Toda norma jurídica nace con la ambición de
prolongar su vigencia eternamente. Le pasó a la Ley Orgánica del Estado, la
última “ley fundamental” emitida por el franquismo en 1967 y que apenas estuvo
en vigor diez años y le vuelve a ocurrir a la Constitución Española que desde
1978 rige los destinos de nuestro país y acaba de cumplir los 35 años. El problema
es que, desde poco después de su promulgación, ya a mediados de los años 80, la
Constitución Española, como decía la canción de Dylan, “está vieja y enferma cuando
apenas acaba de nacer”. Desde entonces el deterioro de la norma constitución ha
proseguido de forma acelerada y sin pausa. Lo que hoy queda de la Constitución
de 1978 es un despojo fétido, un esperpento responsable del marasmo político,
económico y social que vive nuestro país.
Vale la pena recordar lo que nos ha traído la
constitución:
1. Debilidad del
Estado.- El gran
drama de España –algo que se percibe perfectamente desde el extranjero- es que
nuestro país tiene una identidad extremadamente fuerte (y que cabalga con la
lengua española en todo el mundo, lo que hace completamente inútiles los
esfuerzos de ciertas autonomías por convertir sus “casas regionales” en embajadas
en el exterior), pero un Estado extremadamente débil. El sistema diseñado en
1978 por los malhadados “padres de la constitución” se basaba en un
bipartidismo imperfecto que en situaciones en los que uno de los dos grandes
partidos (de centro-derecha y de centro-izquierda) que se repartirían el poder
permanentemente beneficiados por un sistema electoral a todas luces injusto, en
caso de no tener mayoría absoluta, podrían recurrir a la alianza con un tercer
y un cuarto partidos de carácter regionalista: la famosa “banda de los cuatro”
(PP + PSOE + CiU + PNV), verdadero “partido único” que desde hace 35 años se
reparte el poder. Esto implicaba el que la arquitectura constitucional, desde
un principio, otorgaría un excepcional peso a las autonomías llamadas “históricas”
(especialmente a Cataluña y al País Vasco y en menor medida a Galicia), lo que
no estaba previsto es que luego, el hecho de que UCD no tuviera mayoría en
ninguna de estas comunidades hizo que generara otras en el famoso café para
todos que terminó por desintegrar la unidad del Estado en 17 taifas
autonómicas.
2.- Fin del Estado del
Bienestar.- El
bipartidismo imperfecto hizo todo lo demás: en situaciones de mayoría
minoritaria, los partidos de centro-derecha y centro-izquierda debieron
literalmente entregar su alma a los nacionalistas catalanes y vascos para poder
gobernar y ambos fueron adquiriendo ventajas, acentuando la desigualdad
inter-territorial y preparando el camino para la centrifugación final del
Estado. Pocos Estados europeos son en estos momentos tan débiles y quebradizos
como el español. El Estado es hoy un perro enfermo al que, como es habitual,
todo se le antojan pulgas. En tiempos de bonanza económica, más o menos
ilusoria, el mantenimiento del Estado de las Autonomías era simplemente un
problema de tira y afloja, de negociación entre el Estado central y cada
autonomía; sin embargo, desde el momento en el que la crisis ha proyectado su
sombra sobre el país, ese Estado de las Autonomías está literalmente devorando
los restos del Estado del Bienestar: porque ambos son completamente
incompatibles. El Estado de las Autonomías
alimenta a las clases políticas regionales de tal manera que para ser
viable debe realizar recortes de derechos sociales adquiridos por la población.
3. Primacía de la
economía sobre la política.- Tal como está estructurada la constitución española permite la
existencia de un Estado débil, esto es de un “poder soft”. El Estado Español
muestra diariamente esta debilidad al ser incapaz de imponer condiciones a los
fondos de inversión para impedir que en estos momentos compren parcelas
completas del país. Tanto el PSOE como el PP, como los dos partidos nacionalistas,
asumen los principios de la economía liberal con mínimos matices: todos ellos
aceptan que el Estado (encarnación jurídica de la sociedad y de la Nación) debe
inmiscuirse lo menos posible en asuntos económicos, principio que implica el
que la población está inerme ante las grandes concentraciones de capitales, son
ellas las que dictan las reglas del juego económico y las que imponen sus
condiciones a la sociedad. Por eso no puede extrañar que desde que está en
vigor la constitución los salarios hayan perdido poder adquisitivo, el capital
haya optimizado sus beneficios, se hay asistido a una serie ininterrumpida de
recortes sociales y los rendimientos del trabajo tributen cada vez más en
relación a los rendimientos del capital. Todo eso se ha producido porque el
Estado es débil para afrontar al poder económico, el cual cada vez dicta
condiciones más radicales que la “banda de los cuatro” aplica, acepta y asume
con fidelidad perruna.
4.- Pérdida de
soberanía.- En 1978
se alardeaba de que después de 40 años sin elecciones democráticas se
aproximaba un período en el que constantemente el Estado recurriría a la
opinión de la población para seguir sus designios mayoritarios. Se trataba de
otra mentira que acompañaba a la colección de ambigüedades, mentiras y falsos
mitos presentes en el articulado de la Constitución. Pronto se vio que la Ley d’Hont
y el sistema electoral generaban un déficit representativo insuperable, se vio
que el gobierno no estaba en absoluto dispuesto a convocar referéndums y que
los programas a los que votaba el electorado ningún partido tenía intención de
cumplirlos. El poder democrático se vio comprimido desde mediados de los años
80 por una tenaza formada por dos fuerzas: la adhesión a la Unión Europea y la
influencia de los centros de decisión económicos. Lo primero fue el resultado
de una negociación mal llevada y lo segundo de la concepción misma del Estado
implícita en la constitución. El resultado de esta tenaza ha sido la pérdida de
soberanía del Estado y la pérdida de representatividad democrática. Desde
mediados de los años 80, los gobiernos españoles han dejado de ser autónomos y
de trabajar para mejorar las condiciones de vida de los electores: son más bien
siervos del poder económico y tienen limitada su soberanía por una
superestructura que nadie ha elegido en votación democrática alguna: la
Comisión Europea, que cada vez absorbe más competencias del gobierno de la
nación que, al menos, sí ha sido elegido democráticamente.
5. Partidocracia.- Si algunos rasgos impuestos por
la Constitución han desembocado en un gobierno plutocrático efectivo (es decir,
en un gobierno del dinero y de sus gestores), por otra parte, se ha consolidado
una forma de partidocracia (lo que se ha dado también en llamar “la casta”)
compuesta por los estados mayores de los distintos partidos políticos que,
enfeudados en los distintos niveles administrativos del Estado, dedican la
parte del león de los recursos de esa administración en su propio beneficio. El
interés nacional hace tiempo que ha dejado de ser el objetivo a alcanzar por la
“banda de los cuatro” que no se ha forjado otro objetivo más que el de aumentar
los beneficios de la casta. Esto hace que el poder político, el cual acepta las
imposiciones del poder económico (la “casta” no es más que el delegado a través
del cual el poder económico logra el mayor rendimiento para el capital), a su
vez, tienda a explotar sistemáticamente a la población para beneficiarse a su
vez de los recursos del Estado.
6. Corrupción
incontrolable.-
Desde el arranque mismo de la Constitución la corrupción anidó en el interior
mismo del sistema y hoy constituye un cáncer presente en todos los niveles
administrativos y en todas las jerarquía del Estado: desde la Casa Real hasta
las concejalías, desde los ministerios hasta la última consejería, desde la
gran empresa hasta el trabajo negro realizado por grupos desfavorecidos. La
corrupción hoy, como el caciquismo durante la restauración monárquica del siglo
XIX, es el elemento más característico del período constitucional actual. Ni
uno solo de los escalones del Estado, ni uno solo de los poderes del Estado se
ve libre de este cáncer que solamente es conocido por la opinión pública en una
cantidad infinitesimal y que en la actualidad resulta imposible erradicar sin
aplicar leyes de excepción que un poder “blando” no está por supuesto en
condiciones de establecer, sin olvidar que nunca en la historia un político ha
aprobado una ley que le perjudique a sí mismo…
7. Vacío de poder y
debilidad de todos los poderes.- La corrupción, la prelación del poder económico sobre el poder
político, y la existencia de múltiples centros de decisión cada uno de ellos
descarga su responsabilidad sobre los demás en momentos de crisis, hace que,
finalmente, lo que haya traído la constitución sea precisamente la negación del
principio de Montesquieu de la división de poderes: los tres poderes han dejado
de funcionar y lo que es peor, los tres poderes nunca, ni siquiera en los años
de “juventud” de la constitución, han sido jamás independientes, todos ellos han
estado controlados por la cúpula del partido en el gobierno en cada momento: el
poder legislativo no ha sido más que una caja de resonancia, una especie de “yes man” del gobierno, los diputados
anónimos, sin voz y sin rostro, pero con emolumentos, prebendas e inmunidad, beneficiados
por derechos sociales y económicos que desdicen la igualdad del sistema, ni han
fiscalizado la acción del gobierno, ni han redactado leyes como hubieran
debido, ni han representado a nadie más que a ellos mismos; el poder ejecutivo
hace mucho tiempo que ha dejado de estar en manos de técnicos y expertos, para
residir en manos de amigos de los líderes del partido en el poder, al margen de
sus cualidades presuntas o reales y así se han producido los gigantescos
errores políticos y económicos de las últimas décadas; en cuanto al poder
judicial, salvo honrosas excepciones, siempre ha tenido a los partidos
políticos como extremadamente cuidadosos a la hora de elegir a los magistrados
del Tribunal Constitucional para que siempre se produjera una correlación de
fuerzas en su interior que no generase contradicciones con el poder ejecutivo.
El resultado ha sido que ninguno de estos tres poderes cumple su función. Esto,
unido a la falta de centros claros de imputación, a las taifas autonómicas y a
la falta de autoridad de la clase política, genera el penúltimo problema
derivado de la constitución de 1978: el vacío de poder.
8. Inseguridad
generalizada.- La novedad de las dos últimas décadas reside
en que por primera vez en la historia de España desde la Segunda República, la
inmensa mayoría de la sociedad española vive en una situación de inseguridad:
inseguridad en su futuro y en el de sus hijos, inseguridad sobre la
supervivencia de las conquistas del Estado del Bienestar, inseguridad sobre la
moralidad de la clase política, inseguridad ciudadana generada por la
delincuencia llegada de todos los extremos del planeta ante la permisividad de
la clase política, inseguridad ante las próximas decisiones de éste y de los
gobiernos que seguirán siempre propensos a beneficiar a los poderosos a costa
de las clases modestas, inseguridad en el trabajo y seguridad de que una vez
perdido costará mucho obtener otro, inseguridad de las familias, inseguridad
ante la persistencia de una crisis que desde hace siete años se nos dice que
será corta y que no lleva camino de resolverse porque la globalización y la
pérdida de soberanía que implica ha hecho que incluso un gobierno razonable y
volcado a mejorar las condiciones de vida de su pueblo, encontraría
dificultades de todo tipo para imponerse, inseguridad en nuestra defensa
territorial encomendada a unas fuerzas armadas cada vez más carentes de medios
y puestas solamente al servicio de aventuras coloniales en los países más
remotos del planeta… la inseguridad ha terminado siendo la ley de hierro de la
Constitución de 1978: quien vive en una situación de inseguridad, vive inmerso
en el miedo constante a perder una situación estable y a contemplar la
posibilidad de ver degradarse su situación personal. Quien tiene miedo a perder
su trabajo, quien teme que la cicatería del Estado en su jubilación, quien ve
cernirse el fantasma amenazador de las privatizaciones o la impunidad ante
amnistías encubiertas a asesinos en serie y la falta de respuesta del Estado a
la delincuencia, no puede ser libre jamás, ni puede ejercer ningún derecho de
manera afectiva. Quien tiene miedo no es libre. Por eso, contrariamente a la tópica
declaración de principios insertada en la constitución, nosotros afirmamos que
el primer derecho humano es la seguridad y que sólo de la existencia de
seguridad deriva la posibilidad de ejercer cualquier otro derecho.
Pero hay una buena
noticia… que no es tan buena
Desde hace más de 30 años se no ha repetido por
activa y por pasiva que la constitución era inamovible, que era una norma para
toda la eternidad. Sin embargo, en 2011 vimos como para responder a las
exigencias de la Unión Europea, la constitución “inamovible” era modificada en
una tarde por votación conjunto de PP y PSOE… Así pues, la buena noticia es que
esta constitución no es más inamovible que cualquier otra anterior. Solamente
los intereses de la clase política y del poder económico, sus principales
beneficiarios, hace que el cadáver putrefacto de la constitución aparezca como
maquillado y gozando de buena salud.
Cuando un vestido tiene una mancha se pone en
la lavadora y la mancha desaparece, pero cuando el vestido se ha transformado
en un harapo fétido, deshilachado y harapiento, resulta inútil someterlo a un
programa de lavado: lo que hay que hacer es tirarlo al basurero más próximo.
Tal es el problema de nuestra constitución: es irreformable en profundidad
porque los partidos que deberían reformarla, perderían con esa reforma su
privilegiada situación… así pues siempre encontrarán las razones para defender el
tejido constitucional harapiento y desgastado. De hecho, ni PP ni PSOE abogan
por una “reforma constitucional”, para ellos, el actual marco jurídico es “inmejorable”,
lo que traducido quiere decir que ningún otro les ofrecería tantas garantías
para medrar como éste.
En cuanto a los partidos que piden “reformar la
constitución” o “cumplirla”, se equivocan: esta constitución ya ha dado de sí
todo lo que podía dar. Tratar de “cumplirla” o “reformarla” equivaldría a meter
el harapo en la lavadora, del cual saldría todavía más deshilachado. Rosa Díez
y Albert Ribera se equivocan: esta constitución no tiene remedio, es
insalvable, es un mal recuerdo de un período ominoso en nuestra historia que
nos ha situado en el atrio de catástrofes por llegar aun mayores.
El drama estriba en que mientras se prolonguen
los actuales equilibrios de fuerzas, y mientras subsista el miedo, la pasividad
y la apatía en la sociedad española, no existirá fuerza social suficiente como
para desencadenar un proceso constituyente capaz de dotarnos de una nueva
arquitectura constitucional.
A partir de principios de los años 80, la
sociedad civil española fue diluyéndose progresivamente. Con el asociacionismo
reducido a la mínima expresión, las ONGs dependientes de los dineros del poder,
los sindicatos comprados al peso, los medios de comunicación expresión en manos
de los consorcios detentadores del capital y convertido en voz de su amo, los
focos de resistencia que podrían proponer un proceso constituyente son
minúsculos y carecen de peso político. Así pues, tenemos constitución para rato…
lo que implica que nuestro país está y estará dirigido durante mucho tiempo por
un “fuego fatuo”, resultado del cadáver constitucional en descomposición.
Hasta en esto la constitución de 1978 ha sido una
tragedia: como el perro del hortelano, ni come ni deja comer, esto es, ni
muerta termina de dejar que se la entierre. Porque no lo neguemos, la legitimidad
de un régimen nunca viene impuesta por los principios que dice defender de
manera teórica, sino por la defensa efectiva que hace de esos principios, por
su eficacia demostrada diariamente en la práctica, por la seguridad que genera
en la ciudadanía, esto es, por todo aquello que hoy está ausente del panorama político
español.
Así pues, el próximo día de la Constitución,
¡no hay nada que celebrar!
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