A Oriol Pujol le han dado el tercer grado con una condena de
dos años y medio de prisión. No puedo por menos que exhibir el agravio
comparativo. Servidor, con una condena menor -dos años de prisión- por un
delito que ni siquiera generaba alarma social -manifestación ilícita- pasó en
prisión tres meses en Alcalá Meco y otros quince en la prisión Modelo de Barcelona.
En total 18 meses… o más sorprendente fue que el “equipo de clasificación y tratamiento”,
a pesar de ser consciente de que se trataba de la primera condena, de que no
tenía “peligrosidad social”, que tenía trabajo, estabilidad familiar y demás
requisitos para obtener el tercer grado me lo negó hasta última hora alegando “que
no existía garantía de no reincidencia”…
Hay que recordar que, en aquel momento, la única competencia
que tenía la gencat en materia de justicia era prisiones. Item más: en el
momento en que el equipo de clasificación y tratamiento deliberaba sobre mi promoción
al tercer grado recibió la orden de la consejería de que los miembros del
equipo debían anotar con nombres y apellidos quienes estaban a favor de mi
puesta en libertad… otra forma de presionarme. Más aún: mi madre -en su
ingenuidad- acudió a Mosén Fenosa, confesor de Pujol y hombre de confianza del
entonces presidente, con el que estábamos vinculados familiarmente. Fenosa,
simplemente, le dijo que no podía hacer nada… por mucho que había realizado
otros muchos favores, bastante más comprometidos, a otros miembros de la
familia, tipificables como “tráfico de influencias”. Hay que decir, por cierto,
que varios miembros del equipo de clasificación y tratamiento, entre ellos su
directora, fueron condenados poco después por traficar y vender grados. Muestra
de la moralidad de algunos de sus integrantes…
No me sorprendió nada de todo esto, por supuesto y, como he dicho otras veces, tengo mi paso por la Modelo como una experiencia más, endurecedora y enriquecedora. Claro está que todo cambia si eres hijo del Jordi Pujol y si estamos en la Cataluña del siglo XXI.
Y esto viene a cuento de que en la Audiencia Nacional se
está juzgando al equipo promotor del 1-O. No están todos los que sin, ni mucho
menos son todos los que están. Por Waterloo anda el capitán araña que esquivará
sus responsabilidades y predicará que es presidente de la república de TV3, la república
de los idiotas, en una palabra.
Poco importa las
condenas a las que se hagan acreedores. Cumplirán en una cárcel catalana y serán
puestos en libertad dos meses después, sin que nadie se sonroje, ni cese la
victimización de los condenados (por qué, sea cual sea la sentencia, a
nadie se le escapa que alguna responsabilidad habrán tenido en todo este
entuerto). Claro está que, de la multa, del pago de las costas y de la
inhabilitación para ejercer cargos públicos, no se salvarán, pero esta es otra
historia. Es lo que tienen los saltos mortales: que entrañan ciertos riesgos.
Sabemos, pues, cómo va a acabar la fiesta. Exactamente igual que ha terminado
con el caso ITV protagonizado por hijo del “molt honorable” (dime de lo que
alardeas y te diré de lo que careces) Pujol.
¿Conclusiones? Votaré
a quien proponga una reforma de las leyes penales: cumplimiento completo de
condenas por corrupción y aplicación solamente de medidas de reducción de
condena (tercer grato y libertad condicional) solamente tras haber devuelto las
cantidades sustraídas y en la misma condición que cualquier otro preso
(aplicable solamente a partir de la mitad de la condena). Y, claro está,
trabajo penitenciario para pagar la estancia en prisión.
Sí, es cierto que el caso de Oriol Pujol es particular:
solamente se logró demostrar que falsificó varias facturas para pagar 72.000
euros y que luego negoció con la fiscalía una condena de dos años y medio y
pago de 76.000 euros, pero no es menos cierto que su caso generó “alarma social”
y que la utilización de dinero público para fines personales no es un simple
delito porque no afecta a una víctima, sino que toda la sociedad es la víctima
del fraude. Pasar 65 días de prisión por
haber robado 72.000 euros a todos los españoles, es casi una broma,
especialmente cuando un robagallinas pasa la misma estancia en prisión por un
delito sin importancia.
Platón decía en la República que en la historia (y lo escribía
en el siglo VII a. JC) no se ha dado nunca el caso de un político que actúe y
legisle contra sus propios intereses. Esta observación sigue vigente hoy en
día. La clase política -la casta, la castuza, la mafia política- se protege a
sí misma y no esperéis nunca, absolutamente nunca, que endurezca las medidas represivas
contra su propia corrupción… Ingenuo e incauto el que piense lo contrario.
¿Por qué en otras
formas políticas la corrupción es menor o, simplemente, no existe? Fácil de
explicar: cuando el servicio público se considera como un apostolado casi de
naturaleza religiosa, cuando los funcionarios y representantes públicos tienen
la conciencia de servir a la comunidad y no entra en sus planes el servirse de
la comunidad, entonces existe una vacuna moral contra la corrupción, mucho más
eficiente que las leyes, los tribunales o las policías. Y, en esos casos,
cuando aparece la corrupción, el paredón es la única alternativa. Porque lo importante es que los bienes públicos se
administren de manera responsable, si no es por principios morales, que al
menos lo sea por miedo a las consecuencias. Hoy no tenemos ni lo uno ni lo
otro, no extrañe, pues, que los simulacros de justicia sean grotescos y que la
corrupción sea el único elemento dominante y común en toda la clase política.
