que no se garantizará la continuidad de la población europea, máxime si se tiene en cuenta que en esta cifra entran ya inmigrantes de segunda y tercera generación, étnicamente no europeos, pero administrativamente con todos los derechos (y que en 2011 en España son ya 1.000.000 y aumentará hasta los 3.000.000 en los próximos cinco años). En 100 años los europeos, étnicamente descendientes de los pueblos históricos del continente, corremos el riesgo de convertirnos en una especie en vías de extinción.
La dejadez y desinterés del gobierno en materia de inmigración, la conveniencia de atraer al mayor número de inmigrantes para poner ladrillos y servir cañas, hizo que al iniciarse el “aznarato” en 1996, estuvieran presenten en España 542.314, el 1,37%, para pasar a ser 637.085 (1,60%) dos años después y ya en el 2000 llegaran a 923.879 (2,28%). En 2001 llegaron oficialmente 450.000 inmigrantes, ascendiendo la cifra a 1.370.657 (3,33%), pero en 2002 se produjo la entrada de 600.000 inmigrantes más llegando casi a los 2.000.000 (4,73%) y un año después se registraran 650.000 entradas alcanzándose la cifra de 2.664.0168 inmigrantes (6,24%) habiéndose rebasado la conflictiva barrera del 5% a partir de la cual todo podía pasar. Pero esa inmigración estaba desigualmente repartida y ya entonces eran perceptibles grandes concentraciones en la costa mediterránea y en Madrid o en Andalucía, mientras que en la cornisa cantábrica y en amplias zonas de Castilla-León apenas había inmigrantes. Cuando Aznar abandona el poder como resultado de las bombas del 11-M, la inmigración ha superado los 3.000.000, de los que 2.200.000 son legales y el resto ilegales existiendo un cierto número de no empadronados o de otros que habiéndose empadronado años antes no sabían que tenían que renovar su inscripción y habían sido dados de baja, con lo que no aparecen en las estadísticas, aunque podrían evaluarse en 250.000 más.
Todo esto era más incomprensible a la vista de que en 1997, uno de cada cinco trabajadores españoles estaba en paro y se había roto la barrera de los 2.000.000 de parados (véase ABC del 30 de diciembre de 1997, pág. 149). La pregunta es obligada: en un país con 2.000.000 de parados ¿son necesarios 3.000.000 de inmigrantes?
d. Aznar con Turquía contra Europa
En la última etapa de su mandato, Aznar asumió el papel de vanguardia proamericana en la Unión Europea. Hasta ahora ese papel había sido desempeñado casi en exclusiva por Blair que no hacía sido seguir la tradicional política atlantista y proamericana de Inglaterra. Pero desde el verano de 2002 a Blair le había salido un competidor, José María Aznar. En realidad, ambos, más los polacos, se habían revelado como la quinta columna de los EE.UU. en Europa, frente al eje París-Berlín que optaba por una política de mayor independencia. Unas semanas después del incidente de Isla Perejil, Aznar se convirtió en el principal valedor de Turquía en la Unión Europea.
Turquía tiene una importancia estratégica singular. No es Occidente, sin embargo, pertenece a la OTAN, de la que es la excepción islámica. Tiene un pie en suelo europeo (Tracia), pero el otro está en Asia (Anatolia). Está en Oriente Medio, pero no es árabe. Es islámica, pero no es un Estado confesional, sino una república laica; laica, si, pero gobernada por un partido islamista. Turquía es un país de contrastes, pero a nadie se le escapa que ni por cultura ni por pasado, es remotamente similar a los países de la UE. Turquía es, además, el aliado principal de EEUU en Oriente Medio, sin duda después de Israel, pero con mucha mas importancia estratégica que él; sin embargo, Turquía mira a Europa. La geopolítica concede a Turquía un valor muy especial. Cierra las puertas de Rusia al Mediterráneo. Su territorio es fronterizo con las naciones de Oriente Medio y abre también las puertas a las repúblicas ex soviéticas de Asia central, mayoritariamente musulmanas. En 1996, Turquía selló un pacto con Israel que atenazaba a Siria. El gran impulsor de este pacto fueron los EEUU. Turquía apoyó a EEUU en las guerras de Corea (1950-53), del Golfo (1990-91) y de Afganistán (2001-02). "Turquía es un ejemplo para el resto del mundo musulmán", manifestó recientemente en Bruselas Stephen Hadley, el segundo de Condoleezza Rice, consejera de seguridad nacional de Bush. Pero Turquía, pese a ser una excepción islámica, seguía sin cumplir, para los europeos, los mínimos democráticos requeridos.
Existen varios obstáculos que impiden el ingreso de Turquía, con unos 70 millones de habitantes (95% musulmanes), en la Unión Europea. Algunos países desconfían de la competencia agrícola turca. Pero esta desconfianza deriva también del conflicto con Grecia que tiene a Chipre como foco central de tensión y la cuestión kurda. La U.E. desconfía del respeto a los derechos humanos en Turquía y mucho más del integrismo islámico que ya ha aflorado en aquel país.
La política exterior norteamericana en Turquía no es esencialmente diferente de la inglesa en el siglo XIX durante la Guerra de Crimea. En efecto, aquella guerra tuvo como objetivo impedir a los rusos el acceso al Bósforo y a los Dardanelos, es decir, al Mediterráneo y, a través del Indukús, al Océano Indico. Se trataba de cerrar el paso a Rusia a los mares cálidos del sur. Esta política ha sido reactualizada completamente por los estrategias del Departamento de Estado norteamericano. El comodín que ayer tuvo Inglaterra y hoy está a disposición de EEUU es el aliado turco. Los dos oleoductos que conducirán el petróleo del Caspio serán trazados con el visto bueno de los EEUU: uno atravesará Kurdistán y Afganistán para llegar a los mares cálidos del Índico a través de Pakistán; el otro, pasará por Turquía y su trazado discurrirá al sur del Cáucaso, es decir, fuera del área de influencia rusa.
La política inglesa en el siglo XIX consistía en penetrar en los Balcanes para proteger sus posiciones en Suez e impedir que otras potencias europeas (incluida Rusia) se abrieran hacia Asia. Hasta que el kaiser Guillermo II viajó a Turquía para inaugurar una nueva política, Inglaterra bloqueó cualquier paso europeo hacia el Este. Guillermo II fraguó una corta alianza con los turcos en la que estos, en lugar de orientarse hacia el Oeste, es decir, hacia Europa, rectificaron su expansión, dirigiéndose hacia el sur (hacia Irak, el Golfo Pérsico y el Indico). Por primera vez los turcos dejaron de pensar en marchar sobre Viena o remontar el curso del Danubio. Esta alianza intentaba transformar el imperio turco en algo más que un agregado de cultura y orientación islámica, aliado de Europa, pero la iniciativa duró poco tiempo. La primera Guerra Mundial y el ataque del Imperio Británico contra Turquía y los Imperios Centrales, rompió esta alianza. Alemania pretendía que Turquía, en lugar de seguir una expansión de Este a Oeste, siguiera una expansión de Norte hacia el Sur, alejando el peligro para Europa, pero esta política fue derrotada y tras la II Guerra Mundial se regresó a la anterior política capitaneada por Inglaterra y que actualmente es defendida por EEUU: intentar que Turquía se expanda hacia el Oeste, es decir, hacia el marco de la Unión Europea. Y esa política es la traición a nuestro pasado histórico, la traición a Don Juan de Austria y a Felipe II, la traición a Carlos V y a los lucharon y murieron en Lepanto, en la defensa de Viena y mucho antes en los muros de Constantinopla en donde formaron caballeros castellanos y aragoneses. Esa política criminal y antieuropea, fue la asumida por Aznar.
A finales de 2002, Giscard d’Estaing afirmó que la entrada de Turquía en la Unión Europea supondría el fin de esta institución; la subsiguiente victoria islamista en las elecciones turcas, no hizo sino avivar la polémica. El por qué EE.UU. trata a Turquía como aliado preferencial se entiende mejor si se recurre a un mapa de la zona. En efecto, la geopolítica ha determinado que Turquía sea un país fronterizo con Iraq, Irán, Siria, Georgia y Armenia. Su frontera Este está separada por apenas 600 km de la cuenca del Caspio. En otras palabras, Turquía es una cuña en las zonas por las que EE.UU. muestra en estos precisos momentos un mayor interés. En efecto, es una cuña situada entre el país con las segundas mayores reservas petrolíferas mundiales (Iraq) y la zona del Caspio en donde se encuentras las terceras mayores reservas petrolíferas… Con Bush, gobierna en Washington el lobby de los petroleros. No es raro que se preocupen de aquel país que les permite estar presentes, con armas y bagajes, en aquella zona que para ellos constituye en la actualidad su principal teatro de operaciones.
El 8 de octubre de 1997, la Comisión Europea, dio un espaldarazo a la ampliación de la U.E. con la recomendación oficial de que se incorporaran 10 países del Este Europeo en el año 2004, en lo que constituirá la ampliación más importante de la U.E. Así, mientras que la República Checa, Hungría, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia, Chipre y Malta reciben el aprobado de Bruselas, se rechazó la entrada de Turquía, alegando que, “a pesar de los avances registrados desde el verano, Turquía no cumple todavía los requisitos políticos ni económicos para convertirse en un futuro en miembro de la UE”. Aunque Turquía cumpliera con las exigencias económicas y políticas, no debería entrar en la U.E. y esto por que supondría la ruptura de la continuidad cultural de la federación, permitiría la diseminación por el territorio de Europa Occidental de 70 millones de potenciales inmigrantes y no es un aliado de Europa, es un aliado de EEUU. Turquía sería el primer país islámico que entraría en la U.E., como ya hemos dicho, eso rompería con la continuidad y uniformidad cultural de la U.E., necesaria en todo país que aspira a ser una gran potencia. Pero, Turquía es algo más que un país de mayoría islámica construido sobre la destrucción de la cultura europea, es, sobre todo, un aliado preferencial de EE.UU. Y, no hay que olvidar, que si la U.E. tiene futuro, este pasa por ser un contrapeso internacional a la agresividad y el expansionismo norteamericano. De hecho, EE.UU. ya considera a la U.E. como un competidor comercial, previo paso a considerarla como un adversario político.
Aznar hizo algo más que permanecer de espaldas tras haber entreabierto las puertas a la inmigración en España: pretendió que toda Europa sufriera las consecuencias de la dispersión de millones y millones de turcos por Europa. No puede decirse que la gestión de Aznar en esta materia fuera excepcionalmente lúcida porque ya en 2002 era evidente que el problema de la inmigración estaba siendo percibido como tal en la calle y que se había transformado en una molestia permanente para muchos ciudadanos. Vale la pena recordar lo que ocurrió en aquellos años.
e. La inseguridad ciudadana durante el “aznarato”
El Ejido no fue un episodio aislado, pero sí el más dramático de una situación que desde entonces, viene repitiéndose con relativa frecuencia. En Jumilla el 22 de julio de 2003 los vecinos convocaron una manifestación en el curso de la cual se pidieron a gritos la expulsión de todos los inmigrantes sin papeles; “Nos están matando, nos están robando y no hacéis nada”, recriminaron los vecinos al alcalde y al resto de concejales. En mayo del 2003, un inmigrante murió en una pelea entre ecuatorianos y marroquíes. Jumilla como antes El Ejido no estaban acostumbrados a esta situación.
Todo esto viene a cuento del barómetro del CIS publicado el 1 de agosto de 2002, cuando media España estaba de vacaciones que reveló que el 60% de los españoles relacionaba inmigración con delincuencia y el 84% pensaba que la inmigración debe limitarse en nuestro país a aquellos que vengan con contrato de trabajo. En la encuesta se ofrecían otros datos significativos: sólo un 9% consideraba que no debería haber obstáculo legal a la entrada de inmigrantes, cuando hace un año el 13% reclamaba "papeles para todos"; el 54% consideraba que eran "demasiados" los extranjeros que vivían en España, frente a un 42% el año anterior; el 35% afirmaba que eran "bastantes, pero no demasiados" y sólo al 4% le parecían pocos. El 40% pensaba que la inmigración es positiva, pero el 29% la consideraba negativa. El 28% afirmaba que los inmigrantes debían “asimilarse”, es decir, renunciar a sus costumbres; para el 67% debían aprender nuestra lengua y costumbres y compatibilizarlas con las suyas propias.
A partir del primer trimestre del 2002 era evidente que la población percibía que la delincuencia había aumentado en la mayor parte de ciudades de España y que una parte muy significativa de esta delincuencia estaba protagonizada por extranjeros. Algo debía de saber la ciudadanía porque era ella quien sufría la delincuencia. En septiembre de 2002, Aznar se vio forzado a tomar medidas contra la “pequeña delincuencia”. Estas medidas fueron más electoralistas que otra cosa, destinada a tapar la boca de quienes denunciaban la situación, más que a resolver el problema. Esta pequeña delincuencia estaba siendo copada progresivamente por inmigrantes ilegales. Pero, luego estaba la “gran delincuencia” que igualmente con una frecuencia progresiva aparecía en las primeras páginas de los diarios: asesinatos, ajustes de cuentas, crímenes truculentos, también tenían como protagonistas cada vez con más frecuencia a ilegales. Y quedaban finalmente las agresiones domésticas. En 2002 algunos ya empezaban a intuir que la violencia doméstica no había aparecido como una mutación de la sociedad española, sino que empezaba a ser relacionada con la inmigración. Para los que trabajaban en sectores profesionales relacionados con la violencia doméstica (médicos de urgencias y asistentes sociales) para advertir que una parte sustancial de las agresiones domésticas están relacionadas directamente con la entrada masiva de inmigrantes.
Pero en 2003, para algunos, vincular delincuencia a inmigración constituía una opción xenófoba aun a despecho de las cifras de presos extranjeros en nuestras cárceles y a despecho de la observación pura y simple de la realidad social. El 1 de junio de 2003, la directora del Centro de Estudios Criminológicos de la Universidad de La Laguna, Patricia Laurenzo, explicó que la vinculación que se ha hecho entre inmigración y delincuencia ha insensibilizado a la sociedad frente a los inmigrantes, a los que ahora percibe como un peligro. A finales de abril de 2003 se publicaron las cifras de la criminalidad referidas al año anterior. Según fuentes del Ministerio del Interior se registraron 2.148.469 actos delictivos, lo que representa un incremento del 8,7% respecto al año 2001. Otra información –tan oficial como contradictoria con la anterior- facilitada por el Gobierno al Parlamento, indicaba que los actos delictivos cometidos en 2002 habrían crecido un 53,9% respecto a 2001 hasta alcanzar los 3.042.447 delitos y faltas. Sin embargo, el 31 de marzo de 2003, el Gobierno anunciaba que el incremento de las infracciones penales en 2002 había sido del 4,95%, lo que a todas luces no respondía a la realidad. Mucho menos realista era la declaración del Ministro del Interior, Ángel Acebes, quien anunció en junio de 2003 que los índices de delincuencia habían caído en el primer trimestre de 2003 un 1,59%, descenso que hubiera sido posible gracias al descenso de los delitos en un 7,28% que compensó el aumento de las faltas en un 4,44%. La verdad es que el Ministerio no mintió al liberar la cifra de 3.042.447 de delitos y faltas, los sacó de la Revista Estadística del propio Ministerio, datos sin aderezar de cara a la opinión pública y que dan como resultado el verídico y escalofriante aumento del 53'9% de la delincuencia en nuestro país protagonizada en un 77'3% por extranjeros. SOS Racismo Madrid tachó todo esto de “política de criminalización”.
El 10 de noviembre de 2002, el Grupo de Estudios Estratégicos formulaba la pregunta clave: “La pregunta verdaderamente interesante es si el porcentaje de delincuentes en la población inmigrada es mayor o menor que en la autóctona”. La conclusión del GES era incuestionable: “el número de detenidos extranjeros casi se ha triplicado entre los años 1992 y 2000, lo que implica una tasa media de incremento anual del 12%, levemente superior a la tasa de incremento de los residentes regulares extranjeros”. El informe se completaba realizando un estudio de la delincuencia por nacionalidades: “La tasa de delincuencia de los residentes extranjeros es de 35 por mil (35 detenciones por mil habitantes), es decir tres veces superior a la de los ciudadanos españoles. Los ciudadanos de los demás países de la Unión Europea presentan la tasa más baja, 20 por mil, mientras que para el resto del mundo se eleva al 41 por mil”. Argelinos y colombianos tienen unas tasas de criminalidad superiores a marroquíes y ecuatorianos, a pesar de ser países vecinos. La conclusión era inapelable: “resultara difícil negar que efectivamente la población extranjera presenta en España una tasa de delincuencia mayor que la autóctona”. No era nada que no supiera quien tuviera ojos y viera, y entendimiento y entendiera. A fin de cuentas era lo mismo que estaba ocurriendo en esos mismos años en Europa Occidental: al Alemanoa la tasa de delincuentes extranjeros era cuatro veces mayor a la de autóctocos, en Suiza en 1993 los inmigrantes suponían la mitad de los condenados por homicidio y violación. Así pues, la relación entre delincuencia e inmigración que el propio Aznar había negado en julio de 2002 no era un mito.
f. La opinión de los ciudadanos durante el gobierno Aznar
En el 2001 hubo 96 muertes violentas en Madrid y 19 de ellas fueron de colombianos. En los años siguientes, delincuentes colombianos se han visto envueltos en ajustes de cuentas, secuestros, asesinatos contra españoles, ecuatorianos y colombianos, redes de tráfico de mujeres para esclavizarlas en la prostitución, falsificación de documentos y moneda, extorsiones y muertes al intentar asaltar viviendas. Solo en los 6 primeros meses de 2003, las muertes violentas en Madrid ascendieron a 77 y mayoritariamente estaban vinculadas a temas de alguna manera relacionados con la inmigración ilegal. “Mire usted: ¿Cómo pretende que los españoles no desconfiemos de los colombianos, si son los que se matan a tiros en las calles y llenan de cocaína a España?”, manifestó a un conocido diario nacional un airado vecino de Tres Cantos, población aledaña a Madrid.
Hasta el mes de septiembre de 2002, el gobierno había evitado relacionar el aumento de los índices de delincuencia con el aumento de la inmigración. No sólo eso, sino que, por aquello de que “España va bien”, se había negado incluso a admitir que la delincuencia estuviera aumentando. Pero la calle tenía otra percepción y, por lo demás, Aznar es consciente de que hasta ahora una de los logros del PP es carecer de enemigos a su derecha. Sin embargo en septiembre de 2002, Aznar se vio obligado a rectificar y tomar medidas. Este cambio de posición no era voluntario, sino forzado por la publicación de la encuesta del CIS sobre las preocupaciones de los españoles. En efecto, los primeros síntomas de que la percepción de la opinión pública estaba cambiando se tuvieron en el mes de mayo cuando el barómetro del CIS revelaba que uno de cada tres españoles achacaba el avance de Le Pen, Fini, Haider, etc, a la inmigración. En efecto, el 34’5% de los encuestados señala que la inmigración es la primera causa del avance de la ultraderecha, mientras que el 23’1% opinaba que el ascenso de esas formaciones se debe a la desconfianza en los partidos tradicionales. El 12% opinaba que el electorado quería cambios y estas formaciones se lo ofrecían. Ya en esa encuesta aparecían cifras extremadamente preocupantes para el gobierno: el 23,8% de los encuestados citaban la inseguridad ciudadana entre esos problemas y el 23,5% hablaba de la inmigración. La encuesta se había realizado bajo el impacto del triunfo electoral de Le Pen en las presidenciales francesas, pero daba la sensación de que, por primera vez se había destapado la caja de los truenos y una parte de la población manifestaba públicamente sus miedos, aunque fueran políticamente incorrectos. Más de dos de cada tres españoles dijo conocer los resultados de los comicios franceses. Además, el 45,5% de los entrevistados aseguraba estar "poco" o "nada preocupado" por los resultados cosechados por el partido ultraderechista liderado por Le Pen. También se preguntó a los encuestados sobre la posibilidad de que en España pudiera surgir un partido de estas características, a lo que el 46% creía "poco o nada probable" frente al 27% que opinaba lo contrario.
Pero si así estaban las cosas a nivel nacional, en algunas ciudades las encuestas daban cifras todavía más preocupantes. La percepción de inseguridad en Barcelona había aumentado espectacularmente. En la encuesta trimestral realizada por el Ayuntamiento de la ciudad condal, se reflejaba que el 26,5% de los ciudadanos constataban la falta de seguridad en las calles y la delincuencia como los principales problemas que debían afrontar. La sensación de peligro ante la delincuencia volvía a dispararse creciendo un 5,5% respecto a el estudio anterior (la encuesta se había realizado mediante entrevistas telefónicas a una muestra de 800 barceloneses mayores de edad). En 1999 había aparecido por primera vez este problema en apenas un 4% de los barceloneses. El foco del conflicto se encontraba en Ciutat Vella y en los barrios limítrofes, Eixample y Sans-Montjuich. En Barcelona la inseguridad ciudadana no era un problema más, era “el problema”, seguido a distancia por la preocupación por la circulación (18%), los problemas asociados a la inmigración (12,4%), el paro (5,9%) y las obras y el urbanismo (4,1%).
“Malditas estadísticas”, debió pensar Aznar y los responsables de Interior cuando supieron que otra encuesta revelaba que en Cataluña solamente se denunciaban la mitad de los delitos cometidos. Esto explica por qué la población tiene la sensación de que los delitos aumentan, mientras que el gobierno afirma que disminuyen. Según la encuesta de 2002 sobre la seguridad pública en Cataluña, el problema que más preocupa a los catalanes (14%), seguida de la inmigración (12,2%) y el paro (11,3%). La cifra era todavía más significativa por que se trata de una respuesta espontánea de los entrevistados, no inducida por los encuestadores y además se había celebrado antes del marasmo de las elecciones francesas, entre enero y marzo de 2002, sobre una muestra de 18.679 personas. Era, además, el primer sondeo que realizaban conjuntamente el Departamento de Interior de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana, ya que hasta ese momento cada institución hacía su estudio. La cifra más reveladora de la situación era que sólo el 50,8% de los ciudadanos encuestados víctimas de un delito presentaron denuncia. La cifra era muy similar en la ciudad de Barcelona (50,3%) y algo superior en el área metropolitana (52,6%). Lo que traducido implicaba que las cifras dadas por el interior sobre el número de delitos ¡había que multiplicarlas por dos!
La interpretación de esas cifras cuestionaba las estadísticas policiales: el hecho de que descendieran los delitos no implicaba que bajase la delincuencia. Si la inmensa mayoría de los delitos que se denuncian eran cuestiones menores, resultaba acertado pensar que los que no se denunciaban eran faltas. Así pues, si tenemos en cuenta uno de los documentos estadísticos más serios, la “Memoria de 2001 del Juez Decano de Barcelona” que situaba el hurto como delito más frecuente (104.029 diligencias), seguidos de los robos (63.166 diligencias), se tendrá que las cifras totales de delitos serán de 204.058 hurtos y 126.232 robos para una población de 1.500.000 de habitantes censados. El 12,7% de los entrevistados en el conjunto de Cataluña declararon que habían sufrido algún delito. Los encuestados afirmaron sentirse menos seguros que hace un año, tanto en su barrio como en su ciudad. En una escala de ocho puntos sobre el nivel de seguridad hubo un descenso de 7,1 a 6,2 en el barrio y del 6,9 al 6 en la población. Igualmente significativa era la respuesta a la pregunta de cuál era el problema principal que afronta la sociedad catalana; el 14% afirma que la inseguridad ciudadana, el 12,2% indica la inmigración, seguían el paro (11,3%) y la falta de valores (8’9%).
Pocos meses después, las encuestas daban cifras todavía más dramáticas para el gobierno Aznar. En septiembre de 2002 otra encuesta demostró que el 44% de los españoles apoyaría a un partido que limitara el exceso de inmigrantes. La inmigración había dejado de ser un problema ajeno a los españoles para pasar a ser la cuarta preocupación, por delante incluso de las drogas, que tradicionalmente ocupaban en las estadísticas un lugar preferente entre los problemas más importantes para los españoles. Más de un 90% consideraba que la llegada de ciudadanos de países de fuera de la Unión Europea era un problema en mayor o menor medida. Y lo que era peor, casi la mitad de los encuestados -44,2%- apoyaría a un partido que luchase “contra el exceso de inmigración”. El 72,3% de los encuestados ya relacionaban mayoritariamente el aumento de la delincuencia con la inmigración.
En septiembre de 2002 una encuesta de Ipsos-Eco Consulting para ABC reflejaba que la inseguridad ciudadana se había convertido en el tercer problema de los españoles (31%), sólo por detrás del paro (71,3%) y del terrorismo (60,6%). La inseguridad ciudadana tenía una repercusión más directa que el terrorismo, incluso en Madrid (ciudad que se ha visto afectada por sangrientos crímenes de ETA con demasiada frecuencia), en donde un 66% de los ciudadanos percibían el deterioro del orden público, por delante de los valencianos (un 57%) y de los catalanes y gallegos (52’5%). El 12% de los encuestados afirmaba haber sido víctima de algún delito a lo largo del 2001.
En septiembre de 2002, Mariano Rajoy, entonces Ministro de la Presidencia, flanqueado por los titulares de Justicia e Interior, Michavila y Acebes, fueron los encargados de presentar a bombo y platillo el pomposamente llamado Plan de Lucha contra la Delincuencia anticipado por Aznar en el anterior Debate sobre el estado de la Nación. El plan se basaba en tres ejes: la revisión de leyes, mayor eficacia policial y aumento de efectivos policiales y de la magistratura. Un plan ambicioso, mucho más desde luego que la dotación presupuestaria para llevarlo a cabo: apenas 500 millones de euros. El plan contemplaba juicios rápidos, reforma de la prisión provisional y del Código Penal, desarrollo de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor que ponga especial atención en la reinserción, reforma de la Ley de Extranjería, mejora del trato dado a las víctimas del delito, con especial hincapié en las de violencia doméstica y ampliación de plazas de jueces y fiscales. Pero los “siete programas operativos” para poner en marcha este plan (12.825 policías nacionales y 7.175 guardia civiles patrullando en las calles, refuerzo de la seguridad en los barrios, especial atención a las nuevas formas de delincuencia, contacto permanente de las Fuerzas de Seguridad con el público y dotación de más formación y equipos, convenios con la policía local y cooperación internacional) no dieron absolutamente ningún resultado, la delincuencia siguió subiendo y este plan como el anterior, el plan Policía 2000, se saldaron con el más estrepitoso fracaso y un pálido recuerdo. Ni había jueces ni fiscales, ni posibilidad de formarlos a corto plazo; tampoco aumentó la plantilla policial por falta de fondos… En cuanto a la propuesta de que tres faltas fueran consideradas delitos y entrañaran la expulsión inmediata, obviamente no prosperó a la vista de que hoy a inmigrantes con 400 y hasta 600 detenciones se les renueve el permiso de residencia.
El balance no podía ser más desalentador para Aznar. Desde 1996 a 2001, la criminalidad había crecido un 10%; la criminalidad violenta aumentó un 25% y la criminalidad rural se incrementó en un 42%. La tasa de homicidios en España era ya la más alta de toda la Unión Europea. Desde 1996 6.000 policías menos patrullaban las calles españolas, mal equipados, peor pagados y, en consecuencia, la desmoralización se extendió en el cuerpo como una mancha de aceite. Fanático de la privatización de todo lo privatizable, Aznar y su equipo, tras el truculento asesinato de un abogado ante su familia en La Moraleja, aconsejaron desvergonzadamente “el que quiera seguridad que la pague”.
g. Expulsión de ilegales durante el aznarismo
Durante el gobierno Aznar, paradójicamente aumentó el número de expedientes de expulsión incoadas, pero disminuyó porcentualmente el número de expulsiones efectivas. El año 2000 se habían incoado 35.476 expedientes de expulsión (de ellos 21.706 marroquíes). A lo largo del 2001 un total de 44.841 inmigrantes fueron devueltos a su país de origen o expulsados cuando intentaban entrar ilegalmente en España, se encontraban irregularmente en el país o cometieron alguna de los supuestos que conlleva un expediente de expulsión. El 15 de Noviembre de 2002 el gobierno filtraba la noticia de que 62.423 inmigrantes ilegales habían sido repatriados hasta el mes de noviembre, el doble que en 2000. Las mismas fuentes aseguraban que Interior se disponía a aumentar su presupuesto de expulsiones en un 186% para llegar a las 110.000 devoluciones anuales en 2003. Entonces casi el 40% de los repatriados procedían de Europa del Este. Y, efectivamente, las cifras eran espectaculares en relación al año 2000 cuando la Administración repatriaba al mes a una media de 2.956 inmigrantes, en su inmensa mayoría marroquíes. Dos años después, la firma de convenios de inmigración con Rumanía, Ecuador, Colombia o Polonia hizo que las repatriaciones aumentaran. Durante el 2002 la media de expulsiones mensuales era de 6.242 personas, un 211 por ciento más que hace tan sólo dos años. En 2002, en los pasos fronterizos de La Junquera, Campodrón, Portbou, Canfranc, Les e Irún habían sido interceptados 18.264 ciudadanos del Este de Europa, de los que 11.851 eran rumanos.
Pero hay dos datos que ennegrecen la brillantez de estas cifras. De un lado, la mayor parte de estos inmigrantes ilegales fueron detectados en las dos ocasiones en que se suspendió el acuerdo de libre circulación de personas por motivos de seguridad durante el semestre de presidencia española de la Unión Europea. De otro lado, los mandos policiales más optimistas calculaban que el número de expedientes de expulsión es cinco veces inferior al de ciudadanos que logran penetrar en España. El 6 de marzo de 2003 se publicó la noticia de que las autoridades españolas habían expulsado en el curso del año 2002 a 12.159 inmigrantes irregulares, apenas el 30,3% de los 40.131 contra los que se abrió un expediente de repatriación. Estas cifras diferían extraordinariamente de las oficiales. En diciembre de 2002 el Ministerio de Interior, señaló que 74.467 personas en situación irregular fueron repatriadas a lo largo del año. Sin embargo El Pais y Europa Press afirmó que la suma de extranjeros rechazados, devueltos y expulsados eran casi la mitad, 38.132… y para confirmarlo citaban datos que la Comisaría General de Extranjería entregó a Cáritas. Según El País los otros 27.972 extranjeros (de los 40.131) que permanecen en territorio español recibieron de las autoridades una orden que les impedía trabajar legalmente.
h. ¿Racismo y xenofobia?
En el informe publicado en marzo de 2001 por el Observatorio Europeo de Fenómenos Racistas y Xenófobos, sólo el 4% de los españoles se declaraba intolerante hacia otros grupos minoritarios, frente al 14% de la media comunitaria. Bélgica (con un 25%), Dinamarca (20%) y Grecia (27%) eran los países donde una mayor parte de los ciudadanos se declara intolerante. En las antípodas estaban España (4%), Luxemburgo (8%) y Finlandia (8%). El informe insistía en que en España existía "un nivel alto de aceptación de inmigrantes". El 77% de los españoles se declara tolerante, aunque el 61% asegura ser “tolerante pasivo” y sólo el 16% o tolerante "activo". El 25% de los europeos en aquellos mismos años tenían una posición ambivalente, es decir, que tienen actitudes a la vez positivas y negativas frente a las minorías, pero en el caso de España son menos, el 18% de la población.
i. Las cárceles al completo
En 2003, el Ministerio del Interior firmó acuerdos para la construcción de cuatro nuevas cárceles (Madrid, Castellón, Sevilla y Cádiz), para descongestionar el sistema penitenciario que entonces sumaba 54.653 presos (ocho años después casi se ha duplicado…). Las 77 prisiones existentes entonces sólo contaban con 36.197 celdas, con un 150% de ocupación. Según las cifras oficiales el 22% de los penados son extranjeros.
La distribución era desigual. En la región valenciana el 50% de los presos de Fontcalent eran de origen extranjero y se organizan según su nacionalidad. El robo de pisos se había convertido en el delito “estrella”. Las cifras de esta comunidad superan incluso a las de Madrid. Argelinos, rumanos, lituanos y yugoslavos habían asumido esta especialidad delictiva. Los ladrones, aun a pesar de resultar detenidos con cierta frecuencia, no eran acusados de robo sino solo de receptación. En los últimos 5 años, la delincuencia extranjera se había triplicado en Levante: los argelinos estaban especializados en robos en el interior de pisos, robos de vehículos, uso de tarjetas de crédito falsificadas; los marroquíes dirigían el tráfico de hashchish, delitos contra los derechos de los trabajadores, tráfico de inmigrantes y secuestros de compatriotas; los rumanos estaban vinculados a la prostitución, falsificación de tarjetas y robos. Los rusos eran diestros en la falsificación de pasaportes, el tráfico de inmigrantes, secuestros de compatriotas, robo de vehículos de lujo con manipulación de números de bastidor; los lituanos ejercían de ladrones con violencia en domicilios habitados y falsificación de moneda; los yugoslavos practicaban también el robo en domicilios; los albanokosovares especializados en el robo de oficinas, establecimientos y domicilios por el procedimiento del butrón; los polacos en la prostitución; los checos maestros en la falsificación de tarjetas; los nigerianos en el timo de los billetes tintados y la falsificación de tarjetas, los colombianos en narcotráfico y los atracos a joyerías, y así sucesivamente.
El 28 de agosto, los teletipos informaban que con 55.000 reclusos, las prisiones de España habían alcanzado un índice de ocupación superior al 100%. Solo en Cataluña se ha producido un aumento del 21% en apenas dos años. El ministerio del Interior había hecho todo lo posible por silenciar estas cifras. Interior enumeró los factores que habían hecho aumentar el número de presos: juicios rápidos, mayor eficacia policial, tribunales ágiles y aparición de nuevos tipos de delitos...
j. Prostitución extranjera
En 2003, la prostitución movía en España 18.000 millones de euros y empleaba a 300.000 personas, según la Asociación Nacional de Locales de Alterne. Suele decirse que después del tráfico de armas y de drogas, la prostitución es el negocio que globalmente mueve más dinero. La “facturación” –si es que así puede llamarse- de una prostituta era de una media de 300 euros al día obtenidos con un promedio de siete “contactos”, pero las hay que llegan a 15 e incluso más. Los “servicios” costaban entonces de 20 a 60 euros hasta 1.200. ANELA afirma que cada día los españoles gastan 50 millones de euros en prostitución. Dos mil locales de alterne y un número imposible de determinar de pisos compiten con prostitutas callejeras que pululan por las grandes ciudades.
Pues bien, sean cuales sean las cifras, lo cierto es que de esas 300, 350.000 o más prostitutas, en un 98% extranjeras. El resto –en proporciones siempre indefinidas- eran oriundas de África, Asia y, especialmente, de Iberoamérica. Si el 98% de las 300.000 prostitutas que ejercen en España eran extranjeras y las cifras oficiales hablaban en 2001 de un millón y medio de inmigrantes en nuestro país. Médicos Mundi en su Informe Exclusión de 2001 reduce el porcentaje de prostitutas extranjeras al 66%. Nueva cifra que reduce el porcentaje de inmigrantes que se dedican a la prostitución hasta un 10%, 1 de cada 10 inmigrantes (sobre 2.000.000 según cifras oficiales en 2003), proporción que sigue pareciendo alta y que, necesariamente, sigue implicando que el número de inmigrantes es mayor.
La ley de Extranjería, en su artículo 59, establecía que las mujeres forzadas a la prostitución que cooperasen con la policía propiciando datos esenciales contra los extorsionadores, podrían quedar exentas de responsabilidad administrativa y no serían expulsadas. Pero esto no ha evitado el miedo a las represalias de las mafias, contra ellas o contra sus familiares en el país de origen. Por lo demás también han existido casos de chicas que han denunciado a sus extorsionadores y no han podido evitar la orden de expulsión y ser contempladas como inmigrantes ilegales. “Se les incoa una orden de expulsión que tarde o nunca se materializa”, según el responsable de la Sección de Extranjería del Colegio de Abogados de Valencia, Francisco Solans. Solamente en el año 2000 y 2001 se desarticularon 244 redes de trata de blancas.
k. Reaparición de enfermedades desterradas
Durante el aznarismo se percibió que una de las consecuencias de la llegada masiva de inmigrantes generó el retorno de enfermedades que estaban desterradas de España. Cuando en el año 2000 se produjo la ocupación de la Iglesia del Pi por parte de un grupo de inmigrantes, en su mayoría paquistaníes, se produjeron varios casos de tuberculosis, enfermedad erradicada desde finales de los años 70. También aparecieron virus tropicales traídos por inmigrantes subsaharianos. A partir del 2001 la sífilis y la gonorrea experimentaron un despunte. El doctor Vilalta comentó que estas enfermedades se debían a la prostitución procedente principalmente de países del este y del Caribe. El dermatólogo Salvador Laguarda, de la clínica Casa de la Salud, señaló que estaban aumentando la tasa de enfermedades desaparecidas como las de transmisión sexual, que son importadas como “la sífilis, la gonorrea, la sarna y otros gérmenes de enfermedades de transmisión sexual debido a la expansión de la prostitución y a la falta de precauciones”. Y todo esto también podía preverse. De hecho, se había previsto.
El 12 de diciembre de 1994, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) alertó sobre la fuerte expansión de la tuberculosis en España, donde aparecían unos 20.000 nuevos casos cada año, y denunció el descontrol de las autoridades sanitarias ante esta enfermedad. Según datos de esta sociedad, España, con una incidencia de 40 casos por cada 100.000 habitantes, es el país con mayor número de enfermos de la UE y la única nación comunitaria que registra actualmente un aumento sifnificativo de casos. Según se explicó en este congreso, las causas del incremento de esta enfermedad eran, el SIDA y el aumento de la inmigración desde el tercer mundo.
A esto se unen las Enfermedades de Transmisión Sexual que tienen que ver especialmente con la prostitución en la que, como hemos visto, la inmigración ocupa un papel central. En la encuesta de Salud 2001-2004 realizada por la Conselleria de Sanidad de la Generalitat de Valencia se puso de relieve que el 53% por ciento de los varones no utilizaba preservativo en sus relaciones sexuales para prevenir enfermedades de transmisión sexual, frente al 46% de las chicas. A lo que hay que añadir las características específicas de algunas de estas enfermedades. La gonorrea, por ejemplo, es una enfermedad venérea fácil de detectar en los varones a causa de la secreción purulenta que genera en la uretra y que produce dolor al orinar, sin embargo en la mujer es mucho más difícil de detectar. Cualquier persona que tenga relaciones con una mujer infectada sin saberlo, pasará a sufrir la enfermedad.
No hay que olvidar que la mayoría de países establecen que para poder gozar de permiso de residencia es preciso someterse a un examen médico que certifique la ausencia de enfermedades. Esto no se exige en España. El resultado es que parte de los inmigrantes que llegan desde países subsaharianos sufren de SIDA. No es raro puesto que en el continente negro existen entre 20 y 40 millones de infectados con el VIH. En su país de origen, pocos son los que pueden recibir cuidados y medicación adecuados. Pero es evidente que Europa no dispone de recursos suficientes como para atender a todos los casos de SIDA que aparecen en África. Y, por lo demás, ¿hasta qué punto es ético asegurar los cuidados solo de los africanos que logran llegar hasta nuestro país y olvidar a los que no tienen fuerzas ni decisión suficientes como para seguir el mismo trayecto? Hablando de ética: cuando se inició la epidemia de neumonía asiática, los afectados fueron aislados; no se hizo lo mismo con los afectados del SIDA en su momento y la enfermedad se expandió por todo el globo. ¿Y ahora? ¿Resulta aceptable que la población española corra riesgos de contaminación por el hecho de que en el momento de aprobarse la Ley de Extranjería, incluir un artículo sobre la revisión médica de quienes aspiraran a estar entre nosotros fuera considerado por algunos “políticamente incorrecto”?
l. El problema de los menores inmigrantes bajo Aznar
El 2 de noviembre de 2001, el gobierno autónomo asturiano aprobaba un crédito para establecer medidas alternativas al internamiento de los menores delincuentes. En enero de 2001, se aprobaron la construcción de centros de internamiento para menores en la comunidad de Castilla-La Mancha. En Toledo se creará un nuevo centro terapéutico para jóvenes con trastornos psiquiátricos; Ciudad Real acogerá otro lugar de internamiento en régimen cerrado y semiabierto y se ampliarán las actuales instalaciones de Albaidel en Albacete, con la creación de un nuevo módulo de internamiento. Así mismo, en Santa Cruz de Tenerife la Dirección General de Protección del Menor amplía su red para la aplicación de la Ley de Medidas Judiciales para menores en régimen abierto con cinco centros de día, tres en Gran Canaria y dos en Tenerife. Podríamos multiplicar los ejemplos. Se abren nuevos centros y se inauguran proyectos alternativos, por que hay una mayor delincuencia juvenil. Lo que es peor: hemos puesto ejemplos de ciudades de dimensión media. En las grandes ciudades el problema es mucho mayor.
En el 2000 se inició el “efecto llamada”; por entonces, los primeros “niños de la calle” marroquíes llegaron a Barcelona; un año después se habían transformado en una legión de delincuentes juveniles atraídos por la idea de que en la Ciudad Condal podía hacerse cualquier desmán sin coste penal alguno. A principios de abril de 2001 actuaban como mínimo en Barcelona 500 delincuentes menores de edad, apenas niños; sus delitos habían generado una sensación de inseguridad en los barrios del Raval y de la Ribera, y en el turístico Barrio Gótico. Tras un año de pasividad, la fiscalía y las autoridades empezaron a reconocer lo que el ciudadano medio percibía desde el principio, a saber, que el problema se había descontrolado. La Guardia Urbana de Barcelona estrenó en julio el llamado Turno C, formado por 50 funcionarios que sólo trabajan de jueves a sábado y en vísperas de festivos, de las 21 a las 7 horas. La mayoría patrullaba por las zonas más castigadas por la delincuencia del Casco Antiguo. Así mismo la policía nacional vio reforzados sus efectivos en la Ciudad Condal. Era la respuesta al brutal incremento de la inseguridad ciudadana...
La seguridad ciudadana en Barcelona había alcanzado mínimos históricos más que alarmantes. En pocos meses los robos a viviendas crecieron un 29% y los robos con intimidación un 11%. Pero había algo peor que no registraban las estadísticas: la sensación de inseguridad que vivían los barceloneses y que se ponía de manifiesto en conversaciones privadas y en tertulias. Tanto la Guardia Urbana como la Policía Nacional mostraban un grado aceptable de eficacia. Las detenciones practicadas por estos últimos subieron un 15’7% en el 2001. Los agentes adoptaron los más inverosímiles disfraces y camuflajes para detener con las manos en la masa a los sirleros más peligrosos. Paralelamente, la brutalidad de los delincuentes menores iba en aumento: lejos de actuar en solitario, recorría el casco antiguo de la ciudad en bandas lanzándose sobre las víctimas. En algunas ocasiones su técnica consistió en atacar por la espalda rodeando el cuello de la víctima con una cuerda o un alambre, provocándoles asfixia; así el resto de delincuentes de la banda, logran sustraerles con más tranquilidad la cartera. En otros casos, la chaqueta de la víctima era rociada con un disolvente que los delincuentes prendían fuego. En un gesto instintivo, la víctima tendía a despojarse de su chaqueta y arrojarla al suelo... con la cartera. Los delincuentes se limitaban a salir corriendo con el botín. En el ferrocarril metropolitano de Barcelona entre 2001 y 2003 habían irrumpido los carteristas (que hoy en 2011 han pasado a ser legiones en las mismas líneas del suburbano).
En 2001, según un folleto entregado por el Consulado Norteamericano de Barcelona a los turistas de esa nacionalidad, una de las situaciones de máximo riesgo es cuando el turista pasa junto a un grupo de niños que juegan a la pelota en el Casco Antiguo. Si detectaban que era portador de algún objeto de valor, le arrojarán con fuerza la pelota y en la confusión procurarán apropiarse de bolsas, maletas o cartera. En el mismo folleto se exhortaba encarecidamente a sus ciudadanos que no se detuvieran por nada del mundo a jugar al fútbol con niños... En calles extremadamente céntricas, como la calle Pelayo, grupos de menores marroquíes rodeaban a automóviles, especialmente de turistas, incluso arrojándose sobre el capó. Cuando el coche se detenía, la banda abría las puertas del automóvil sustrayendo todos los objetos de valor. Pasear por el Barrio Gótico suponía inevitablemente ver alguna carrera entre un ladrón que huía con el bolso de algún turista y en el peor de los casos, ser uno mismo víctima de estos robos. Dejar el coche aparcado en plenas Ramblas era ya en 2001 un acto de insensatez: existía un razonable porcentaje de posibilidades de que será saqueado. En la misma Plaza de Cataluña, el centro de la ciudad, grupos de “descuideras” “Rom” (gitanos rumanos) robaron durante meses indiscriminadamente bolsos de turistas.
Si la delincuencia se disparó en Barcelona, no es por ineficacia policial, sino por la lentitud de reacción, la apatía, y la inercia de autoridades, juristas y partidos políticos. De hecho, todos los cuerpos policiales se sienten desmotivados y cansados de ver como los mismos delincuentes que detienen cada día, vuelven a aparecer al día siguiente realizando los mismos delitos en casi los mismos lugares.
Los protagonistas de casi todos estos incidentes, en la época eran menores en situación ilegal en nuestro país; no se trata de delincuentes habituales curtidos, sino de adolescentes que apenas han dejado atrás la niñez. Un miembro de la Guardia Urbana declaraba a un medio de comunicación local: “Cada día tenemos que soportar que algunos delincuentes que hemos detenido en veinte o treinta ocasiones, nos digan que esta noche dormirán en el calabozo y mañana desayunará en su pensión. Así no se puede trabajar; mientras no se reformen las leyes no va a haber seguridad ciudadana”. Quinientos menores habían logrado desmoralizar a las distintas policías…
Los pequeños comerciantes se veían imposibilitados para hacer frente a la pequeña delincuencia; una de sus representantes, Teresa Caja, a mediados de 2001, presentó denuncia ante el Juzgado de Guardia contra la directora de la Direcció General d'Atenció al Menor (DGAM), Anna Soler, por dejación de funciones, abandono de menores e incumplimiento de la ley de atención al menor. Por su parte, los consulados de EE.UU., Francia, Italia, Alemania e Inglaterra, remitieron tras el verano del 2000 una carta al entonces alcalde Joan Clos, transmitiendo su preocupación por las agresiones y robos de que habían sido objeto los ciudadanos de estos países mientras visitaban Barcelona. Mientras que en junio de 1999 la delincuencia figuraba en el séptimo puesto de la escala de preocupaciones de los barceloneses, con un 4’3 de puntuación, en la encuesta realizada por el Ayuntamiento dos años después, la delincuencia había pasado a ser percibido como el principal problema con un 17’1% de puntuación. Ese año el 15% de los barceloneses sufrieron en su propia carne algún tipo de actividad delictiva. Fuentes de la Guardia Urbana declararon a La Vanguardia el 17 de julio de 2001 que el 85% de los detenidos por robo son extranjeros. Se reconocía que unos 400 delincuentes “peinaban” a diario las principales zonas turísticas de Barcelona, en especial Ciutat Vella (El Raval y el Barrio Gótico), con el único propósito de llevar a cabo hurtos o robos con intimidación a la población y a los turistas.
Este ejército de delincuentes está formado por multirreincidentes que, en total, acumulan ¡más de 12.000 detenciones!, según datos manejados por el Cuerpo Nacional de Policía. Algunos de estos delincuentes rebasan las cien detenciones y la media se sitúa en torno a las treinta. Solo un 15% eran españoles. La Direcció General d’Atenció al Menor (DGAM) de la Generalitat elaboró un protocolo consensuado con la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para que los fiscales puedan pedir a los juzgados civiles el internamiento “forzoso” de los menores inmigrantes indocumentados, más conocidos como “niños de la calle” y que, principalmente viven en las calles del distrito de Ciutat Vella de Barcelona. Hasta 2002, estos menores, que continuamente cometían pequeños hurtos y robos con violencia, eren tutelados por la Generalitat, pero, sin embargo, no podían ser obligados a quedarse en un centro de menores.
En la época la Generalitat que gestionaba los Centros de Acogida, afirmaba que no realizaba distingos por raza, origen o nacionalidad, con lo que resulta imposible hacerse una idea del impacto que generaron entre 2001 y 2003 los “niños de la calle” en Barcelona. Sin embargo, funcionarios que trabajan en estos centros comentaban que en 1999, apenas existían “niños de la calle” ingresados, sin embargo, en 2003 ascendían al 80% del total.
A lo largo del 2002 la situación pareció mejorar. El número de delitos protagonizados por los menores magrebíes descendió… pero el problema no ha desaparecido: aún hoy en 2011 sigue habiendo delincuencia de menores inmigrantes ilegales en Barcelona y el descenso se ha debido a que varias decenas han abandonado una ciudad en la que eran suficientemente conocidos y donde se iba endureciendo el comportamiento de las instituciones hacia ellos. Simplemente, el problema ha descendido en Barcelona por que muchos delincuentes menores se han ido a otras ciudades más “blandas”. Coincidiendo con el final de la presencia de los “niños de la calle” marroquíes, aparecieron en Barcelona y en las grandes aglomeraciones urbanas, las “bandas latinas”…
La falta de seguridad inquietaba también en otras zonas turísticas de Cataluña. En la autopista A-7, donde los robos protagonizados por la “banda de los peruanos” volvieron a ser habituales a partir de mediados del 2001. En Madrid, en los barrios de La Latina, Carabanchel, Los Cármenes o San Isidro, registraron un aumento desmesurado de la violencia juvenil a lo largo del 2003. A los problemas de siempre se había añadido la presencia de bandas juveniles latinoamericanas. Los Latin Kings aparecieron en España hacia el mes de septiembre del 2002.
m. Ablación del clítoris
La “ablación” es, según el diccionario, la separación o extirpación de cualquier parte del cuerpo y la “ablación genital femenina”, la mutilación genital o ablación del clítoris. Una práctica que jamás se ha conocido en el viejo continente, ni siquiera períodos prehistóricos. Hasta no hace mucho se creía que era una rareza antropológica de pueblos primitivos. La llegada de riadas masivas de inmigración a nuestro continente que llevaban con ellos sus tradiciones y costumbres, ha hecho que, bruscamente, hayamos tomado conciencia del drama por el que atraviesan millones de mujeres del Tercer Mundo. ONU y UNICEF consideran que entre 130 y 150 millones de mujeres han sido martirizadas con esta mutilación que les dejará secuelas durante toda su vida. Los países con mayor número de ablaciones son Nigeria (33 millones), Etiopía y Egipto (24 millones cada uno), Sudán (10 millones), Kenia (7 millones) y Somalia (4’5 millones). Con cifras menores, pero con unos porcentajes extremadamente altos, figuran los países del África Occidental: en especial Malí, Camerún, Costa de Marfil, etc. En países como Djibuti o Egipto entre el 80 y el 90% de las niñas sufren ablación. Según un dosier informativo de INFOMUNDI, se calcula que dos millones de niñas son sometidas anualmente a mutilación genital. Hay aproximadamente seis mil nuevos casos por día, o sea, cinco ablaciones por minuto...
Desde 1999 empezaron a llegar a las consultas pediátricas españolas casos de niñas que habían sido sometidas a esta mutilación en nuestro país. Antes, en 1989 se detectó el primer caso en el Reino Unido y en 1998 aparecieron en Italia y Francia. Frecuentemente, las familias aprovechan períodos vacacionales en sus países para someter a la niña a mutilación sin los problemas legales que esto podría acarrear en Europa. Posteriormente, cuando regresan y llevan a la niña a la consulta pediátrica, se evidencia la mutilación. La obligación de los médicos es comunicar el caso a las autoridades. Esto ha hecho que las fiscalías de Barcelona, Madrid, Baleares, Zaragoza y Valencia, tomaran cartas en el asunto ante estos casos. También se han producido insólitas situaciones en las que los familiares de la niña han solicitado al pediatra que procediera a la mutilación ritual, con cargo a la “seguridad social”. El argumento es simple: si las niñas regresan a África sin haber sido mutiladas serán, irremediablemente, repudiadas... Distintas ONG’s y servicios de Asistencia Social de los Ayuntamientos están intentando llevar campañas de sensibilización e información sobre los peligros que acarrea la ablación y su prohibición en nuestro país. Sin embargo, hasta ahora y según reconoce una asistenta social del Raval, los resultados son mínimos: “La ablación está tan arraigada en aquellas culturas africanas que la niña que está “entera” es considerada con un rango similar a las “prostitutas” y no tiene ninguna posibilidad de inserción normal en su sociedad de origen”.
El 21 de mayo de 2001, La Vanguardia publicaba un artículo titulado: “Un imán de Lérida justifica la ablación si se hace en zonas muy calurosas”. Abdelwahab Houze matizó que en los textos sagrados queda muy claro que esta práctica sólo es defendible en países muy calurosos. Estas declaraciones venían a remolque de otras realizadas por el imán de la otra mezquita local, Morro Jaitch que permanecía ambiguo ante las ablaciones: “Ni hacerla ni no hacerlo son pecado”. Ninguno de los dos mostró su rechazo a tal práctica yambos consideraron exagerado perseguir en España a los musulmanes que sometan a sus hijas a una escisión del clítoris. La fiscalía de Lérida no encontró indicios de delito en las manifestaciones de los dos imanes que podían haber sido constitutivas de apología de lesiones.
En junio de 2001, una jueza de Mataró prohibió que unas niñas de Malí volvieran a su país dado el riesgo que tenían de sufrir ablación. Unos días después, la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) abrió diligencias para investigar seis casos de ablación sufridos por niñas de origen Áfricano que fueron detectados por pediatras de dos centros de salud de Zaragoza. El fiscal jefe del TSJA, Alfonso Arroyo de las Heras, dicidió investigar los casos de mutilación de clítoris denunciados por el portavoz del grupo socialista del Ayuntamiento de Zaragoza. Igualmente en Banyolas (Gerona), la policía autonómica catalana abrió una investigación por las sospechas que recaían sobre la comunidad gambiana de realización de ablaciones por 15.000 pesetas. La Generalitat advirtió a los médicos de Gerona que extremaran la vigilancia para impedir este tipo de prácticas y comuniquen cualquier tipo de mutilaciones de este tipo.
Esta es quizás la herencia más siniestra que llegó en las maletas de la inmigración africana durante el período de gobierno de José María Aznar. Hoy, las cosas siguen exactamente igual que hace diez años y la ablación del clítoris en una lacra que sigue castigando a las niñas africanas en el territorio nacional.
n. Conclusión
Durante el felipismo el problema de la inmigración era inexistente y podía entenderse que por una tradición ideológica muy específica de la izquierda, la política socialista fuera de manga ancha con la inmigración. Venían los que querían y, de hecho, salvo en las inmediaciones de los eventos del 92 y durante la regularización que siguió a la primer Ley de Extranjería que afectó especialmente a Ceuta y Melilla, no existía en el gobierno la voluntad deliberada de importar masivamente inmigración. Tal voluntad apareció solamente durante la primera legislatura del PP cuando este empezó a aplicar su nuevo modelo económico que implicaba importación masiva de inmigrantes. A partir de entonces el fenómeno que se había previsto desde mediados de los años 80, eclosiona sin que el Ministerio del Interior reaccione y en poco tiempo se produce un descontrol total de las cifras de inmigrantes ilegales, la ausencia de iniciativas legales para paliar la riada de recién llegados, el retraso innecesario de medidas que eran urgentes desde 1997, el negar pertinazmente la existencia del problema, el ocultar a la opinión pública las cifras reales de inmigración, el utilizar varios subterfugios para negar que el impacto de la inmigración en el fenómeno de la delincuencia, etc... todo ello ha sido la política del PP en materia de inmigración.
A pesar de que en el 2004, ya se habían producido media docena de estallidos de cólera en distintos puntos de la geografía nacional, los partidos políticos seguían negando la existencia del problema. Y hacían algo más: todo lo posible por aumentar la riada migratoria. Cuando se produce el tránsito del aznarismo al zapaterismo hay una cosa que está clara: se vivía una época de “vacas gordas” gracias al tirón increíble que estaba teniendo la construcción y al mantenimiento del fenómeno turístico, pero algunos empezaban a tener la sensación de que había llegado demasiado inmigración y que seguía llegando a velocidad cada vez mayor. Se insistía en que la inmigración era necesaria para “pagar las pensiones de los abuelos”, pero algunos visionarios empezaban a tener la sensación de que en el momento en que remitiera siquiera levemente el sector de la construcción o tuviéramos una mala temporada turística, tendríamos aquellos 900.000 inmigrantes que cotizaban a la Seguridad Social en 2004 (¿y de qué vivían los otros dos millones y pico largo que estaban pero no cotizaban?) viviendo al calor de las ubres del Estado. Dicho de otra manera: en período de “vacas gordas”, quienes se beneficiaban especialmente de la llegada de oleadas de inmigración eran las patronales de la construcción y de hostelería, pero la factura la pagaría luego toda la sociedad española. Incluso en período de “vacas gordas”, el Estado perdía al tener que dedicar cada vez más recursos al problema (dotaciones policiales, penitenciarias, servicios sociales, ayudas de todo tipo). La sociedad pierde porque aparecen fenómenos de tipo racista y xenófobo de un lado y de otro esa sociedad empezaba a ser víctima de la inseguridad, el choque de cultural y el mantenimiento de los salarios más bajos a límites que imposibilitan una normal vida cotidiana. Un sector privado ganaba por que optimizaba sus beneficios: recurría a mano de obra más barata, frecuentemente ilegal, con lo que no tenía que afrontar cargas sociales, pero no rebajaba los precios, sino que, antes bien, los aumentaba; el negocio era redondo.
La política de Aznar en materia económica era aventurera e irresponsable. Era evidente que su modelo económico alimentaba las burbujas especulativas y era insostenible a medio plazo (¿o alguien pensaba que se podría seguir construyendo indefinidamente en España más que en Francia, Alemania y el Reino Unido juntos?). Pero en materia de inmigración la política de Aznar fue no menos irresponsable y, sobre todo, ciega: si la inmigración gradual y controlada, hasta un 5% de la población no suponía grandes traumas para la sociedad, cuando adquirió el carácter masivo que revistió a partir de 1999 era evidente que terminaría estallando.
El año 2000 estuvo marcado por los sucesos de El Egido. De aquella semana de incidentes solamente se recuerda que unos ciudadanos enloquecidos intentaron linchar a varios miembros de la comunidad magrebí y lograron dar palizas a varios. Pero esta agresividad incontrolada e irracional no fue más que la reacción contra tres asesinatos cometidos en menos de diez días por miembros de la comunidad magrebí contra ciudadanos de El Ejido. Si las autoridades de Interior hubieran advertido que desde principios de 1999, el índice de delitos había aumentado significativamente en El Ejido (algo de lo que se quejó el consistorio en varias ocasiones), habrían actuado en consecuencia y, probablemente, no hubieran sido asesinados 3 ciudadanos, y muchos cientos no hubieran visto sus hogares expoliados. Y, en consecuencia, seguramente, tampoco se habría llegado al estallido general de cólera que finalmente tuvo lugar. Nadie puede justificar aquellos incidentes que, por lo demás, ya han sido juzgados por los tribunales, pero tampoco nadie nos puede negar el derecho a revisar lo que pasó en El Ejido y a comprender (no a justificar) como se acumuló un formidable potencial explosivo que terminó estallando pocas horas después del tercer asesinato.
El período de gobierno de Aznar, con sus errores en cadena en materia de inmigración y el descontrol mas absoluto del fenómeno supuso el arranque de la peor catástrofe de la historia reciente de España: la alteración de su sustrato étnico y cultural, la creación de unas bolsas de inmigración que siempre, desde el principio, se convirtieron en una bomba aspiradora de fondos públicos, y que tras llegar la crisis se iban a transformar en una verdadera losa para nuestra sociedad; esta losa ya había introducido modificaciones sociológicos que afectaron desde la violencia doméstica hasta la inseguridad ciudadana, desde la saturación de los juzgados, hasta el desbordamiento de la policía y de las cárceles, desde la irrupción de fenómenos tan desagradables como la ablación del clítoris y fenómeno como el aumento de los accidentes de tráfico, que es uno de los factores de la crisis de la educación y también de conflictos callejeros y de molestias para los ciudadanos que viven en las zonas con gran aglomeración de inmigrantes. Todo esto, absolutamente todo esto, nació bajo el aznarismo y fue el resultado de su erróneo, suicida e irresponsable modelo económico.
Pero lo peor estaba todavía por llegar. Y “lo peor” tenía nombres y apellidos: “José Luis Rodríguez Zapatero”. Solamente los increíbles errores cometidos por Zapatero han contribuido a hacer olvidar que la gestión de Aznar en este terreno había sido sencillamente lamentable.
© Ernesto Milà – infokrisis – http://infokrisis.blogia.com – http://info–krisis.blogspot.com – Prohibida la reproducción de este texto sin indicar origen