Los incidentes
de Barcelona y Burgos, primeras protestas “negacionistas” durante la segunda
ola del Covid, han sorprendido por su inusitada brutalidad. Sin embargo, a poco
que se vieran las escenas y los protagonistas, se percibió que se trataba de
jóvenes, con toda seguridad ni-nis, habituales del porrito y la litrona, con
ganas de bronca y con la testosterona subida de tono. Nada representativo de la
sociedad: pero sería un error confundir la violencia de ayer, con el
hartazgo que está alcanzando a toda la sociedad española.
La clase
política tuvo como excusa durante la primera oleada del Covid, el que no estaba
preparada para una pandemia de estas características. Ocho meses después, tras
la segunda ola que se preveía desde el mes de mayo, todo indica que también ha
cogido a las instituciones por sorpresa. No es lo mismo ambicionar el poder,
que gobernar. No es lo mismo tener un “Estado de las Autonomías” que
tener una “Estado de las Autonomías que funcione”. Aquí han fallado
-están fallando- todos los escalones de gobierno:
- los Ayuntamientos por no haber adoptado y propuesto medidas de seguridad, contratado por su cuenta “rastreadores” y preocupado por la salud del municipio a su cargo. Han estado ausentes “esperando órdenes”, nunca tomando la iniciativa.
- las Diputaciones Provinciales que, a fin de cuentas, son organismos que deberían de suplir los límites municipales y garantizar la buena coordinación entre municipios vecinos y que, en esta ocasión, al menos, deberían haber demostrado que sirven para algo.
- las Comunidades Autónomas, con las competencias en sanidad transferidas y que, una tras otra, han fallado, no han aumentado la dotación presupuestaria para los hospitales, no han contratado médicos, enfermeros, ni especialistas, ni siquiera se han preocupado por distribuir mascarillas de uso obligatorio o garantizar el buen funcionamiento de los geriátricos.
- el gobierno del Estado, que ha demostrado lo que todos intuíamos ya: un desprecio absoluto por todo lo que no sea medidas inútiles unas, demagógicas otras, facciosas muchas, ajustes de cuentas y demostración de una incapacidad absoluta para afrontar una crisis sanitaria.
Cada nivel
administrativo tiene sus culpas, pero sería absurdo pensar que el ciudadano medio,
cada vez más asediado fiscalmente -especialmente el que tiene una nómina y
trabaja- va a realizar distingos entre unos y otros: para el ciudadano media
es evidente que las administraciones están dando bandazos, que todas ellas actúan
con imprevisión, que dictan medidas contradictorias, cuya utilidad ni siquiera
está demostrada, que la política de comunicación de las administraciones es un
caos que sume al ciudadano en un mar de confusiones y que, para colmo, el
número de muertos crece, el de contagiados se ha disparado y el de camas
hospitalarias sigue como antes de la crisis.
El ciudadano empieza
a percibir que la administración está dejando, poco a poco, de funcionar:
teléfonos que nadie descuelga, emails que nadie contesta, oficinas vacías,
funcionarios atrincherados que ni siquiera te dejan acercarte a la ventanilla,
consultas médicas telefónicas, operaciones de carácter leve -incluso algunas
graves- retrasadas sine die, gestiones que deberían poder realizarse en
minutos, que se retrasan semanas, meses o, simplemente, resultan imposibles de
hacer. Y, para colmo, con la sensación de que el mes de noviembre va a ser
duro-durísimo y que, posiblemente, tengamos que celebrar las navidades por Skype.
Esto es lo que
el ciudadano percibe. Y, frente a esto, el gobierno responde con mentiras,
medias verdades y aventurerismo presupuestario:
- Porque el
ascenso de la segunda ola de Covid ha coincidido con la presentación de unos
presupuestos vergonzosos que nadie puede tomarse en serio: previsiones de
ingresos dignos del cuento de la lechera, mentira al decir que se subirán
impuestos para “las rentas altas”, cuando hasta se propone un nuevo impuesto,
cínico y repugnante, sobre las cremaciones de cadáveres (ahí parece estar el
negocio esta temporada), un impuesto “por nuestra salid” sobre las bebidas
azucaradas, impuesto sobre las sociedades y el patrimonio, impuesto sobre el
IRPF, aumento del IVA en muchos productos, y luego están las bajadas de bonificaciones,
la bajada en la prestación por jubilación anticipada.
- Para la
elaboración de estos presupuestos se han calculado unos ingresos muy superiores
a los que, efectivamente, se recaudarán y unos gastos muy por debajo de los que
se generarán. En cuanto a las tasas de crecimiento y a la evolución del
PIB, también se ha optado por el optimismo: ¡como si la pandemia fuera a concluir
el mismo día en que se aprueben los presupuestos!
- El
principal absurdo de estos presupuestos lo puede advertir cualquier ama de casa,
consciente de que no se puede gastar más de lo que se ingresa. Ahora,
cuando se trataba de reducir impuestos para estimular inversión, se hace todo lo
contrario -con la excusa de la ecología, el medio ambiente, la salud y la
demagogia social- solamente para seguir el ejemplo que permitió al PSOE
gobernar en Andalucía durante casi 40 años: generar una clientela electoral
subvencionada.
- Lo más
probable es que, para la primavera, el Estado siga emitiendo deuda y más deuda,
con lo que, paralelamente, irán subiendo los seguros para avalarla. En la
web de DatosMacro de la revista Expansión, se daban hoy mismo los datos de
evolución de la deuda: en el segundo trimestre estábamos a 1 billón 291
millones de euros (70.000 más que en el primer trimestre) y cada español “debe”
27.276 euros. Y, para colmo, la deuda total en el segundo trimestre ha superado
el 110,20% del PIB. Y estas cifras, aquí y ahora, ya no son reales: al paso que
van las cosas y con los presupuestos aprobados, en Semana Santa, la deuda se
habrá elevado hasta los 2 billones de euros
- Las cifras
del paro se están enmascarando, minimizando y disimulando. Los ERTE, en
este momento, ascienden a 3.4 millones de personas que, viene a ser una cifra similar
a la de parados (3.722.000). A nadie se le escapa que, buena parte de los
trabajadores afectados por los ERTE terminarán en el paro (y se calcula que los
ERTE pueden ir subiendo hasta los 4.000.000). Lo único que el gobierno ha
conseguido, por el momento, es disimular las cifras de parados y procurar que
esta ocultación se prolongue, como mínimo, hasta Semana Santa, cuando el gobierno
cree que la situación sanitaria mejorará, la gente se volverá loca gastando
ahorros por la alegría y vendrán turistas a espuertas con ganas de dejar hasta
el último euro… Todos intuimos que nada de todo esto se va a cumplir y que, en
estos momentos, si sumamos el millón largo de ni-nis (que va aumentando), los
3.500.000 de ERTES (que serán 4 en breve) y los 3.722.000 parados, así como las
cifras de inmigrantes subvencionados que van llegando más y más, sin parar y no
figuran en ninguna de las anteriores categorías, estamos en torno a 10.000.000
de personas en situación extrema mantenidas con los presupuestos públicos.
Absolutamente insostenible… que contrasta con las cifras irresponsablemente
optimistas que da el gobierno.
- Las medidas que
recomendaría el sentido común serían:
1) Contención del gasto público, reducciones presupuestarias en todos los ministerios, salvo en sanidad y en trabajo.
2) Austeridad en la administración, que incluyera disolución de ministerios inútiles, refundición de ministerios con funciones similares, bajadas de sueldos en altos cargos, liquidación de un 30-60% de “asesores”, optimización de los gastos de las comunidades autónomas con devolución de competencias (educación y sanidad), repatriación de inmigrantes entrados ilegalmente.
3) Reducción de impuestos que estimulara el consumo y aumentara la inversión.
4) Reconocimiento de la gravedad de la situación económica en lugar del optimismo desaprensivo que preside todas las declaraciones de portavoces del régimen.
Se ha hecho todo
lo contrario de lo que el sentido común impone. Y se ha hecho para tratar de
evitar la erosión del gobierno de coalición. Las medidas presupuestarias lo han
sido, no de cada a resolver los problemas de la nación, sino para mantener a un
electorado clientelar y cautivo (ecolo-progres, feminitudas y demás GLTBI,
grupos subvencionados, inmigrantes con nacionalidad recién adquirida)
¿Qué va a
ocurrir?
1) A la segunda ola del Covid, seguirá la tercera, mientras la vacuna se va alejando más y más. Los hoteleros, mucho menos optimistas que el gobierno, empiezan a dar la temporada 2021 por perdida. No puede pensarse que el problema desaparezca cuando suenen las campanadas de fin de año. Hoy, incluso, sería cuestión de ir pensando en un confinamiento mucho más drástico y riguroso que el de la primavera pasada, que se prolongara durante apenas quince días, pero que fuera seguido de medidas de prevención radicales. Eso, o medidas “soft”, adoptadas anárquicamente por las autonomías, contradictorias entre sí, vacilantes y, a menudo, incoherentes, que solamente servirán para prolongar el fenómeno.
2) El deterioro progresivo de la situación económica va a generar un déficit del Estado absolutamente impagable que va a ser la secuela más importante del Covid-19 y que va a afectar, no solamente a nuestra generación, sino a las que vendrán: estas, en efecto, serán las que se queden con la “factura” a pagar por culpa de un gobierno más preocupado por las encuestas de intención de voto que por la adopción de medidas necesarias.
3) El descontento de la ciudadanía seguirá aumentando, lo que implicará actos cada vez más continuos de desobediencia civil, aumento de la brecha entre el ciudadano y las instituciones, sensación de fracaso del régimen y de incompetencia de las autoridades y estallidos de cólera limitados, que irán salpicando nuestra geografía. Pérdida progresiva del control del orden público por parte del gobierno y conversión de la policía en meros expedidores de multas por incumplimiento de las medidas aprobadas por el gobierno (lo que terminará siendo otra medida de recaudación fiscal).
4) Crisis social de dimensiones nunca antes conocida que revolverá por completo las preferencias políticas del electorado. De esta crisis no podrán salvarse los partidos (Podemos y Ciudadanos) que nacieron con la crisis de 2009, ni los proyectos que arrancaron entonces (“procés” catalán), sino que se transformará en el ascenso de nuevas siglas políticas (Vox) y en una desmoralización general y una pérdida de confianza hacia la clase política, los gobiernos y las instituciones que, de prolongarse, se transformará en crisis institucional. Sin olvidar que las elecciones no terminarán de resolver el problema endémico de la democracia española: la baja calidad de su clase política.
Reconozcámoslo:
la situación está más negra que nunca. Mucho más que en la transición, mucho
más que en los peores momentos del felipismo, mucho más que en las peores ofensivas
de ETA, mucho más que con las noticias más espectaculares sobre los niveles de
corrupción y de ineficacia judicial para reprimirla, mucho más que durante la
crisis de 2008 y que durante la crisis del “procés”, mucho más que en cualquier
otro momento de estos últimos 45 años, lo que se avecina no va a tener precedentes.
Y, lo que es peor: nunca como ahora ha estado al frente de los destinos del
Estado un gobierno que haya mostrado tal incapacidad para estar en el timón.
Acabo está
crónica cuando en el canal 24 Horas de RTVE aparece continuamente el “Teléfono
contra la violencia doméstica”… no el teléfono de urgencias sanitarias, no el
teléfono de la policía para responder a urgencias (entre las que se
encontrarían los casos de violencia doméstica…), no un teléfono para denunciar
casos de corrupción política, sino solamente, de manera reiterada, obsesiva y
continua, el teléfono contra la violencia doméstica. Gran logro éste de la izquierda
marciana.
