España en 1953 era un país que intentaba salir adelante,
pero que vivía en medio de estrecheces y todavía próximo al subdesarrollo.
Tenía unas necesidades muy concretas y la primera de todas ellas era la
industrialización. En 1949 el Ministerio de Educación aprobaría la Ley de
Formación Profesional que sería, sin duda, uno de los sectores más beneficiados
en las tres décadas siguientes. De ahí surgieron las “universidades laborales”
que, junto a una política social paternalista, generaron el que promociones de
jóvenes abandonaran sus estudios profesionales para pasar inmediatamente, sin
períodos de becarías, a ejercer sus oficios. La izquierda criticó este énfasis
puesto en la formación profesional calificándolo como “clasista”: los hijos de
la burguesía irían a la universidad y los hijos del proletariado estarían
destinados a seguir siéndolo, al estar desviados hacia la formación
profesional. En realidad, el país necesitaba industrializarse y era preciso
contar con profesionales cualificados en los distintos oficios.
Antes, en 1945, en plena postguerra y en uno de los momentos
más angustiosos para el país, se intentó una primera racionalización del
sistema de enseñanza que coincidió con el período nacional-católico del
régimen. La “enseñanza primaria” comprendía de los 6 a los 12 años. Se la ha
calificado como “ley fascista”, aunque, más bien era “ley corporativa” que
trasladaba a la enseñanza los principios nacional-católicos que inspiraban al
régimen esa época. Los principios eran: “gratuidad, obligatoriedad y separación
de sexos”. Se establecían las condiciones y el sistema de oposiciones para
ingresar en el Cuerpo del Magisterio Nacional Primario.
En 1953 se aprobó la Ley sobre la Ordenación de la Enseñanza
Media que generó el bachillerato que nosotros mismos cursamos y que
proporcionaba una aceptable visión cultural de conjunto al concluir el ciclo a
los 16 años. Los cuatro primeros años de bachillerato concluían con una
“reválida” a partir de la cual, los alumnos podían optar entre “ciencias” y
“letras”. Dos años más, nueva reválida y un curso Preuniversitario para los que
desearan acceder a estudios universitarios, o con la reválida de sexto aprobada
para los que aspirasen a entrar en escuelas de grado medio. A partir de cuarto
se podía acceder igualmente a las “universidades laborales” y a la formación
profesional. Era cierto que se mantenían las asignaturas de Religión y
Formación del Espíritu Nacional, pero se las consideraba, junto a la gimnasia,
como “marías”, asignaturas en las que el alumno recibía el aprobado casi
automáticamente y el examen solamente servía para aumentar la media del curso.
A partir de cuarto de bachillerato, en realidad, la FEN era más bien una
asignatura que incluía conocimientos de economía y de legislación de la época.
La carga ideológica era mínima y tendió a ir disminuyendo hasta desaparecer prácticamente
con la Ley General de Educación que siguió en 1970.
Esta nueva Ley se aprobó en medio de una oleada de huelgas,
cuando ya la oposición democrática -y, en concreto el Partido Comunista y los
grupos de extrema-izquierda- controlaban el movimiento estudiantil. Se dijo que
la ley era de “inspiración tecnocrática”, lo cual era cierto si tenemos en
cuenta que fue elaborada por un equipo mayoritariamente compuesto por miembros
del Opus Dei. Lo más significativo era que se establecía la enseñanza obligatoria
hasta los 14 años. El alumno debía seguir ocho cursos de Educación General
Básica en tres ciclos (inicial de dos años, medio y superior con tres cada
uno). A esto seguía el Bachillerato Unificado y Polivalente con una duración de
tres años y, finalmente, un Curso de Orientación Universitario que sustituía al
antiguo Preuniversitario. También aquí, al acabar la EGB se podía acceder a la
Formación Profesional, mientras que el BUP daba acceso a las Escuelas de Grado
Medio.
Contrariamente a lo que afirmaban los opositores, la LGE no
fue una ley “clasista”. De hecho, lo importante que contenía era la conexión de
los distintos niveles de enseñanza. Un alumno, podía abandonar la escuela al
concluir la EGB y embarcarse en la Formación Profesional, concluida la cual, si
lo deseaba podía conectarse nuevo con la Universidad. La extensión de la
obligatoriedad hasta los 14 años suponía, igualmente, la garantía de que todo
joven, sin distinción de clase, podía adquirir un “denominador cultural
mínimo”. Se amplió el sistema de becas de tal manera que los alumnos sin medios
podían aspirar a la gratuidad y a disfrutar de ayuda, pidiéndosele a cambio que
obtuviera buenos resultados académicos.
Mientras la ley de 1953 respondía a las exigencias de la
época en la que era necesaria la industrialización y la superación del
analfabetismo, la de 1970, correspondía a una sociedad ya industrializada y que
precisaba operarios, técnicos y científicos con urgencia. A pesar de ser el
Opus Dei el impulsor de esta última ley, lo cierto es que en su concepción ya
estaban implícitos algunos criterios de las “nuevas orientaciones pedagógicas”
que habían surgido en los años 60, mientras que en la ley de 1953, el modelo
adoptado había sido un híbrido de las distintas escuelas católicas tradicionales
(escolapios, jesuitas, maristas, etc.). El cambio era importante, porque se
incorporaron asignaturas y conceptos que hasta ese momento habían estado
ausentes. De hecho, la ley aludía a “métodos activos, individuales, originales
y creativos” para transmitir conocimientos.
La LGE de 1970, ordenaba también la “educación preescolar”
de los 4 a los años. Aquí fue donde se introdujeron modificaciones
determinantes. Ya no se trataba de aprender a escribir, a leer o a calcular,
sino a “prelectura, preescritura y precálculo”. Se priorizaban los “aspectos
madurativos” del alumno y se pretendía que, a esa edad, “aprendiera jugando”. Y
así ocurrió que, cuando en los años 50, el niño a los seis años, ya tenía
cierta soltura en estas materias, a partir de ahora, solamente empezaba a
conocerlas. Se consideraba que el aprender a relacionarse con otros compañeros
sería más importante a esa edad.
Durante los últimos años del franquismo y en los años de la
transición la enseñanza en todos sus niveles se vio lastrada por tres
fenómenos: oleadas de huelgas y de politización que afectaron a todas las áreas
e interrumpieron las clases, cambios y modificaciones continuas de la LGE para
adaptarla a las nuevas modificaciones legislativas y políticas que iban
apareciendo y, finalmente, el que las Escuelas Normales de formación del
profesora se vieran ganadas por las doctrinas más progresistas en materia de
enseñanza.
Así pues, durante el franquismo se reordenó en tres
ocasiones el sistema de enseñanza con reformas que abarcaron desde 1945 hasta
1980, mientras que en democracia, se han realizado seis cambios legislativos y
múltiples modificaciones adicionales. Hay que decir que las modificaciones más
importantes (La Ley Orgánica para el Derecho a la Educación de 1985, Le Ley Orgánica
de ordenación General del Sistema Educativo en España de 1990 y le Ley Orgánica
de Educación de 2006, han sido realizadas por gobiernos socialistas. El Partido
Popular solamente elaboró la Ley Orgánica de Calidad de la Educación en 2002
que no llegó a aplicarse y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa de 2013. La primera, simplemente, no fue aplicada por el gobierno
Zapatero y la segunda, inicialmente, los socialistas firmaron con otras fuerzas
de oposición un pacto para derogarla en cuando subieran al poder. Al subir al
poder, Sánchez, aprobó un paquete de medidas urgentes para formar la LOMCE y
elaboró un anteproyecto de ley de reforma de la LOMCE, insistiendo en “la
formación en igualdad de género, en derechos de la infancia, en sostenibilidad,
en capacidades digitales…” (programa electoral del PSOE para 2019),
comprometiéndose a “la supresión de la LOMCE”(pág. 59 y 60 del programa) y a
impulsar un “gran Pacto de Estado por la Educación” (pág. 59), comprometiéndose
a acabar con la “segregación escolar” (centros que mantienen en aulas separadas
a alumnas y a alumnos, que se admitía en la LOMCE). Las propuestas en materia
educativa del PSOE abarcan hasta la página 66 del programa (son por tanto 9
páginas sobre 297).
Algunas de las propuestas educativas del PSOE son,
sencillamente escalofriantes (como veremos) y ninguna de ellas supone una
autocrítica o una rectificación de las posiciones que el PSOE adoptó en su
XXVII congreso en el llamado Programa de transición (1976) y que en el
que se proponía, groso modo, una educación “liberadora, solidaria, no
competitiva, autónoma y democrática”, añadiéndose que la enseñanza sería
pública y desaparecerían “las subvenciones a la enseñanza privada”. Aquel
programa insistía en la que la educación sería “laica y gratuita”. Para los
estrategas del PSOE durante la transición, lo importante era que la enseñanza
estuviera en manos “progresistas”. Su proyecto se afirmó definitivamente con
los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977en los que consiguió que buena parte
de sus propuestas se introdujeran como políticas de Estado, entre ellas la
introducción de materias como la enseñanza de las “lenguas nacionales”. A
partir de ese momento y, más específicamente, a partir de 1984, un sistema
educativo inestable cuya eficacia había ido declinando a lo largo de los años
70, inició la pendiente que ha conducido hasta su práctica desintegración.
Un sistema educativo es inadecuado cuando no responde a las
necesidades de su tiempo (en la actualidad, no hay ninguna universidad Española
entre las 100 primeras del mundo), la formación profesional está completamente
en crisis y se ha intentado sustituir por un sucedáneo (los cursos de formación
del INEM, realizados por centros privados subsidiados o por sindicatos no menos
subsidiados, un rotundo y absoluto fracaso en los últimos 25 años y un
verdadero despilfarro económico; cuando no logra enviar a los ciclos superiores
de enseñanza a alumnos formados y son necesarias pruebas de selectividad para
tamizar, y cuando el fracaso escolar alcanza cifras próximas al 20%. El PSOE
puede alardear de haber inspirado el actual sistema educativo español, pero
debe asumir el hecho incuestionable y reconocido estadísticamente de que España
está a la cabeza de la Unión Europea como líder en abandono escolar en 2018.
Ese año superamos a Malta que, con un 17,5% había liderado
esta clasificación bochornosa. Todavía más bochornosa es si la comparamos con
las tasas de otros países: Croacia con un 3,3%, Eslovenia con un 4,2%, Grecia
con un 4,7%, Polonia con un 4,9% o con la media europea que es, prácticamente
la mitad de la tasa de fracaso generada en España. Otro dato es igualmente
significativo: fracasan más hombres (un 21’7%) que mujeres (un 14%). Pero las
estadísticas y los porcentajes son inútiles si desconocemos las cifras
absolutas.
En el curso 2016-2017 estudiaban en los distintos niveles
educativos no universitarios, 8.127.832 alumnos, de los que 721.028 son
inmigrantes, lo que representa un 8,5% del total de estudiantes no
universitarios. Pues bien, el fracaso escolar afecta a ¡casi 1.500.000 de
estudiantes! Que, temporal o definitivamente, interrumpen su formación. Se
atribuye estos fracasos, principalmente, a dislexia o trastornos de atención,
pero la ambigüedad de estos estudios, indica que no se quiere reconocer algunos
problemas y se opta por el triunfalismo.
La principal cifra que se esgrime es que España es el tercer
país en número de graduados en carreras técnicas (ingeniería, arquitectura,
tecnologías), después de Irlanda y de Finlandia, con un 22,4 por mil de
graduados entre 20 y 29 años. Así mismo, se sugiere que la cifra de
matriculaciones en Doctorados y Masters se ha disparado en los últimos años,
pasando de algo menos de 40.000 a casi 190.000 (según el INE). Pero las cosas se
ven de distinta manera si se tiene en cuenta que ninguna universidad española
figura entre las 100 primeras del mundo y solo tres figuran entre las 200
siguientes.
Y, no digamos si se acepta que buena parte de los
licenciados deben de aceptar largos períodos de becaría, sin sueldo o con
sueldos simbólicos y un alto porcentaje de ellos no vuelven jamás a ejercer la
profesión para la que han estudiado. O, simplemente, deben de aceptar la
alternativa de irse al extranjero o aceptar puestos de trabajo mal remunerados
e inestables. Para colmo, la aparición de varios casos de falsificación de
asistencia a masters o de simple plagio en los trabajos de doctorado que ha
afectado a conocidas figuras políticas, permite suponer que se trata de algo
generalizado y contribuye a la desvalorización de los títulos superiores.
Así pues, la situación de la enseñanza en España es:
1) Crisis de los niveles educativos primarios con altos niveles de abandono escolar, una formación profesional en crisis y sin propuestas de reforma que puedan revertir esta crisis, sino más bien pensar que se ahondará en la misma.
2) Crisis de los niveles educativos superiores con pocas universidades reconocidas internacionalmente y cada vez salidas más escasas para los licenciados. En otras palabras: inadecuación entre la universidad y la sociedad y deficiencias formativas.
