info-Krisis.- América se hunde entre el crimen y el delito. Las cifras son tan absolutamente espectaculares que se diría que las autoridades han renunciado a contener a los maleantes. No es así, de hecho, lo que ha ocurrido es que se ven desbordados por la delincuencia. En 2000 existían ¡dos millones y medio! de presos en las distintas cárceles de los EEUU. La cifra es a todas luces desmesurada… pero real.
Y es que todas las cifras de la delincuencia en EEUU son espectaculares.
EL AUMENTO ASINDOTICO DE LA DELINCUENCIA
Tras la Segunda Guerra Mundial, la delincuencia se disparó en EEUU. Hasta ese momento, las estadísticas indicaban que la seguridad ciudadana estaba al mismo nivel que en otros países tan distantes como diferentes; eran, en efecto, similares a las que se daban en cualquier país desarrollado. Sin embargo, a partir de 1945, todo esto quedó desbaratado. A principios de los años 60, Londres y Tokio registraban menos violencia urbana que cualquiera de las ciudades norteamericanas más importantes. En 1979 se produjeron 14 veces más violaciones en Nueva York que en Tokio que, en la época, era la ciudad más grande del mundo.
Ese mismo año en la ciudad de los rascacielos resultaron asesinadas 12 veces más personas que en la aglomeración de Tokio. Y, puestos a comparar, las cifras eran tan espectaculares que ya resultaba difícil poderlas enmascaras: en 1980, globalmente, en todo el territorio de los EEUU se produjeron 5 veces más homicidios que en Japón y 7 veces más que en Gran Bretaña, 10 veces más violaciones que en Japón y 12 más que en Gran Bretaña y 17 veces más robos que en Japón y 8 más que en Gran Bretaña. En apenas treinta años, en el período que media entre 1945 y 1975, según las cifras aportadas por el FBI, la criminalidad aumentó un 500%. En los cinco años siguientes, logró ser contenida, pero a partir de 1978 ya no hubo nada que hacer e incluso empezaron a aparecer en las estadísticas franjas de población hasta entonces ausentes; particular estupefacción produjo el aumento de la delincuencia entre los menores de 12 años.
En 1980 se produjeron 4.000.000 de asaltos a personas, 1.000.000 de robos con intimidación, 145.000 violaciones, 150.000 tirones y 20.000 homicidios. Realmente poco, por que veinte años después, estas cifras, ya de por sí alarmantes, habían sido superadas con creces
¿SE HA TOCADO TECHO?
El 23 de octubre de 2003, los teletipos se hicieron eco de la enorme satisfacción que expandió el FBI al comunicas que la delincuencia había disminuido el año anterior un 1%. Pero, en bruto, el dato era espeluznante: en el 2002 se habían cometido en todo el territorio de las Unión 11’9 millones de delitos, casi tres veces más que los cometidos veinte años antes. El FBI calculaba que cada tres segundos ocurre un delito contra la propiedad en Estados Unidos, y cada 22 segundos un delito violento. Las cifras del FBI eran difícilmente cuestionables. Procedían de los datos facilitados por las 17.000 agencias policiales en todo el país. Las cifras contradecían las aportadas por la Oficina de Estadísticas de Justicia, que a principios de 2003 calculó que los delitos violentos y contra la propiedad habían descendido a sus tasas más bajas en 30 años. Hasta el comunicado del FBI, el secretario de Justicia John Ashcroft había citado en repetidas ocasiones el informe del Departamento de Justicia como evidencia de que las políticas penitenciarias más duras han logrado una nación más segura. Lo importante, mucho más allá de las estadísticas, es la impresión que tiene el hombre de la calle y en EEUU no existen grandes discrepancias: es un país en el que la gente se siente insegura. Tanto es así que una tercera parte de los hogares dispone de armas de fuego y la mitad de las mujeres declaran sentir miedo cuando salen de su casa. En 1981, el antropólogo urbano Marvin Harris explicaba que una quinta parte de los habitantes de las ciudades tienen, pura y simplemente, miedo de pasear por las calles o ir a su trabajo. Mucho antes de los atentados del 11-S y de lo que siguió –una verdadera campaña que estimuló el terror psicológico- buena parte de la población norteamericana emigraba de las ciudades a la periferia en busca de seguridad, algo que en EEUU reviste desde principios de los 80, el rango de una verdadera obsesión.
LAS CIFRAS DIFUNDIDAS DESDE CHINA
De todas formas, a pesar de la democracia formal que se vive en EEUU, hay cifras que, es preciso buscarlas fuera del territorio de la Unión. En 2003, la Oficina de Información del Consejo de Estado de China difundió un informe sobre la situación de los derechos humanos de Estados Unidos en 2002. En dicho informe se daban algunas cifras sobre la criminalidad en los EEUU: en 2002, se produjeron en ese país norteamericano 11.8 millones de delitos en 2001, una subida del 2.1 por ciento frente al año anterior. En promedio, se cometió un delito cada 2.7 segundos, mientras que se produjeron cada día 44 asesinatos y 248 violaciones (en total, 15,980 personas fueron asesinadas y 90,491 mujeres fueron violadas). Siguió aumentando la tasa de delincuencia en las grandes ciudades estadounidenses, especialmente en Washington, donde se registró una subida interanual de 36 por ciento, en Boston (67 por ciento) y Los Ángeles (27 por ciento). La tasa de asesinatos en ese país resultó ser entre cinco y siete veces mayor que en la mayoría de los países industriales.
Debido a los más de 200 millones de armas privadas que poseen los estadounidenses (en 1980 “solamente” existían 50 millones de pistolas y rifles en manos de los ciudadanos), fueron frecuentes los tiroteos, que han causado más de 30,000 muertos o heridos cada año. Se ha mantenido en EEUU una elevada tasa de delincuencia juvenil, y los adolescentes cometieron un 20 por ciento de los crímenes violentos. El número de detenciones policiales mensuales se incrementó en un 15 por ciento respecto al año anterior, hasta las 7,823 personas, dos tercios de ellas fueron archivadas por la justicia por falta de pruebas.
Las autoridades estadounidenses confirmaron que desde 1973 habían sido erróneamente condenados más de 200 encarcelados, de los que 99 condenados a muerte eran inocentes. Sin embargo, la mayoría de ellos no obtuvo compensaciones. EEUU es uno de los pocos países del mundo que impone la pena capital a los delincuentes adolescentes y con enfermedades mentales. En ese país se produjeron dos tercios de las ejecuciones de criminales adolescentes relizadas en el mundo durante la última década. A finales de 2001, un total de 6.6 millones de personas cumplían penas en los cárceles estadounidenses, que tienen un alto índice de ocupación. Las mujeres y niños son en muchas ocasiones las víctimas del crimen y violencia. Las mujeres se encuentran bajo mayor riesgo de asesinato. Entre 1988 y 1997, un total de 6,817 chicos de entre 5 y 14 años fueron asesinados a tiros en los 50 estados del país norteamericano. Cada año 58,000 chicos fueron secuestrados por personas de otras familias (el 40 por ciento acabaron siendo asesinados). Otros 200,000 fueron secuestrados por miembros de sus propias familias, en muchos casos para conseguir la custodia del menor negada por los jueces.
Los datos de los tribunales muestran que es más común condenar a pena de muerte a personas culpables de asesinar a ciudadanos blancos que a quienes matan a personas de otros colectivos, y un acusado negro corre el mayor riesgo de recibir una pena de muerte. Una persona acusada de asesinar a una blanca tiene 1.6 posibilidades más de ser condenada a muerte que una persona que mata a una negra. Una persona negra culpable de la muerte de una blanca tiene 2.5 posibilidades de ser sentenciada a pena capital que una persona blanca que asesina a una blanca, y 3.5 posibilidades más que en casos en que tanto asesinos como víctimas son negros.
PENA DE MUERTE. PUNTO Y APARTE
Mientras que en Europa la tasa media de población penitenciaria es de un 1 por 1000, en EEUU es ¡diez veces superior! Los negros, en 2002 un 13% de la población, aportaban el 60% de los reclusos. En 2002 se cometieron 11.800.000 delitos, con un incremento del 2’1% en relación al año anterior, entre ellos 15.980 asesinatos, 44 al día y un total de 90491 violaciones, verdadera plaga de la sociedad americana. Contrariamente a lo que se tiene tendencia a pensar, la existencia de pena de muerte no limita los delitos, ni tampoco los casos en los que el fiscal o la acusación particular la solicitan, son juicios realizados con garantías jurídicas extremas como, en principio, en Europa se tiende a pensar. Todo lo contrario: desde 1973 un centenar de inocentes han sido ejecutados. Solo en el Estado de Texas, su gobernador, George W. Bush, firmó 152 ejecuciones que se llevaron a efecto, aun cuando una tercera parte de los abogados fueran expulsados de la sala y el acusado quedara inerme ante la acusación. En otros 30 casos, en los que se presentaron como pruebas de cargo a psiquiatras, éstos no habían visto nunca al preso. Todo lo cual no fue óbice para que el entonces gobernador Bush dijera: “Quienes se oponen a la pena de muerte y a la guerra, son pervertidos morales y degenerados que han perdido la capacidad de indignación moral”... Sin comentarios.
AFROAMERICANOS Y DELINCUENCIA
Las cifras de delincuencia y, especialmente, de asesinatos, son absolutamente insoportables cuando se trata de miembros de la comunidad afroamericana. En 1980 el 43% de los detenidos eran negros que solamente constituían el 11% de la población. Estas cifras eran particularmente preocupantes en las grandes ciudades. En las 17 mayores aglomeraciones urbanas de EEUU el 72% de los homicidios erna cometidos por negros, así como el 74% de las agresiones con agravantes, el 81% de los robos sin armas y el 85% de los atracos a establecimientos. En su conjunto, la comunidad negra tenía unos índices de delincuencia 14 veces superes a los blancos. De hecho, la tasa de homicidios cometidos por blancos es solo el doble que en Japón. Hay que hacer la salvedad de que en las estadísticas del Departamento de Justicia se considera “blancos” a los hispanos. Estos, por su parte, tienen tasas de delincuencia en aumento en los últimos años.
Suele decirse que “No es la raza sin ola pobreza desesperada y el desempleo crónico” lo que provoca las altas tasas de delincuencia entre los negros. Así es, en efecto. Tras la Segunda Guerra Mundial, los negros emigraron de las granjas a las fábricas, se convirtieron en un proletariado urbano desarraigado y mal pagado que, frecuentemente tenía tendencia a recluirse en guetos. En 1980 la mitad de la población negra vive en grandes ciudades y de ellos, la mitad, esto es 7 millones, vive en guetos. En los años 70, la pobreza descendió entre los blancos un 5%, pero aumento un 25% entre los negros. En esas fechas, la tasa de paro de los negros era justo el doble que la de los blancos, pero resultaba particularmente alarmante entre los jóvenes negros, la mitad de los cuales estaban en paro. En guetos como Harlem el 86% de la población joven está en paro. Los sociólogos calculas que un aumento del paro de un 1% provoca que las estadísticas de delincuencia se disparen, un 6% los robos y un 4% los homicidios.
Estadísticamente, los negros están condenados: un negro pobre –cuenta Harris- tiene 25 veces más posibilidades de ser víctima de un robo con lesiones, mientras que este porcentaje desciende hasta una proporción de 8 a 1. El homicidio es la causa mas habitual de muerte en tres los jóvenes negros de 15 a 24 años. Resulta escalofriante constatar que 2 de cada 5 negros varones nacidos en las ciudades norteamericanas no llegarán a los 25 años. En los guetos, las posibilidades de morir antes de los 25 años para un joven negro se elevan al 40%... algo similar a algunas zonas subdesarrolladas de África.
LA PRIVATICACION DE LAS CÁRCELES ¿POR QUÉ?
La población penitenciaria ha alcanzado tal nivel que las cárceles se han empezado a privatizar en los EEUU. Esta privatización ha hecho que distintas asociaciones de defensa de los derechos humanos hayan protestado. Los presos se ven obligados a trabajar para industrias que apenas pagan unos pocos centavos por hora de trabajo. El gran negocio es para quienes han invertido en las sociedades anónimas que gestionan las cárceles privadas. La población penitenciaria en tanto que mano de obra, jamás tiene derecho a un mes de vacaciones pagadas, ni derechos sindicales, seguro de desempleo, ni ninguna otra conquista de las clases trabajadoras. Necesariamente llegan siempre a la hora a su puesto de trabajo. El absentismo laboral no existe. En las cárceles privadas, de hecho, se obliga a los reclusos a trabajar por 25 centavos la hora. Negarse implica ser enviado a celdas de castigo. El “California Prison Focus” ha escrito que "ninguna otra sociedad en la historia humana jamás ha encarcelado a tantos de sus propios ciudadanos". En China, con una población cinco veces superior, hay medio millón menos de presos que en EEUU. El 25% de los presos de todo el mundo son norteamericanos, cuando los norteamericanos son solo el 5% de la población mundial. En 1972 existían 300.000 presos. En 1990, ya había ascendido a 1.000.000. Doce años después, en 2002, habían superado los 2.000.000. Fue a mediados de los años 90 cuando apareció el fenómeno de las cárceles privadas. En 1997 solamente existían cinco establecimientos de este tipo con apenas 2.000 presos. En 2003 eran ya 100 con 62.000 plazas, ocupadas todas, por supuesto. Las previsiones más moderadas establecen que en 2005 existirán entre 350 y 500.000 plazas en las cárceles privadas. La industria de los presidios es, sin duda, uno de los sectores económicos con mayor expansión y mejores perspectivas para la inversión privada: las estadísticas indican que el número de presos va a seguir creciendo en las próximas décadas; ya no se trata solo de lo que la Administración entregue para la manutención de los presos, sino de los ingresos que estos obtengan mediante el trabajo forzado, lo que estimula a los inversores. Es imposible que un negocio de estas características tenga pérdidas mientras esté bien administrado. Por lo demás, en torno a este negocio ha aparecido una pujante industria periférica: las empresas especializadas en la construcción de prisiones, las empresas de venta por Internet que comercializan los bienes producidos en las prisiones, las empresas de mantenimiento de prisiones, etc.
Algunos sectores de la producción no contemplan otra posibilidad más que la de situar sus plantas de producción en el interior de las prisiones. Así, por ejemplo, la totalidad de todos los cascos militares, correajes, chalecos blindados, tarjetas de identificación camisas, pantalones, y demás material para la intendencia militar, se fabrican en las cárceles privadas, evidenciando una alianza entre el complejo militar-industrial y el penitenciario. Otras cifras son, así mismo, espectaculares: en el interior de las prisiones privadas se fabrica ya hoy el 93% de las pinturaS y pinceles de los pintores, el 92% de todos los elementos de mobiliario de cocina, el 36% de todos los utensilios caseros, 30% de los audífonos y altavoces, el 21% de todos los muebles para oficina. Por supuesto, se fabrican componentes para la industria pesada e incluso se crían perros guía para ciegos.
El sistema judicial norteamericano está basado en la aplicación de duras penas de cárcel por delitos que en Europa apenas supondrían una multa. La posesión de un gramo de cocaína en roca implica una condena segura de 10 años de cárcel, por ejemplo… pero 500 gramos de cocaína en polvo merecen solo 5 años de condena. Evidentemente quien tiene cocaína en polvo es un consumidor, luego pertenece a la clase privilegiada, la única capaz de mantener el consumo. Sin embargo, la posesión de dos onzas de cocaína en roca implica la seguridad de que se trata de un narcotraficante de escasos vuelos, habitualmente negro o hispano. Existe cierto racismo en la legislación norteamericana. En Nueva York la ley antidroga promulgada en 1973 por Nelson Rockefeller impone una condena obligatoria que va de 15 años a perpetua por posesión de 4 onzas de cualquier droga ilícita. Creemos que, efectivamente, es preciso afrontar en todo el mundo la lucha contra la droga, contra su consumo y su tráfico. Bien. Pero lo más sorprendente es que las penas extraordinariamente duras aplicadas en EEUU, lejos de haber detenido el consumo, parecen no tener absolutamente ninguna incidencia con éste: existe una carrera sin límite y entre el consumo de drogas y el aumento de las penas.
¿PRESOS? ¡CONTRA MÁS, MEJOR!
La promulgación en trece estados, de la cadena perpetua por ser declarado culpable de tres delitos, tuvo como consecuencia directa la necesidad de construir 20 nuevas prisiones. Se suele contar el caso espeluznante de una persona condenada a 25 años de cárcel por robar un coche y dos bicicletas. Tampoco la prolongación de las penas de prisión parece haber incidido positivamente en el freno a la delincuencia. En realidad, es todo lo contrario. Da la sensación de que las autoridades de los EEUU, aumentando los tipos delictivos y prolongando las condenas, lo que han buscado es aumentar la población penitenciaria. ¿Por qué? Por que de esa forma se creaba un sector nuevo de la industria de servicios y, al mismo tiempo, se optimizaban los costos de producción en otros sectores de la economía. Las ganancias del sector penitenciario (que cotiza, por supuesto en Wall Street) y de las empresas que entregan su producción al interior de las prisiones, es un incentivo extraordinario para aumentar los supuestos que pueden llevar a un ciudadano medio, en absoluto peligroso y sin ser un delincuente habitual, a la prisión. Este sistema infernal se refuerza decisivamente a partir del momento en que se aprueba toda una legislación que permita sancionar con dureza a presos que se niegan a trabajar en las cárceles.
Este sistema no es nuevo en los EEUU. Como otras “tradiciones” norteamericanas, hunde sus raíces en los inicios de la colonización. Desde los orígenes de los EEUU, los presos eran “alquilados” a los productores. Tras la guerra civil, la desaparición de la esclavitud no implicó la desaparición de los negros en el trabajo forzado en los campos de algodón. Arrojados al libre mercado en el que no encontraron puesto de trabajos, los negros fueron condenados masivamente por pequeños robos y hurtos a los que se vieron abocados para sobrevivir. En Georgia, entre 1870 y 1910, el 88% de los convictos alquilados a los plantadores eran negros. En Alabama, 93% de los mineros contratados por el mismo sistema de “alquiler de presos”, eran, así mismo, negros. En Mississipi, existió la explotación Parchman hasta 1972 en la que los presos seguían trabajando. Como se ve el sistema del trabajo de presos no es nuevo en EEUU.
Queda ahora por nombrar a las principales expresas que contratan trabajo penitenciario, esto es, trabajo esclavo. La mayoría de sus nombres son suficientemente conocidos en Europa. Observen: IBM, Boeing, Motorola, Microsoft, AT&T, Wireless, Texas Instrument, Dell, Compaq, Honeywell, Hewlett-Packard, Nortel, Lucent Technologies, 3Com, Intel, Northerm Telecom, TWA, Nordstrom, Revon, Macy's, Pierre Cardin, Target Stores, y muchas otras más. Todas estas empresas gozan de una excelente salud económica y podrán ascender el salario que pagan a los presos, pero las necesidades de crecimiento de la cuenta de beneficios, exigida por los inversionistas, desaconsejan la aplicación de salarios humanitarios.
En las prisiones públicas del Estado de Colorado se pagan 2 dólares por hora trabajadlos salarios llegan a 2 dólares la hora, pero en ese mismo Estado, en la industria carcelaria, se pagan 17 centavos por hora trabajada. El salario mensual llega a 20 dólares… lo que implica una renta anual del preso, similar a la media de los Estados africanos más subdesarrollados y olvidados. Nunca se ha pagado, en ninguna prisión privada de EEUU más de 50 centavos hora. El dudoso honor de haber alcanzado este “espléndido” techo salarial corresponde a una prisión de Tennessee.
LA PRIVATIZACION EN CRECIMIENTO ACELERADO
La moda de las cárceles privadas se inició con el mandado de Reagan, experimentó un crecimiento tímido pero real en los ocho años que siguieron, fue aumentando algo más decididamente en el mandato de Bush y experimentó un impulso decisivo al entrar a cotizarse en Wall Street, durante el período de Clinton. Este, intentó reducir los gastos de la administración federal y dio un paso decisivo a la privatización de las prisiones como medio para reducir el número de funcionarios federales.
Un total de 18 sociedades anónimas administraban en 1999 a 10,000 prisioneros en 27 estados. Las dos empresas de mayor volumen son la Corporación Correccional de America CCA y la Wackenhut que suman el 75% del volumen total del sector. Este tipo de empresas se basa en la optimización de inversiones, en la reducción al mínimo de su personal y en un mayor diferencial entre los beneficios generados por el trabajo penitenciario y el pago a los trabajadores presos.
La reglamentación de estos presidios es peligrosa para los presos: si bien estos pueden gozar de beneficios penitenciarios y reducciones de condena por haber trabajado habitualmente y hecho gala de buen comportamiento, también pueden ser sancionados con aumento del tiempo en prisión si han cometido alguna falta. Distintos estudian han demostrado que las reducciones por buen comportamiento son ocho veces menores que en las prisiones estatales. Se trata, evidentemente, de optimizar la estancia de los presos en la cárcel para aumentar el rendimiento y los beneficios de la empresa.
Distintas asociaciones de Derechos Humanos han alertado sobre la posibilidad de que 623.000 presos residentes en cárceles norteamericanas, sean efectivamente inocentes de los delitos que se les imputa. Por lo demás, esas mismas asociaciones han comprobado que el 16% de los presos deberían estar en cárceles psiquiátricas al tener alguna facultad mental alterada o disminuida.
UN SISTEMA JUDICIAL IMPERFECTO
Todas estas cifras nos sitúan ante un panorama excepcionalmente sorprendente: mientras que para los países europeos la disminución, o al menos la contención, de la población penitenciaria, es un objetivo (que no ha podido ser cumplido en la medida en que ha aumentado el número de delincuentes procedentes del exterior de Europa), para los EEUU, el hecho de que aumente la población penitenciaria no es un drama, sino un baño salvífico para ciertos sectores de la industria que evitan trasladar sus plantas de producción al Tercer Mundo y están en condiciones de pagar un salario exactamente igual al que pagarían en países lejanos del Sudeste Asiático o de Centroamérica… pero sin tener que abonar los costes de transporte de las mercaderías. Mientras no se trata de trabajar con materias primas que solo están a disposición en zonas alejadas, el montaje de equipos, el ensamblado de manufacturas, resulta rentable que sea realizado por presos. Y para ello es preciso que la población penitenciaria no disminuya, sino todo lo contrario. Cualquier delito, por mínimo que sea, puede llevar a un hombre medio, en absoluto integrado en el circuito de la delincuencia, a la cárcel.
El drama en este terreno consiste en que la elevación de las penas de prisión y la pobreza o el desarraigo social hacen que los delincuentes eviten por todos los medios ingresar en prisión… aun a costa de eliminar los testigos. Sus delitos son cada vez más violentos, innecesariamente violentos, salvo para evitar identificaciones posteriores. Así pues, el sistema judicial norteamericano, basado en el castigo penitenciario desmesurado incluso para delitos mínimos, tiene como resultado una ampliación de la violencia en la sociedad y la aparición de una delincuencia ultraviolenta.
ALGUNA CONCLUSION
¿Es viable un país con estas características? Difícilmente. En la práctica existen dos fenómenos opuestos: de uno, el aumento de la inestabilidad social y la criminalidad que implican, el aumento de la inseguridad ciudadana y del aumento de la población penitenciaria. De otro lado, tenemos la contradicción de que esta situación, que hace que la seguridad sea la primera obsesión de la sociedad norteamericana, sea, así mismo, la principal fuente de ingresos de una serie de grandes corporaciones que administran las prisiones privadas y que trabajan, preferencialmente, para las grandes empresas que sirven bienes de consumo para el mercado americano. Lo que es negativo para la mayor parte de la sociedad, resulta, a la postre, ser benéfico para la gran industria.
Así mismo, hemos visto que esta situación afecta principalmente a la comunidad negra. Los afrocamericanos son las primeras víctimas de la violencia ciudadana y sus primeros artífices. Hemos visto que fue durante los años de la guerra civil de Nicaragua cuando apareció –no por casualidad- el crack en los ghetos negros y, a partir de ahí, se generalizó la delincuencia ligada a la droga, la aparición de nuevas enfermedades y se dio un paso al frente en la desestructuración de las familias negras de los ghetos.
Hemos visto, así mismo, que los cuarenta años de política de integración racial, han resultado, pura y simplemente, un fracaso. Hoy los negros siguen tan marginados, realmente, sino formalmente, como lo estaban en 1965. Solo que ahora ya no queda lugar a la esperanza. Nadie en la comunidad negra piensa que un presidente mirífico los situará en una situación de igualdad similar a la de los blancos. Algunos guetos han mejorado su aspecto en los últimos años, a costa de haberse convertido en cotos de especulación inmobiliaria. No es que haya menos pobres en los EEUU sino que han cambiado de ubicación.
Una nación en la que las armas se venden públicamente y sin límites desde el origen de la Unión, es una sociedad armad en la que los delincuentes no tienen ninguna dificultad para proveerse de arsenales de armas ligeras y, al mismo tiempo, el ciudadano medio, ya sea por tradición o por inseguridad, se obsesione con la tenencia de armas. Es una sociedad en la que la violencia está instalada en la calle.
Algunos sectores de la producción no contemplan otra posibilidad más que la de situar sus plantas de producción en el interior de las prisiones. Así, por ejemplo, la totalidad de todos los cascos militares, correajes, chalecos blindados, tarjetas de identificación camisas, pantalones, y demás material para la intendencia militar, se fabrican en las cárceles privadas, evidenciando una alianza entre el complejo militar-industrial y el penitenciario. Otras cifras son, así mismo, espectaculares: en el interior de las prisiones privadas se fabrica ya hoy el 93% de las pinturaS y pinceles de los pintores, el 92% de todos los elementos de mobiliario de cocina, el 36% de todos los utensilios caseros, 30% de los audífonos y altavoces, el 21% de todos los muebles para oficina. Por supuesto, se fabrican componentes para la industria pesada e incluso se crían perros guía para ciegos.
El sistema judicial norteamericano está basado en la aplicación de duras penas de cárcel por delitos que en Europa apenas supondrían una multa. La posesión de un gramo de cocaína en roca implica una condena segura de 10 años de cárcel, por ejemplo… pero 500 gramos de cocaína en polvo merecen solo 5 años de condena. Evidentemente quien tiene cocaína en polvo es un consumidor, luego pertenece a la clase privilegiada, la única capaz de mantener el consumo. Sin embargo, la posesión de dos onzas de cocaína en roca implica la seguridad de que se trata de un narcotraficante de escasos vuelos, habitualmente negro o hispano. Existe cierto racismo en la legislación norteamericana. En Nueva York la ley antidroga promulgada en 1973 por Nelson Rockefeller impone una condena obligatoria que va de 15 años a perpetua por posesión de 4 onzas de cualquier droga ilícita. Creemos que, efectivamente, es preciso afrontar en todo el mundo la lucha contra la droga, contra su consumo y su tráfico. Bien. Pero lo más sorprendente es que las penas extraordinariamente duras aplicadas en EEUU, lejos de haber detenido el consumo, parecen no tener absolutamente ninguna incidencia con éste: existe una carrera sin límite y entre el consumo de drogas y el aumento de las penas.
¿PRESOS? ¡CONTRA MÁS, MEJOR!
La promulgación en trece estados, de la cadena perpetua por ser declarado culpable de tres delitos, tuvo como consecuencia directa la necesidad de construir 20 nuevas prisiones. Se suele contar el caso espeluznante de una persona condenada a 25 años de cárcel por robar un coche y dos bicicletas. Tampoco la prolongación de las penas de prisión parece haber incidido positivamente en el freno a la delincuencia. En realidad, es todo lo contrario. Da la sensación de que las autoridades de los EEUU, aumentando los tipos delictivos y prolongando las condenas, lo que han buscado es aumentar la población penitenciaria. ¿Por qué? Por que de esa forma se creaba un sector nuevo de la industria de servicios y, al mismo tiempo, se optimizaban los costos de producción en otros sectores de la economía. Las ganancias del sector penitenciario (que cotiza, por supuesto en Wall Street) y de las empresas que entregan su producción al interior de las prisiones, es un incentivo extraordinario para aumentar los supuestos que pueden llevar a un ciudadano medio, en absoluto peligroso y sin ser un delincuente habitual, a la prisión. Este sistema infernal se refuerza decisivamente a partir del momento en que se aprueba toda una legislación que permita sancionar con dureza a presos que se niegan a trabajar en las cárceles.
Este sistema no es nuevo en los EEUU. Como otras “tradiciones” norteamericanas, hunde sus raíces en los inicios de la colonización. Desde los orígenes de los EEUU, los presos eran “alquilados” a los productores. Tras la guerra civil, la desaparición de la esclavitud no implicó la desaparición de los negros en el trabajo forzado en los campos de algodón. Arrojados al libre mercado en el que no encontraron puesto de trabajos, los negros fueron condenados masivamente por pequeños robos y hurtos a los que se vieron abocados para sobrevivir. En Georgia, entre 1870 y 1910, el 88% de los convictos alquilados a los plantadores eran negros. En Alabama, 93% de los mineros contratados por el mismo sistema de “alquiler de presos”, eran, así mismo, negros. En Mississipi, existió la explotación Parchman hasta 1972 en la que los presos seguían trabajando. Como se ve el sistema del trabajo de presos no es nuevo en EEUU.
Queda ahora por nombrar a las principales expresas que contratan trabajo penitenciario, esto es, trabajo esclavo. La mayoría de sus nombres son suficientemente conocidos en Europa. Observen: IBM, Boeing, Motorola, Microsoft, AT&T, Wireless, Texas Instrument, Dell, Compaq, Honeywell, Hewlett-Packard, Nortel, Lucent Technologies, 3Com, Intel, Northerm Telecom, TWA, Nordstrom, Revon, Macy's, Pierre Cardin, Target Stores, y muchas otras más. Todas estas empresas gozan de una excelente salud económica y podrán ascender el salario que pagan a los presos, pero las necesidades de crecimiento de la cuenta de beneficios, exigida por los inversionistas, desaconsejan la aplicación de salarios humanitarios.
En las prisiones públicas del Estado de Colorado se pagan 2 dólares por hora trabajadlos salarios llegan a 2 dólares la hora, pero en ese mismo Estado, en la industria carcelaria, se pagan 17 centavos por hora trabajada. El salario mensual llega a 20 dólares… lo que implica una renta anual del preso, similar a la media de los Estados africanos más subdesarrollados y olvidados. Nunca se ha pagado, en ninguna prisión privada de EEUU más de 50 centavos hora. El dudoso honor de haber alcanzado este “espléndido” techo salarial corresponde a una prisión de Tennessee.
LA PRIVATIZACION EN CRECIMIENTO ACELERADO
La moda de las cárceles privadas se inició con el mandado de Reagan, experimentó un crecimiento tímido pero real en los ocho años que siguieron, fue aumentando algo más decididamente en el mandato de Bush y experimentó un impulso decisivo al entrar a cotizarse en Wall Street, durante el período de Clinton. Este, intentó reducir los gastos de la administración federal y dio un paso decisivo a la privatización de las prisiones como medio para reducir el número de funcionarios federales.
Un total de 18 sociedades anónimas administraban en 1999 a 10,000 prisioneros en 27 estados. Las dos empresas de mayor volumen son la Corporación Correccional de America CCA y la Wackenhut que suman el 75% del volumen total del sector. Este tipo de empresas se basa en la optimización de inversiones, en la reducción al mínimo de su personal y en un mayor diferencial entre los beneficios generados por el trabajo penitenciario y el pago a los trabajadores presos.
La reglamentación de estos presidios es peligrosa para los presos: si bien estos pueden gozar de beneficios penitenciarios y reducciones de condena por haber trabajado habitualmente y hecho gala de buen comportamiento, también pueden ser sancionados con aumento del tiempo en prisión si han cometido alguna falta. Distintos estudian han demostrado que las reducciones por buen comportamiento son ocho veces menores que en las prisiones estatales. Se trata, evidentemente, de optimizar la estancia de los presos en la cárcel para aumentar el rendimiento y los beneficios de la empresa.
Distintas asociaciones de Derechos Humanos han alertado sobre la posibilidad de que 623.000 presos residentes en cárceles norteamericanas, sean efectivamente inocentes de los delitos que se les imputa. Por lo demás, esas mismas asociaciones han comprobado que el 16% de los presos deberían estar en cárceles psiquiátricas al tener alguna facultad mental alterada o disminuida.
UN SISTEMA JUDICIAL IMPERFECTO
Todas estas cifras nos sitúan ante un panorama excepcionalmente sorprendente: mientras que para los países europeos la disminución, o al menos la contención, de la población penitenciaria, es un objetivo (que no ha podido ser cumplido en la medida en que ha aumentado el número de delincuentes procedentes del exterior de Europa), para los EEUU, el hecho de que aumente la población penitenciaria no es un drama, sino un baño salvífico para ciertos sectores de la industria que evitan trasladar sus plantas de producción al Tercer Mundo y están en condiciones de pagar un salario exactamente igual al que pagarían en países lejanos del Sudeste Asiático o de Centroamérica… pero sin tener que abonar los costes de transporte de las mercaderías. Mientras no se trata de trabajar con materias primas que solo están a disposición en zonas alejadas, el montaje de equipos, el ensamblado de manufacturas, resulta rentable que sea realizado por presos. Y para ello es preciso que la población penitenciaria no disminuya, sino todo lo contrario. Cualquier delito, por mínimo que sea, puede llevar a un hombre medio, en absoluto integrado en el circuito de la delincuencia, a la cárcel.
El drama en este terreno consiste en que la elevación de las penas de prisión y la pobreza o el desarraigo social hacen que los delincuentes eviten por todos los medios ingresar en prisión… aun a costa de eliminar los testigos. Sus delitos son cada vez más violentos, innecesariamente violentos, salvo para evitar identificaciones posteriores. Así pues, el sistema judicial norteamericano, basado en el castigo penitenciario desmesurado incluso para delitos mínimos, tiene como resultado una ampliación de la violencia en la sociedad y la aparición de una delincuencia ultraviolenta.
ALGUNA CONCLUSION
¿Es viable un país con estas características? Difícilmente. En la práctica existen dos fenómenos opuestos: de uno, el aumento de la inestabilidad social y la criminalidad que implican, el aumento de la inseguridad ciudadana y del aumento de la población penitenciaria. De otro lado, tenemos la contradicción de que esta situación, que hace que la seguridad sea la primera obsesión de la sociedad norteamericana, sea, así mismo, la principal fuente de ingresos de una serie de grandes corporaciones que administran las prisiones privadas y que trabajan, preferencialmente, para las grandes empresas que sirven bienes de consumo para el mercado americano. Lo que es negativo para la mayor parte de la sociedad, resulta, a la postre, ser benéfico para la gran industria.
Así mismo, hemos visto que esta situación afecta principalmente a la comunidad negra. Los afrocamericanos son las primeras víctimas de la violencia ciudadana y sus primeros artífices. Hemos visto que fue durante los años de la guerra civil de Nicaragua cuando apareció –no por casualidad- el crack en los ghetos negros y, a partir de ahí, se generalizó la delincuencia ligada a la droga, la aparición de nuevas enfermedades y se dio un paso al frente en la desestructuración de las familias negras de los ghetos.
Hemos visto, así mismo, que los cuarenta años de política de integración racial, han resultado, pura y simplemente, un fracaso. Hoy los negros siguen tan marginados, realmente, sino formalmente, como lo estaban en 1965. Solo que ahora ya no queda lugar a la esperanza. Nadie en la comunidad negra piensa que un presidente mirífico los situará en una situación de igualdad similar a la de los blancos. Algunos guetos han mejorado su aspecto en los últimos años, a costa de haberse convertido en cotos de especulación inmobiliaria. No es que haya menos pobres en los EEUU sino que han cambiado de ubicación.
Una nación en la que las armas se venden públicamente y sin límites desde el origen de la Unión, es una sociedad armad en la que los delincuentes no tienen ninguna dificultad para proveerse de arsenales de armas ligeras y, al mismo tiempo, el ciudadano medio, ya sea por tradición o por inseguridad, se obsesione con la tenencia de armas. Es una sociedad en la que la violencia está instalada en la calle.
Pensemos en la combinación explosiva de todos estos factores: pobreza insuperable de unos sectores sociales, armas, industria privada carcelaria, intereses de las empresas norteamericanas, elevación de la delincuencia, legislación progresivamente más dura… todo ello no puede aumentar indefinidamente, debe existir necesariamente un techo para que todas estas tensiones terminen estallando en lo que presumiblemente será una guerra civil, que a la vez será racial y social y con la que los EEUU tienen una cita inevitable.
Los optimistas indican que la delincuencia en cifras absolutas no ha aumentado en los últimos 20 años. No es cierto. Ha aumentado la población y algunas estadísticas parecen indicar que la delincuencia se mantiene en las mismas cifras absolutas, disminuyendo el porcentaje al haber aumentado la población: en 1984 era de 235.824.902 habitantes según la Oficina del Censo y en 2003 había ascendido a 290.809.777 habitantes, es decir un incremento de 55 millones. En ese tiempo, según el FBI, los delitos de todo tipo aumentaron de 6.591.874 a 7.021.588, algo menos de 500.000, un aumento casi proporcional.
Es cierto que algunos delitos han tenido tendencia a bajar, especialmente si comparamos las cifras de 2003 con las de 1994. En ese período se ha producido una disminución del 33’4% en los robos con violencia. Y entre 2003 y 2002, una disminución del 3’9%. Pero hay que estar atento a las cifras: se trata de delitos denunciados que distan mucho de ser todos los que se han cometido. La apatía de las autoridades, la creencia en que una denuncia no llevará a ningún sitio, tan sólo a una pérdida de tiempo, hace que cada vez exista mas tendencia a presentar denuncia cuando se trata de cobrar alguna indemnización del seguro o bien cuando se han perdido documentos personales de los que puede hacerse uso indebido. En última instancia está claro, las cifras de población penitenciaria, no pueden inducir a engaño: si aumenta la población penitenciaria eso implica, necesariamente, que aumenta el número de condenas. Dentro de poco, EEUU puede tener más población penitencia global que la de algunos países europeos. Ni los trabajos forzados, ni las penas de muerte ejecutadas, ni las desproporcionadas condenas para algunos delitos, son el ejemplo de una sociedad moderna y avanzada, sino, por el contrario, una situación de primitivismo e incapacidad para la autoreforma interior. Pero, siempre, hay un momento en el que las autoridades de un país se niegan a hacer las reformas necesarias reflejando una esclerosis del sistema de gobierno. Pero siempre –tanto en la revolución francesa, como en la revolución soviética de 1918- cerrar el paso a la reforma necesaria implica abrirlo a la revuelta futura.
A la guerra civil, racial y social, se unirá la revuelta de la comunidad de presos airados por la humillación que supone la explotación de su condición de reos por parte de empresas privadas.
© Ernesto Milà – infoKrisis – infokrisis@yahoo.es